logo
 

Javiera Campos Vera con INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Rol: C7298-19

Consejo para la Transparencia, 14/07/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En particular, respecto a "cantidad de archivos SENDET", que obran en poder de la recurrida, se estima que la respuesta oportunamente otorgada a la reclamante, corresponde objetivamente a aquella requerida. En lo relativo a la entrega de una base de datos, con información relativa a personas detenidas registradas por SENDET, se rechaza el amparo por cuanto fue posible acreditar en el procedimiento, que su entrega contraviene las normas de secreto y reserva que rigen la materia, y los derechos de las víctimas, toda vez que lo requerido es información esencialmente referida a datos personales y sensibles obtenidos de las propias víctimas, recabados con ocasión de las labores de las Comisiones Valech I y II y en protección de la vida privada de las personas involucradas, en base a la función de este Consejo de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Administración y Logística
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7298-19

Entidad pública: Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Requirente: Javiera Campos Vera.

Ingreso Consejo: 23.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En particular, respecto a "cantidad de archivos SENDET", que obran en poder de la recurrida, se estima que la respuesta oportunamente otorgada a la reclamante, corresponde objetivamente a aquella requerida.

En lo relativo a la entrega de una base de datos, con información relativa a personas detenidas registradas por SENDET, se rechaza el amparo por cuanto fue posible acreditar en el procedimiento, que su entrega contraviene las normas de secreto y reserva que rigen la materia, y los derechos de las víctimas, toda vez que lo requerido es información esencialmente referida a datos personales y sensibles obtenidos de las propias víctimas, recabados con ocasión de las labores de las Comisiones Valech I y II y en protección de la vida privada de las personas involucradas, en base a la función de este Consejo de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

Aplica precedentes contenidos en las decisiones C3065-16, C1543-19, C1544-19, y C493-20.

En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7298-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de septiembre de 2019, doña Javiera Campos Vera solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos -en adelante INDH- la siguiente información: «Solicito que se me indique cuántos archivos SENDET tienen en el archivo de las Comisiones Valech I y Valech II. Se solicita, específicamente, indicar el número total de estos archivos. Además, se solicita que se entregue una base de datos con los siguientes antecedentes: sexo del titular del archivo SENDET, lugar de detención, días de detención, en qué comisión Valech fue usado dicho archivo y decreto y/o documento que se indica en el archivo SENDET".

En el campo "Observaciones", agregó: "El SENDET (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos) fue creada por el Decreto Supremo N° 517 del Ministerio de Defensa, del 31 de diciembre de 1973. Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial el día 17 de enero de 1974. Fue, en principio, una secretaría del Ministerio de Defensa. Su función principal fue "coordinar con los diversos Ministerios las materias que digan relación con las personas que hayan sido privados de su libertad en virtud de las facultades que confiere el estado de sitio. La Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos tendrá por misión, además, asesorar a los ministerios de Defensa Nacional y de Interior en las mismas materias". Desde enero de 1974 a septiembre de 1975, SENDET dependió del Ministerio de Defensa. Luego, pasó a depender del Ministerio del Interior. Esto sucedió a través del Decreto Supremo N° 297 del Ministerio de Defensa, del 14 de agosto de 1975. Fue publicado en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 1975. Comento, además, que en el informe de la Comisión Valech I se indica que se pidieron a la PDI archivos SENDET. La PDI mandó 135 archivos y 225 archivos sin detalles (ver página 64)".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 290, de 18 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, precisando, en primer término, que la información no obra en poder del organismo en la forma solicitada; y por concurrir la causal de reserva consagrada en el artículo 21° N°5 de la Ley de Transparencia. Al respecto, informó que:

2.1) Que los antecedentes pedidos en la solicitud forman parte de aquellos que el INDH custodia en virtud de la norma el artículo 3,N° 6, inciso primero de la Ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que establece, entre otras funciones del organismo, la de "Custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos, creado por el decreto supremo N° 1.005, de 1997, del Ministerio del Interior, todo ello una vez concluidas las funciones de éstos; por la Comisión de Prisión Política y Tortura creada por el decreto supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior; y por la Comisión a que se refiere el artículo 3° de las normas transitorias de esta ley, concluidas las funciones de la misma".

2.2) A su vez, el artículo 15° de la ley N° 19.992, "Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica" dispone el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada usualmente como "Valech I", para todos los efectos legales. El citado artículo prevé que mientras rija el secreto, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a la referida información, sin perjuicio del derecho personal que asisten a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

2.2) El artículo 3° transitorio, inciso tercero letra a) de la citada ley N° 20.405, dispone que todas las actuaciones que realice la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, usualmente denominada "Valech II", así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.

2.3) El artículo 3 N° 6 de la ley 20.405, establece que en el cumplimiento del objetivo que le fija el inciso primero, esto es, custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por las mencionadas Comisiones «deberá recopilar, analizar y sistematizar toda la información útil a este propósito». Por lo anterior, sostiene que, el INDH no está autorizado para efectuar análisis o sistematización de dicha información, salvo con la finalidad de resguardar y custodiar, de modo tal, que no podría entregar la base de datos solicitada, sin exceder sus funciones, ni siquiera tarjando datos básicos de identidad.

2.4) Asimismo, hace presente que, tal como se expresa en la página 60 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (disponible en link que indica) en el proceso de recopilación de antecedentes dicha entidad recibió una "nómina de 135 detenidos que se registraron por la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) entre el 2 de enero y el 13 de abril 1976, y de otros 255 sin fecha de detención conocida" y no un conjunto de archivos referidos a cada persona en particular. En el mismo informe, consta también que se recibieron certificados de detención aportados por un número considerable de personas (página 73 del mencionado informe).

2.5) Según lo expuesto, la información custodiada por el INDH no está organizada según archivos SENDET ni según criterios que atiendan al lugar de detención ni corresponde a este Instituto, según sus facultades legales, efectuar dicha clasificación, pues no atiende al objetivo de guardar y custodiar la información correspondiente. Por lo mismo, no existen archivos rotulados como SENDET, el INDH tampoco posee información respecto a SENDET organizada por sexo, lugar de detención, días de detención o comisión Valech identificada en la que se haya usado la información contenida en los certificados presentados por los/as interesados/as o en otros archivos, decretos y/o documentos, antecedentes que, por lo demás, están sujetos al secreto exigido por la Ley N° 19.992 y reserva por la Ley 20.405, según se ha explicado.

2.6) Por último, concluye que, no es posible entregar los antecedentes solicitados, por cuanto se trata antecedentes que el órgano reclamado custodia en el marco de las atribuciones señaladas, los que tienen el carácter de secretos o reservados por disposición de las normas legales ya citadas. Por lo anterior, señala que, se configura la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 23 de octubre de 2019, doña Javiera Campos Vera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de acceso a la información. Agregó, que: "El INDH es solo custodio de la información. Además que es secreta por el art. 15 de la ley 19.992, cosa que es errada".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante Oficio N° 18073, de fecha 16 de diciembre de 2019 solicitándole que, se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Oficio Ord. N° 04, de fecha 2 de enero de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando los argumentos expuestos con ocasión de su respuesta. Complementó lo indicado, señalando que:

4.1) Inexistencia de "archivos SENDET": Al respecto, el Instituto no posee información que se encuentre organizada, sistematizada o catalogada como SENDET. Para entender esta afirmación, es necesario explicar el modo en que operó la Comisión Valech para la recolección de información, según se indica detalladamente en el Informe de la Comisión Valech I, lo que se hará fijando el foco en la documentación relacionada con SENDET. De este modo, en la página 43 del referido informe, publicado en la página web del INDH, se señala que algunos de las solicitantes de reconocimiento como víctimas de prisión política presentaron certificados emitidos por SENDET en que constaba su detención. El informe expresa, textualmente, lo siguiente: "Un número considerable de personas que prestaron testimonio acompañaron su declaración con la certificación otorgada por el organismo aprehensor que aún conservaba en su poder. En los primeros años, especialmente el Ejército y la Armada, así como la Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), entregaron un gran número de certificaciones de las detenciones en determinado recinto. También se acompañaron tarjetas de control que las personas debían presentar semanalmente en comisarías o cuarteles, instructivos de como cumplir con los controles impuestos, etc.". Por otra parte, la Comisión Valech I ofició al Ministerio de Defensa para que solicitara a organismos de su dependencia información relativa a personas detenidas, incluyendo aquella registrada por la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (página 52 del Informe de la Comisión Valech I). Según el mencionado informe, en su respuesta, la Policía de Investigaciones habría enviado entre otros antecedentes "nómina de personas detenidas por los organismos que se mencionan sin que se hubiese podido determinar el recinto en el que permanecieron ni su periodo de reclusión". Según señala el mencionado Informe, en esa documentación se incluía, entre otras, "nómina de 135 detenidos que se registraron por la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) entre el 2 de enero y el 13 de abril 1976, y de otros 255 sin fecha de detención conocida"; indicando además que, por carecer de documentos oficiales de la época que ilustraran sobre la materia, se revisaron los archivos institucionales que compilan antecedentes de diferentes fuentes abiertas para dar respuesta a dicha solicitud (página 60 del informe de la Comisión Valech I según texto publicado en página web del INDH, que la requirente indica como pagina 64 en su solicitud). Es decir, la Comisión no recibió "135 archivos y 225 archives sin detalles", como señala la requirente, sino una nómina de personas, con las características ya indicadas. Los demás organismos consultados señalaron no poseer información respecto a SENDET (páginas 61 y 65, en el caso del Ejército y la Armada respectivamente). Los Informes de la Comisión Valech I, que se ha citado, y de la Comisión Valech ll, se encuentran disponibles en la página web del Instituto, en link que indica. Se debe aclarar que este Instituto no custodia archivos SENDET, sino las carpetas de cada persona que solicitó su reconocimiento como víctima, en algunos de los cuales pueden contenerse, según señala el informe de la Comisión Valech I, junto con toda la demás documentación de cada casos certificados emitidos por SENDET; y que además el Oficio de la Policía de Investigaciones no remitió a dicha Comisión "archivos SENDET", sino una nómina de personas.

Complementando lo anterior, es necesario explicitar los alcances que, según la ley, tiene el mandato de custodia y guarda que forma parte de las funciones del INDH.

4.2) El secreto de la información custodiada: Al respecto, el artículo 3° N° 6 de la Ley N° 20.405, ya citado, establece con claridad que la función otorgada al INDH consiste exclusivamente en "custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos" por dichas Comisiones (Valech I y II). De este modo, no corresponde a este Instituto ninguna forma de comunicación de la información que custodia y guarda en depósito, sin perjuicio de los derechos que corresponden a los propietarios de los datos. Esta mención es importante, porque de ello se deriva que el INDH tiene una clara limitación para el tratamiento de los datos que custodia y guarda en depósito, cual es que todas las operaciones que realice tienen el único objetivo de asegurar esa custodia y guarda. En resumen, tal como se expresó en la Resolución Exenta N°290, de 18 de octubre de 2019, el INDH no posee una base de datos en que la información custodiada se organice según archivos rotulados SENDET ni según criterios que atiendan al lugar de detención; ni corresponde a este Instituto, según sus facultades legales, efectuar dicha clasificación, pues no atiende al objetivo de guardar y custodiar la información correspondiente.

Por otra parte, el contenido de los certificados aportados por los interesados y la nómina de personas detenidas constituyen información personal e información sensible para los efectos de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada por lo que no habiendo norma de excepción, el INDH no puede comunicarla a terceros.

En efecto, la información recopilada por la Comisión Valech I es secreta o reservada, según expresa disposición de la ley. De acuerdo con lo anterior, se configura a su respecto la causal de denegación de acceso a la información contemplada por el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285. En efecto, la ley N° 19.992, de 24 de diciembre de 2004, "Establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica", en su artículo 15 dispone lo siguiente: "Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisi6n sobre la base de dichos antecedentes". El inciso segundo agrega que este secreto se extenderá por cincuenta años. El inciso tercero del mismo artículo, refuerza este carácter secreto, estableciendo en forma expresa que "Mientras rija el secreto previsto en este artículo ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo; sin perjuicio del derecho personal que asiste e los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia". Por último, el inciso quinto y final sanciona penalmente la comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por dicho secreto.

En consecuencia, los certificados aportados SENDET aportados por las víctimas son secretos por efecto de la ley N° 19.992; y también lo son las nóminas de personas detenidas, en cuanto contienen información personal o sensible para efectos de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Es pública, en cambio, la información contenida en el informe final, a la que se ha hecho referencia en el presente oficio y que se puede encontrar en la página web de este Instituto, como se ha dicho.

En relación a la información recabada en virtud de la Comisión Valech II, si bien el Informe de la Comisión Valech II no hace referencia a información proveniente de SENDET, habiendo consultado la requirente también por el eventual uso de la información pertinente por dicha Comisión, resulta importante dejar sentado el carácter secreto o reservado de la información que esta analizó y que el INDH hoy custodia y guarda en depósito. Al respecto, se debe recordar lo prescrito en el artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.406 dispuso la creación de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, usualmente llamada Comisión Valech II; el inciso tercero letra a) del artículo citado estableció expresamente que "todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales." De este modo, también en este caso, el Instituto está impedido de entregar la información recopilada o de tratarla de cualquier modo distinto del que se requiera con el fin único de custodiar y guardar en depósito la misma, según ya se ha explicado.

Al respecto, consultada por este Instituto, la Contraloría General de la República, mediante el dictamen N° 41.230, de 2014, informó lo siguiente: "Que en virtud de lo preceptuado en el inciso segundo del numeral 6 del artículo 3° de la Ley N° 20.405, se configura una autorización legal en favor del INDH, que hace excepción a las reglas del secreto que rigen para los antecedentes aportados a cada una de estas Comisiones, pero exclusivamente en cuanto lo habilita para conocer tal documentación, en el contexto de las labores de sistematización que en ese numeral se le encomiendan, con el objetivo de custodiar y guardar la información a que se refiere el inciso primero del mismo. En estas condiciones, subsiste para dicho instituto, sus autoridades y funcionarios, el deber de guardar reserva de tales antecedentes en los términos de las disposiciones respectiva".

Finalmente, en mérito de las situaciones de hecho y de las normas citadas, solicito el rechazo del amparo deducido por doña Javiera Campos Vera, por cuanto la información no existe en los términos solicitados ni corresponde al Instituto, de acuerda con sus facultades legales, su tratamiento en dicha forma; y además se trata de información secreta o reservada, por expresa disposición del artículo 15 de la Ley N o 19.992 y del articulo 3°transitorio, inciso tercero, letra a) de la Ley N° 20.405.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega información consistente, en la cantidad de archivos SENDET que obran en poder del órgano recurrido; y, en segundo lugar, en una base de datos de sobre información proveniente de los referidos archivos SENDET, recogida en el marco de la elaboración de los informes relativos a las Comisiones Valech I y II. Al efecto, el órgano precisó que no existe información, en la forma de "archivos" específicamente requerida por la recurrente; sin perjuicio de lo anterior, explicó que dicha información se relaciona con nómina de detenidos que indica. Respecto de la Base de datos solicitada, señaló que la información custodiada por el INDH no está organizada según archivos SENDET ni según criterios que atiendan al lugar de detención de los informantes de las respectivas Comisiones, ni corresponde al Instituto, según sus facultades legales, efectuar dicha clasificación; sin perjuicio de lo anterior, denegó la entrega de los antecedentes consultados por concurrir las causas de reserva consagradas en el artículo 21° N°5 de la Ley de Transparencia, en concordancia de lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley N° 19.992 y el inciso 3°, letra a) del artículo 3° transitorio de la ley N°20.405, previamente citadas.

2) Que, en primer término, respecto a la parte del requerimiento relativo a "cuántos archivos SENDET tienen en el archivo de las Comisiones Valech I y Valech II"; en la respuesta reclamada de amparo, el INDH informó que no existe un conjunto de "archivos SENDET" referidos a cada persona en particular, como lo solicita la peticionaria en su requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que dicha información se relaciona con una "nómina" de 135 personas detenidas que se registraron por la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) entre el 2 de enero y el 13 de abril 1976, y de otros 255 sin fecha de detención conocida. Lo señalado, fue ratificado por el INDH con ocasión de los descargos, oportunidad procesal en la que además indicó la forma en que dicha información fue recolectada. Se hace presente que lo manifestado por el órgano recurrido, emana de los informes publicados en su sitio web, cuya dirección electrónica se informó oportuna y específicamente a la recurrente. En conformidad a lo anterior, se estima que la respuesta oportunamente otorgada se corresponde objetivamente a la información requerida, por los que se rechazará el amparo en esta parte.

3) Que, respecto de la información relativa a "base de datos con los siguientes antecedentes: sexo del titular del archivo SENDET, lugar de detención, días de detención, en qué comisión Valech fue usado dicho archivo y decreto y/o documento que se indica en el archivo SENDET", cabe tener presente que si bien la información no se encuentra parametrizada en la forma requerida, ésta obra en poder del órgano recurrido en cumplimiento de sus funciones públicas, dentro de las cuales se encuentra contemplada específicamente la función de sistematizar información que mantiene en guarda y custodia. Despejado lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la publicidad de la información reclamada en el emparo. En este este contexto, cabe hacer presente que mediante decreto supremo N° 1.040, de 2003, de Interior, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech I"), para determinar, según los antecedentes presentados, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Por su parte, mediante el decreto supremo N° 43, de 2010, de Interior, se creó la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, ("Comisión Valech II"), con el objeto de calificar, según los antecedentes presentados, a aquellas personas que en el período ya indicado, hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, así como a aquellas personas que hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. En este contexto de estudios y análisis de antecedentes, fueron recabados datos de personas que fueron registrados por la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) entre el 2 de enero y el 13 de abril 1976, como detenidas; y de otras personas que se registraron en la misma calidad por el citado organismo, pero sin fecha de detención conocida.

4) Que, a su turno, es menester tener en consideración que, el artículo 15° de la Ley N° 19.992, establece que «Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes». Por su parte, el inciso 3°, letra a), del artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.405, dispone «Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán en carácter de reservados, para todos los efectos».

5) Que, atendido que el artículo 15° de la Ley N° 19.992, publicada en 2004, es una disposición vigente, pero dictada con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, de 2005, que modificó el artículo 8° de la Constitución, debe darse aplicación al artículo 1° Transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual «(...) de conformidad a la disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política». En consecuencia, la ficción legal que da por cumplido este quórum -exigido por la Constitución para validar las hipótesis legales de reserva- exige determinar que dicho artículo 15 se ajusta a alguna de las causales de reserva del texto constitucional vigente. Lo anterior se traduce en determinar si la entrega de la información requerida pudiere afectar los bienes jurídicos establecidos en el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 21° y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esto es, debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, de manera presente o probable y con suficiente especificidad, de modo que los daños que la publicidad provocaría a los bienes mencionados sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

6) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 15 de la ley N° 19.992, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. En este orden de ideas el INDH, indicó en el procedimiento que la información sobre la base de datos requerida, da cuenta de datos personales y sensibles de víctima que prestaron testimonio ante la Comisión Valech I, resultando protegida por las normas de la ley N° 19.628. Asimismo, se tendrá presente lo manifestado por el INDH en la tramitación del procedimiento de amparo rol C3065-16, por información de similar naturaleza; en el que la recurrida explicó pormenorizadamente de qué forma la publicidad de la información referida a una base de datos relativa a quienes prestaron declaración en la referida Comisión, afecta los derechos de las personas. Al efecto, precisó que, por su propia naturaleza, la información reclamada contiene los datos personales y sensibles de contexto de personas que dan cuenta quienes fueron calificados y no calificados como Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, Víctimas de Prisión Política y Tortura.

8) Que, de esta manera se cumple el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo, en relación a que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, lo cual queda suficientemente acreditado en este caso con lo expuesto por el órgano recurrido, razón por la cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 15° de la ley N° 19.992.

9) Que, complementando lo señalado previamente, es menester tener en consideración que lo requerido se circunscribe en particular a una base de datos. Al, efecto, se debe tener presente que según lo prescrito en el artículo 2°, letra m), de la ley N° 19.628, un registro o banco de datos es «el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos». En la especie, la información requerida no es sino aquella referida precisamente al conjunto de datos obtenidos de las propias víctimas, recabados por las Comisiones Valech I y II. con el objeto de "determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas (...)" y, por otra, "calificar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, a las siguientes personas: a) (...) hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas (...). b) (...) hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos (...)", respectivamente, correspondiendo algunos de quienes otorgaron sus testimonios a aquellos que contaban con un registro emitido por SENDET que daba cuenta de su calidad de detenido. Sobre este punto, cabe advertir que la Comisión recabó diversos antecedentes relativos a apremios ilegítimos y, en general, aspectos vinculados a la salud física y mental de las víctimas, particularmente la alteración, por parte de agentes del Estado, de la condición física y mental de éstas, datos de naturaleza especialmente sensibles y vinculados con la vida privada de personas naturales, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 10° de la referida Ley: «No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares». Dado lo anterior, atendida la naturaleza de los antecedentes que conforman la citada base de datos, es dable concluir que gran parte de los antecedentes, testimonios y documentos recolectados por la Comisión, incluyen datos personales y sensibles de las víctimas. Por lo anteriormente expuesto, y atendido que la entrega de la información requerida pudiere afectar los bienes jurídicos establecidos en el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esto es, específicamente los derechos de las personas, respecto de los datos aportados tanto por las víctimas como terceros declarantes en el marco del trabajo de la Comisión, corresponde rechazar el presente amparo en razón de configurarse respecto de las bases de datos realizadas con información emanada desde certificados SENDET recabados por la Comisión Valech I, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 15 de la ley N° 19.992

10) Que, por su parte, respecto a aquella parte de la solicitud, referida a las bases de datos realizadas con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Valech II, complementando lo señalado en considerando precedente, este Consejo advierte que, como se ha indicado, la naturaleza de lo requerido corresponde, en esencia, antecedentes relativos a apremios ilegítimos y, en general a aspectos vinculados a la salud física y mental de las víctimas, especialmente, la alteración, por parte de agentes del Estado, de la condición física y mental de éstas, como asimismo, vejámenes y/o maltratos sexuales sufridos por éstas, así como las opiniones y compromisos políticos de muchas de las víctimas que prestaron declaración. Por lo anterior, gran parte de los antecedentes, testimonios y documentos recolectados por la Comisión Valech II, y que forman parte de las bases de datos requeridas, incluye datos personales y sensibles de las víctimas, conforme lo dispuesto en el artículo 2°, letras f) y g), de la ley N° 19.628.

11) Que, en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

12) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y en lo referido a los datos sensibles contenidos en las bases requeridas, corresponde indicar que, según lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, dichos datos sólo pueden ser objeto de tratamiento cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. En la especie, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta que los titulares de dichos datos hubieren otorgado consentimiento expreso para la entrega de la información, además, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público" (énfasis agregado). En este caso, el almacenamiento de datos personales y sensibles en las bases informáticas y/o computacionales requeridas, se encuentra autorizado por el citado artículo 20, además de las propias funciones del INDH para efectos de guarda y custodia, (artículo 3° N° 6 de la ley N° 20.405, de 2009, del Instituto Nacional de Derechos Humanos), sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurre en la especie. Sobre este punto cabe advertir que, aun cuando el legislador no lo explicitara para el caso de la Comisión Valech II, el mismo razonamiento y espíritu subyace a la reserva de las bases de datos referidas al trabajo de la Comisión Valech II, de forma análoga a aquel que funda la reserva legal del citado artículo 15 de la Ley N° 19.992.

13) Que, en este orden de ideas, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por el órgano de una fuente accesible al público, sino que precisamente, su fuente corresponde a los relatos, antecedentes y testimonios prestados por las víctimas y además terceros que declararon ante la citada Comisión.

14) Que, según lo razonado, atendido que la base de datos realizadas con ocasión del proceso de calificación llevado a cabo por la Comisión Valech II, en relación a personas que contaban con registros de detención emanados de SENDET, contiene gran cantidad de datos personales y sensibles de las víctimas; conforme la atribución que corresponde a este Consejo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, también se procederá a rechazar el presente amparo, respecto de dicha parte de la solicitud, por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 2°, letras f) y g), 4°, 7°, y 10 de la ley N° 19.628.

15) Que, a mayor abundamiento, y sólo a modo indicativo, con respecto a los antecedentes contenidos en las Comisiones Valech I y II, la jurisprudencia de este Consejo, contenida en los amparos Roles C3065-16, C1543-19, C1544-19, y C493-20, ha sido consistente en orden a resguardar el imperativo legal del artículo 15° de la Ley N° 19.992, y artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.405, declarando la naturaleza reservada de la información reclamada en el amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Javiera Campos Vera en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Javiera Campos Vera y al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.