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Matías Rojas Medina con MUNICIPALIDAD DE TENO Rol: C6976-19

Consejo para la Transparencia, 14/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, ordenando la entrega de las declaraciones de intereses y patrimonio de los directores municipales, presentados bajo la ley N° 19.653, dentro del periodo consultado. Con todo, en el evento de no existir dicha información, se deberá acreditar lo anterior, de conformidad al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se acoge el amparo respecto de aquellas declaraciones de intereses y patrimonio de los referidos directores, efectuadas en virtud de la ley N° 20.880, pero sólo en cuanto no se derivó dicho requerimiento a la Contraloría General de la República, lo cual será llevado a cabo por este Consejo, en virtud del principio de facilitación. Se sigue lo resuelto en las decisiones de amparo roles C3237-17, C1954-18, C1752-19, entre otras. Se desestima la afectación a la vida privada de los funcionarios, atendido que es el propio legislador quien declaró el carácter público de las declaraciones consultadas, teniendo en cuenta además, que al tratarse de antecedentes relativos al personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa quedan, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujetos al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6976-19

Entidad pública: Municipalidad de Teno.

Requirente: Matías Rojas Medina.

Ingreso Consejo: 09.10.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, ordenando la entrega de las declaraciones de intereses y patrimonio de los directores municipales, presentados bajo la ley N° 19.653, dentro del periodo consultado. Con todo, en el evento de no existir dicha información, se deberá acreditar lo anterior, de conformidad al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

Se acoge el amparo respecto de aquellas declaraciones de intereses y patrimonio de los referidos directores, efectuadas en virtud de la ley N° 20.880, pero sólo en cuanto no se derivó dicho requerimiento a la Contraloría General de la República, lo cual será llevado a cabo por este Consejo, en virtud del principio de facilitación.

Se sigue lo resuelto en las decisiones de amparo roles C3237-17, C1954-18, C1752-19, entre otras.

Se desestima la afectación a la vida privada de los funcionarios, atendido que es el propio legislador quien declaró el carácter público de las declaraciones consultadas, teniendo en cuenta además, que al tratarse de antecedentes relativos al personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa quedan, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujetos al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.

En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C6976-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2019, don Matías Rojas Medina solicitó a la Municipalidad de Teno, la siguiente información: "copia digital, fiel, de las declaraciones de patrimonio e intereses presentadas en los últimos cinco años tanto por la alcaldesa de la Municipalidad de Teno como por los respectivos directores municipales".

2) RESPUESTA: Por medio de 7 de octubre de 2019, el municipio en síntesis, accedió a lo pedido respecto de la Sra. Alcaldesa, denegando la entrega en lo que atañe a los directores, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Los directores se opusieron a la entrega de lo solicitado señalando en resumen, que se afectarían sus derechos a la vida privada, salud y honra.

4) AMPARO: El 9 de octubre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, sostuvo en síntesis, que: "La Municipalidad de Teno infringe el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 20.880 al declarar reserva absoluta sobre las declaraciones de patrimonio e intereses de los directores municipales, sin aplicar el principio de divisibilidad a los datos personales de éstos, como hubiera correspondido hacer, tachando solamente las cédulas de identidad y domicilios de los funcionarios, y no el contenido completo de los documentos en cuestión. La supuesta afectación a los derechos de terceros que se alega, por tanto, no es razonable, ya que la ley exige que tales declaraciones sean públicas, y si bien las normas de Transparencia Activa podrían no exigir su mantención dentro de las páginas web del municipio, nada prohíbe que éstas sean solicitadas por Transparencia Pasiva, como ocurre en el presente caso (...)".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, mediante oficio N° E16466, de fecha 13 de noviembre de 2019, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 1101, de 28 de noviembre de 2019, la municipalidad refirió en síntesis, lo siguiente:

a) Con la entrega de lo solicitado, se afectarían los derechos de los terceros, puesto que en base a antecedentes facilitados por el municipio, si bien el requirente de manera directa no hace acusaciones en contra de los funcionarios, sí entrega la información de manera tal que el lector puede llegar a concluir que existen faltas a la probidad por parte de todo o parte del plantel municipal, lo que se refleja en la cantidad de comentarios que luego se publican en redes sociales -Facebook, cuenta "Teno informado"-. Indica link a modo de ejemplo.

b) Por lo expuesto, existe una alta probabilidad que la información que sea entregada al solicitante sea utilizada para los mismos fines expuestos, lo que sin lugar a dudas pondrá en riesgo la honra, salud y vida privada del plantel directivo de la Municipalidad.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, mediante oficios N° E18584 a E18596, todos de fecha 26 de diciembre de 2019.

Luego, los terceros interesados evacuando sus descargos, se opusieron a la entrega de sus declaraciones, alegando en síntesis, que aquello afectaría la esfera de sus vidas privadas, y que el solicitante por medio de redes sociales, tergiversa la información suministrada referente a funcionarios públicos, dando a entender que desarrollan acciones indebidas, afectando con ello su honra y seguridad tanto personal como de sus familias.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las declaraciones de patrimonio e intereses presentados en los últimos cinco años por los respectivos directores municipales, de acuerdo a lo anotado en los numerales 1° y 4°, de lo expositivo.

2) Que, sobre esta materia, se debe señalar que los terceros interesados alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628. Al efecto, se debe tener en consideración que al tratarse de antecedentes relativos al personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa quedan, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujetos al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones, hojas de vida y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del personal, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de los requisitos respectivos de aquellos para prestar servicio al órgano público.

3) Que, en cuanto a las declaraciones solicitadas, siguiendo lo resuelto en las decisiones de amparo roles C3237-17, C1954-18, C1752-19, entre otras, se debe tener presente que la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses - en adelante ley N° 20.880-, que regula una nueva declaración de intereses y patrimonio -en adelante DIP-, entró en vigencia el año 2016. Sin perjuicio de lo cual, el inciso 1° del artículo transitorio del reglamento de la ley N° 20.880, estableció que los sujetos obligados en actual servicio deberán efectuar la primera declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880 en el mes de marzo del año 2017.

4) Que, el N° 10 del artículo 4 de la ley N° 20.880, prescribe que deberán también realizar una DIP "las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente". Al respecto, es útil destacar los dictámenes Nos 33.220, de 2011; 4.399, de 2012 y 81.682, de 2015 de la Contraloría General de la República, que han sostenido que por regla general el nivel de jefe de departamento corresponde a aquellos cargos o empleos que ocupan el "tercer nivel jerárquico" de la pertinente institución, o que posean un grado o remuneración igual o equivalente al asignado a ellos, cualquiera sea su denominación.

5) Que, en atención a que los funcionarios consultados corresponden a servidores públicos obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880, específicamente, a partir del mes de marzo de 2017, éstas sin embargo, no son de aquellas que deben ser publicadas en el sitio electrónico de la institución respectiva por medio del cual da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que impone el artículo 7 de la Ley de Transparencia (por tratarse de sujetos obligados distintos de los mencionados en los números 1 a 4, del artículo 4 de la ley N° 20.880, en relación al artículo 11 de su reglamento).

6) Que de acuerdo al artículo 6 de la ley N° 20.880, y los artículos 9 y siguientes de su reglamento, las declaraciones de intereses y patrimonio son públicas y revestirán para todos los efectos legales, la calidad de declaración jurada. Luego, aquellas son efectuadas por los declarantes por medio del formulario electrónico contenido en una base de datos interoperable -al cual se accede utilizando su ClaveÚnica-, denominado Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (en adelante Sistema DIP) que, conforme al inciso final del artículo 5 del reglamento de la ley N° 20.880, es determinado y administrado por la Contraloría General de la República, el que no obstante lo anterior, permite la ejecución de las funciones que correspondan al jefe superior del servicio en lo que dice relación con el cumplimiento de los sujetos obligados de efectuar su respectiva DIP. Ello toda vez que la aludida legislación establece en sus artículos 9 y 10, que es deber del jefe superior del servicio, o quien haga sus veces, "verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonios y sus respectivas actualizaciones"; "remitir a la Contraloría General de la República, en la forma que disponga el reglamento, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por declarantes de su servicio"; e, "informarle de las infracciones a la obligación de realizar dichas declaraciones, dentro de los treinta días posteriores a aquel en que tome conocimiento de aquellas"; mientras que la Contraloría General de la República "fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio".

7) Que, conforme lo expuesto precedentemente, y de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado no es competente para pronunciarse sobre la entrega de las declaraciones correspondientes a los funcionarios mencionados precedentemente, que hayan efectuado sus DIP, en virtud de la ley N° 20.880. Sin perjuicio de aquello, éste no derivó el requerimiento de información de forma oportuna a la Contraloría General de la República, que de acuerdo al ordenamiento jurídico le corresponder conocer de la misma, lo que implica una infracción al artículo mencionado, la que será representada en lo resolutivo de esta decisión.

8) Que, en razón de lo anterior, se acogerá el amparo en este punto, solo en cuanto el órgano requerido no derivó de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia el requerimiento en análisis, a la Contraloría General de la República. Con todo, en aplicación del principio de facilitación consagrado en la Ley de Transparencia en su artículo 11, literal f), esta Corporación, derivará la solicitud de información objeto del amparo al órgano competente.

9) Que, no obstante lo anterior, atendido que en la especie se solicitaron las declaraciones de intereses y patrimonio de los últimos 5 años de los directores consultados, es que se debe precisar que si algunas de ellas fueron realizadas estando vigente la normativa establecida por la ley 19.653 -antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.880-, el órgano deberá entregar lo solicitado. En este orden de ideas, la citada ley indica que la obligación de cumplir con las referidas declaraciones, recaerá asimismo, sobre las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Luego, se agrega que la declaración será pública y deberá actualizarse cada cuatro años, y cada vez que ocurra un hecho relevante que la modifique. Enseguida se precisa que se presentará en tres ejemplares, que serán autentificados al momento de su recepción por el ministro de fe del órgano u organismo a que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario. Uno de ellos será remitido a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional, según corresponda, para su custodia, archivo y consulta, otro se depositará en la oficina de personal del órgano u organismo que los reciba, y otro se devolverá al interesado. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de las declaraciones de intereses y patrimonio de los directores municipales presentadas en los últimos cinco años, en la medida que se hayan efectuado en virtud de la ley N° 19.653 -antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.880-. Para aquello, deberá tarjar previamente, todos los datos personales de contexto incorporados en el señalado documento, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Por otra parte, en el evento de no existir alguna de dichas declaraciones, esta circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad al número 2.3, de la instrucción general N° 10.

10) Que, a mayor abundamiento, respecto a la afectación a la vida privada de los funcionarios, resulta necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, en causa Rol N° 11.513-2016, donde expresó en su considerando quinto, que: "(...) si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley".

11) Que, en línea con lo anteriormente expuesto, la Corte de Apelaciones de Iquique, en sentencia de fecha 18 de julio de 2017, Roles N° 299-2017 y 300-2017, señaló que: "(...) por mandato constitucional se exige al funcionario público una conducta recta y proba; verificar que la actuación cumpla esos parámetros necesariamente exige control; el control presupone publicidad de las actuaciones, pues esta facilita no sólo el interno, sino además propicia el control externo. El elemento básico para verificar el correcto cumplimiento de la función pública es precisamente su fiscalización o control. Y esto más que discriminación, importa mayor exigencia en el desempeño de sus labores. Hay tras la norma, naturalmente un argumento lógico pretendiendo un mejor desempeño en el ejercicio de la función pública, pero hay también una decisión de política pública del constituyente por elevar el valor y carácter del derecho de la ciudadanía para conocer, fiscalizar y defenderse frente a los órganos de la administración pública y de sus actuaciones, en desmedro precisamente de ciertos derechos de las personas que deciden formar parte de aquella".

12) Que, finalmente, cabe señalar que la eventualidad de un uso indebido de la información de parte del requirente no es suficiente para tener por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, lo cual no obsta a que si el solicitante llegara a incurrir en lo anterior, quedan a salvo las acciones judiciales de los funcionarios respectivos en caso de verse afectados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Municipalidad de Teno, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, que:

a) Entregue al solicitante copia digital de las declaraciones de patrimonio e intereses presentadas en los últimos cinco años por los respectivos directores municipales, realizadas estando vigente la normativa establecida por la ley 19.653 -antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.880-.

Para lo anterior, deberá tarjar previamente, todos los datos personales de contexto incorporados, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros.

Por otra parte, en el evento de no existir alguna de dichas declaraciones, esta circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad al número 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar la infracción a lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 13, al no haber derivado correcta y oportunamente el requerimiento de información, en lo pertinente, al órgano que según el ordenamiento jurídico es competente para conocer de aquella. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar a la Contraloría General de la República, la solicitud de información consistente en las declaraciones de patrimonio e intereses presentadas en los últimos cinco años por los directores municipales de Teno en virtud de la ley N° 20.880.

b) Notificar la presente decisión a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, a don Matías Rojas Medina y a los terceros interesados en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.