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Tannia Gorayeb Fuentes con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C5442-19

Consejo para la Transparencia, 14/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la investigación sumaria requerida, sólo en lo relativo a las declaraciones de los testigos, la vista del fiscal, y todo otro antecedente que no diga relación con los antecedentes e informes médicos que allí se contienen. Lo anterior fundado en que si bien la investigación sumaria pedida se instruyó en el marco de un procedimiento especial, regulado en el "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas", con el fin de determinar las causas y circunstancias en las que se habría producido la enfermedad sicológica del funcionario consultado, lo cierto es que la recurrente excluyó de su reclamación dichos antecedentes, toda vez que circunscribió su amparo, específicamente, a las declaraciones de los testigos, al dictamen del fiscal, y todo otro antecedente que "no sea de carácter médico", los cuales, según los antecedentes tenidos a la vista se contienen en dicho procedimiento, pues rolan hojas de vida, informes, declaraciones propias y de testigos referidas a la trayectoria funcionara del involucrado, sin que el órgano haya invocado, ni acreditado alguna causal legal o circunstancia fáctica para denegar estos antecedentes; por consiguiente, se accede a su entrega, por estimarse necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad, se conozcan los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en un determinado procedimiento administrativo. Conforme con el principio de divisibilidad establecido en la Ley de Transparencia deberá reservarse la identidad de los testigos, o cualquier dato o antecedente que directamente revele su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados; ello con el propósito que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitirán arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución. Igualmente, se deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos contenidos en dichos antecedentes, por constituir datos sensibles; y los datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas en los informes del funcionario que allí se contengan. Ello, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5442-19

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Tannia Gorayeb Fuentes

Ingreso Consejo: 30.07.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la investigación sumaria requerida, sólo en lo relativo a las declaraciones de los testigos, la vista del fiscal, y todo otro antecedente que no diga relación con los antecedentes e informes médicos que allí se contienen.

Lo anterior fundado en que si bien la investigación sumaria pedida se instruyó en el marco de un procedimiento especial, regulado en el "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas", con el fin de determinar las causas y circunstancias en las que se habría producido la enfermedad sicológica del funcionario consultado, lo cierto es que la recurrente excluyó de su reclamación dichos antecedentes, toda vez que circunscribió su amparo, específicamente, a las declaraciones de los testigos, al dictamen del fiscal, y todo otro antecedente que "no sea de carácter médico", los cuales, según los antecedentes tenidos a la vista se contienen en dicho procedimiento, pues rolan hojas de vida, informes, declaraciones propias y de testigos referidas a la trayectoria funcionara del involucrado, sin que el órgano haya invocado, ni acreditado alguna causal legal o circunstancia fáctica para denegar estos antecedentes; por consiguiente, se accede a su entrega, por estimarse necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad, se conozcan los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en un determinado procedimiento administrativo.

Conforme con el principio de divisibilidad establecido en la Ley de Transparencia deberá reservarse la identidad de los testigos, o cualquier dato o antecedente que directamente revele su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados; ello con el propósito que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitirán arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución.

Aplica criterio de las decisiones de amparos roles C1013-13, C2782-15 y C4290-16, entre otros.

Igualmente, se deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos contenidos en dichos antecedentes, por constituir datos sensibles; y los datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas en los informes del funcionario que allí se contengan. Ello, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5442-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 05 de junio de 2019, doña Tannia Gorayeb Fuentes solicitó al Ejército de Chile, la siguiente información:

1. Copia digitalizada de expediente de Investigación Sumaria Administrativa sustanciada el año 2017, respecto del funcionario que indica, ordenada llevar a cabo para la averiguación de causas y circunstancias en las que se produce enfermedad mental.

2. Copia digital de todas las investigaciones sumarias seguidas entre 2016 y 2018, en contra del mencionado funcionario.

2) PRORROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 03 de julio de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 10 de julio de 2019, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante JEMGE DETLE (P) N° 6.800/7575, de 09 de julio de 2019, indicando lo siguiente:

La investigación sumaria administrativa requerida se ordenó instruir para determinar las causas y circunstancias de la patología médica del funcionario consultado, específicamente, si la enfermedad contraída fue consecuencia directa de un hecho en acto del servicio o con ocasión de éste, y si la enfermedad ha producido o producirá inutilidad al afectado y si es compatible con la profesión militar; por lo que no es posible darle un trato distinto que al de una investigación sumaria médica. Se adjunta resolución que designa fiscal y secretario para instruir dicha investigación.

Atendido lo señalado se deniega lo pedido por corresponder a datos personales y sensibles protegidos por el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia y el artículo 2, letra g), de la ley sobre protección de la vida privada.

En cuanto a las investigaciones sumarias administrativas seguidas en contra del mencionado oficial, entre los años 2016 y 2018, señala que se pudo constatar que no existen otras causas que involucren a la persona aludida. Se adjunta certificado de búsqueda conforme al numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de este Consejo.

4) AMPARO: El 30 de julio de 2019, doña Tannia Gorayeb Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, la reclamante hizo presente, en lo pertinente, en síntesis, que es la segunda vez que requiere la investigación y que el Ejército se la deniega, y que si bien ésta fue ordenada por causas de enfermedad, el afectado alegó que estaba siendo víctima de acoso laboral vertical por sus superiores, por lo que allí se investigó también esta acusación esgrimida por el oficial, tomándose declaración a un sinfín de funcionarios, donde se llegó a la conclusión que la acusación del funcionario no era efectiva y que no había adquirido su enfermedad por razones ni con ocasión del servicio, de igual forma se concluyó que la depresión no se generó por un acto de servicio, por lo que el Ejército está ocultando la información para evitar atribuir responsabilidad administrativa al General de División que indica.

Hace presente que no está solicitando la investigación para acceder a los exámenes médicos del Mayor consultado, quien tiene una depresión mayor que se le produjo después de accidente que relata, sino para acceder a las declaraciones de los testigos, al dictamen íntegro del fiscal, y todo otro antecedente que no diga relación con los exámenes médicos del mencionado funcionario porque ser inconducentes.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E13465, de 16 de septiembre de 2019, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile , solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia íntegra del expediente requerido. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante JEMGE DETLE (R) N° 1000/31354, de 03 de octubre de 2019, el órgano evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Primeramente aclara que la institución no ha faltado a la verdad como infundadamente sostiene la reclamante, pues a la fecha de la solicitud anterior que indica, la única investigación instruida en contra del mayor consultado se encontraba en tramitación, siendo denegada por causal de reserva legal, en aplicación a la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República sobre la materia y por tratarse de una investigación de carácter médico, como claramente lo establece la resolución que ordenó la investigación y la que le puso término, el año 2019, con fecha posterior a la aludida solicitud.

Dicho lo anterior, en cuanto al requerimiento que origina el presente amparo, en el que se requiere copia de la investigación instruida el año 2017, que la misma reclamante identifica como "Resolución del Comandante del RI. N°1 Tocopilla, por término de ISA N° 1585/15884, de 31 de agosto de 2017, en los Vistos, se señala que se sustanció "a fin de que se instruya una investigación sumaria administrativa para averiguar las causas y circunstancias en que se produjo la enfermedad mental que afecta al Mayor consultado". Esta última Resolución tiene como fundamento, como se señala en VISTOS, el Informe de la Comisión de Sanidad Divisionaria N° 127/2017, de 08 AGO 2017, que se acompaña, que en base a los antecedentes evaluados, en presencia del afectado y con apoyo de su siquiatra, se sugiere la apertura de una investigación sumaria administrativa en averiguación de si su enfermedad es profesional o a consecuencia del servicio. No obstante todo lo anterior, que demuestra indubitadamente que se trata de una investigación de carácter médico, la recurrente sostiene que no es una investigación médica, sino que una denuncia del Mayor consultado en contra del Teniente que individualiza por acoso laboral.

Agrega que la investigación pedida fue ordenada instruir y se incoó conforme a lo prescrito y establecido en la letra A. del Capítulo 3° "Normas para substanciar investigaciones administrativas especiales", del Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas", aprobado por Decreto Supremo (G) N° 277, de 09 de abril de 1974. En consecuencia legal y reglamentariamente se trata de una investigación de carácter médico, referida a la patología psiquiátrica que afectaba al Mayor que nos ocupa, por lo que su contenido dice relación con evaluaciones y antecedentes de esa naturaleza respecto a una persona determinada, información que está legalmente fuera del ámbito público, por referirse a datos personales sensibles los que por disposición del inciso 2° del artículo 8°, de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 12 inciso 2° de la Ley N° 20.584 y el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628, no puede proporcionarse a terceros, sin que la recurrente, haya acreditado contar con la representación del titular de dichos datos, ni haya acompañado poder notarial en que conste autorización alguna al respecto.

Se adjunta copia investigación sumaria ordenada instruir por Resolución RL N° 1 COM FISC (R) N° 15884, de 31 AGO 2017, del Comandante el Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del expediente de investigación sumaria, instruida el año 2017, con el fin de determinar las causas y circunstancias en las que se habría producido la enfermedad sicológica del funcionario consultado, el cual se encuentra circunscrito, específicamente, a las declaraciones de los testigos, la vista del fiscal, y todo otro antecedente que no diga relación con los antecedentes e informes médicos; por lo que este Consejo tendrá que pronunciarse respecto de estas materias.

2) Que, al efecto, el órgano denegó la información fundada en que la investigación pedida se instruyó en conformidad a lo prescrito en la letra A, del capítulo 3°, "Normas para substanciar investigaciones administrativas especiales", del Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas", por lo que se trata de un procedimiento especial, de carácter médico, referido a la patología psiquiátrica que afecta al funcionario consultado, el cual está legalmente fuera del ámbito público, por referirse a datos personales y sensibles, protegidos por el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 12, inciso 2°, de la Ley N° 20.584, sobre derechos del paciente y el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por tanto no puede ser proporcionada a terceros, y sin que la recurrente, haya acreditado contar con la representación del titular de dichos datos, ni haya acompañado poder notarial en que conste autorización alguna al respecto.

3) Que, en efecto, el decreto supremo N° 277, de 1974, que aprueba el reglamento de investigaciones sumarias administrativas de las Fuerzas Armadas, capítulo 3°, sobre "Normas para substanciar investigaciones administrativas especiales", en su letra A), contempla el citado procedimiento de investigación "Por muerte o lesiones en accidente en acto determinado del servicio, enfermedades derivadas de este y enfermedades profesionales". En tal sentido, el artículo 95 señala, "Las investigaciones sumarias por muerte o lesiones en accidente en acto determinado del servicio, las enfermedades contraídas a consecuencia de éste y enfermedades profesionales podrán iniciarse de oficio por la autoridad o por denuncia del afectado o de sus asignatarios, dentro de los tres años siguientes, contados desde el día en que ocurrió el hecho o se constató la enfermedad/ La investigación sumaria que se instruya en estos casos, tendrá por finalidad comprobar si el accidente ocurrió en acto determinado del servicio o si la enfermedad fue contraída como consecuencia de éste o bien fue causada directamente por el ejercicio de la profesión"; en consecuencia, los antecedentes pedidos dicen relación con una investigación sumaria que se enmarca en un procedimiento especial.

4) Que, al respecto, cabe tener presente el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. (Énfasis agregado).

5) Que, a su turno, este Consejo ha razonado que en atención al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, se encuentran sujetos a un nivel de escrutinio mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes ligados al cumplimiento de la función pública que desempeñan. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. En este contexto, resulta necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, dictada en causa Rol N° 11.513-2016, quien expresó en su considerando 5°, respecto de dichos funcionarios, que éstos: "(...) se encuentran sujetos a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley". Aplica criterio decisiones A10-09, entre otras.

6) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, forma parte de un procedimiento administrativo concluido, respecto de un funcionario público, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado. Por lo que, en atención a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se tratarían de antecedentes de carácter público, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva.

7) Que, en la especie, cabe señalar, que este Consejo tuvo a la vista la investigación sumaria pedida, ordenada instruir por Resolución RL N° 1 COM FISC (R) N° 15884, de 31 agosto de 2017, del Comandante el Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla", cuyo fin, según se señala en los Vistos, fue determinar las causas y circunstancias de la patología médica del funcionario consultado, específicamente, si la enfermedad contraída fue consecuencia directa de un hecho en acto del servicio o con ocasión de éste, y si la enfermedad ha producido o producirá inutilidad al afectado y si es compatible con la profesión militar. En este sentido, cabe señalar que si bien la investigación versa sobre el estado de salud del funcionario en comento, lo cierto, es que la reclamante excluye de su reclamación dichos antecedentes, pues circunscribe su amparo, específicamente, a las declaraciones de los testigos, al dictamen del fiscal, y todo otro antecedente que "no sea de carácter médico", los cuales, según los antecedentes analizados se contienen en dicho procedimiento, pues rolan hojas de vida, informes, declaraciones propias y de testigos referidas a la trayectoria funcionara del involucrado, sin que el órgano haya invocado, ni acreditado alguna causal legal o circunstancia fáctica para denegar dichos antecedentes.

8) Que, en mérito de lo señalado precedentemente se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la información reclamada, dando acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad, se conozcan los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en un determinado procedimiento administrativo.

9) Que, con todo, atendida la naturaleza de los antecedentes pedidos, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", deberá reservarse la identidad de los testigos, o cualquier dato o antecedente que directamente revelara su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados; ello por aplicación del criterio sostenido en las casos roles C1013-13, C2782-15 y C4290-16, entre otros, donde se ordenó reservar estos datos; reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitirán arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución.

10) Que, igualmente, el órgano reclamado deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del expediente en análisis, por constituir datos sensibles especialmente por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada; lo anterior, se refiere también a las copias de licencias médicas, diagnósticos e informes médicos incorporados al procedimiento sumarial consultado. A su turno, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la cita ley, procede igualmente tarjar los datos personales de contexto contenidos en dicho procedimiento, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Tannia Gorayeb Fuentes en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente;

a) Hacer entrega a la reclamante:

Investigación sumaria ordenada instruir por Resolución RL N° 1 COM FISC (R) N° 15884, de 31 agosto de 2017, del Comandante el Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla", en lo relativo a las declaraciones de los testigos, la vista del fiscal, y todo otro antecedente que no diga relación con los antecedentes e informes médicos que allí se contienen.

Conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia deberá reservarse la identidad de los testigos, o cualquier dato o antecedente que directamente revele su identidad, o que, en su caso, permitiera colegir los testigos involucrados

Igualmente, se deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos contenidos en dichos antecedentes, por constituir datos sensibles; y los datos personales de contexto contenidos en dicho procedimiento, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Tannia Gorayeb Fuentes y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.