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Paola Andrea Gajardo Basualto con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C1610-20

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, referido a la entrega de copia de la carpeta de la propiedad que indica, sin tachas de ninguna naturaleza. Lo anterior, por cuanto esta Corporación ya se pronunció respecto de idéntica solicitud de la misma reclamante, entregando la información motivo del presente amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1610-20

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago

Requirente: Paola Andrea Gajardo Basualto

Ingreso Consejo: 27.03.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, referido a la entrega de copia de la carpeta de la propiedad que indica, sin tachas de ninguna naturaleza.

Lo anterior, por cuanto esta Corporación ya se pronunció respecto de idéntica solicitud de la misma reclamante, entregando la información motivo del presente amparo.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1610-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de marzo de 2020, doña Paola Andrea Gajardo Basualto solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago la siguiente información:

"(...) viene en solicitar la documentación completa sin tacha de ninguna naturaleza, de la carpeta de dicho Ministerio, como se acredita en documento de pago, de la propiedad de calle (...) Rol de Avalúo 4978-3, Villa Catamarca, Comuna Quinta Normal".

2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de 27 de marzo de 2020, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago respondió a dicho requerimiento de información indicando que en relación con la Ley N°19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, en lo relativo a la utilización de datos personales, no se puede entregar documentación que contenga dichos datos, razón por la cual, los antecedentes proporcionados en su oportunidad se encontraban tachados. Por otra parte, señalan que no disponen de documentos originales de pago de cartera hipotecaria, dado que los pagos se realizan en el Banco Estado por convenio.

Finalmente, señalan que una vez que se normalicen sus funciones alteradas por la pandemia global, en caso de requerirse un documento oficial que certifique el pago o que indique la situación actual de la deuda, puede dirigirse al domicilio que indican, a fin de ingresar dicha solicitud.

3) AMPARO: El 27 de marzo de 2020, doña Paola Andrea Gajardo Basualto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, mediante Oficio N° E6955, de 20 de mayo de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y, (3°) en el evento de pretender complementar la respuesta inicialmente otorgada, acredite a este Consejo su entrega presencial al recurrente, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 indicada y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado mencionada.

Mediante presentación de 18 de junio de 2020, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos, señalando, en síntesis si se analiza el documento presentado por la requirente, la petición que subyace consiste en la de solicitar la Cancelación de Hipotecas y Alzamiento de Prohibiciones de la propiedad que era de dominio de su padre fallecido.

Añadió que, inicialmente, la requirente solicitó documentación referente a la carpeta respectiva, la que en su oportunidad fue entregada, tachando la información sensible contenida en ella, lo que motivó la presentación de otro amparo. En dicha oportunidad, se le informó una vez más, que el trámite que ella necesita, debe solicitarse en oficinas de este Servicio, y se le indicó la documentación que requiere y la persona con quien debía conversar; sin embargo, esta respuesta al parecer no respondió a sus expectativas lo que motivó el presente amparo. Adjunta respuestas y contestación al amparo Rol C1259-20.

Hizo presente que a pesar de encontrarnos como país en la situación excepcional de catástrofe producto de la Pandemia por COVID-19 no se alegó, como indica la reclamante, como excusa dicha circunstancia para no dar respuesta a su requerimiento; simplemente se le sugirió que para acudir a solicitar el trámite pertinente, era necesario "tomar todas las medidas de seguridad indicadas por la autoridad sanitaria y solicitar la autorización pertinente para transitar por la comuna".

Agregó que, a consecuencia de este nuevo escenario que afecta a nuestro país, SERVIU Metropolitano ha debido implementar nuevas medidas para la realización de los trámites como el que requiere la reclamante de autos. En este sentido, se indicó que a pesar que La Ley de Transparencia no tiene por finalidad la de efectuar diligencias propias del órgano de la administración, sino la de proporcionar la documentación disponible en él, esa Encargada consultó con la Sección Control de Regularización y Cobranza del Departamento Normalización de Deudas, indicándose que la documentación que se adjuntó en la presentación del amparo en cuestión por doña Paola Gajardo, incluye los antecedentes necesarios para iniciar el trámite de Cancelación de Hipoteca; sin embargo, es necesario contar con la solicitud del interesado y el contacto para enviar comprobante de recepción de antecedentes e instrucciones, para el retiro del documento requerido. Una vez que se encuentre disponible, se solicitara dicho comprobante.

Asimismo, dicha unidad indicó, que las deudas subvencionadas por aplicación del DS/96 del año 2005, fueron informadas a cada deudor por carta certificada emitida en esos años por INVERCA, empresa administradora de la Cartera Hipotecaria SERVIU, en la que se solicitaba presentarse con los documentos en ella indicada para proceder a la confección de la escritura de Cancelación de Hipotecas y Alzamiento de Prohibiciones. Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita a la interesada enviar solicitud de Cancelación de Hipoteca (basta con un correo electrónico indicando el trámite requerido) a los siguientes correos que indica.

Y CONSIDERANDO:

1. Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la respuesta entregada por el órgano reclamado a la solicitud de información referida a copia de la carpeta de la propiedad que indica, sin tachas de ninguna naturaleza. Al respecto, el órgano reclamado señalo con ocasión de su respuesta que en relación con la Ley N°19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, en lo relativo a la utilización de datos personales, no se puede entregar documentación que contenga dichos datos, razón por la cual, los antecedentes proporcionados en su oportunidad se encontraban tachados.

2. Que, a modo de contexto, cabe señalar que la reclamante presentó idéntica solicitud a la del presente amparo, en la decisión rol C1259-20, la cual rechazó dicho amparo, por cuanto el órgano reclamado accedió a la entrega de la información solicitada, tachando los datos sensibles contenidos en la carpeta guardada en los registros del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, indicando que era toda la información de la cual disponía.

3. Que, del análisis de la información aportada, tanto por la propia reclamante, como por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, este Consejo estima que la solicitud de la reclamada consiste más bien en el trámite de Cancelación de Hipotecas y Alzamiento de Prohibiciones de la propiedad que era de dominio de su padre fallecido, para lo cual ya cuenta con los antecedentes necesarios y que precisamente le fueron entregados por el órgano reclamado y que motivaron el amparo C1259-20, de acuerdo con lo cual, se rechazará el presente amparo, por cuanto este Consejo ya se pronunció respecto de idéntica solicitud, rechazando el amparo, debido a que el reclamado entregó toda la información que al respecto obraba en su poder.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Paola Andrea Gajardo Basualto, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paola Andrea Gajardo Basualto y a la Sra. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.