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Héctor Rival Oyarzún con UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Rol: C8443-19

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, respecto de copia de una serie de antecedentes vinculados al escrito presentado por la Universidad ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt y a la contratación en calidad de Jefe del Programa de Magíster en Ciencias de la Educación. Se ordena la entrega de copia de los antecedentes requeridos en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 sólo respecto de amonestaciones o procesos calificatorios deficientes, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 y 7.2 de la letra a); numerales 8.3, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1 y 12.2 de la letra b); y numeral 1 de la letra c), del número 1) de la parte expositiva del presente amparo, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder.VLo anterior, por tratarse de información que debe obrar en poder del órgano, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva relativa a la distracción indebida de los funcionarios, toda vez que no se acreditó fehacientemente la concurrencia de dicha causal. Se rechaza el amparo respecto de lo solicitado en el numeral 3.4 y parte del numeral 4.1 referida a investigación o sumario, ambos de la letra a), por su inexistencia; y en los numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 de la letra b), conforme a lo resuelto por este Consejo en la decisión de los amparos rol C3745-19 y C4049-19.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8443-19

Entidad pública: Universidad de Los Lagos.

Requirente: Héctor Rival Oyarzún.

Ingreso Consejo: 29.12.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Los Lagos, respecto de copia de una serie de antecedentes vinculados al escrito presentado por la Universidad ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt y a la contratación en calidad de Jefe del Programa de Magíster en Ciencias de la Educación.

Se ordena la entrega de copia de los antecedentes requeridos en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 sólo respecto de amonestaciones o procesos calificatorios deficientes, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 y 7.2 de la letra a); numerales 8.3, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1 y 12.2 de la letra b); y numeral 1 de la letra c), del número 1) de la parte expositiva del presente amparo, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder.

Lo anterior, por tratarse de información que debe obrar en poder del órgano, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva relativa a la distracción indebida de los funcionarios, toda vez que no se acreditó fehacientemente la concurrencia de dicha causal.

Se rechaza el amparo respecto de lo solicitado en el numeral 3.4 y parte del numeral 4.1 referida a investigación o sumario, ambos de la letra a), por su inexistencia; y en los numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 de la letra b), conforme a lo resuelto por este Consejo en la decisión de los amparos rol C3745-19 y C4049-19.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C8443-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Héctor Rival Oyarzún efectuó 3 solicitudes de información ante la Universidad de Los Lagos, en las cuales requirió lo siguiente:

a) Solicitud de fecha 19 de noviembre de 2019, ingresada con el código 422, con relación al escrito judicial elaborado por la profesional que indica y presentado ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en Recurso de Protección rol 1073-2019:

1. "La Profesional Catalán sostiene: ‘En efecto, y analizando cada uno de los motivos señalados en el Decreto N° 155/2018, me permito informar a Ssa. I. lo siguiente: 1° La deficiente calificación académica del Sr. Rival Oyarzún’. Respecto de este punto, se solicita:

1.1. Entregar copia del Acta de Calificación deficiente, debidamente firmada por el Ministro de Fe de la Universidad, que tuvo a la vista o conoció la Sra. Catalán para sostener ante el Tribunal de Alzada, le expresión ‘deficiente calificación académica del Sr. Rival Oyarzún’.

1.2. Copia de la solicitud de la Calificación Deficiente, con que la Comisión Transparencia, solicita a la Comisión Calificadora la Calificación deficiente ya aludida.

1.3. Respuesta de la Comisión de Calificación, a la solicitud del Acta conteniendo mi supuesta calificación deficiente.

1.4. Documento y fecha en que fui informado de la calificación deficiente.

1.5. Documento firmado en que doy fe de haber recibido o haber rechazado el conocimiento de dicha calificación. Esto es fundamental, pues la norma establece cinco días para la apelación.

2. Más adelante, la profesional, de manera a lo menos irresponsable sostiene: ‘el concepto deficitario utilizado en la redacción del acto administrativo impugnado, es un adjetivo corriente respecto de no desarrollar las cuatro áreas que todo académico debe desempeñar’. En cuanto a esta materia, solicito a la Comisión de Transparencia, entregar copia:

2.1. Del texto, que describe, las cuatro calificaciones que considera el Decreto Afecto N°108, en que claramente el concepto deficiente o deficitario, no es un concepto corriente como se quiere dar a entender maliciosamente a los magistrados.

3. Luego expresa la citada profesional: ‘Así las cosas, la referida calificación regular, vinculada con los otros hechos que se describen más adelante, y a la calificación particular de docencia, constituyen los fundamentos suficientes para no renovar la vinculación a contrata del Sr. Rival, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la propia Contraloría General de la República en el dictamen N° 6.400/2018, que el propio recurrente solicita sea aplicado a su caso concreto’. Se solicita expresamente a la Comisión de Transparencia:

3.1. Copia de documentos que acrediten ‘los otros hechos que se describen más adelante’.

3.2. Documentos que den cuenta que fui informado de los otros hechos, memorándum, oficios debidamente firmados, foliados y con fecha, como en una universidad.

3.3. Documentos que acrediten que la universidad respetó las normas del debido proceso respecto de ‘los otros hechos’ mencionados por la abogada.

3.4. Copias de presentación de cargos e investigaciones que permitieron acreditar la veracidad de los hechos, al punto de ser presentados ante un alto tribunal, sin incurrir en perjurio.

3.5. Copia de la calificación particular, documento por el que fui informado de la realización de tal calificación, normativa en la que se sustenta.

4. Más adelante asevera Doña Nancy: ‘En este escenario, no existe arbitrariedad, ilegalidad y menos falta de fundamento en las aseveraciones realizadas respecto del proceso de calificación académica del Sr. Rival, por lo que no pueden ser consideradas como un argumento que permita hacer lugar al recurso deducido’:

4.1. Copia de los documentos que aseguran que no incurrió en arbitrariedad, ilegalidad, tales como: copias de amonestaciones, investigaciones, sumarios o proceso calificatorios deficientes a los que fui sometido.

4.2. Copia de actas de dichos procesos, informes del Consejo de mi Departamento y comunicaciones por las que fui informado, a fin de descartar arbitrariedad e ilegalidad.

5. Luego, se informa a los magistrados, que otra razón para fundar mi despido está en ‘la exigua carga académica experimentada durante los años 2017 y 2018’. ‘En lo que dice relación a la carga académica del Sr. Rival Oyarzún, efectivamente para los años 2017 y 2018 posee un promedio que está por debajo de las 16 horas de docencia directa, que atendida su condición de académico asociado sin productos de investigación y contratado por 44 horas, debía cumplir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7°, del Decreto Universitario N° 1513, de 18/05/2011, que Aprueba Reglamento de Normas y Criterios de Asignación de Carga Docente’. En este punto la abogada Catalán cae en un acto de desconocimiento absoluto de la normativa que rige la universidad y hace suponer a los jueces, antes ya se hizo con el Contralor Regional, que los académicos de la Universidad de Los Lagos se mandan solos y que cada uno se auto designa horas y cursos, y no, que estas son asignadas por el Director de cada Departamento entre marzo y enero de cada año, mediante el documento que se denomina "COMPROMISO ACADÉMICO", siendo respecto de ese compromiso que se efectúa la evaluación. Cada compromiso anual debe ser aprobado explícitamente por el Director de Departamento (de lo contrario la plataforma no da la posibilidad de ingresarlo definitivamente) y luego son aprobados por el Vicerrector Académico, por lo que si una carga es exigua o no, es responsabilidad de quien asignó los cursos y horas y no del académico, pues en muchos casos éste es requerido para otras funciones asociadas al Plan de desarrollo de la Universidad o de su departamento. En torno a esta materia se solicita:

5.1. Copia de todos mis compromisos académicos, entre los años 2012 y 2018, en que conste que fueron aprobados por el respectivo Director de Departamento y seguidamente por el Vicerrector.

5.2. Copia de la normativa que rige los Compromisos Académicos, en la Universidad de Los Lagos.

6. Más adelante, llama la atención la curiosa fórmula con que la letrada Catalán presenta a los magistrados el cálculo de mis horas de docencia. Dice para mi carga del Primer semestre 2017: ‘Promedio: Kinesiología (psicología general) 2 hrs+ Enfermería (psicología y salud) 4 hrs + Nutrición (crecimiento y desarrollo humano) 4 hrs = Total 10 hrs / 3 = 3,3 hrs. Promedio’. En definitiva, pese a que hice 10 horas semanales, la Sra. Catalán, en su obsesión para quitarme méritos frente a los jueces, sostiene que las 10 horas se dividen por la cantidad de cursos, o sea 3, con lo que mis 10 horas se reducen a 3,3. Si seguimos el curioso razonamiento de Doña Nancy Catalán, tendríamos que admitir que un profesor que hace 18 horas de docencia directa en la Universidad de Los Lagos: 5 de Anatomía, 4 de Fisiología I, 4 de Fisiología 2 y 5 de Endocrinología, tendría una carga promedio de docencia directa de 4,5 horas y no de 18. Inclusive un profesor que dedique 44 horas a la docencia: 8 de Filosofía, 6 de Lógica, 8 de Ética Filosófica, 6 de Historia de la Filosofía, 10 de Epistemología y 6 de Deontología, aplicando la fórmula Catalán (44/6=7,3) este profesor estaría con promedio de docencia de 7,3 horas y no con 44 horas. Dadas, así las cosas, este académico debería realizar cerca de ‘0 horas de docencia directa para alcanzar las 16 que se señalan. Dado que esta fórmula no es reconocida en el mundo académico, se solicita que la Sra. Nancy Catalán:

6.1. Haga llegar copias de los documentos universitarios en que se encuentre el reglamento que permite aplicar esta norma.

6.2. Se solicita, si fuese posible, agregar copias de documentos que den cuenta de las universidades en que se aplican.

7. En otro punto la ya referida jurista indica: ‘... cabe hacer presente que las horas que el recurrente califica como de "tesis dirigidas", las cuales debiesen ser consideradas como docencia directa según lo señalado en la letra b) del artículo 4 del Decreto Universitario N°1513, ya referido, no corresponden a aquellas que desempeñó el Sr. Rival Oyarzún. Lo anterior debido a que las tesis que efectivamente guió los años 2017, 2018 y enero de 2019, no corresponden a docencia de Pregrado (que son las que precisamente regula el Decreto Universitario referido), sino que pertenecen al programa de Magister en Ciencias de la Educación, por ende, no son de aquellas que puedan ser consideradas como docencia directa, toda vez que no fueron administradas ni evaluadas por la Dirección de Docencia de Pregrado, en los términos que establecen los artículos 1° y 2° del Reglamento de Normas y Criterios de Asignación de Carga Docente ya referido. Respecto de este punto en que el razonamiento vuelve a ser errado y malicioso, recurro nuevamente a mis "Compromisos Académicos", de los años 2017 y 2018 en que consta la cantidad de tesis de Magister Comprometidas, alas que la dirección de departamento asignó dos horas anuales por tesis dirigida, pues ese año se prioriza este trabajo pues el programa de Magíster debía cerrarse a la brevedad, por lo tanto, solicito:

7.1. Copias de los Compromisos Académicos correspondiente a los años 2017 y 2018. Donde consta que esta actividad académica se pondera como docencia de pregrado, pese a que depende Administrativamente de la Dirección de Postgrado.

7.2. Copias de las pautas (rúbricas) que utiliza la Comisión de Calificación, en que claramente se lee que la dirección de tesis de postgrado, obtiene una alta ponderación en el ámbito de docencia".

b) Solicitud de fecha 20 de noviembre de 2019, ingresada con el código 423, respecto de la misma presentación señalada en la letra a), complementa:

8. "La Profesional Catalán sostiene: ‘3° La inexistencia de solicitud de carga docente para el año 2019. ... Sobre el particular, y en lo que respecta a las cátedras dictadas por el Sr. Héctor Rival en el 1° semestre de los años 2017 y 2018, las asignaturas corresponden a: - 1° sem 2017 - Psicología del Ciclo Vital - Enfermería - 1° sem 2017 - Psicología del Ciclo Vital - Kinesiología - 1° sem 2018 - Psicología del Ciclo Vital - Kinesiología ... Es necesario señalar que a contar del 1 de febrero de 2019 las asignaturas antes indicadas ya no fueron impartidas en las carreras respectivas, ello por la entrada en vigencia de los procesos de rediseño curricular que cada carrera y que sus equipos definieron durante 2018. ... De hecho, los decretos universitarios N°s 518 y 499, hacen referencia a la medida y los planes de estudios en las carreras de kinesiología y enfermería, respectivamente’. Respecto de este punto cabe observar, que los argumentos presentados a los Señores Ministros, tienden a fundamentar el Decreto N°155 de fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, no obstante, los Decretos Universitarios N°s 518 y 499 tienen fecha 1 de febrero de 2019, con lo cual se pretende sostener un argumento basado en la retroactividad de la norma, puesto que se quiere dar fundamento a un Acto Jurídico con normativa dictada con posterioridad (2 meses después). Al respecto, solicito a la Comisión de Transparencia, hacerme llegar copias:

8.1. De los dos decretos mencionados.

8.2. De Actas de los Consejos Académicos y Superior en que se aprobó la dictación de los decretos 518 y 499 de 2019.

8.3. Cuerpo legal que permite dictar actos jurídicos, basados en normas que aún no existe, como es lo que ocurre en este caso.

9. Más adelante el libelo sostiene: ‘De igual manera, y en lo que respecta a las afirmaciones realizadas por el Sr. Rival respecto de su "Compromiso Académico", cabe señalar que de acuerdo a los registros que existen en la unidad de control y gestión académica de la Vicerrectoría Académica, el recurrente no tiene registro de compromiso académico del año 2019. En materia de docencia, como se señaló, las asignaturas del primer semestre que dictaba fuera de su departamento académico disciplinar, no serían dictadas de acuerdo los rediseños curriculares y cambio de malla curricular, anteriormente indicados’. Solicito copias de:

9.1. Decreto que regula los Compromisos Académicos, en que se estipula las fechas en que deben ser informadas las cargas académicas, por parte del Director de Departamento al Vicerrector Académico. Esto toda vez que sostener al día 30 de noviembre que un académico con 20 años de carrera ininterrumpida queda sin carga académica, resulta en extremo temerario, se entiende que la normativa estipula otras fechas.

9.2. Copias de mallas curriculares del año 2019, de las carreras en que impartí docencia entre 2012 y 2018, firmadas por los Jefes de Carrera. De manera que se pueda sostener fehacientemente que no existen cursos para mí en la presente anualidad. De Cursos y Carreras en que impartí docencia entre 2012-2018 deja constancia el Certificado emitido por Doña Cecilia Planas V., Secretaria de Estudios, fechado el 25 de octubre de 2019, enviado por la Sra. Marcela Ojeda F., el día 18 del mismo mes y año.

10. Luego la letrada Catalán sostiene: ‘4° La baja calificación docente realizada por parte de los alumnos el año 2017 y primer semestre de 2018. Respecto a este motivo, y tal como se acreditará en su oportunidad, las evaluaciones docentes realizadas por los estudiantes en los periodos señalados efectivamente fueron deficientes y muy inferiores al promedio institucional, correspondiendo durante el primer semestre del año 2017 a un 4.2 y el segundo semestre a un 4.07 y durante el primer semestre 2018 la evaluación fue 4.2’. Respecto de este punto, puedo indicar que resulta insostenible dicho argumento, a la luz de lo que informa, el Sr. Víctor Álvarez Díaz, Presidente de la Comisión de Transparencia, en su Memorándum N°115/2019 del 18 de octubre de 2019, por el que da respuesta mis solicitudes de folio 402 y 403 en que dice textualmente: ‘3. En relación al Numeral 3, dado que se requiere la entrega de evaluaciones inexistentes en la Institución, es dable precisar, que la Ley antes señalada en su Art. 5° consigna.... Para no ser lato en el asunto, cabe precisar que lo que es denegado, bajo el argumento de que NO EXISTEN, son las evaluaciones realizadas por los estudiantes, que es aquello que erradamente, sostiene la letrada ante los magistrados. Si no existen, no puede utilizarse como fundamento en un escrito ante un tribunal de alzada. No obstante, y dado lo enfática que resulta la expresión: ‘las evaluaciones docentes realizadas por los estudiantes en los periodos señalados, efectivamente fueron deficientes y muy inferiores al promedio institucional, correspondiendo durante el primer semestre del año 2017 a un 4.2 y el segundo semestre a un 4.07 y durante el primer semestre 2018 la evaluación fue 4.2’. Se solicita a esta Comisión de Transparencia enviar copia de:

10.1. Documentos en que se consigne objetivamente que un académico que obtiene promedio 4,2 (en escala de 1 a 5) recibe la calificación de deficiente.

10.2. Documentos que indiquen, quién, en esta institución, está legítimamente habilitado para calificar a un académico, de manera de sostener que un valor numérico corresponde a la condición de: excelente, bueno, regular o deficiente. Se hace esta solicitud atendiendo a lo sensible del tema, a la objetividad que debe tener el acto de calificación y la manera estricta en que es tratado tanto en el Estatuto Administrativo, como en la normativa interna institucional.

11. Más adelante se señala: ‘En virtud de dicho reporte el Director/a de Departamento tomará conocimiento de las evaluaciones docentes su personal académico, dirección de departamento y definirá las acciones a seguir esto de acuerdo al D.U. N° 4013 de 2011, que en su título II Art. N° 8 referido a funciones de los Departamentos Académicos. Este procedimiento se informa semestralmente, por lo que se trata de una evaluación carente de toda ilegitimidad o arbitrariedad como temerariamente se señala por el recurrente’. Respecto a la referencia: DU.: N°4013 de 2011, el título II Art. N°8, solicito a esta Comisión entregar copia de:

11.1. DU.: N°4013 de 2011, el título II Art. N°8, indicando claramente cuál de los 9 numerales del artículo, es el que se hace cargo de la expresión: ‘...el Director/a de Departamento tomará conocimiento de las evaluaciones docentes su personal académico, dirección de departamento y definirá las acciones a seguir...’.

12. Luego el libelo precisa: ‘En este acápite, solo cabe clarificar que el informe sobre el desempeño del Sr. Rival elaborado por la entonces Directora del Departamento de Educación, doña Carmen Soto Jipoulou, no fueron considerados por la Comisión de Calificación Académica, en los períodos 2013-2014 y 2015-2016, ya que tal como se señala en el Ord. N° 44, de fecha 7/03/2019 (que se adjunta al presente), emanado del Sr. Vicerrector Académico, el informe del Departamento de Educación fue puesto en conocimiento de la referida comisión en fecha posterior a aquella en que la calificación del reclamante se encontraba firme en su carácter de REGULAR, circunstancia que explica porque esta no fue más baja’. Dado lo señalado por la letrada, se solicita a la Comisión de Transparencia entrega de copias de:

12.1. Documentos que justifiquen la no entrega oportuna del informe del Departamento de Educación (licencia médica, permiso administrativo o comisiones de servicio, entre otros de la autoridad responsable de entregar el informe), pues evidentemente la entrega fuera de plazo podría llevarnos a presumir negligencia u otra intencionalidad. En atención a que la Sra. Catalán hace alusión períodos de calificación 2013-2014 y 2015-2016, los documentos requeridos, son en relación a ambos periodos.

12.2. Dado que se habla de informe del ‘Departamento de Educación’, solicito copia del Acta del Consejo de Departamento en que se conoció y sancionó el informe.

13. Finalmente se expresa a los Magistrados: ‘Además de lo expuesto, de acuerdo con lo concluido en el citado dictamen N°85.700, de 2016, podrá servir de fundamento para prescindir de los servicios de un funcionario, una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular, circunstancia esta última que precisamente ocurrió en este caso, con la calificación de docencia 2017 del reclamante’. A raíz de este argumento se solicita, copia de:

13.1. El reglamento que regula una evaluación particular.

13.2. Decreto o resolución que determina quién está facultado para efectuar una evaluación particular que tenga legitimidad.

13.3. Decreto o resolución de la autoridad, por la que se determinó hacerme una evaluación particular.

13.4. Actas de la evaluación particular, en que se estipulan fechas, participantes, ministro de fe y antecedentes que me solicitaron.

13.5. Documento por el que fui notificado que era objeto de una evaluación particular.

13.6. Documento por el cual fui notificado del resultado de la evaluación particular.

13.7. Acta por la que se determinó la sanción en base a la evaluación particular. Se hace este requerimiento en virtud de las normativas que rigen a las instituciones del estado, las garantías constitucionales y ley de transparencia".

c) Solicitud de fecha 21 de noviembre de 2019, ingresada con el código 424, con relación a la contratación en calidad de Jefe del Programa de Magíster en Ciencias de la Educación, requiere lo siguiente:

1. "La totalidad de los Convenios a Honorarios por la función de Jefe de Programa de Magister en Ciencias de la Educación, correspondiente al periodo agosto de 2012 y mayo de 2018.

2. Documentos que informen que efectivamente fueron pagados dichos honorarios, en que conste la fecha de los respectivos pagos.

3. Nómina de estudiantes graduados bajo mi gestión, esto es, entre agosto de 2012 y mayo de 2018. Ruego consignar, nombre del graduado, nombre de la tesis, profesor patrocinante de la misma y fecha de examen".

2) RESPUESTA: El 17 de diciembre de 2019, mediante Memo N° 144/2019, la Universidad de Los Lagos respondió a dicho requerimiento, entregando copia de Acta N° 02/2019 del Consejo Superior, Acta N° 01/2019 del Consejo Universitario, Reporte sobre "Criterios para la Calificación Académica" y "Procedimiento de Calificación Académica", 2 decretos sobre evaluación y calificación, 2 decretos sobre Reglamento y Plan de Estudios de las carreras de Enfermería y Kinesiología, Dictamen N° 6400 de la CGR sobre renovación de contratas, nómina graduados Magister en Educación 2012-2018, convenios, reporte egresos por convenios a honorarios 2012-2018, compromisos académicos y acta de cumplimiento responsabilidad académica de la Dirección de Docencia.

Con relación al resto de la información requerida, el órgano denegó la entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "la información restante no puede ser proporcionada, debido al alto volumen de antecedentes que en su totalidad han sido requeridos, precisando además su carácter genérico y disperso, que en algunos casos exige la búsqueda exhaustiva durante 4 períodos (2015-2018) de documentos que no cuentan con precisión del Acto Administrativo que se trata y fecha de emisión del mismo, implicando para su recopilación la compleja coordinación y trabajo simultáneo de múltiples instancias académicas (...)".

Luego, la Universidad indicó que "se consigna la inexistencia de proceso disciplinario originado producto de los motivos expuestos por el requirente", haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, respecto de que la información debe obrar en poder del órgano, y agregando que "no es posible la entrega de documentos inexistentes en los sistemas y registros institucionales, o bien, efectuar aclaraciones, como es posible observar en ciertos casos".

3) AMPARO: El 29 de diciembre de 2019, don Héctor Rival Oyarzún dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Los Lagos, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. Asimismo, alegó que "Respecto de las solicitudes 422 y 423, estas se relacionan con un informe presentado por la universidad de Los Lagos a la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuyo texto deja un sin número de dudas, respecto de la calidad de la información que se entrega a los magistrados, como de su procedencia. Por ejemplo, la fórmula que se emplea para calcular el promedio de docencia; el hacer creer a los jueces que existe una evaluación particular (que yo hasta hoy no conozco) y si existiera quedaría en entredicho el acto jurídico que se construyó, pues de acuerdo con las normas institucionales y los códigos legales que rigen en este país, yo debiera haber conocido esa evaluación particular y luego haber ejercido el derecho a apelar, cuestión que hasta hoy no ocurre; fundar el decreto de no renovación de contrata, en cuerpos legales que aún no existían o fueron promulgados meses después y así confundir a los jueces; el justificar acciones y decisiones al margen de toda normativa institucional y código administrativo. Dado que el libelo es prolífico en esto, y me deja más dudas que las que ya tenía, he solicitado a la Comisión de Transparencia, entregarme copia de los documentos en que se fundó el informe entregado al tribunal de alzada. No tiene sentido argumentar que la información es difusa y que podría distraer de sus funciones a funcionarios, pues de alguna fuente se obtuvo la información para el informe. De la solicitud 424 faltan copias de los convenios a honorarios solicitados".

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° E679, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al reclamante subsanar su amparo, en el sentido de aclarar la infracción cometida por el órgano, detallando qué información de la requerida no le fue entregada, y acompañar copia íntegra de la respuesta entregada por la institución.

Mediante correo electrónico de fecha 24 de enero de 2020, el reclamante subsanó su amparo, detallando los 19 documentos que no le fueron entregados en la solicitud código 422, los 14 que reclama respecto de la petición 423, y 1 de los que consultó en el requerimiento 424, adjuntando copia del informe presentado por la Universidad ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de la respuesta de la institución, y de las 3 solicitudes de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E1830, de fecha 10 de febrero de 2020, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos, notificando el reclamo y solicitando que presente sus descargos u observaciones.

Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2020, se concedió a la Universidad un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos.

No obstante lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de Universidad de Los Lagos, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de una serie de antecedentes vinculados al escrito presentado por la Universidad ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt y a la contratación en calidad de Jefe del Programa de Magíster en Ciencias de la Educación. Al respecto, el órgano entregó copia de Actas, reportes, decretos, dictamen, nómina de graduados, convenios a honorarios, reporte de egresos, acta de cumplimiento responsabilidad académica y compromisos académicos que indica, señalando la inexistencia del proceso disciplinario originado producto de los motivos expuestos por el requirente, denegando la entrega del resto de la información requerida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, de lo señalado por el solicitante en su amparo, y de lo especificado en la subsanación del reclamo, la presente decisión se circunscribe sólo a lo requerido por don Héctor Rival Oyarzún, en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 y 7.2 de la letra a); numerales 8.3, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 de la letra b); y numeral 1 de la letra c), de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en segundo lugar, respecto de lo requerido en el numeral 3.4 y parte del numeral 4.1 referida a investigación o sumario, ambos de la letra a), esto es, copia de presentación de cargos e investigaciones que permitieron acreditar la veracidad de los hechos, y copia de los documentos que aseguran que no incurrió en arbitrariedad o ilegalidad, tales como investigaciones o sumarios, el órgano informó en su respuesta que no existe ningún proceso disciplinario originado producto de los motivos expuestos. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte, por no obrar en poder de la Universidad, la información pedida por el reclamante.

5) Que, en tercer lugar, con relación a lo pedido en los numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 de la letra b), esto es, una serie de antecedentes relativos a una evaluación particular efectuada al propio reclamante, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisión de los amparos rol C3745-19 y C4049-19, en relación con lo indicado por la Universidad, específicamente, en sus considerandos 10) a 13), en el sentido de que los antecedentes referidos a una supuesta calificación o evaluación particular "dicha información no existe como tal en esta institución". En consecuencia, este Consejo, igualmente, procederá a rechazar el presente amparo, respecto de estos numerales.

6) Que, en cuarto lugar, respecto de lo pedido en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 sólo respecto de amonestaciones o procesos calificatorios deficientes, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 y 7.2 de la letra a); numerales 8.3, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1 y 12.2 de la letra b); y numeral 1 de la letra c), el órgano denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

7) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

10) Que, en el presente caso, el órgano se limitó a señalar que se trataba de un alto volumen de antecedentes, que abarca 4 años, y que su recopilación implica una compleja coordinación, sin indicar la cantidad de funcionarios necesarios para recabar la información, la cantidad de horas hombre o jornadas de trabajo que aquello requiere, y la cantidad de documentos que comprende o abarca la solicitud. Asimismo, el Servicio no especificó la forma ni el lugar en que dicha documentación se mantiene almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que la información faltante, si bien se trata de diversos requerimientos, se refiere a actas, oficios, documentos o informes específicamente referidos, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

11) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada en esta parte, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARECIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARECIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Rival Oyarzún en contra de la Universidad de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de los antecedentes requeridos en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 sólo respecto de amonestaciones o procesos calificatorios deficientes, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 y 7.2 de la letra a); numerales 8.3, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1 y 12.2 de la letra b); y numeral 1 de la letra c), del número 1) de la parte expositiva del presente amparo, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de lo solicitado en el numeral 3.4 y parte del numeral 4.1 referida a investigación o sumario, ambos de la letra a), por su inexistencia; y en los numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 de la letra b), conforme a lo resuelto por este Consejo en la decisión de los amparos rol C3745-19 y C4049-19.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Rival Oyarzún, y al Sr. Rector de la Universidad de Los Lagos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.