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María Lorena Mujica Boré con SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) Rol: C7944-19

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Menores, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud relativa al audio de las evaluaciones consultadas realizadas por el Programa de Diagnostico Ambulatorio Coquimbo, efectuadas en el marco de la causa judicial singularizada. Lo anterior, por estimarse que atendida la naturaleza de la información pedida y la normativa que la regula, es el Poder Judicial el órgano que está en mejor posición para pronunciarse sobre el requerimiento, del cual forma parte el Tribunal de Familia de Coquimbo ante el cual se tramita la referida causa judicial. Se representa la infracción a la Ley de Transparencia al no haber aplicado el procedimiento de derivación de la solicitud de información respectiva, y por facilitación este Consejo derivará el requerimiento formulado al Poder Judicial, a fin de que dicho órgano se pronuncie respecto de la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7944-19

Entidad pública: Servicio Nacional de Menores (SENAME)

Requirente: María Lorena Mujica Boré

Ingreso Consejo: 29.11.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Menores, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud relativa al audio de las evaluaciones consultadas realizadas por el Programa de Diagnostico Ambulatorio Coquimbo, efectuadas en el marco de la causa judicial singularizada.

Lo anterior, por estimarse que atendida la naturaleza de la información pedida y la normativa que la regula, es el Poder Judicial el órgano que está en mejor posición para pronunciarse sobre el requerimiento, del cual forma parte el Tribunal de Familia de Coquimbo ante el cual se tramita la referida causa judicial.

Se representa la infracción a la Ley de Transparencia al no haber aplicado el procedimiento de derivación de la solicitud de información respectiva, y por facilitación este Consejo derivará el requerimiento formulado al Poder Judicial, a fin de que dicho órgano se pronuncie respecto de la información requerida.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7944-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 26 de septiembre de 2019, doña María Lorena Mujica Boré solicitó al Servicio Nacional de Menores, en adelante e indistintamente el SENAME, el audio de las evaluaciones realizadas a las personas que indica, por el Programa de Diagnostico Ambulatorio (DAM) Coquimbo, efectuada en el marco de la causa judicial RIT P-396-2019.

2) RESPUESTA: El Servicio Nacional de Menores respondió a dicho requerimiento de información, mediante Carta N° 1594, de fecha 11 de noviembre de 2019, señalando, en síntesis, que las evaluaciones realizadas por el Programa de Diagnostico Ambulatorio, constituyen antecedentes de la causa judicial a la que la solicitante hace referencia, siendo los audios solicitados la base para la elaboración de los informes correspondientes, con la finalidad de ser puestos a disposición del Tribunal requirente, para que esta pueda resolver fundadamente.

De acuerdo a lo expuesto, señala que los audios requeridos no obran en poder del organismo, y tampoco puede disponer de los mismos, toda vez que dicha información responde a un proceso judicial en el cual no intervienen como servicio.

No obstante, informa que aun cuando contaran con los antecedentes pedidos, dada la naturaleza de los mismos, no les sería posible dar acceso a dicha información, pues en ella se contienen datos personales y sensibles de las partes intervinientes de una causa judicial, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra f) y g) de la Ley N° 19.628, en línea con los prescrito en el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño. Por lo anterior, para el caso de disponer de la información, habría denegado la información pedida fundado en la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por último, señala que es el Tribunal de Familia correspondiente quien, en virtud de los antecedentes que obran en la causa proteccional, tiene la facultad para autorizar o no al respectivo DAM, la entrega de los audios requeridos, y solo en la medida que la requirente forme parte de dicha causa judicial.

3) AMPARO: El 29 de noviembre de 2019, doña María Lorena Mujica Boré dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, toda vez que la información pedida estaría en posesión de otro órgano.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores mediante oficio N° E18860, de fecha 27 de diciembre de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y, se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

El órgano reclamado, a través de presentación remitida por correo electrónico de fecha 13 de enero de 2020, formuló sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que los audios solicitados corresponden a evaluaciones realizadas por parte del Programa de Diagnostico Ambulatorio (DAM) Coquimbo, ejecutado por la entidad colaboradora Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria Opción, y se efectuaron en el contexto de una pericia solicitada por el Juzgado de Familia de Coquimbo, en causa judicial RIT P-396-2019, relativa a una medida de protección por vulneración de derechos, tramitada de conformidad a los artículos 68 y siguientes, de la ley N° 19.968, y en la cual el Servicio Nacional de Menores no interviene como parte, de forma tal que no puede acceder a la información contenida en el expediente de la misma, y por tanto tampoco de los audios de las evaluaciones realizadas.

Agrega, que sin tener a la vista los antecedentes del proceso judicial, y aun en el evento de poder disponer de los audios requeridos, no sería pertinente hacer entrega de los mismos, por cuanto no tendría la suficiente información para analizar si corresponde o no, dar acceso a estos, habida consideración que se trata de una causa en la que se discute la eventual vulneración de derechos, y en virtud de la cual podrían haberse decretado medidas de protección, lo que impediría el acceso a los antecedentes pedidos, por lo que estima que corresponde al respectivo Tribunal de Familia de Coquimbo la respectiva solicitud, previo análisis de los antecedentes de la causa, y solo en el evento que la reclamante forme parte la misma.

En efecto, señala que los audios solicitados no obran en su poder, sin embargo, en el evento que pudiera disponer de ello, al tratarse de información personal y sensible de las partes intervinientes en una causa judicial, estima que concurriría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Trasparencia, en relación al artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Agrega, que si bien la reclamante invoca una relación de parentesco que la habilitaría acceder a la información pedida, podrían existir circunstancias que harían improcedente su entrega de conformidad a lo obrado ante el Tribunal competente. Dichas circunstancias, sostiene, no pueden ser conocidas por el SENAME, toda vez que no forma parte del proceso judicial, desconociendo los detalles de la causa, como ya indicó. Por lo anterior, señala que la eventual entrega de la información pedida importa una afectación a la esfera de la vida privada de las personas sobre quienes tratan los audios pedidos, lesionando así derechos que se encuentran debidamente resguardados por la legislación nacional, y principalmente por en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, como asimismo en el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño.

Por otra parte, señala que también concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, particularmente teniendo presente que el artículo 1, del Decreto Ley N° 2.465, de 1979, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, dispone que el SENAME es el organismo "encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos ya la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal". Por ello, y establecidas las funciones de carácter proteccional del SENAME, se estima también que, de obrar en nuestro poder la información y proceder a su entrega, se afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, pues al entregarse los antecedentes consultados no estaría cumpliendo con su función principal de proteger, en este caso, referido a la protección de datos personales y sensibles de los involucrados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener del Servicio Nacional de Menores copia del audio de las evaluaciones realizadas a las personas que se individualizan, por parte el Programa de Diagnostico Ambulatorio (DAM) Coquimbo, efectuada en el marco de la causa judicial RIT P-396-2019 seguida ante Tribunal de Familia de Coquimbo. Al efecto, el órgano reclamado denegó la información pedida, señalando que no posee la información pedida, y que en cualquier caso corresponde al referido Tribunal de Familia de Coquimbo, y que aún para el caso que pudiera disponer de la información reclamada, procedería denegarla por concurrir las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, cabe tener presente la ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, en su artículo 8 referida a la competencia de los Juzgados de Familia, prescribe que les corresponderá conocer y resolver, "N° 7: Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores". A su vez el artículo 16 de la citada ley, relativo al interés del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído, prescribe que "Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías."

3) Que, además se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 9 de la ley N° 19.628, en relación con lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, que señala que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. // El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". De esta forma, la protección del interés superior del niño, niña o adolescente supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima.

4) Que, por su parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, cuando el órgano requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, prescripción que se reitera el artículo 30 del Reglamento de la referida ley, como asimismo el numeral 2.1 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

5) Que, sobre lo reclamado el SENAME sostuvo que los audios solicitados corresponden a evaluaciones realizadas por parte del Programa de Diagnostico Ambulatorio (DAM) Coquimbo, ejecutado por la entidad colaboradora Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria Opción, y se efectuaron en el contexto de una pericia solicitada por el Juzgado de Familia de Coquimbo, en causa judicial RIT P-396-2019, relativa a una medida de protección por vulneración de derechos, y en la cual el SENAME no interviene como parte, de forma tal que no puede acceder a la información contenida en el expediente de la misma, y por tanto tampoco de los audios de las evaluaciones realizadas. Agregó, que sin tener a la vista los antecedentes del proceso judicial, y aun en el evento de poder disponer de los audios requeridos, no sería pertinente hacer entrega de los mismos, por cuanto no tendría la suficiente información para analizar si corresponde o no su entrega, dado que se trata de una causa judicial en la que se discute la eventual vulneración de derechos, y en virtud de la cual podrían haberse decretado medidas de protección, lo que impediría el acceso a los antecedentes pedidos, por lo que estima que corresponde al respectivo Tribunal de Familia e Coquimbo la respectiva solicitud, previo análisis de los antecedentes de la causa, y solo en el evento que la reclamante forme parte la misma.

6) Que, en el presente caso, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo ha sido posible determinar que es el Tribunal de Familia de Coquimbo ante el cual se tramita la causa judicial RIT P-396-2019, el órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud de información, tanto en atención a la normativa examinada en el presente caso, la naturaleza de la información y del procedimiento judicial que le dio origen, como asimismo al parentesco que tendría la requirente en relación a las personas sobre las cuales versa los antecedentes reclamados. No obstante lo señalado, y pese a sus alegaciones, el SENAME no acreditó la derivación del requerimiento formulado al Tribunal de Familia de Coquimbo de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, razón por la cual este Consejo representará al órgano reclamado dicha circunstancia en lo resolutivo de la presente decisión.

7) Que, por lo expuesto, advirtiéndose que en el presente caso es el Tribunal de Familia de Coquimbo el órgano público que se encuentra en mejor posición para responder la solicitud de acceso relativa al audio de las evaluaciones consultadas realizadas por el Programa de Diagnostico Ambulatorio Coquimbo, efectuadas en el marco de la causa RIT P-396-2019, se acogerá el presente amparo, solo en cuanto a que la reclamada no dio aplicación al artículo 13 de la Ley de Transparencia. Con todo, y por aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la ley precitada, esta Corporación derivará la solicitud al Poder Judicial, a fin de que se pronuncie sobre la publicidad o reserva de los antecedentes requeridos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don María Lorena Mujica Boré en contra del Servicio Nacional de Menores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente

II. Representar a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, por cuanto no procedió a derivar la solicitud de información como prescribe la citada norma legal. Lo anterior, a fin que adopte las medidas que sean necesarias para adecuar todas y cada una de sus actividades institucionales a la Ley de Transparencia.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, derivar la solicitud de acceso de la parte recurrente al Poder Judicial, según lo resuelto en el considerando 7°, a fin de que dicho órgano se pronuncie sobre ella, en los términos que exige la Ley.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Lorena Mujica Boré y a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.