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Hernán Espinoza Zapatel con SUBSECRETARÍA DE PESCA Rol: C7475-19 / C7478-19

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ordenando la entrega de un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse en las regiones de Aysén y Los Lagos, identificados por sus Números de Pertenencia o Códigos RNA, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano y por haberse desestimado las alegaciones de la Subsecretaría y de los terceros, en el sentido de que la entrega de la información afectaría el privilegio deliberativo del mismo, o generaría distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que dichas alegaciones no han sido fehacientemente acreditadas por parte del órgano, y no procede respecto de las empresas, y con relación a la afectación a los derechos económicos y comerciales, por no haberse configurado los criterios fijados por este Consejo para la concurrencia de dicha causal, por cuanto lo pedido sólo se refiere a un listado con identificación de los centros de engorda de salmónidos, por tratarse de información que no es secreta, y que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C7475-19 y C7478-19

Entidad pública: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Requirente: Hernán Espinoza Zapatel.

Ingreso Consejo: 04.11.2019

RESUMEN

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ordenando la entrega de un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse en las regiones de Aysén y Los Lagos, identificados por sus Números de Pertenencia o Códigos RNA, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano y por haberse desestimado las alegaciones de la Subsecretaría y de los terceros, en el sentido de que la entrega de la información afectaría el privilegio deliberativo del mismo, o generaría distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que dichas alegaciones no han sido fehacientemente acreditadas por parte del órgano, y no procede respecto de las empresas, y con relación a la afectación a los derechos económicos y comerciales, por no haberse configurado los criterios fijados por este Consejo para la concurrencia de dicha causal, por cuanto lo pedido sólo se refiere a un listado con identificación de los centros de engorda de salmónidos, por tratarse de información que no es secreta, y que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información, roles C7475-19 y C7478-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 18 de septiembre de 2019, don Hernán Espinoza Zapatel requirió a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la siguiente información:

a) Solicitud que dio origen al amparo rol C7475-19, requirió lo siguiente:

i. "El listado, actualizado a la fecha, de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de la Región de Aysén;

ii. Que en el listado solicitado arriba, los centros a relocalizar sean identificados por sus Números de Pertenencia y/o Códigos RNA, indicándose la nueva posición que ocuparían los centros relocalizados mediante las respectivas coordenadas geográficas".

b) Solicitud que dio origen al amparo rol C7478-19, requirió lo siguiente:

i. "El listado, actualizado a la fecha, de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de la Región de Los Lagos.

ii. Que en el listado solicitado arriba, los centros a relocalizar sean identificados por sus Números de Pertenencia y/o Códigos RNA, indicándose la nueva posición que ocuparían los centros relocalizados mediante las respectivas coordenadas geográficas".

2) RESPUESTAS: El 22 de octubre de 2019, mediante Oficio (G.S.) N° 3449, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura respondió a dichos requerimientos, denegando la entrega de la información solicitada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia, y señalando que las solicitudes de relocalización de centros de engorda de las regiones de Aysén y Los Lagos se encuentran aún en proceso de trámite.

3) AMPAROS: El 4 de noviembre de 2019, don Hernán Espinoza Zapatel dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, fundados en la respuesta negativa a sus solicitudes.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos interpuestos, y mediante oficio N° E18126, de fecha 17 de diciembre de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, notificando los reclamos y solicitando que presente sus descargos u observaciones.

Mediante Ord. D.J. N° 57, de fecha 21 de enero de 2020, el órgano evacuó sus descargos respecto de ambos amparos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "el Sr. Espinoza requiere información relativa a las solicitudes de relocalización de los centros de engorda de salmónidos de las regiones de Los Lagos y de Aysén, respecto a las cuales no existe aún ninguna resolución aprobatoria por parte de esta Subsecretaría, lo que supondría haber puesto término al procedimiento administrativo", denegando la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, y artículo 7 N°1, letra b), del Reglamento de la citada ley, y haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C995-16 y C587-17.

Asimismo, el órgano señaló que "las solicitudes presentadas (...) y que aún no han sido resueltas, constituyen evidentemente un antecedente fundamental para la dictación de la resolución del procedimiento por parte de esta Subsecretaría (...) pudiéndose ver afectado el resultado de dichos procedimientos administrativos", alegando, además, la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que la información requerida no se encuentra sistematizada ni disponible en los términos requeridos, circunstancia comunicada al solicitante con anterioridad, frente a una solicitud de carácter similar.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano acompaña un listado actualizado a diciembre de 2019, con las solicitudes de relocalización que han sido rechazadas (513 solicitudes), indicando los números de pertenencia y de resolución exenta, solicitando que el amparo sea resuelto vía SARC.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Este Consejo, mediante Oficio N° E1367, de fecha 31 de enero de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la información entregada por la institución en sus descargos, detallando cuáles antecedentes de los requeridos, no le habrían sido entregados.

Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 1 de febrero de 2020, el reclamante manifestó su disconformidad, señalando en síntesis, que la información entregada es insuficiente o parcial "pues lo que se solicitó fue el listado de centros de engorda de salmónidos, en la Regiones de Los Lagos y de Aysén, que se han acogido a este proceso elevando las respectivas solicitudes para relocalizarse en una nueva posición, la que evidentemente deben identificar cuando elevan dicha solicitud. El listado adjunto a la respuesta de SUBPESCA al Consejo corresponde a las resoluciones de rechazo a las relocalizaciones solicitadas (...) y siendo una información importante, no satisface lo demandado, puesto que es sólo complementario a lo que no se entrega".

Asimismo, indicó que "en los descargos de SUBPESCA hay referencias a normativas que también estaban vigentes al año 2015 cuando dicha Subsecretaría no tuvo inconvenientes en entregarme la información que se solicitó sobre los mismos temas, adjuntando una planilla excel inicial, en septiembre de 2015, con las relocalizaciones de concesiones acuícolas para salmonicultura en las misma regiones del país y una segunda planilla, en agosto 2015, con aclaraciones que solicité sobre esta primera respuesta de septiembre" [sic], remitiendo copia de la solicitud y repuestas aludidas, y señalando que el mar chileno es un bien nacional de uso público, protegido por la Ley General de Pesca y Acuicultura, agregando que "las excusas dadas por SUBPESCA en sus descargos, vienen a impedir que los propietarios de este bien nacional puedan saber qué es lo que se planea hacer dentro de su propiedad y ante las deficiencias, ya detectadas por el organismo contralor y a nuestro juicio aún no corregidas, en la fiscalización y regulación de la salmonicultura intensiva".

6) DECISIÓN Y REVOCACIÓN: Con fecha 24 de marzo de 2020, en sesión ordinaria N° 1083, esta Corporación acogió los presentes amparos, ordenando la entrega de la información solicitada. Posteriormente, en sesión ordinaria N° 1094, celebrada con fecha 5 de mayo de 2020, el Consejo Directivo resolvió revocar de oficio y dejar sin efecto la decisión adoptada en esta reclamación, retrotrayendo el procedimiento a la etapa de emplazar a los terceros que pudieran verse afectados en sus derechos, a fin de que presenten sus observaciones.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficios N° E8343, E8344, E8345, E8346, E8347, E8349, E8350, E8353, E8354, E8355, E8356, E8357, E8358, E8359, E8360, y E8361, todos de fecha 4 de junio de 2020, acordó notificar y dar traslado del amparo a los terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, esto es, a las empresas Acuícola Puyuhuapi S.A., Aguas Claras S.A., AquaChile S.A., Empresas AquaChile S.A., Exportadora Los Fiordos Ltda., Salmones Australes S.A., Salmones Maullín Ltda., Australis Agua Dulce S.A., Australis Mar S.A., Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Salmones Humboldt SpA., Cooke Aquaculture Chile S.A., Cultivos Rio Claro Ltda., Cultivos Yadrán S.A., Fiordo Blanco S.A., Salmones Camanchaca S.A., Granja Marina Tornagaleones S.A., Piscicultura Palqui Ltda., Invermar S.A., Mowi Chile S.A., Salmones Tecmar S.A., Multiexport Pacific Farms S.A., Salmones Multiexport S.A., Sociedad de Inversiones Isla Victoria Ltda., Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones Antártica S.A., Salmones Aysén S.A., Salmones Blumar S.A., Salmones Ice Val Ltda., Salmones Pacific Star S.A., y Trusal S.A.

a) Mediante correo electrónico de fecha 12 de junio de 2020, la empresa SALMONES AYSÉN S.A., solicitó el rechazo de los amparos refiriéndose a las causales de reserva del artículo 21 N°1, letras b) y c), de la Ley de Transparencia, alegadas por la Subsecretaría, señalando que "La información que se entrega al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es información reservada, estrictamente confidencial y que su divulgación, afecta comercial y económicamente los derechos de mi representada (...) no se trataría ni de un acto administrativo, ni de información elaborada con presupuesto público, sino de información elaborada con recursos privados, requerido por el Servicio a las empresas", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1203-14, y agregando que "Esta parte siempre ha entendido que la información enviada a las autoridades pesqueras y acuícolas debe ser manejada con la máxima confidencialidad puesto que esta información dice relación con el carácter productivo de nuestros centros. Esta información es de utilidad tanto para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) como también para la Subsecretaria recurrida, ya que sirve de insumos para elaborar sus planes estratégicos y la elaboración de informes de interés general para el público y la industria, pero jamás por centro de cultivo", detallando lo dispuesto en el Decreto N°129 que contiene el Reglamento para la Entrega de Información de Pesca y Acuicultura y la Acreditación de Origen y artículo 86 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Luego, el mismo tercero manifestó que "entregar información de este tipo nos pondría en una situación de menoscabo en relación a las empresas que conozcan esta información, ya que estaríamos revelando antecedentes que puede darles a nuestra competencia y proveedores información privilegiada al conocer datos estratégicos de nuestra planificación productiva e inclusive de nuestras fortalezas y debilidades en torno a nuestra escala de costos productivos", refiriéndose a lo resuelto en la decisión del amparo rol C1758-14, señalando que la divulgación de la información afecta sus derechos económicos y daña la honra, imagen, prestigio y reputación comercial de la empresa, conforme al artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Finalmente, solicita que si este Consejo dispone la entrega de la información requerida, se haga conforme lo dispone el artículo 87 de la ley N° 19.039, y solicitando que se fije un término probatorio.

b) Mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2020, las empresas COOKE AQUACULTURE CHILE S.A., y CULTIVOS RÍO CLARO LTDA., solicitaron el rechazo de los amparos, manifestando que "la información solicitada respecto de las solicitudes de relocalización de concesiones de acuicultura de titularidad de Cooke Aquaculture Chile S.A, y de Cultivos Río Claro Limitada presentadas en la Región de Aysén, concurre respecto de mi representada la causal de reserva establecida en el numeral 2.- del artículo 21 de la ley N° 20.285, atendido a que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta sus derechos, particularmente derechos de carácter comercial o económico. En particular, el fundamento para la oposición de la entrega de información consiste en el carácter sensible y estratégico de carácter comercial de ésta, de manera que su publicidad, comunicación y conocimiento por parte de terceros afecta derechos de carácter comercial y económico de Cooke Aquaculture Chile S.A. (...) nuestra oposición se funda en que la información solicitada por don Hernán Espinoza Zapatel a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, constituye información estratégica de nuestras compañías, debido a que el modelo productivo de nuestra empresa y las decisiones de inversión que se efectuarán depende en gran parte del éxito, viabilidad y del otorgamiento que pueda hacer la autoridad de cada uno de los nuevo sectores solicitados por mis representadas para relocalizar alguna de las concesiones de acuicultura ubicadas en la Región de Aysén".

Acto seguido, indicaron que "la información sobre los sectores solicitados para relocalizar nuestras concesiones en la Región de Aysén, por parte de terceros respecto de los cuales no existen cláusulas de confidencialidad, puede llevar a que se obstaculice su tramitación mediante la presentación de otras solicitudes de afectación que tengan solo por objeto suspender, dilatar, trabar y entorpecer un eventual otorgamiento de las relocalizaciones (...) cabe hacer presente que la información solicitada por don Hernán Espinoza Zapatel no corresponde a antecedentes de un acto administrativo, resolución o de sus fundamentos, toda vez que aún se encuentran en tramitación las solicitudes de relocalización de mis representadas, y sólo una vez que se dicte el acto administrativo correspondiente, sus fundamentos y antecedentes tendrán el carácter de públicos", haciendo mención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 2907-15-INA y Rol 7425-19.

c) Mediante presentaciones de fecha 17 de junio de 2020, las empresas PACIFIC SEAFOOD S.A., e INVERMAR S.A., en términos similares, manifestaron sus oposiciones a la entrega de la información, señalando que "En nuestro criterio, el requirente no tiene derecho a conocer de la información privada de mi representada, en atención a que ella no es pública, puesto que dicha información emana de PACIFIC SEA FOOD S.A. (un particular) y es entregada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura como consecuencia de las solicitudes de relocalización de centros de engorda de la región de Los Lagos que aún se encuentran en proceso de trámite, por lo que no se materializan todavía los actos y resoluciones recaídas en ellos, en consonancia a lo que señala el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República. En otras palabras, el requirente solicitó información que forma parte de un proceso administrativo pendiente ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, cuya divulgación afecta a los derechos comerciales o económicos de los titulares de las concesiones de cuya relocalización se trata, por sus legítimos derechos derivados de su condición de particular interesado en tal proceso administrativo", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta Fundamental y el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia.

Asimismo, indicaron que "En el caso que nos convoca, la solicitud de relocalización no se ha traducido o no ha servido de fundamento a un acto o resolución de un órgano del Estado, puede que ocurra, pero a la fecha es solo una solicitud, que debe servir de base a un pronunciamiento administrativo, a la adopción de una resolución, que incluso es deseable que no sea conocida, pues la Ley N° 20.434, que fue la que dio la herramienta a la Ley General de Pesca y Acuicultura para relocalizar concesiones, establece una serie de requisitos en una primera etapa para la relocalización, tales como distancias respecto a otras concesiones de salmones, de mitílidos, de abalones, de algas, etc., que no exista sobreposición con áreas de manejo, caladeros de pesca, concesiones marítimas etc. y una vez que la Subsecretaría de Pesca verifica las distancia y en caso de cumplir, viene una etapa de verificación de existencia de banco natural la cual es realizada por el Servicio Nacional de Pesca, posteriormente en una tercera etapa cuando se ingresa al sistema de evaluación ambiental, la información se hace pública y existen las instancias de consulta pública, si hay interesados que requieran hacerse parte en el proceso de evaluación (...), no tiene sentido más que de obstruir un proceso que es largo y de grandes exigencias y requisitos a cumplir, que la información sea pública antes del proceso de evaluación ambiental, donde es la instancia en que particulares, organizaciones, etc., tienen la instancia de participación ciudadana para opinar del proceso de relocalización de una concesión de determinada".

Luego, señalaron que "La información solicitada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es de índole comercial para PACIFIC SEA FOOD S.A. y no es de acceso público, por lo que no puede ser conocida por la competencia, y de serlo, afectaría gravemente su derecho de propiedad (...) la localización y eventual relocalización de las concesiones acuícolas, determina aspectos como mejores formas de producción y aprovechamiento de las mismas, mejorar aspectos sanitarios, mejor conectividad y mejor explotación (...) la información pueda ser utilizada para evitar o dificultar la relocalización por terceros, pidiendo concesiones o relocalizaciones sobrepuestas u otro tipo de concesiones o solicitudes, solo con el fin de obstaculizar la estrategia de la empresa, vinculada a las concesiones que tiene y la mejor ubicación que requiere. Lo anterior en relación con el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 (...) Lo anterior se relaciona con el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, en tanto se pide información que generalmente no es conocida ni fácilmente accesible y que forma parte de la planificación estratégica de cada empresa, especialmente referida a la forma en que maneja su cadena de producción, vinculada a la localización y eventual relocalización de las concesiones", haciendo mención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causas rol 2982-16-INA, 1990-2012, 2153-2012, 2246-2013 y 2379-2013.

Finalmente, de conformidad a lo previsto en el artículo 12 de la Ley N° 19.880, en concordancia al artículo 2 de la Ley N° 19.880, al artículo 1° de la Ley N° 18.757 y a los artículos 2° y 31 de la Ley N° 20.285, solicitaron declarar la inhabilidad para pronunciar una decisión en los presentes amparos respecto de los miembros del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en razón de haberse emitido resolución acordada el 24 de marzo de 2020, en sesión ordinaria N° 1083, fundado en la falta de imparcialidad al haber emitido opinión con conocimiento de causa lo que importaría una infracción al principio del debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 5, inciso 2°, de la misma Carta Fundamental, y artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 195 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, en virtud del principio de abstención, solicitan que los Consejeros se abstengan de intervenir en el procedimiento mientras se encuentre pendiente el conocimiento de los reclamos de ilegalidad en causas rol 6-2020 y 7-2020 de la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en razón de tener cuestiones litigiosas pendientes, e informando, por último, su forma de notificación de resoluciones.

d) Mediante presentación de fecha 17 de junio de 2020, las empresas SALMONES MULTIEXPORT S.A., MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. y SOCIEDAD DE INVERSIONES ISLA VICTORIA LTDA., manifestaron su rechazo a la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, y junto con detallar las normas relativas a los procesos de relocalización, señalaron en síntesis, que "las Solicitudes de relocalizaciones constituyen antecedentes que dan inicio a un procedimiento administrativo complejo, en que participan diversos organismos públicos, por lo cual se trata de un antecedente que es previo a la posterior Resolución que se pronuncia sobre aquella, por parte del Organismo Público correspondiente (...). Esta situación reviste de absoluta gravedad puesto que, atendido al estado de tramitación de las solicitudes, si la información que se recopile fuese utilizada de mala fe por parte de terceras personas, podría influir directamente en el resultado del requerimiento, logrando incluso que éstas sean descartadas por parte del organismo competente".

Acto seguido, las empresas alegan la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, argumentando que "realizar la entrega de la información significa incurrir en un esfuerzo adicional y perjudicial para la Subsecretaría, constituyendo una distracción indebida para sus funcionarios respecto del cumplimiento regular de sus labores habituales", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo rol C4785-19; y la concurrencia de la causal del artículo 21 N°2 de la misma ley, señalando que "la divulgación de la información del requerimiento que funda el presente reclamo, afectaría gravemente los derechos económicos de mis representadas, atendido que se trata de información que pertenece a privados, revistiendo dicho carácter en todo momento, aun cuando esté en manos de la Subsecretaría (...) forman parte de sus aspectos estratégicos y proyecciones, por lo que su divulgación, develaría parte importante de su funcionamiento, manejo de su actividad productiva y estrategia comercial, entre otras, lo que sin lugar a dudas, vulneraría sus derechos de propiedad sobre sus Centros de Cultivo, poniéndolas en riesgo desde un punto de vista competitivo y económico. Específicamente, esta información no puede estar en manos de nuestros competidores, porque comprende procesos, técnicas, estrategias, y condiciones económicas, todas las cuales son de propiedad exclusiva de mis representadas. Ello constituye parte del know-how, del cual cada empresa es titular en el desarrollo de su negocio, y que les permite hoy desarrollar en libre competencia esta actividad económica (...) no cabe duda que la información solicitada, de tipo estratégica, tiene un valor comercial, la cual se encuentra dentro de la esfera privada de una persona jurídica, la cual a su vez podría proporcionar a sus titulares una ventaja competitiva. Más aún, su publicidad afectaría significativamente el desenvolvimiento competitivo de mis representadas, e incluso puede afectar su imagen como empresa productora", refiriéndose a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, indicaron que "hay que señalar mediante una interpretación administrativa por parte de este Consejo, que toda la información que obre en poder del Estado es de carácter pública, por ende susceptible de ser entregada a todo quien lo necesite, constituye una grave vulneración al contenido esencial del derecho a desarrollar una actividad económica, al obligar a mis representadas a entregar una información, de la cual no es de público conocimiento, ya que su publicidad es un secreto empresarial, y su exposición al público requiere de una decisión comercial", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en la decisión de los amparos rol C1003-18, C215-19 y C1047-19, los criterios establecidos para la reserva de este tipo de información, el principio de máxima divulgación, y lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa rol 2907-2015 y 3111-2016, en los cuales se señaló que la Constitución no contempla el Principio de Transparencia y Acceso a la información de manera expresa, que la misma CPR establece como excepción a la publicidad la afectación de los derechos de las personas, y que, según las empresas, no toda la información que se produzca o esté en poder de la Administración es pública. Finalmente, señala la forma de notificación.

e) Mediante escrito ingresado por correo electrónico de igual fecha, las empresas SALMONES BLUMAR S.A. y SALMONES ICE VAL LTDA., evacuaron sus descargos solicitando el rechazo de los amparos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 y N°4 de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que "la entrega de esta información sensible y protegida tiene el potencial claro de afectación de nuestros derechos comerciales y económicos, toda vez que da cuenta de la planificación estratégica de nuestras empresas y su funcionamiento, que constituyen datos que guardan relación con información confidencial y valiosa de las compañías, formando parte de un proceso productivo, dado que la eventual relocalización de las concesiones acuícolas, determina aspectos como mejores formas de producción y aprovechamiento de las mismas, mejora en aspectos sanitarios, conectividad y explotación (...) podría ser utilizada por un tercero para evitar o dificultar las relocalizaciones de las concesiones solicitadas, quienes podrían requerir concesiones o relocalizaciones sobrepuestas a las nuestras o efectuar otro tipo de solicitudes, solo con el fin de obstaculizar la estrategia de nuestras empresas, vinculadas a las concesiones que tienen la mejor ubicación que requieren (...) la difusión de este tipo de información afecta los derechos de mis representadas en la esfera de sus derechos de carácter comercial y económico, que se corresponden al concepto de secreto empresarial, produciendo un perjuicio en las empresas".

Del mismo modo, agregó que "la información solicitada forma parte de un procedimiento administrativo pendiente, que se encuentra en plena tramitación ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por lo que la solicitud de relocalización de nuestras concesiones no se ha traducido en un acto o resolución por parte de un órgano del Estado, ante lo cual la entrega de esta información vulnera la probabilidad de terminar exitosamente el proceso, respecto de información que será pública en el proceso de evaluación ambiental (...) no constituyen aún antecedentes que se materialicen en actos y resoluciones recaídas en ellos, esto, en concordancia a lo señalado en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, pero no se entienden como públicos, a juicio del Constituyente, aquellos procedimientos en trámite que puedan recaer en futuros actos o resoluciones de órganos del Estado (...), se trata de que las empresas que solicitan relocalización no se vean expuestas a que terceros puedan obstruir el proceso de relocalización que ya es largo, de grandes exigencias y requisitos a cumplir, teniendo en consideración a su vez que dicha información será pública en el proceso de evaluación ambiental, oportunidad en que la ciudadanía podrá opinar del proceso de relocalización de una concesión determinada", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1407-15.

f) Mediante ingreso de fecha 18 de junio de 2020, las empresas CERMAQ CHILE S.A., NUEVA CERMAQ CHILE S.A., y SALMONES HUMBOLDT SPA, se opusieron, igualmente, a la entrega de la información solicitada, refiriéndose a lo resuelto por este Consejo, en forma previa, y alegando como punto de previo y especial pronunciamiento, la inhabilitación de los Consejeros que adoptaron la decisión de fecha 24 de marzo de 2020, en la sesión ordinaria N° 1083, toda vez que ya se pronunciaron sobre el fondo del asunto, lo que puede afectar la imparcialidad conforme al artículo 11 y 12 de la ley N° 19.880, debiendo abstenerse de conocer del mismo y ser resuelto por Consejeros no inhabilitados.

Acto seguido, manifestaron que "La denegación de la información por parte de la SUBPESCA se ajusta a la Ley, puesto que se trata primordialmente de procesos en curso y sin una resolución final (...) la publicidad de las solicitudes que ya han sido rechazadas también genera un efecto contrario a los derechos de los que goza mi representada, dado que éstas contienen datos comerciales y económicos fundamentales de mantener en reserva, por lo que tampoco procede su divulgación", haciendo mención a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1747-19 y los criterios fijados para la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, detallando el procedimiento, y agregando que "es el propio ordenamiento el que ha determinado cuál es el momento en que la data debe entrar al conocimiento público, por lo que forzar su divulgación con antelación al sometimiento al SEIA, una vez que SUBPESCA ya ha realizado su función primaria de determinar el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la relocalización, dado que, por ejemplo, el proceso se puede ver constantemente retrasado o entorpecido por la solicitud temeraria de áreas de manejo, caladeros de pesca o espacios marítimos costeros de pueblos originarios, cuya única intención sea la de obstaculizar el devenir de los expedientes (...) permitir que terceros ajenos al proceso conozcan -por ejemplo- la geolocalización de las concesiones de reemplazo solicitadas por los particulares, solo tendría un efecto perjudicial para el proceso de relocalización generando condiciones para que inescrupulosos puedan aprovecharse de esa data para impedir el cumplimiento de un mandato legal entregado a SUBPESCA".

Luego, indican que "Las empresas, entre las que aparecen mis representadas, claramente han invertido tiempo y recursos en diseñar un plan de relocalización de sus concesiones con el objeto de hacerlas más eficientes, tanto en lo económico como en lo sanitario. Para esto, han debido analizar profundamente su lay out concesional actual, para determinar las maneras en que puede verse mejorado a través del proceso generado por la Ley N° 20.434, mediante mejoras en conectividad, posibilidades de siembra, estado ambiental de los nuevos lugares solicitados, etc. Todo esto forma parte del know how de cada compañía (...) dar a conocer los planes de relocalización de una compañía permitiría a terceros que, con el solo objetivo de evitar un efecto deseado por el legislador -es decir, las relocalizaciones de concesiones- pueda ingresar solicitudes de áreas de manejo, espacio marítimo costero de pueblos originarios, entre otros; que suspenderían la tramitación de las relocalizaciones por meses o años, aun cuando estos requerimientos mal intencionados fueran rechazados en último término (...) esto aplica para las concesiones de reemplazo en trámite, pero principalmente para aquellas que ya han sido rechazadas, puesto que muchos de estos rechazos se deben a temas formales. Así, si las empresas acuícolas conocen de los planes de sus competidores y tienen la oportunidad de ingresar sus propias solicitudes de relocalización en sectores cuyo rechazo se debe a meros temas formales, podrían aprovecharse del trabajo de diseño efectuado por la solicitante original para su propio beneficio, adelantándose a los reingresos de solicitudes de relocalización por quien generó la estrategia", refiriéndose a lo dispuesto en el artículo 19 N°21 y 24 de la Carta Fundamental, a los criterios fijados por este Consejo para la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, y señalando que la información solicitada no es de interés público, teniendo en consideración el test de daños y lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol A45-09, y que no toda la documentación que obra en poder del Estado es pública, conforme lo resuelto por el Tribunal Constitucional y este Consejo en amparo rol C2771-17.

g) Mediante presentación de fecha 18 de junio de 2020, las empresas AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. y AUSTRALIS MAR S.A., manifestaron su oposición, indicando que "se debe recordar en primer lugar, que no toda información en poder de los órganos del Estado es pública. Ello se desprende claramente del artículo 8° de la Constitución Política de la República (...) aquella información vinculada a procedimientos en curso que no hayan sido utilizadas para manifestar formalmente una determinada decisión a través de un acto o resolución, no es pública", haciendo mención a los criterios del Tribunal Constitucional, en causa rol N°4986-18-INA, entre otros, y a la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia y las condiciones para que se configure, conforme lo resuelto por este Consejo en los amparos rol A47-09, A253-09, C1672-13 y C1653-12, agregando que "la divulgación de estos antecedentes de procedimientos en actual tramitación, las expone innecesariamente frente a terceros que podrían entorpecer la tramitación respectiva, a través del ejercicio de distintos mecanismos, como la presentación de invalidaciones de actos trámites o acciones judiciales, o sobreposición de concesiones. Ello no es algo nuevo, concretamente se puede ver últimamente en procedimiento vinculados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "SEIA"), donde terceros han impugnado a través de acciones administrativas y judiciales, actos trámites -aun cuando conforme a la ley ellos no son impugnables-entorpeciendo la tramitación de los procedimientos, o generando presiones indebidas en el órgano respectivo".

Luego, las empresas deniegan la entrega de la información conforme a la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, y el secreto empresarial regulado en el artículo 86 de la ley N°19.039, informando que "el hecho de que dichas solicitudes se encuentren actualmente en trámite, podría generar que terceros o incluso otros titulares de proyectos, procedieran a entorpecer su tramitación, mediante el ejercicio de distintos mecanismos como podría ser la interposición de acciones improcedentes o solicitación de concesiones en el mismo sector de relocalización. Esto último, a la espera de una resolución negativa a mi representada, lo que las llevaría a avanzar en el orden de prelación que se otorga en base a la fecha de la solicitud (...) que dicha información sea divulgada y/o transada a otros agentes del mercado, y en definitiva puesta en conocimiento de otros competidores, quienes, haciendo uso de esta información esencial, podrían adoptar prácticas desleales para competir asimétricamente con la compañía generándose distorsiones en la producción y precios finales. Lo anterior significaría una afectación directa a los derechos de mis representadas en cuanto al ejercicio de sus actividades económicas".

Asimismo, las empresas alegan que se trataría de información de carácter confidencial de acuerdo al D.L. N° 211 dado que su divulgación podría generar graves distorsiones en el mercado acuícola, atentando contra la libre competencia, agregando que "el artículo 22 del D.L. N°211 se establece una excepción al principio de publicidad. En efecto, ese artículo indica que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a solicitud de parte, podrá decretar la reserva de ciertos instrumentos respecto de terceros ajenos al proceso o su confidencialidad respecto de las demás partes (...) la información entregada por mi representada a SUBPESCA con motivo de solicitudes de relocalización, permite conocer decisiones estrategias tomadas en base a antecedentes técnicos elaborados por mis representadas, lo que constituye información que no ha sido divulgada ex profeso. Así, ella debe ser resguardada bajo confidencialidad, ya que es propia del giro comercial de mis representadas, siendo fundamental para su proceso productivo y una pieza clave en el mercado relevante de producción acuícola, pudiendo su filtración y mal uso generar graves distorsiones en el mercado, afectándolas directamente", refiriéndose a los criterios fijados por este Consejo para la configuración de la causal alegada en diversas decisiones, y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, y señalando que no existe un interés público que justifique la divulgación de la información, manifestando que "para hacer primar el derecho a la información en aquellos casos amparados por alguna causal de reserva de la información, será necesario que el solicitante demuestre un interés personal o de la sociedad en la publicidad de la información, para que, de esa forma, su interés prime por sobre los derechos amparados por la excepción (...) Más aún, no consta cual es el interés de don Hernán Espinoza Zapatel por obtener la información solicitada, no exponiendo en ésta el ejercicio de alguna actividad relacionada con el rubro, o algún interés o derecho que busque proteger por medio de su obtención que se justifique ni algún otro interés público que la haga primar por sobre la protección de los derechos comerciales y económicos de mi representada", haciendo mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 15138-2015.

h) Finalmente, las empresas AGUAS CLARAS S.A., AQUACHILE S.A., EMPRESAS AQUACHILE S.A., EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA., SALMONES AUSTRALES S.A., y SALMONES MAULLÍN LTDA., por un lado, y las empresas MOWI CHILE S.A. y SALMONES TECMAR S.A., por otro, también manifestaron sus oposiciones a la entrega de la información requerida, señalando que la información no es pública, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, y artículo 8 inciso 2°, de la Constitución Política de la República, y que forma parte de un procedimiento pendiente, conforme lo dispone el artículo 21 N°1, letra b), de la ley N° 20.285, sino privada, explicando la tramitación del proceso consultado, y que no corresponde publicitar la información antes del proceso de evaluación ambiental, que es la oportunidad donde los particulares, organizaciones, y la sociedad civil en su conjunto, tiene la oportunidad de ejercer su derecho de voz mediante la participación ciudadana.

Del mismo modo, indican que la información afecta directamente los derechos de carácter comercial o económicos, lo que sería concordante con lo resuelto por el Consejo para la Transparencia en amparos sobre materia similares, toda vez que lo pedido da cuenta de la planificación estratégica de la empresa y su funcionamiento, lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual es titular, y que constituyen datos que guardan relación con información confidencial y valiosa de cada compañía y que la información puede ser utilizada para evitar o dificultar la relocalización por terceros, pidiendo concesiones o relocalizaciones sobrepuestas u otro tipo de concesiones o solicitudes, solo con el fin de obstaculizar la estrategia de la empresa, lo que se relaciona con el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, en tanto se pide información que generalmente no es conocida ni fácilmente accesible y que forma parte de la planificación estratégica de cada empresa, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C2177-13, C1203-14, C2771-17, C3205-18 y C3244-18, y por el Tribunal Constitucional en causas rol 2907-15, 3111-16, 3974-17, 4669-18, 4986-18, 5950-19 y 7425-19, según los cuales no toda la información que obra en poder de los órganos, es pública, refiriéndose a los criterios fijados por este Consejo para la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, al Mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet a la ley N° 20.825 que perfeccionó la normativa sobre relocalizaciones, a la interposición de reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y al secreto empresarial conforme lo razonado en las decisiones rol C501-09, C1346-14, C1407-15 y C2779-15, agregando que "La publicidad de la información requerida, entonces, no viene sino a favorecer el lucro y la especulación, aumentar los costos de transacción y las demoras, por lo que afecta significativamente el desenvolvimiento competitivo de los titulares de la misma".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C7475-19 y C7478-19 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información de similar contenido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, previo a resolver el fondo, respecto de la alegación de algunos de los terceros, en el sentido de que los Consejeros que concurrieron en la decisión de estos amparos, acordada el 24 de marzo de 2020, en sesión ordinaria N° 1083, debieran abstenerse de intervenir por carecer de imparcialidad, al tenor de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley N° 19.880, los cuales disponen que "La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte" y que "Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento (...)". Respecto de dichas circunstancias, toda vez que las signadas en los demás numerales no resultan atingentes, se ha alegado la concurrencia de la establecida en el N°1 del artículo 12 citado, en lo que se refiere a la existencia de alguna cuestión litigiosa pendiente con algún interesado, en relación con los reclamos de ilegalidad interpuestos en la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

3) Que, en dicho contexto, si bien los procedimientos judiciales siguen su curso legal y aún se encuentran en tramitación ante la Corte de Apelaciones mencionada, cabe tener presente que, habiéndose revocado la decisión que dio origen a la interposición de los reclamos aludidos, y con ello, habiéndose extinguido la obligación del órgano reclamado de entregar la información requerida, dichos recursos carecen de objeto, no obstante haberse fijado un término probatorio en algunos de ellos, por lo que, en definitiva, respecto del fondo, no existe controversia judicial alguna, así como tampoco existen circunstancias que les resten imparcialidad -al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del D.S. N°20, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia-, que generen la obligación por parte de los consejeros de esta Corporación, de abstenerse de conocer los amparos. Asimismo, resulta pertinente sostener que no existe antecedente alguno que permita sustentar una eventual falta de imparcialidad por la sola circunstancia de haber resuelto los amparos en la sesión del 24 de marzo de 2020, toda vez que los miembros del Consejo Directivo, en su calidad de administradores superiores del Consejo para la Transparencia, tienen la obligación legal de resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a la ley, según lo que establece el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, no obstante la circunstancia de existir un reclamo de ilegalidad pendiente. Por su lado, en el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley N° 19.880, consagra el Principio de Inexcusabilidad, según el cual "La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación".

4) Que, así las cosas, vale tener en consideración que, conforme con lo razonado por este Consejo en la decisión por medio de la cual se revocó el acuerdo anterior, podrían existir derechos de terceros que pudieran verse afectados con la entrega de la información que se ordenó entregar, motivo por el cual, en forma precautoria y a fin de evitar eventuales vicios que puedan generar la nulidad de dicho acuerdo, retrotrajo el proceso a fin de que los terceros expongan sus observaciones, lo que, en caso alguno, afectará la imparcialidad de los Consejeros de esta Corporación, o generará la necesidad de abstención por parte de los mismos, en forma previa a la resolución de las solicitudes que dieron origen a estos amparos. En consecuencia, se desestimarán dichas alegaciones.

5) Que, en cuanto al fondo, los amparos se fundan en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a las solicitudes de información del reclamante. En efecto, dichos requerimientos se refieren a un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras b) y c), de la Ley de Transparencia. Por su parte, habiéndose notificado los amparos a las empresas salmoneras que han solicitado su relocalización, en su calidad de terceros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la citada ley, éstas manifestaron su oposición a la entrega de la información requerida, al tenor de lo dispuesto en los artículos 21 N°1, letras b) y c), y N°2 del mismo cuerpo legal.

6) Que, a modo de contexto, según lo dispuesto en el artículo 18 N° 4 del decreto con fuerza de ley N° 5, año 1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, le corresponde a la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, entre otras, las siguientes funciones: "c) Mantener actualizada la información de las actividades de acuicultura a nivel nacional y el catastro de resoluciones sobre concesiones y autorizaciones de acuicultura. d) Estudiar y proponer las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura. e) Informar técnicamente las propuestas de ordenamiento territorial que afecten al sector (...) h) Elaborar los informes técnicos para el otorgamiento de concesiones de acuicultura y otros relacionados con las empresas de cultivo y los que sean necesarios para fundar la normativa sectorial propuesta para ser dictada". En cuanto a la información referida a las solicitudes de relocalización de concesiones de acuicultura en la Región de Los Lagos, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 2 de la ley N° 20.434, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura - en adelante ley N° 20.434-, en orden a que "Desde la fecha de publicación de la presente ley - 8 de abril de 2010- suspéndase en las Regiones Décima de Los Lagos, y Undécima de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo el ingreso de solicitudes y el otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura cuyo proyecto técnico considere peces, salvo las solicitudes que, a dicha fecha, cuenten con proyecto técnico aprobado por la Subsecretaría de Pesca. La suspensión señalada estará referida a las áreas apropiadas para la acuicultura vigentes a la fecha de publicación de esta ley. // En las regiones antes señaladas, sólo se tramitarán las solicitudes de ampliación de área presentadas al 31 de enero de 2009 y los cambios de proyectos técnicos. Además, se permitirá la relocalización de las concesiones de conformidad con el artículo 5° de esta ley. (...) La Subsecretaría de Pesca deberá determinar, previo informe de la Autoridad Marítima, los sectores que encontrándose dentro de áreas apropiadas para la acuicultura en las Regiones Décima de Los Lagos, y Undécima de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, sean canalizos de acceso a caletas de pesca artesanal, atracaderos y áreas de seguridad de embarcaciones menores. Una vez delimitados dichos sectores deberán desafectarse las áreas apropiadas para la acuicultura en ellos, con el solo mérito de lo informado por la Autoridad Marítima".

7) Que, por su parte, el artículo 5 de la ley N° 20.434, establece que "Los centros de cultivo de peces en las Regiones Décima de Los Lagos, y Undécima de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo podrán relocalizarse, en la misma región, dentro de una agrupación de concesiones fijada por la Subsecretaría o el Servicio, según corresponda, o cambiarse a otra, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Mantener el grupo de especies hidrobiológicas y área de la concesión autorizada. b) Presentar una renuncia a la concesión de que es titular. En caso de no otorgarse la concesión de reemplazo la renuncia quedará sin efecto. c) La solicitud de concesión de reemplazo deberá ubicarse dentro de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, dar cumplimiento a la zonificación del borde costero que establece esta ley y someterse a los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. // Toda relocalización de concesiones deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y presentar un plan de abandono y cierre. // La concesión de reemplazo quedará sometida al mismo régimen que la concesión original...". Luego, el artículo 10 transitorio de la citada ley, señala que "La ubicación de las solicitudes de relocalización que sean presentadas en las Regiones de Los Lagos y de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, de conformidad con el artículo 5° de esta ley, será informada por el Director Zonal de Pesca mediante reuniones periódicas a las que serán convocados los representantes de las organizaciones de la pesca artesanal de la región respectiva. Dichos representantes podrán manifestar sus observaciones en el plazo de 10 días hábiles contado desde la comunicación. Esta información se publicará por el mismo plazo en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca, pudiendo cualquier interesado formular sus observaciones".

8) Que, en el documento titulado "Relocalización conforme a la Ley N° 20.434", de fecha 25 de junio de 2010, de la Subsecretaría de Pesca, publicado en la página web http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-11902_documento.pdf, se indica que "La relocalización se basa en la idea que no es posible aumentar el número de concesiones ni la superficie entregada en concesiones de acuicultura de peces a la fecha de la ley. Por ende, las relocalizaciones y las instituciones asociadas, fusión y división, no pueden dar lugar a aumento del número de concesiones otorgadas ni de superficie", informando los siguientes requisitos para aquello:

a) Solicitar la relocalización en la misma región de la concesión original.

b) El área solicitada para la concesión de reemplazo debe encontrarse dentro de áreas apropiadas para la acuicultura.

c) Mantener el grupo de especies y el área de la concesión original.

d) Dar cumplimiento a la zonificación del borde costero del litoral.

e) Someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que se regulará por las normas establecidas en el decreto supremo N° 290, año 1993, del Ministerio de Economía, Reglamento de concesiones y autorizaciones de acuicultura - en adelante D.S. N° 290/1993- y, en consecuencia, quedará a la espera del requerimiento por carta que efectúa la Subsecretaría de Pesca, una vez verificado que no existen otras causales de rechazo.

f) Dar cumplimiento a los requisitos de Reglamento Sanitario, Ambiental para la Acuicultura y sobre limitación de las áreas de las concesiones de acuicultura.

g) Autorización del acreedor hipotecario, si corresponde.

9) Que, además, la norma establece que se deben cumplir con los requisitos indicados en el artículo 10 del D.S. N° 290/1993, por lo que, la solicitud de relocalización debe ser presentada en la oficina del Servicio de la comuna en que se encuentre el sector solicitado como concesión de reemplazo, en los formularios que ponga a disposición el Servicio. Además debe adjuntarse: a) Escritura pública de renuncia de la concesión original sujeta a condición suspensiva de ser aprobada la relocalización; b) Planos de la concesión original modificada conforme a los requisitos previstos en el artículo 10 letra N° 2 letra c) del D.S. N° 290/1993; y c) En el caso de invocar una preferencia de las indicadas en el artículo 5 de la ley N° 20.434, se deberá señalar expresamente en el formulario respectivos. Finalmente, establece que las solicitudes de concesiones de reemplazo se someten a la prelación establecida en la ley N° 20.434 y por ello la concurrencia conjunta de dos o más solicitudes pueden entrar en competencia en un sector determinado. Dicha competencia debe ser resuelta conforme a la prelación, salvo en los casos en que la ley otorga una preferencia. En consecuencia se tienen dos tipos de preferencia: a) Por el plazo de seis meses contados desde la ley (en caso de existir zonificación) o desde el decreto que aprueba la zonificación (en el caso de aprobarse con posterioridad a la vigencia de la ley) tendrá preferencia la solicitud de concesión de reemplazo que implica la renuncia a una concesión original ubicada en un sector definido como de uso incompatible con la acuicultura. b) Solicitud de concesión de reemplazo cuyo objeto sea reemplazar una concesión original en la cual su titular haya tenido una producción de salmón del pacífico o trucha arcoiris que represente a lo menos el 50% de su producción total, en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de relocalización. En el caso de entrar en competencia ambas preferencias, sólo cabe decidir por prelación entre ellas. La preferencia deberá ser invocada por el solicitante en el formulario que será puesto a disposición por el Servicio. En consecuencia, la información solicitada de acuerdo a la normativa descrita en los considerandos anteriores, se refiere a los datos contenidos en la solicitud o formulario que da inicio al procedimiento administrativo de relocalización de concesiones de acuicultura y que se tramita ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

10) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

11) Que, en segundo lugar, respecto de la alegación del órgano fundada en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la misma Ley, norma que prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

12) Que, en el presente caso, respecto del primer requisito, cabe tener presente que la información requerida se refiere a datos que forman parte de los procedimientos relativos a solicitudes de relocalización que aún no han sido resueltas, tramitados conforme lo dispone el artículo 5° de la Ley N° 20.434, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de Acuicultura. Con relación al segundo requisito, la Subsecretaría no especificó ni detalló, en forma alguna, la afectación que la publicidad de la información podría generar en el cumplimiento de sus funciones, teniendo en consideración que, como se dijo, sólo se ha requerido un listado de los centros de engorda de salmónidos que solicitaron relocalizarse, y no se ha pedido copia de ningún documento o antecedente relativo a dicho procedimiento, como parece haberlo entendido la Subsecretaría. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. El órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se desestimará dicha alegación.

13) Que, en tercer lugar, con ocasión de sus descargos, el órgano señaló que la entrega de la información con el desglose solicitado distraería a los funcionarios de sus labores habituales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

14) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

15) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

16) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

17) Que, en el presente caso, que la institución se limitó a señalar que la información no se encuentra sistematizada ni disponible en los términos requeridos, sin señalar en forma precisa la cantidad de antecedentes que comprende la petición o el número de solicitudes de relocalización ingresadas, ni la cantidad de funcionarios necesarios para recabarla, ni la cuantía de horas o días necesarios para aquello, ni la forma ni el lugar en que dicha información se encuentra almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por configurada la causal de reserva alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que el propio órgano remitió un listado con más de 500 solicitudes de relocalización que fueron rechazadas, con el mismo desglose requerido, y que por tratarse de normas de derecho estricto, su aplicación debe ser excepcional y fundada, motivo por el cual dicha alegación deberá ser desestimada. En este punto cabe hacer presente que dentro de las funciones del órgano reclamado se encuentran las de "c) Mantener actualizada la información de las actividades de acuicultura a nivel nacional y el catastro de resoluciones sobre concesiones y autorizaciones de acuicultura"; "e) Informar técnicamente las propuestas de ordenamiento territorial que afecten al sector (...)". (Artículo 18 N° 4 del decreto con fuerza de ley N° 5, año 1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, le corresponde a la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura).

18) Que, en cuarto lugar, con relación a los terceros notificados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, según se expresó, las empresas salmoneras manifestaron su oposición a la entrega de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras b) y c), y N°2 de la citada ley. En primer término, respecto de las alegaciones fundadas en las causales de reserva de las letras b) y c) del numeral 1, cabe tener presente que dichas causales de reserva sólo pueden ser alegadas por el órgano reclamado y no por los terceros, careciendo éstos de legitimación para hacerlas valer, por cuanto la misma norma establece que se podrá denegar la entrega de la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido" (énfasis agregado), esto es, el propio órgano requerido se encuentra en posición de alegar y fundamentar, si concurriere, una eventual afectación a sus funciones o a sus facultades legales, y no los terceros.

19) Que, en dicho contexto, el artículo 20 de la Ley N° 20.285, dispone que "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros", el órgano deberá proceder a su notificación, mientras que el artículo 21 N°2 de la misma ley, al referirse a los derechos de terceros, determina que se podrá denegar la información "Cuando su publicidad (...) afecte los derechos de las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico" (énfasis agregado), no estableciendo la posibilidad de fundar sus oposiciones al tenor de lo dispuesto en las letras b) y c) del N°1, del artículo 21 de la citada ley, toda vez que el privilegio deliberativo o el debido cumplimiento de las funciones del órgano, no constituyen derechos de terceros. En consecuencia, este Consejo deberá desestimar de plano dichas alegaciones, por improcedentes.

20) Que, en segundo término, las empresas manifestaron su oposición a la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, según el cual se podrá denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

21) Que, en la especie, si bien los terceros manifestaron, latamente, que se trata de información privada y confidencial, cuya difusión comprometer&iaute;a la propiedad industrial conforme lo dispuesto en la ley N° 19.039, que afectaría sus garantías constitucionales en el artículo 19° N° 21, 22 y 24, de la Constitución Política de la República, el D.L. N° 211, de 1973, del Ministerio de Economía, sobre libre competencia, y demás normas pertinentes, y que la divulgación de la información contenida en las solicitudes de relocalización, afectaría sus derechos económicos y comerciales, dado que contienen datos sensibles y secretos, como el know how de las empresas, que se trataría de información secreta, toda vez que se refiere a antecedentes que no son generalmente conocidos ni de fácil acceso, y que se han efectuado todos los esfuerzos para mantener su resguardo, tanto frente a la tramitación ante la Subsecretaría, como en la instancia de acceso a la información y de amparo en esta sede, cabe tener presente que se trata de información de carácter público, por cuanto no se ha acreditado la concurrencia de los criterios fijados por este Consejo.

22) Que en cuanto al primer y segundo requisito señalado en el considerando anterior, se debe tener presente que las relocalizaciones sólo se pueden realizar en la misma región en que se ubica la concesión original, en el presente caso en la Región de Los Lagos y en las "Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.)", las que son establecidas mediante resolución de la autoridad correspondiente, con indicación precisa de su nombre y ubicación en la Carta SHOA o Plano. Por lo que, el carácter de secreto de aquellos se ve morigerado por dicha circunstancia, con mayor razón respecto de las personas introducidas en los círculos en que normalmente se utilizan, por lo que no se configuran dichos requisitos.

23) Que, al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 20.434, que en su inciso 2°, establece que "Toda relocalización de concesiones deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y presentar un plan de abandono y cierre". Luego, el inciso 3° de la misma norma dispone que "La concesión de reemplazo quedará sometida al mismo régimen que la concesión original". Así las cosas, el artículo 90 quáter de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señala que "Sin perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el Servicio deberá mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre las siguientes materias: a) Solicitudes de concesión de acuicultura ingresadas a trámite, señalando su número de ingreso, ubicación, superficie y grupo de especies hidrobiológicas incorporadas en el proyecto técnico". En dicho contexto, en la página web http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/requerimientos-de-concesiones-de-acuicultura-ingresadas, se entrega un listado o planilla con información general, similar a la reclamada, que contiene antecedentes respecto de diversas solicitudes relativas a concesiones de acuicultura, tanto sobre relocalizaciones, fusiones, divisiones u otorgamiento de nuevas concesiones, especificando el oficio conductor de la oficina regional con el cual fueron despachadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura como ejemplo, en http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/solicitudes_acuicultura_xi_region_2020_20200703.pdf. Por su parte, la propia subsecretaría publica en la página web http://www.subpesca.cl/portal/615/w3-propertyvalue-51104.html, las resoluciones por medio de las cuales rechazó solicitudes de relocalización de concesiones de acuicultura. En consecuencia, tratándose de datos relativos a concesiones de acuicultura, la información requerida no es secreta, sino que reviste un evidente carácter público.

24) Que, según lo expuesto, en el portal web del Servicio de Evaluación Ambiental SEA, es posible encontrar gran cantidad de información respecto de las solicitudes de relocalización o fusión de concesiones de acuicultura, en particular, de centros de engorda de salmónidos, por cuanto, mediante una simple búsqueda, es posible acceder a los expedientes electrónicos de 54 proyectos, correspondientes a las empresas Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones Cupquelán S.A., MOWI Chile S.A., Salmones Pacific Star S.A., Acuícola Puyuhuapi S.A., Cultivos Rio Claro Ltda., Exportadora Los Fiordos Ltda., Salmones Blumar S.A., entre otras empresas, con el detalle de los montos de inversión, naturaleza del proyecto, coordenadas geográficas, mapa, declaración de impacto ambiental, junto con los demás antecedentes relativos a su tramitación. A modo de ejemplo, ver:

a) https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal id_expediente=2128980392,

b) https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyectoAction.php?_paginador_refresh=1 _paginador_fila_actual=1,

c) https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyectoAction.php?_paginador_refresh=1 _paginador_fila_actual=3,

d) https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha id_expediente=2131406247

e) https://seia.sea.gob.cl/archivos/2014/12/11/rca_421.pdf

f) https://transparencia.sea.gob.cl/2014/terceros_index-4.html

25) Que, confirma lo anterior, la circunstancia de que gran parte de las empresas salmoneras que manifestaron su oposición a la entrega de la información, fundaron sus alegaciones en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia -la que, no obstante sólo puede ser alegada por el órgano dada la naturaleza de su contenido y que fue desestimada por falta de fundamentación-, constituye una reserva sólo de carácter temporal, toda vez que la propia norma dispone que "sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas" las respectivas resoluciones o medidas. Asimismo, como se indicó, el artículo 10 transitorio de la ley N° 20.434, señala que "La ubicación de las solicitudes de relocalización que sean presentadas en las Regiones de Los Lagos y de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, de conformidad con el artículo 5° de esta ley, será informada por el Director Zonal de Pesca mediante reuniones periódicas a las que serán convocados los representantes de las organizaciones de la pesca artesanal de la región respectiva. Dichos representantes podrán manifestar sus observaciones en el plazo de 10 días hábiles contado desde la comunicación. Esta información se publicará por el mismo plazo en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca, pudiendo cualquier interesado formular sus observaciones" (énfasis agregado).

26) Que, asimismo, vale tener en consideración que, en atención a la naturaleza de la información requerida, esto es, un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas, no resulta plausible sostener que su entrega pueda afectar los derechos económicos o comerciales de los terceros. En efecto, lo requerido no tiene relación con el know how de las empresas, toda vez que no se ha pedido copia de ningún antecedente relativo a su funcionamiento, estructura de negocio, procesos, organización institucional, márgenes de producción, fijación de precios, ni ningún otro antecedente que pudiera afectar los derechos alegados, como parece haberlo entendido cada uno de los terceros. En la especie, la publicidad del listado o planilla requerida no tiene el alcance señalado por las empresas, en relación a que se referiría a datos estratégicos de su planificación productiva, sus fortalezas y debilidades en torno a la escala de costos productivos, el modelo productivo de la empresa y las decisiones de inversión que se efectuarán; sobre aspectos como mejores formas de producción y aprovechamiento de las mismas, mejorar aspectos sanitarios, mejor conectividad y mejor explotación; que comprende procesos, técnicas, estrategias, y condiciones económicas; generar graves distorsiones en el mercado acuícola atentando contra la libre competencia, entre otras. Asimismo, tampoco resultan plausibles las alegaciones de los terceros, en el sentido de la publicidad o divulgación de la información reclamada podría dañar la imagen de las empresas, o afectar su fama, reputación o prestigio, toda vez que ninguno de los terceros manifestó argumento alguno que permita concluir que la entrega del listado requerido podría generar dichos efectos.

27) Que, con relación a una eventual afectación a las empresas en los casos en que las solicitudes sean rechazadas, o que algunas se superpongan con otras, vale tener en consideración que sobre las preferencias o prelaciones existen normas específicas que regulan dichas circunstancias, en forma específica, tanto en la ley N° 20.434 como en la Ley General de Pesca y Acuicultura, respecto de las cuales, resulta inoficioso referirse en esta instancia.

28) Que, en tal sentido, se debe hacer presente que la actividad acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 19.300, aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente - en adelante ley N° 19.300- a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización. A este respecto conviene recordar que el artículo 31 bis de dicha ley dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", entendiendo por información ambiental "toda aquélla de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones: a) "El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior. c) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c). d) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la ley". A su turno, el artículo 31 quáter prescribe que cualquier persona "que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública".

29) Que, en virtud de lo expuesto, se considera que no se acredita la causal de secreto o reserva alegada por los terceros, e incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes para ello, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación, se estima que su divulgación posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto a una materia particularmente relevante, como lo es la utilización de bienes nacionales de uso público, en actividades privadas, que conllevan una intervención en el medio ambiente de las Regiones de Los Lagos y de Aysén, conforme se explicará más adelante. En virtud de lo expuesto, este Consejo desestimará las alegaciones fundadas en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

30) Que, en quinto lugar, respecto de las alegaciones de los terceros, fundadas en que no toda la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado es pública, a diferencia de lo indicado por las empresas, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 2° de la Constitución Política de la República, el cual establece que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos (...) y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley (...) Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato (...)" (énfasis agregado).

31) Que, conforme a lo expuesto, es obligación de los órganos de la Administración del Estado, entregar toda aquella información que obre en su poder, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, circunstancia que debe ser acreditada por el órgano requerido que la invoca o el tercero que se opuso. En la especie, la ubicación de las relocalizaciones, junto con los demás antecedentes presentados con la solicitud correspondiente, son documentos que forman parte del expediente o procedimiento administrativo y resultan indispensables para la evaluación y análisis de los requerimientos de las empresas salmoneras, cuya ponderación y conclusiones es, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que aceptará o rechazará la respectiva solicitud de relocalización. Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, los procedimientos que se utilicen para la emisión de un acto administrativo que apruebe o rechace cada solicitud, constituye información de naturaleza pública. En consecuencia, se desestimará dicha alegación.

32) Que, en sexto lugar, con relación a las alegaciones de los terceros, en el sentido de que no existiría un interés público prevalente que justifique la divulgación de la información requerida, cabe tener presente el Principio de no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, el cual nos indica que la información debe ser entregada "a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud" (énfasis agregado).

33) Que, sin perjuicio de lo anterior, a diferencia de lo expuesto por las empresas, para este Consejo existe un evidente interés público en la publicidad de los datos reclamados, por cuanto conocer las ubicaciones autorizadas para la instalación de los centros de engorda de salmónidos, permite examinar si dicha actividad se realizará conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad competente. Así las cosas, cabe tener presente que "La relocalización se basa en la idea que no es posible aumentar el número de concesiones ni la superficie entregada en concesiones de acuicultura de peces a la fecha de la ley. Por ende, las relocalizaciones y las instituciones asociadas, fusión y división, no pueden dar lugar a aumento del número de concesiones otorgadas ni de superficie". En dicho contexto, el control social que facilita el conocimiento de la información requerida permite a la sociedad en su conjunto conocer si dicha actividad se desarrollará en las condiciones en que fuera autorizada en su momento, teniendo en consideración el resguardo del medio ambiente, la salud humana, y animal, como asimismo tomar conocimiento del incumplimiento de dichas condiciones, a fin de requerir que las autoridades fiscalizadoras competentes ejerzan las facultades legales que les confiere la normativa legal vigente. Tanto es así, que la propia ley N° 20.434 establece la obligación de someter los proyectos de relocalización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y no por un mero capricho del legislador, sino que por la importancia y el impacto que genera esta tipo de actividad, tanto en el ámbito económico y laboral, como en lo que se refiere a las normas medioambientales, la salud pública, uso de recursos naturales, el respeto por los pueblos originarios, entre otros aspectos. En dicho contexto, vale tener presente lo dispuesto en el artículo 31 bis de la citada ley N° 19.300, el cual dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública". En la misma línea, el artículo 67 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, establece que "Las concesiones y autorizaciones acuícolas no entregan dominio alguno a su titular sobre las aguas ni el fondo marino ubicado en los sectores abarcados por ellas, y sólo le permitirán realizar aquellas actividades para las cuales le han sido otorgadas, de manera armónica y sustentable con otras que se desarrollen en el área comprendida en la respectiva concesión o autorización, tales como la pesca artesanal y el turismo".

34) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente tener presente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87).

35) Que, en séptimo lugar, con relación a la alegación de uno de los terceros, en el sentido de que la información solicitada sería secreta conforme lo dispuesto en el artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia, afectando el interés nacional, en especial respecto de la salud pública, las relaciones internacionales o los intereses económicos y comerciales del país, cabe tener presente que no se señaló ningún fundamento que haga plausible dicha alegación. En consecuencia, se desestimará dicha causal de reserva.

36) Que, en octavo lugar, respecto de lo alegado por los terceros, en el sentido de que el derecho de acceso a la información no se encuentra consagrado constitucionalmente, cabe tener presente que el derecho de acceso a la información pública es una garantía constitucional implícitamente reconocida en el N° 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental y un derecho fundamental incorporado al ordenamiento jurídico, a través del bloque constitucional de derechos.

37) Que, en efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado por el decreto supremo N°778, de 1976, del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con establecer que cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en aquél, dispone en su artículo 19 N°2 que, "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección." (énfasis agregado). En semejantes términos, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos o CADH), aprobado por el decreto supremo N° 873 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce el acceso a la información como un derecho implícito en la Libertad de pensamiento y de expresión. A este respecto conviene recordar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso Claude Reyes y otros versus Chile, en cuya sentencia indicó que "el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto [...]".

38) Que, en el mismo sentido, mediante la reforma constitucional introducida por la ley N° 20.050, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 8° de la Carta Fundamental establece expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". En atención a las normas señaladas, esta Corporación estima que el derecho de acceso a la información se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que reenvía el ordenamiento constitucional a su complementariedad con el artículo 13 CADH. El Tribunal Constitucional, se refirió al derecho de acceso a la información en el mismo sentido que la Corte Interamericana, afirmando que aquél "...se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, puedan resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los mismos;... ". Por su parte, la Excma. Corte Suprema ha sostenido en las causa rol 6785-2013, 2423-2012, 2582-2012, 2788-2013, 6663-2012, 24.564-2018, 45.840-2017, 24.561-2018, 26.843-2018, entre otros, que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, aunque sea de carácter implícito, reconocido en el Art. 19 N°12 de la Carta Fundamental. En consecuencia, se desestimará, igualmente, dicha alegación.

39) Que, en noveno lugar, respecto de la alegación de los terceros, en el sentido de que la información reclamada es de aquella que puede ser considerada como propiedad industrial o intelectual, cabe hacer presente que lo discutido en este caso no es la titularidad de los antecedentes o la propiedad que respecto de ellos tengan dichas empresas, sino el acceso público a determinada información que fue aportada por dichas empresas para un fin específico, en el contexto de un procedimiento administrativo y que servirán de fundamento para la dictación de actos del mismo carácter. Por tanto, la divulgación de tales antecedentes, en sede de acceso a la información, no altera la propiedad que a su respecto detentan los terceros sobre los mismos. Del mismo modo, de conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, en relación con el secreto industrial, esto es, todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva, cabe tener presente que "Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular", circunstancias que no concurren en la especie, toda vez que es la propia Ley de Transparencia la que establece la publicidad de los antecedentes que forman parte de un procedimiento que dará origen a un acto administrativo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 20.285, y el derecho de solicitar información de cualquier órgano de la Administración, según lo estipula el artículo 10 de la misma norma.

40) Que, finalmente, vale tener en consideración que, con anterioridad, el propio órgano entregó la misma información requerida al solicitante, mediante oficios G.S. N° 1596, de fecha 22 de septiembre de 2015, y N° 211, de fecha 3 de febrero de 2016, documentos acompañados por el reclamante en su respuesta a la solicitud de pronunciamiento.

41) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder de la Subsecretaría, y habiéndose desestimado las alegaciones tanto del órgano como de los terceros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letras b) y c), y N°2 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

42) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, cabe desestimar aquella solicitud de uno de los terceros, en los cuales requirió que se fijara un término probatorio, por resultar del todo inoficioso.

43) Que, finalmente, cabe dejar constancia que este Consejo notificó a las empresas salmoneras que -en su calidad de terceros, podrían haber visto afectados sus derechos-, las cuales fueron informadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y corresponden a las empresas Acuícola Puyuhuapi S.A., Aguas Claras S.A., AquaChile S.A., Empresas AquaChile S.A., Exportadora Los Fiordos Ltda., Salmones Australes S.A., Salmones Maullín Ltda., Australis Agua Dulce S.A., Australis Mar S.A., Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Salmones Humboldt SpA., Cooke Aquaculture Chile S.A., Cultivos Rio Claro Ltda., Cultivos Yadrán S.A., Fiordo Blanco S.A., Salmones Camanchaca S.A., Granja Marina Tornagaleones S.A., Piscicultura Palqui Ltda., Invermar S.A., Mowi Chile S.A., Salmones Tecmar S.A., Multiexport Pacific Farms S.A., Salmones Multiexport S.A., Sociedad de Inversiones Isla Victoria Ltda., Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones Antártica S.A., Salmones Aysén S.A., Salmones Blumar S.A., Salmones Ice Val Ltda., Salmones Pacific Star S.A., y Trusal S.A.; sin embargo, dentro de las cuales no se encontraba la compañía Pacific Sea Foods S.A.

44) Que, sin perjuicio de lo anterior, y según se expone en el literal c), del número 7) de la parte expositiva, la aludida empresa Pacific Sea Foods S.A., evacuó sus descargos en este sede, alegaciones que este Consejo igualmente tuvo en consideración, y que ponderó y resolvió conforme a lo expuesto. En consecuencia, la presente decisión será notificada a la compañía mencionada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Hernán Espinoza Zapatel en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante un listado de los centros de engorda de salmónidos que han solicitado relocalizarse dentro de las regiones de Aysén y Los Lagos, identificados por sus Números de Pertenencia o Códigos RNA, indicando su nueva ubicación mediante coordenadas geográficas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Espinoza Zapatel, al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, y a los representantes legales de las empresas notificadas, en su calidad de terceros.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.