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Luciano Jiménez M con Rol: C6563-19

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, requiriendo copia de todas las solicitudes de acceso que se hayan presentado desde el 1° de enero al 27 de agosto del 2019 - fecha del requerimiento-, que indiquen el nombre del solicitante y el texto de aquellas. Así como también copia de las respuestas otorgadas que contengan información de carácter público. Lo anterior, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que el órgano reclamado no proporcionó elementos de convicción cuya precisión tornen plausible la distracción indebida de sus funciones alegada; pues sólo hace alusión al número de documentos, sin señalar la complejidad de su recopilación atendido que todos ellos se encuentran en formato digital. Se rechaza el amparo respecto de aquellas respuestas a requerimientos, en las cuales el órgano reclamado haya otorgado acceso a lo pedido en atención a que el solicitante hizo uso del derecho de acceder a sus datos personales y/o sensibles, pues aquellos no pueden ser otorgados a terceros, sin autorización legal o de su titular, lo que no procede en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6563-19

Entidad pública: Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES)

Requirente: Luciano Jiménez M.

Ingreso Consejo: 23.09.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, requiriendo copia de todas las solicitudes de acceso que se hayan presentado desde el 1° de enero al 27 de agosto del 2019 - fecha del requerimiento-, que indiquen el nombre del solicitante y el texto de aquellas. Así como también copia de las respuestas otorgadas que contengan información de carácter público. Lo anterior, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener.

Lo anterior, debido a que el órgano reclamado no proporcionó elementos de convicción cuya precisión tornen plausible la distracción indebida de sus funciones alegada; pues sólo hace alusión al número de documentos, sin señalar la complejidad de su recopilación atendido que todos ellos se encuentran en formato digital.

Se rechaza el amparo respecto de aquellas respuestas a requerimientos, en las cuales el órgano reclamado haya otorgado acceso a lo pedido en atención a que el solicitante hizo uso del derecho de acceder a sus datos personales y/o sensibles, pues aquellos no pueden ser otorgados a terceros, sin autorización legal o de su titular, lo que no procede en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6563-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 27 de agosto de 2019, don Luciano Jiménez M. solicitó a la Subsecretaría General de la Presidencia - en adelante también SEGPRES-, "copias exactas de todas las solicitudes de información (vía ley 20.285) que se han hecho a este ministerio desde el 1 de enero del 2019 hasta la fecha de respuesta a esta solicitud. Quiero que en cada copia de las solicitudes se ingrese el nombre del solicitante, la solicitud completa que hizo, la fecha en que la hizo y la respuesta que este ministerio dio a dicha solicitud (adjuntando los documentos que se le enviaron para ello)".

2) RESPUESTA: La Subsecretaría General de la Presidencia mediante ordinario N° 1396, de fecha 16 de septiembre de 2019, informó que dado el elevado número de antecedentes requeridos resulta improcedente acceder a lo solicitado en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Lo anterior toda vez que existen a la fecha de su presentación más de 200 solicitudes de acceso a la información ingresados, lo que implicaría buscar un volumen de información muy elevado, para lo que deberían destinar a más de un funcionario para su elaboración, siendo que sólo existe una persona encargada de elaborar y canalizar las respuestas de todas las solicitudes de acceso a la información, que es la Encargada de Transparencia de esa Secretaría de Estado, desviando sus labores propias en cuanto no existe un registro completo de lo pedido. A su vez, dicha funcionarla no sólo se dedica a la citada labor sino además es asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica Administrativa. Sumado a lo expuesto, sostienen que la cantidad de documentos a revisar es de tal volumen que ni siquiera es posible determinar con exactitud el tiempo que debería destinar en forma exclusiva para otorgarla. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, hacen presente que el Portal para la Transparencia es una Plataforma Digital administrada por este Consejo, cuyo objetivo es facilitar la recepción, tramitación y respuesta de todas las solicitudes de acceso a la información pública de todos los organismos que se han incorporado a esta plataforma, entre ellos esa Secretaría de Estado. Por lo que, proceden a derivar este Consejo en conformidad al principio de facilitación contemplado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, para que dé respuesta directa a los planteamientos, sin perjuicio del análisis de admisibilidad que efectúe dicha institución.

3) AMPARO: Con fecha 23 de septiembre de 2019, don Luciano Jiménez M. dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, fundado la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario General de la Presidencia mediante Oficio N° E15.626, de fecha 31 de octubre de 2019, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si esta se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera a su volumen, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilarla.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 1704, de fecha 18 de noviembre de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a que respecto de lo requerido se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Agregando, que la información se encuentra en formato digital, y que para otorgar acceso a aquella deben acceder a la carpeta de un total de 200 solicitudes, para revisar cada una de las respuestas, "ver si es un solo oficio o también se derivó a otro órgano del Estado, lo que en total podría significar aproximadamente más de 500 documentos a revisar. Así, la cantidad de documentos a revisar es de tal volumen que ni siquiera es posible determinar con exactitud el tiempo que debería destinar en forma exclusiva la Encargada de Transparencia de esta Secretaría de Estado, que tiene como función elaborar y canalizar las respuestas de todas las solicitudes de acceso a la información que ingresan a este Ministerio, para poder acceder a lo pedido".

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que, en cuanto a lo requerido, consideran que se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto de la causal de excepción alegada por el órgano reclamado, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras.

3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que el órgano reclamado alegó que la información requerida supone un total de 200 solicitudes de acceso con sus respectivas respuestas, lo que significa revisar un aproximado de 500 documentos, contando para ello con sólo una funcionaria. Sin embargo, dicha argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva; pues los antecedentes requeridos se encuentran en formato digital. Razón por la cual, se descartará la concurrencia de la causal alegada.

5) Que, en cuanto a los nombres de los solicitantes requeridos, cabe hacer presente que el artículo 3 de la Ley de Transparencia, prescribe que la "función pública debe ejercerse con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.". A su turno el artículo 4 señala que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley."

5) Que los incisos primero y segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia, prescriben que "La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso. b) Identificación clara de la información que se requiere. c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. d) Órgano administrativo al que se dirige. // Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". Por lo que, la individualización de la persona que efectúa una solicitud en el marco de un proceso de acceso a la información regido por la Ley de Transparencia es pública, en tanto, constituye un requisito habilitante para iniciar dicho procedimiento cuya naturaleza es esencialmente pública.

6) Que, por otra parte, en cuanto a las respuestas a la solicitudes de acceso requeridas, cabe hacer presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en aquellas respuestas a requerimientos, en las cuales el órgano reclamado haya otorgado acceso a lo pedido en atención a que el solicitante hizo uso del derecho a acceder a sus datos personales y/o sensibles, atendido dicha circunstancia, aquellos no pueden ser otorgados a terceros, sin autorización legal o de su titular, lo que no procede en el presente caso. Razón por la cual, se rechazará el amparo a su respecto, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628. Lo anterior, en ejercicio de las atribuciones conferidas a este Consejo en el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia.

7) Que, en cuanto a las solicitudes de acceso pedidas, el nombre del solicitante y las respuestas que no se enmarquen en la hipótesis señalada en el considerando anterior, se acogerá el presente amparo, tarjando, previamente, los datos personales de contexto distintos del nombre del solicitante contenidas en aquellas, como por ejemplo, los números de cédula de identidad, domicilio particular, correo electrónico, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 y en ejercicio de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Luciano Jiménez M. en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario General de la Presidencia, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de todas las solicitudes de acceso que se hayan presentado desde el 1° de enero al 27 de agosto del 2019 - fecha del requerimiento-, que indiquen el nombre del solicitante y el texto de aquellas. Así como también copia de las respuestas otorgadas que contengan información de carácter público. Lo anterior, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de las respuestas a requerimientos, en las cuales el órgano reclamado haya otorgado acceso a lo pedido en atención a que el solicitante hizo uso del derecho a acceder a sus datos personales y/o sensibles, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luciano Jiménez M. y al Sr. Subsecretario General de la Presidencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.