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Jeannette del Carmen Gajardo González con SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Rol: C6574-19 / C6782-19

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, ordenando la entrega de las actas del consejo de administración de la cooperativa consultada, tarjando previamente información de carácter comercial y económica, como negociaciones con terceros, proyecto plan de negocios 2019, transferencias de cuotas de participación, honorarios varios, provisión de montos y devoluciones de primas, estrategia de negocios 2019 - presupuesto, estrategias judiciales de carácter económicas, plan o estrategia comunicacional información estratégica del comité de riesgo operacional, del comité de inversiones, de auditoría, y del comité de crédito, contrataciones de terceros, y negocios potenciales, recursos económicos destinados a dotación, entre otros; así como también información referente a datos personales. Lo anterior, al tratarse de información pública, toda vez que las actas solicitadas obran en poder del órgano en el ejercicio de sus facultades inspectivas y fiscalizadoras, sobre las cuales, es posible en virtud del principio de divisibilidad, proceder previo a su entrega, a reservar información estratégica. Se rechaza el amparo respecto de la información económica y comercial antes señalada, todo lo cual en su conjunto, en caso de publicarse develaría aspectos acerca del desarrollo de la actividad económica de la empresa, pudiendo acceder a antecedentes de gestión y de la estructura de negocios, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico. Asimismo, se rechaza el amparo, respecto de los datos personales contenidos en las actas, de acuerdo al artículo 4°, de la ley N° 19.628.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROLES C6574-19 y C6782-19

Entidad pública: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Requirente: Jeannette del Carmen Gajardo González.

Ingreso Consejo: 23.09.2019 y 01.10.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, ordenando la entrega de las actas del consejo de administración de la cooperativa consultada, tarjando previamente información de carácter comercial y económica, como negociaciones con terceros, proyecto plan de negocios 2019, transferencias de cuotas de participación, honorarios varios, provisión de montos y devoluciones de primas, estrategia de negocios 2019 - presupuesto, estrategias judiciales de carácter económicas, plan o estrategia comunicacional información estratégica del comité de riesgo operacional, del comité de inversiones, de auditoría, y del comité de crédito, contrataciones de terceros, y negocios potenciales, recursos económicos destinados a dotación, entre otros; así como también información referente a datos personales.

Lo anterior, al tratarse de información pública, toda vez que las actas solicitadas obran en poder del órgano en el ejercicio de sus facultades inspectivas y fiscalizadoras, sobre las cuales, es posible en virtud del principio de divisibilidad, proceder previo a su entrega, a reservar información estratégica.

Se rechaza el amparo respecto de la información económica y comercial antes señalada, todo lo cual en su conjunto, en caso de publicarse develaría aspectos acerca del desarrollo de la actividad económica de la empresa, pudiendo acceder a antecedentes de gestión y de la estructura de negocios, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico. Asimismo, se rechaza el amparo, respecto de los datos personales contenidos en las actas, de acuerdo al artículo 4°, de la ley N° 19.628.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C6574-19 y C6782-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de agosto de 2019, doña Jeannette del Carmen Gajardo González solicitó a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la siguiente información respecto de la Cooperativa Financoop: "copia de las actas de las sesiones mensuales del consejo de administración de dicha Cooperativa realizadas desde septiembre año 2018 al mes de julio año 2019".

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Siendo notificado por el órgano, la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop Ltda., en su calidad de tercero interesado, se opuso a la entrega de lo requerido, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), N° 2, y N° 5, de la Ley de Transparencia, por las razones que detalla.

3) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 7269, de 3 de septiembre de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Luego, mediante ordinario N° 7705, de 16 de septiembre de 2019, el servicio en síntesis, denegó la entrega de lo pedido, en virtud de la oposición del tercero interesado, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley en caso de deducirse el amparo respectivo.

4) AMPAROS: Los días 23 de septiembre y 1 de octubre de 2019, la solicitante dedujo los amparos roles C6574-19 y C6782-19 a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, sostuvo en resumen, que: "Cooperativa Financoop se ampara en el secreto bancario, en circunstancias que las Actas del Consejo de Administración no están amparadas en el secreto bancario. Pueden entregar perfectamente la información tarjando "la información sensible", y así cumplir con lo solicitado (...)".

"Como socia y ahorrante de la Cooperativa Financoop estoy en el derecho a saber las decisiones que se toman con mi dinero, no soy un tercero ajeno, como indica la respuesta, soy socio y acreedor de la cooperativa, por lo cual no soy ajeno a ninguna decisión tomada por el consejo (...)".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Economía, mediante oficios N° E15627 y E16215, de fecha 31 de octubre y 11 de noviembre de 2019, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero.

Luego, mediante correo electrónico de 18 de noviembre de 2019, el órgano acompañó sus descargos, en los cuales reiterando lo señalado en su respuesta, agregó entre otras cosas, que en virtud de las facultades inspectivas y fiscalizadoras del Departamento de Cooperativas, la Subsecretaría le requirió a Financoop la información relativa a las actas del consejo de administración.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero involucrado, esto es, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop Ltda., mediante oficio N° E18583, de fecha 26 de diciembre de 2019.

Luego, por medio de correo electrónico de 10 de enero de 2020, el tercero acompañó sus descargos, en que reiterando su oposición, señaló en síntesis, lo siguiente:

a) El amparo interpuesto adolece de vacíos al no señalar claramente la supuesta infracción cometida y los hechos que la configuran, vulnerado lo dispuesto en el artículo 24 inciso 2° de la Ley de Transparencia. En efecto, en su escrito la solicitante no señala cómo se graficaría el cumplimiento de los requisitos legales para que el órgano requerido acceda a entregar la información, ni menos desarrolla argumentos que cuestionen las razones dadas por Financoop en su oposición.

b) La información pedida que detenta la administración no tiene el carácter de información pública, sino que se trata de información de carácter privado. No toda la información que obra en poder de la administración es de carácter público. Sólo los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos de la administración del Estado tienen este carácter público, estableciéndose una limitación taxativa respecto a específicos antecedentes que revisten tal calidad.

Las actas obran en poder del Departamento de Cooperativas debido que, en atención a la regulación legal y reglamentaria de las cooperativas, Financoop tiene el deber de entregarlas para que dicha entidad cumpla con su rol fiscalizador.

c) En el improbable caso que el Consejo entienda que se trata de información pública susceptible de publicidad según las reglas de la Ley de Transparencia, sobre lo requerido recaen las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), N° 2 y N° 5, de la citada ley.

d) Sobre la primera causal, la solicitante actualmente mantiene causas judiciales con la cooperativa, razón por la cual, la entrega de cualquier antecedente o documento puede afectar el correcto desarrollo de dichos procesos.

e) En cuanto a la causal del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, la solicitud recae sobre antecedentes que dan cuenta de los actos y acuerdos del Consejo de Administración, órgano colegiado de la Cooperativa que tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales, estableciendo los planes estratégicos y modelos de negocios de Financoop, información considerada reservada y de naturaleza estratégica para sus relaciones de negocios, y que se encuentra amparada en la causal en comento.

En efecto, la información solicitada contiene los pilares fundamentales de la actividad comercial desarrollada por Financoop, encontrándose expuestas estrategias comerciales y financieras, planificaciones presupuestarias y de proyectos, desarrollo de nuevos negocios, entre otros, que tienen carácter reservado y deben gozar de una protección especial, tendiente a evitar su filtración, divulgación o difusión a terceros, a fin de evitar causar graves perjuicios a la Cooperativa, afectando su público conocimiento el desempeño competitivo de esta Cooperativa.

f) En lo concerniente a la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, la información requerida involucra antecedentes crediticios y de inversiones de socios y clientes, pudiendo exponerse información sobre captaciones que se encuentra amparada por el secreto bancario, habida consideración de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Bancos.

De conformidad a los artículo 108 y 109 de la Ley de Cooperativas, la autoridad se encuentra facultada para exigir los antecedentes requeridos en su calidad de órgano regulador, pero éstos al tener carácter de confidenciales y reservados conforme a los argumentos expuestos, deben ser tratados con el máximo cuidado y confidencialidad para evitar su divulgación, debiendo ser utilizados solo para fines de supervisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas.

7) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico, de 7 de julio de 2020, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano remitir la información objeto de este amparo, lo cual fue enviado con misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos roles C6574-19 y C6782-19, existe identidad respecto de la reclamante y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha decidido acumularlos, resolviéndolos por medio de su revisión en conjunto.

2) Que, el presente amparo tiene por objeto acceder a las actas de las sesiones mensuales del consejo de administración de la cooperativa Financoop, en los términos consultados en el numeral 1°, de lo expositivo.

3) Que, antes de resolver el fondo del asunto, cabe señalar que los amparos deducidos por la reclamante cumplen con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, toda vez que los dedujo en virtud de la respuesta negativa otorgada por el órgano, acompañando además, los antecedentes fundantes de su reclamo, correspondiendo a este Consejo determinar, en definitiva, si dicha negativa se ajusta a la normativa aplicable en la especie.

4) Que, se debe tener presente que lo requerido si bien fue enviado por la cooperativa a la Subsecretaría, en particular, a la División de Asociatividad y Economía Social -Departamento de Cooperativas-, aquello se enmarca en el ejercicio de las facultades inspectivas y fiscalizadoras de este último, puesto que aquellas efectivamente fueron requeridas por el órgano fiscalizador, con la finalidad de determinar que el fiscalizado se enmarca dentro de los parámetros legales correspondientes. En este sentido, el artículo 109, del decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, de Economía, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, dispone que corresponderá al Departamento de Cooperativas la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica. Luego, respecto de las cooperativas sometidas a su fiscalización, el Departamento de Cooperativas podrá, entre otras cosas, controlar las operaciones y vigilar la marcha de estas cooperativas, con plenas facultades de inspección y revisión, pudiendo al efecto revisar los libros de contabilidad y sociales y documentación en general; requerir informes y antecedentes y efectuar comprobaciones y verificaciones materiales de las cuentas, gastos e inversiones; objetar, suspender o prohibir la ejecución de cualquier acuerdo de las juntas generales, consejo de administración. Podrá también autorizar la ejecución de dichos acuerdos cuando adolecieren de vicios producidos por defectos formales y sean indispensables para el correcto funcionamiento de la cooperativa. En razón de lo anterior, es dable a concluir que lo requerido constituye información pública de conformidad a lo expuesto en el inciso 2°, del artículo 8°, de la Constitución Política de la República, que dispone expresamente que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este caso, lo requerido forma parte de los procedimientos de fiscalización que ejecuta la Subsecretaría, integrando expedientes administrativos, pues precisamente sobre lo pedido recaen sus revisiones para así determinar, el cumplimiento de la normativa aplicable a las Cooperativas. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales causales de reserva que puedan resultar aplicables en la especie.

5) Que, sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), invocada por el tercero, cabe seguir lo razonado por este Consejo, entre otras, en la decisión C3477-17, en donde se indicó que: "en lo que respecta a las causales contempladas en el artículo 21 N° 1 (...), de la Ley de Transparencia, dichas alegaciones serán desestimadas, por cuanto aquellas sólo pueden ser invocadas por el órgano requerido, atendiendo que es el único facultado para determinar si la publicidad de lo solicitado afecta en definitiva el debido cumplimiento de sus funciones". Luego, dicha decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 13 de marzo de 2019, causal rol 137-2018, en donde se precisó que: "En cuanto a la configuración de la causal de secreto del 21 N° 1, esto es, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, invocada en el reclamo, baste señalar para desestimarla, tal como hace presente el CPLT, que si el propio ente administrativo no la invoca no cabe a un tercero invocarlas, desde que han sido establecida en beneficio y resguardo de las funciones del órgano requerido". Por lo tanto, la causal de reserva en comento será desestimada.

6) Que, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 112, de la Ley General de Cooperativas, aquella se debe desestimar, por cuanto conforme a lo razonado uniformemente por este Consejo, tales deberes no pueden entenderse como una causal de reserva que pueda invocar el organismo al que pertenecen los funcionarios. Una cosa es la responsabilidad de los funcionarios -que es la regulada en la norma reglamentaria señalada- y otra la que tiene el órgano al evaluar una solicitud de información formulada conforme a la Ley de Transparencia, caso en que corresponderá al Jefe de Servicio resolver si accede o no a entregar la información requerida. Para ello deberá invocar alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado, causales que para ser válidas deberían fundarse en las causales de secreto o reserva que específicamente establece el artículo 8° de la Constitución Política. A mayor abundamiento, tal como precisó la Corte Suprema en la causa Rol 14.642-2017, en sentencia de 20 de diciembre de 2017, sobre una norma similar, es que aquella constituye: "(...) una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias (...). La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas, están referidas a los órganos del Estado". Por lo tanto, la causal de reserva en comento será desestimada.

7) Que, en lo que atañe a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

8) Que, para ponderar en concreto la causal de reserva en análisis, este Consejo tuvo a la vista las actas solicitadas en este amparo, pudiendo advertir que en ellas existe información de naturaleza económica y comercial, en particular, negociaciones con terceros, estados financieros mensuales, información económica sobre el acuerdo de reorganización judicial, proyecto plan de negocios 2019, transferencias de cuotas de participación, honorarios varios, provisión de montos y devoluciones de primas, estrategia de negocios 2019 - presupuesto, estrategias judiciales de carácter económicas, plan o estrategia comunicacional, información estratégica del comité de riesgo operacional, del comité de inversiones, de auditoría, y del comité de crédito, contratos con terceros, y negocios potenciales, recursos destinados a dotación, capital suscrito y pagado en concreto, proyecto créditos pensionados, proyecciones comerciales y dietas de unidades u órganos internos, todo lo cual en su conjunto, en caso de publicarse develaría aspectos acerca del desarrollo de su actividad económica, pudiendo acceder a antecedentes de gestión y de la estructura de negocios de la empresa, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico. Por lo tanto, el amparo respecto de dicha información contenida en las actas requeridas será rechazado, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

9) Que, asimismo, se advierte que en ella existe información relativa a personas naturales. En este contexto, estamos en presencia de datos personales de terceras personas, en los términos dispuestos por el literal f), del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que tal información supone divulgar información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Al efecto, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de las personas cuya información se evidencia en las actas solicitadas. Por este motivo, este Consejo en virtud de su función establecida en el artículo 33 letra m), de la Ley de Transparencia, consistente en "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órgano de la Administración del Estado", rechazará el amparo respecto de todo tipo de información referente a personas naturales presentes en las actas solicitadas. Lo anterior, con excepción de los miembros del Consejo de Administración, cuyos nombres se encuentran presentes en el registro público del órgano reclamado.

10) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de las actas requeridas, debiendo tarjar previamente, toda información referida en los considerandos 8) y 9), en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 11 letra e), de la misma ley, que establece el principio de divisibilidad, como asimismo, todo dato personal de contexto incorporado, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

11) Que, finalmente, si bien la solicitante alega que tiene la condición de socia de la cooperativa, se debe consignar que de los antecedentes contenidos en el expediente, no existe documento que certifique en forma fehaciente que detente dicha calidad. Por otra parte, de ser actualmente socia -lo cual, como se dijo, no se acreditó-, nada obsta a que pueda solicitar la información denegada, directamente a la cooperativa en su calidad de tal. En efecto, el artículo 71 inciso 3°, del reglamento de la Ley General de Cooperativas, dispone que: "El consejo deberá hacer entrega al socio que lo solicite, de una copia certificada de los acuerdos del consejo de administración que le afecten individualmente".

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Jeannette del Carmen Gajardo González en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Economía, que:

a) Entregue a la solicitante, respecto de la Cooperativa Financoop: "copia de las actas de las sesiones mensuales del consejo de administración de dicha Cooperativa realizadas desde septiembre año 2018 al mes de julio año 2019", tarjando en forma previa, toda la información anotada en los considerandos 8) y 9), precedentes, más los datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la información económica y comercial contenida en las actas consultadas, consistente en antecedentes puntales relativos a negociaciones con terceros, estados financieros mensuales, información económica sobre el acuerdo de reorganización judicial, proyecto plan de negocios 2019, transferencias de cuotas de participación, honorarios varios, provisión de montos y devoluciones de primas, estrategia de negocios 2019 - presupuesto, estrategias judiciales de carácter económicas, plan o estrategia comunicacional, información estratégica del comité de riesgo operacional, del comité de inversiones, de auditoría, y del comité de crédito, contratos con terceros, y negocios potenciales, recursos destinados a dotación, capital suscrito y pagado en concreto, proyecto créditos pensionados, proyecciones comerciales y dietas de unidades u órganos internos. Asimismo, se rechaza el amparo respecto de los datos personales contenidos en la memoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4°, de la ley N° 19.628, todo de acuerdo a lo expuesto precedentemente, todo de acuerdo a lo expuesto precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Economía, a doña Jeannette del Carmen Gajardo González y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop Ltda., en su calidad de tercero interesado en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.