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Paula Muñoz Rebolledo con SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES Rol: C5307-19

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, relativo a las actas e informes técnicos resultantes de las fiscalizaciones a la infraestructura crítica del país, realizadas durante los años 2018 y 2019 por el órgano recurrido. Lo anterior, por estimarse que de conocerse esta información podría comprometerse gravemente la seguridad de la Nación, en lo que respecta a la mantención del orden público o la seguridad pública, por cuanto de encontrarse a disposición de cualquier persona aspectos que inciden en las redes de telecomunicaciones de carácter crítico, podrían poner en riesgo la seguridad de estas infraestructuras exponiéndole a ataques vandálicos, cuya interrupción, destrucción, corte o fallo generaría un serio impacto en la población afectada, toda vez que teniendo a la vista un ejemplo de la información requerida contienen antecedentes sobre ubicación y características técnicas de cada una de las infraestructuras, tipos de equipos, alarmas, cierres perimetrales, ente otros, cuya entrega daría cuenta no sólo de sus aspectos técnicos, sino también de cuáles son sus debilidades o requerimientos específicos en relación a su mantención, que las pondrían en situación de vulnerabilidad, pudiendo perpetrarse actos de carácter delictual sobre las mismas con los efectos indeseados antes señalados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Telecomunicaciones
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5307-19

Entidad pública: Subsecretaría de Telecomunicaciones

Requirente: Paula Muñoz Rebolledo

Ingreso Consejo: 24.07.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, relativo a las actas e informes técnicos resultantes de las fiscalizaciones a la infraestructura crítica del país, realizadas durante los años 2018 y 2019 por el órgano recurrido.

Lo anterior, por estimarse que de conocerse esta información podría comprometerse gravemente la seguridad de la Nación, en lo que respecta a la mantención del orden público o la seguridad pública, por cuanto de encontrarse a disposición de cualquier persona aspectos que inciden en las redes de telecomunicaciones de carácter crítico, podrían poner en riesgo la seguridad de estas infraestructuras exponiéndole a ataques vandálicos, cuya interrupción, destrucción, corte o fallo generaría un serio impacto en la población afectada, toda vez que teniendo a la vista un ejemplo de la información requerida contienen antecedentes sobre ubicación y características técnicas de cada una de las infraestructuras, tipos de equipos, alarmas, cierres perimetrales, ente otros, cuya entrega daría cuenta no sólo de sus aspectos técnicos, sino también de cuáles son sus debilidades o requerimientos específicos en relación a su mantención, que las pondrían en situación de vulnerabilidad, pudiendo perpetrarse actos de carácter delictual sobre las mismas con los efectos indeseados antes señalados.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5307-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de junio de 2019, doña Paula Muñoz Rebolledo solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante también denominada SUBTEL, la siguiente información:

"(...) actas de fiscalización e informes técnicos asociados resultantes de las actividades de fiscalización de infraestructura crítica del país llevadas a cabo por esta Subsecretaría. Esto para las fiscalizaciones realizadas durante el año 2018 y 2019".

2) RESPUESTA: El 19 de julio de 2019, la Subsecretaría de Telecomunicaciones respondió a dicho requerimiento de información, mediante ORD.: N° 9584/GN° 984, de 15 de julio de 2019, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Luego de citar el artículo 21, del decreto N° 60, de 2012, "Reglamento para la interoperación y difusión de la mensajería de alerta, declaración y resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones e información sobre fallas significativas en los sistemas de telecomunicaciones", que regula la infraestructura crítica, y el artículo 2, letras j) y k), que la define; deniega la información conforme a lo establecido en el artículo 21, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 24 de julio de 2019, doña Paula Muñoz Rebolledo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además la reclamante hizo presente "(...) solicité actas de fiscalización y sus respectivos informes técnicos, estos son actos públicos de la administración, realizado por SUBTEL en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de los servicios de telecomunicaciones. Estas actividades rutinarias de la administración malamente pueden considerarse como actividades confidenciales o que requieran algún resguardo especial en este sentido. No se solicitó en ningún momento información de la base de datos de infraestructura crítica, por lo que la respuesta dada por la autoridad no es pertinente a lo requerido".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E13458, de 16 de septiembre de 2019, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Telecomunicaciones solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; (4°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional; (5°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (6°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (7°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2019 el órgano evacuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

Se acompañan a modo ejemplar documentos correspondientes a una inspección en terreno con y sin censura, bajo el resguardo del artículo 26 de la Ley de Transparencia; agregando que las actas de fiscalización y sus respectivos informes contienen información tales como, ubicación y características técnicas de cada una de las infraestructuras fiscalizadas, tipo de equipos, alarmas, baterías, cierres perimetrales, modelos de equipos; cuya entrega a cualquier persona, daría cuenta no sólo de sus aspectos técnicos, si no también cuáles son sus debilidades o requerimientos específicos en relación a su mantención.

La entrega de la información antes mencionada pone en situación de vulnerabilidad a las instalaciones declaradas cómo críticas, pudiendo perpetrase actos de carácter delictual vandálico con mayor facilidad. La infraestructura crítica lo que busca es que en situaciones de crisis, como son por ejemplo los desastres naturales, tan frecuentes en nuestro país, como lo fue el terremoto de febrero 2010, entre otras, las zonas no queden interrumpidas, donde ciudades enteras quedan sin conexión, sin comunicación.

Ante esta situación han sido escogidos estratégicamente ciertos puntos, los que fueron declarados infraestructura crítica, con el objeto de que, además de permitir evitar la desconexión al 100% también permitan la provisión de energía y/o servicios a otros sitios y de esa manera lograr la continuidad de las comunicaciones en épocas de catástrofes, con otras zonas del país para así poder coordinar las ayudas y el soporte que corresponda, según el caso. Hoy en diferentes comunas del país, existen estas instalaciones, las cuales en muchos casos han sido vandalizadas por inescrupulosos que roban los equipos o el combustible que deben tener dichas estructuras para funcionar de manera autónoma en caso de que exista una situación de crisis.

Por dichas razones la divulgación de cualquier tipo de información que permita determinar de manera cierta, o deducir características técnicas de dichos lugares pondrían en peligro las redes de telecomunicaciones, cuya interrupción o destrucción podría producir un serio impacto en la salud, seguridad o bienestar de la población o producir un serio impacto en el funcionamiento del gobierno o de la economía del país.

En este contexto y de acuerdo a lo considerado por SUBTEL es importante proteger las siguientes redes: Telefonía fija, Telefonía móvil, Internet, Redes de datos y Redes de transporte. En el contexto anterior, donde el acceso a internet y el uso y dependencia de las telecomunicaciones aumenta ostensiblemente, el fenómeno criminológico asociado al cibercrimen y a los ataques cibernéticos se ha visto potenciado.

Así, por ejemplo, la red de conectividad del Estado registró un aumento en los patrones maliciosos que la afectan de más de cien millones de ataques, entre 2014 y 2015, pasando el año 2016 a cifras exponencialmente más altas por ataques de denegación distribuida de Servicios. Se agrega, además, que esta Subsecretaría tiene un indicador Dipres que señala "Porcentaje de sitios de infraestructura crítica (26%) para abordar situaciones de emergencia fiscalizados" lo que se traduce en lograr una meta de 315 fiscalizaciones realizadas en terreno en el año 2019, respecto de lo cual a la fecha tenemos un estado de avance de al 31 de agosto de 2019 se han fiscalizado 243 sitios críticos nivel I equivalentes a un 77% de avance, según tercer reporte octubre 2019.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 08 de julio de 2020, esta Corporación requirió al órgano informar lo siguiente:

a) Si cada fiscalización se compone de un acta y de un informe técnico, especificar.

b) Aclarar si la información pedida se deniega total o parcialmente, fundamentar.

c) Indicar la (s) causal(es) legales por las cuales se denegaría esta información.

Mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2020, el órgano señaló, en síntesis, lo siguiente:

Luego de reiterar lo señalado con ocasión de los descargos, a modo de complemento, indica que en virtud de lo expuesto y de la normativa que regula la materia, la que fue citada con ocasión de la respuesta, en la especie se configuran las causales reserva del artículo 21, N° 1 letra c) y numerales 2, 3 y 4, de la Ley de Transparencia.

En atención a lo anterior expone que se deniega totalmente la información requerida, respecto de la cual no es posible hacer entrega, tanto en relación a los informes técnicos como a aquellos formularios o información que se recoge en terreno, ya sea en formato de papel, digital o registral en los equipos de medición, los que se usan en forma simultánea o por separado indistintamente, según las condiciones del terreno en que se realiza la fiscalización.

Agrega, que aún más en esta época, en que las comunicaciones, reuniones tanto académicas, laborales, sociales y recreativas, se realizan haciendo uso de las telecomunicaciones, debido al estado de emergencia, es que solicitamos a este Consejo para la Transparencia que se deniegue totalmente el amparo presentado por la solicitante en atención a las causales de reserva antes indicadas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las actas e informes técnicos resultantes de las fiscalizaciones de infraestructura crítica del país realizadas durante los años 2018 y 2019, según se señala en el N°1 de lo expositivo. Al efecto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones denegó la información pedida por configurase las causales de reserva del artículo 21 N° 2, N° 3, N° 4, y N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto cabe señalar que la infraestructura crítica se encuentra regulada por el decreto N° 60, de 2012, sobre "Reglamento para la interoperación y difusión de la mensajería de alerta, declaración y resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones e información sobre fallas significativas en los sistemas de telecomunicaciones", el cual en el artículo 2, letra j), señala que la "Infraestructura Crítica (I.C.): Corresponde a aquellas redes y sistemas de telecomunicaciones cuya interrupción, destrucción, corte o fallo generaría un serio impacto en la seguridad de la población afectada. Para estos efectos, la I.C. será aquella que sea declarada como tal conforme al artículo 24° del presente Reglamento."; y en la letra k), "Sitios de Emplazamiento de Infraestructura Crítica de Telecomunicaciones: Aquel lugar donde se encuentra instalada la I.C. que alberga, factibiliza y, en general, permite prestar el correspondiente servicio, la que considera elementos tales como edificaciones, torres, equipos, cables, sistema de climatización, tendido eléctrico, rectificadores, fibra óptica y caminos de accesos. Los sitios de emplazamiento de I.C. pueden ser compartidos por varios operadores, que utilizan de manera común toda o parte de dicha infraestructura, tales como aquellas correspondientes a torres, suministro de energía eléctrica, grupo de emergencia, entre otros".

3) Que, a su turno, el artículo 21 del mismo decreto señala que "El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría y en base a la información proporcionada por los respectivos operadores, será responsable de la elaboración, actualización, mantenimiento y seguridad de la BDIC -base de datos de IC-, la que contendrá toda la información de la infraestructura declarada como crítica a que se refiere el artículo 24° del presente Reglamento./Para efectos de lo anterior, la Subsecretaría definirá los protocolos de seguridad y perfiles de acceso restringidos que permitan cautelar adecuadamente la integridad e inviolabilidad de la información contenida en la referida base de datos, de modo que su utilización se circunscriba estrictamente a los propósitos de la Ley."

4) Que, sobre el particular, la Subsecretaría señaló que la infraestructura crítica busca que en situaciones de crisis, como son por ejemplo los desastres naturales, tan frecuentes en nuestro país, las zonas no queden interrumpidas. Ante esta situación han sido escogidos estratégicamente ciertos puntos, que fueron declarados infraestructura crítica, con el objeto de que, además de permitir evitar la desconexión al 100%, también permitan la provisión de energía y/o servicios a otros sitios en caso de daño y de esa manera lograr la continuidad de las comunicaciones con otras zonas del país para así poder coordinar las ayudas y el soporte que corresponda, según el caso. Por dichas razones la divulgación de cualquier tipo de información que permita determinar de manera cierta, o deducir características técnicas de dichos lugares pondrían en peligro las redes de telecomunicaciones, cuya interrupción o destrucción por actos vandálicos, podría producir un serio impacto en la salud, seguridad o bienestar de la población y/o en el funcionamiento del gobierno o de la economía del país.

5) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

6) Que, en este sentido, a juicio de este Consejo, de conocerse la información relativa a las actas e informes de fiscalización sobre estructura crítica del país en el área de las telecomunicaciones, podría comprometerse gravemente la seguridad de la Nación, en lo que respecta a la mantención del orden público o la seguridad pública, toda vez que de encontrarse a disposición de cualquier persona aspectos que inciden en las redes de telecomunicaciones, podrían poner en riesgo la seguridad de estas infraestructuras exponiéndole a ataques vandálicos, cuya interrupción, destrucción, corte o fallo generaría un serio impacto en la población afectada, tal como lo señalada la normativa que regula la materia. Lo anterior, teniendo presente, que las actas de fiscalización y sus respectivos informes, tenidos a la vista, contienen información sobre ubicación y características técnicas de cada una de las infraestructuras fiscalizadas, tipos de equipos, alarmas, cierres perimetrales, ente otros; cuya entrega daría cuenta no sólo de sus aspectos técnicos, sino también de cuáles son sus debilidades o requerimientos específicos en relación a su mantención; y tal como señala la reclamada su publicidad pondría en situación de vulnerabilidad a las instalaciones declaradas cómo críticas, pudiendo perpetrarse actos de carácter delictual sobre las mismas con los efectos indeseados antes señalados.

7) Que, por lo anterior, a juicio de este Consejo, de conocerse la información pedida podría comprometerse gravemente la seguridad de la Nación. En consecuencia, y en virtud de lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo, por cuanto la información objeto del presente amparo es reservada en aplicación de lo dispuesto en la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

8) Que, atendido lo resuelto, este Consejo no se pronunciará sobre las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), N° 2 y N° 4, de la Ley de Transparencia invocadas por el órgano por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Paula Muñoz Rebolledo en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por concurrir la causal de reserva del artículo 21, N° 3, de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paula Muñoz Rebolledo y a la Sra. Subsecretaria de Telecomunicaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.