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Daniela Álvarez con SUBSECRETARÍA DE PESCA Rol: C400-20

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, requiriendo la entrega del listado de solicitudes de relocalizaciones de concesiones de acuicultura en la Región de Los Lagos, periodo 1° de abril de 2010 a 9 de enero 2020, indicando el código del centro, geolocalización de área de origen y de destino, estado de tramitación, nombre y RUT de los titulares de la solicitud. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se desestimó que su entrega afecte el privilegio deliberativo del órgano reclamado, que signifique una distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales y que afecte los derechos comerciales y económicos de las empresas, esto último, además, atendido que existe un interés público asociado al conocimiento de antecedentes referidos a la localización de centros de cultivo de peces.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C400-20

Entidad pública: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Requirente: Daniela Álvarez

Ingreso Consejo: 24.01.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, requiriendo la entrega del listado de solicitudes de relocalizaciones de concesiones de acuicultura en la Región de Los Lagos, periodo 1° de abril de 2010 a 9 de enero 2020, indicando el código del centro, geolocalización de área de origen y de destino, estado de tramitación, nombre y RUT de los titulares de la solicitud.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se desestimó que su entrega afecte el privilegio deliberativo del órgano reclamado, que signifique una distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales y que afecte los derechos comerciales y económicos de las empresas, esto último, además, atendido que existe un interés público asociado al conocimiento de antecedentes referidos a la localización de centros de cultivo de peces.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C400-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de enero de 2020, doña Daniela Álvarez solicitó a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura listado de solicitudes de relocalizaciones de concesiones de acuicultura de peces en la Región de Los Lagos ingresadas entre el 1°de abril de 2010 al 09 de enero de 2020, indicando el código del centro, geolocalización de área de origen de la concesión y de destino de la relocalización, estado de tramitación, nombre y RUT del titular de la solicitud.

2) RESPUESTA: La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante carta N° 229, de fecha 17 de enero de 2020, informó que los antecedentes referidos a las relocalizaciones no se encuentran sistematizados. Por lo tanto, deniegan su acceso conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letras b) y c) de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, otorgan información general respecto de la cantidad de relocalizaciones ingresadas y resueltas para las regiones consultadas.

3) AMPARO: Con fecha 20 de enero de 2020, doña Daniela Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura fundado en la respuesta negativa a la solicitud de acceso.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura mediante Oficio N° E1.767, de fecha 7 de febrero de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo su entrega afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 279, de fecha 28 de febrero 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que el requerimiento fue denegado en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, puesto que se pide información relativa a las solicitudes de relocalización de los centros de acuicultura de peces de la Región de Los Lagos, respecto a las cuales no existe aún ninguna resolución aprobatoria lo que supondría haber puesto término al procedimiento administrativo. Así, en el presente caso, las solicitudes presentadas (entre las cuales se encuentra además información relativa a la nueva ubicación geográfica que tendrían los centros relocalizados), y que aún no han sido resueltas, constituyen evidentemente un antecedente fundamental para la dictación de la resolución del procedimiento por parte esa Subsecretaría. Adicionalmente, se requiere que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, lo que en el caso presente está constituido por el hecho de que aún no hayan sido resueltas las solicitudes de relocalización presentadas, pudiéndose ver afectado el resultado de dichos procedimientos administrativos.

No obstante lo anterior, hacen presente que respecto a la solicitud de acceso se configura asimismo la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, en razón de que la información solicitada no se encuentra sistematizada ni disponible en los términos requeridos.

Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, remiten listado actualizado a diciembre de 2019, de las solicitudes de relocalización que han sido rechazadas, indicando los números de pertenencia y de resolución exenta.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: En virtud de lo señalado precedentemente, este Consejo por medio de correo electrónico, de fecha 10 de marzo de 2020, solicitó al órgano reclamado, en atención a que la información enviada no es suficiente para aplicar el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias, pues no contiene los datos requeridos por la parte reclamante, indique si es posible la entrega de antecedentes adicionales.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2010, indicó lo siguiente: "La información de las relocalizaciones no se encuentra sistematizada, siendo más de 300 solicitudes las ingresadas desde el o 2010 a la fecha, lo que implicaría designar un funcionario, sacarlo de sus labores habituales, para revisar cada una de las carpetas ingresadas y realizar un documento nuevo con los datos que la Sra. Álvarez está solicitando. Ninguno de los trámites de relocalización a finalizado, por lo tanto hay antecedentes que no son de uso público, como por ejemplo la geolocalización de área de origen de la concesión, geolocalización de área de destino de la relocalización".

6) DECISIÓN Y REVOCACIÓN: Con fecha 9 de abril de 2020, en sesión ordinaria N° 1087, se acogió parcialmente el presente amparo. Posteriormente, en sesión ordinaria N° 1094, celebrada con fecha 5 de mayo de 2020, el Consejo Directivo resolvió revocar de oficio y dejar sin efecto la decisión adoptada en esta reclamación, retrotrayendo el procedimiento a la etapa de emplazar a los terceros que pudieran verse afectados en sus derechos, a fin de que presenten sus observaciones.

7) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado de este amparo a las empresas por cuyos antecedentes se consulta mediante oficios de fecha 3 de junio de 2020, en su calidad de terceros involucrados, a fin de que presenten sus descargos y observaciones.

Salmones Multiexport S.A., Multiexport Pacific Farms S.A. y Sociedad de Inversiones Isla Victoria Ltda., por medio de escrito ingresado a este Consejo mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada por considerar que concurren a su respecto las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letras b) y c) de la Ley de Transparencia, pues las Solicitudes de Relocalizaciones de Concesiones de Acuicultura que han efectuado forman parte de procedimientos administrativos que aún se encuentran en estado de tramitación para ser resueltas y no estarían sistematizadas, respectivamente. En subsidio, alegan la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debido a que la divulgación de la información solicitada afectaría gravemente sus derechos económicos, atendido que se trata de información que pertenece a privados, revistiendo dicho carácter en todo momento, aun cuando esté en manos de la Subsecretaría. Así, consideran que aquellas, son de gran relevancia para sus actividades, pues forman parte de sus aspectos estratégicos y proyecciones, por lo que su divulgación, develaría parte importante de su funcionamiento, manejo de su actividad productiva y estrategia comercial, entre otras, lo que sin lugar a dudas, vulneraría sus derechos de propiedad sobre sus Centros de Cultivo, poniéndolas en riesgo desde un punto de vista competitivo y económico. Específicamente, sostienen que aquella no puede estar en manos de sus competidores, porque comprende procesos, técnicas, estrategias, y condiciones económicas, todas las cuales son de su propiedad exclusiva. Ello constituye parte del know-how, del cual cada empresa es titular en el desarrollo de su negocio, y que les permite hoy desarrollar en libre competencia esta actividad económica. Así, consideran que atenta contra su derecho de desarrollar cualquier actividad económica consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, el que se relaciona con el N° 22 que señala que el Estado garantiza a todas las personas: "la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Por su parte, sostienen que la circunstancia de oponerse en tiempo y forma a la solicitud, constituiría un esfuerzo razonable para mantener en secreto la información pedida, entendiendo que su conocimiento expone directamente la planificación estratégica de la empresa respecto de su producción salmónida. Además, que constituyen antecedentes que quedan comprendidos dentro del concepto de secreto empresarial, ya que son parte de los lineamientos y estrategias adoptadas, cuya reserva proporciona a su poseedor una ventaja competitiva.

También, sostienen que la entrega de lo solicitado atentaría contra el principio de máxima divulgación contemplado en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, en virtud del cual consideran que sólo se permite a la Administración entregar información de manera amplia, y no en forma específica, por lo que el requerimiento realizado implicaría un atentado a este principio, afectando sus derechos de carácter económico. Siendo la información solicitada contraria al principio de exclusividad que impera la Ley de Transparencia, incurriendo la solicitante en un requerimiento de información específico.

Finalmente, citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se señala que no toda información es pública por encontrarse en poder de la Administración del Estado, procediendo a acoger el requerimiento en las causas; considerando que aquello es lo que con la Solicitudes de Relocalizaciones requeridas por la reclamante, ya que no obstante haber sido ingresadas ante la Subsecretaría de Pesca para su correspondiente tramitación, no pueden ser consideradas como información pública, toda vez que es un antecedente previo a la adopción de una Resolución.

Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A. y Salmones Humboldt SpA., por medio de escrito ingresado mediante correo electrónico de fecha 18 de junio de 2020, señaló que la denegación de la información solicitada por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se ajustó plenamente a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Lo anterior debido a que considera que su publicidad "haría aún más difícil para el órgano público la correcta tramitación de estos procedimientos. Pero no solo para SUBPESCA, también SERNAPESCA tiene un rol pues debe determinar la existencia de bancos naturales y, luego, la institucionalidad ambiental es llamada a evaluar los proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, "SEIA"). Es allí donde la información recién se hace pública, momento en que terceros podrán solicitar una consulta pública. En esa línea, es el propio ordenamiento el que ha determinado cuál es el momento en que la data debe entrar al conocimiento público, por lo que forzar su divulgación con antelación al sometimiento al SEIA, una vez que SUBPESCA ya ha realizado su función primaria de determinar el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la relocalización, dado que, por ejemplo, el proceso se puede ver constantemente retrasado o entorpecido por la solicitud temeraria de áreas de manejo, caladeros de pesca o espacios marítimos costeros de pueblos originarios, cuya única intención sea la de obstaculizar el devenir de los expedientes". Además, sostienen que la relocalización es un mecanismo impuesto por la propia ley, con el objeto de hacer más eficiente el uso de las aguas marítimas nacionales, tanto desde un punto de vista económico, pero también para un mejor uso sanitario de las concesiones. En definitiva, permitir que terceros ajenos al proceso conozcan -por ejemplo- la geolocalización de las concesiones de reemplazo solicitadas por los particulares, solo tendría un efecto perjudicial para el proceso de relocalización generando condiciones para que inescrupulosos puedan aprovecharse de esa data para impedir el cumplimiento de un mandato legal entregado al órgano reclamado.

Por su parte, sostiene que la divulgación de la información solicitada afectaría sus derechos de carácter comercial y económico en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues se trata de datos específicos sobre solicitudes de relocalización de concesiones en trámite y concluidas, que corresponde a antecedentes sobre la planificación estratégica de cada empresa que ciertamente conlleva la divulgación de data fundamental sobre su potencial desarrollo productivo, en los que han invertido tiempo y recursos en diseñar un plan de relocalización de sus concesiones con el objeto de hacerlas más eficientes, tanto en lo económico como en lo sanitario. En efecto, dar a conocer los planes de relocalización de una compañía permitiría a terceros que, con el solo objetivo de evitar un efecto deseado por el legislador -es decir, las relocalizaciones de concesiones- pueda ingresar solicitudes de áreas de manejo, espacio marítimo costero de pueblos originarios, entre otros; que suspenderían la tramitación de las relocalizaciones por meses o años, aun cuando estos requerimientos mal intencionados fueran rechazados. Por otra parte, la divulgación de la información requerida permite que sus competidores conozcan sus planes futuros estratégicos respecto a bienes jurídicos esenciales para el desarrollo del negocio acuícola, esto es, las concesiones para la acuicultura. En consecuencia, las empresas que conozcan esta información podrán ajustar sus propios planes para obtener una mejor posición en el mercado. Esto aplica para las concesiones de reemplazo en trámite, pero principalmente para aquellas que ya han sido rechazadas, puesto que muchos de estos rechazos se deben a temas formales. Dicho esto, si las empresas acuícolas conocen de los planes de sus competidores y tienen la oportunidad de ingresar sus propias solicitudes de relocalización en sectores cuyo rechazo se debe a meros temas formales, podrían aprovecharse del trabajo de diseño efectuado por la solicitante original para su propio beneficio, adelantándose a los reingresos de solicitudes de relocalización por quien generó la estrategia. Es por esto que consideran que la divulgación afectaría sus derechos consagrados en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantizan el derecho a desarrollar libremente una actividad económica lícita y el derecho de propiedad sobre la cuota de mercado que han logrado obtener.

Así, sostienen que la información es secreta para el público en general, sólo entregándose a la autoridad -con los debidos resguardos- porque es el único mecanismo para obtener la relocalización de concesiones de acuicultura dispuesta por la ley, puesto que el otorgamiento de estas autorizaciones es resorte de los organismos públicos competentes. Estos datos constituyen datos que no son conocidos por el público y cuya divulgación puede producir gravísimos efectos en el titular de la información. En este aspecto, el proceso de relocalización no es distinto al proceso de solicitud y constitución de una concesión en primer término. No existe un registro público de las solicitudes de concesiones, justamente porque la divulgación de esa información es propia del solicitante. Solo se hace pública una vez que se otorga la concesión sobre el bien nacional de uso público en un Registro Público, y además, durante el proceso de evaluación ambiental, solo cuando se superan los parámetros mínimos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental - en adelante también SEIA-. Luego, estiman que han desarrollado esfuerzos razonables para mantenerla en secreto, dado que sólo ha permitido conocer estos antecedentes a las autoridades reguladoras con la exclusiva finalidad de dar curso al proceso de relocalización. Tanto es el interés de mantener la información en reserva que ejerce su derecho en el procedimiento actual, solicitando que se mantenga en reserva los datos requeridos. Finalmente, sostienen que los datos sobre solicitudes de relocalización, en trámite y rechazadas, especialmente respecto de la geolocalización, tiene un valor económico de mantenerse secreto, dado que se generaría un efecto sumamente nocivo y perjudicial respecto de las empresas que vean revelada esa información, pues se estaría permitiendo a terceros o competidores, impedir la consecución de objetivos legítimos y legales, quienes podrán iniciar solicitudes paralelas con el objeto de dificultar, suspender u obstaculizar este proceso.

Por otra parte, señalan que la información solicitada no es de interés público, de modo que debe mantenerse en reserva en resguardo de los derechos económicos y comerciales de esta parte. Además, que la reclamante no indica ninguna razón o motivo para concluir que existe algún interés público imperante, más si se considera que aquella podrá ser efectivamente pública una vez que las solicitudes sean ingresadas al SEIA, que cuenta con una plataforma que cualquier persona puede acceder, en donde constan todos y cada uno de las declaraciones y estudios de impacto ambientales sometidos a evaluación de la autoridad. Es en ese momento, una vez superada varias etapas y con informe favorable de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que el ordenamiento considera necesaria la publicidad, no antes.

Finalmente, sostienen que no toda información que rola en poder del Estado tiene la condición de pública y, por tanto, no es procedente utilizar el mecanismo de solicitud de acceso a la información para obtenerla. Citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional en tal sentido.

Australis Agua Dulce S.A. por medio de carta ingresada a este Consejo mediante correo electrónico de fecha 18 de junio de 2020, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada por considerar que se configura a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, particularmente, debido a que su publicidad afectarían gravemente sus derechos e intereses comerciales y económicos y se estaría atentando contra la normativa nacional de la libre competencia, específicamente en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973 - en adelante D.L. N° 211/1973-; al tratarse de información confidencial, y que al entregarse a sus competidores directos la ubicación detallada del nuevo lugar en el que se ejecutarían su actividad, incluso cuando alguno de ellos ni siquiera se encuentra terminado. Por lo demás, lo pedido son antecedentes que sólo se entregan a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a efectos de la obtención de un permiso determinado, mas no para ser publicada. Por lo demás, en varios casos, ella no forma parte ninguna decisión de la autoridad ni procedimiento administrativo terminado, por lo que, como veremos, exceden el alcance de la información pública.

Además, sostienen que los antecedentes pedidos forman parte de su secreto empresarial regulado en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 3, año 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial - en adelante Ley de Propiedad Industrial-; debido a que constituye una ventaja competitiva respecto del resto de sus competidores en la medida que se adelanta la decisión estratégica de la empresa de relocalizar la ejecución de su actividad a un lugar distinto dentro de la región. En efecto, los datos respecto de la relocalización de sus centros de cultivo permiten tener conocimiento de una decisión estrategia de la empresa acuícola, y que se efectúa en base a antecedentes técnicos y especializados, como es el sector al cual desea trasladarse, lo que incluso otros titulares de proyectos, procedieran a entorpecer su tramitación, mediante el ejercicio de distintos mecanismos como podría ser la interposición de acciones improcedentes o solicitación de concesiones en el mismo sector de relocalización. Esto último, a la espera de la una resolución negativa, lo que las llevaría a avanzar en el orden de prelación que se otorga en base a la fecha de la solicitud.

Por lo expuesto, consideran que se cumplen con los criterios establecidos por este Consejo para determinar la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. De esta forma, sostienen que estos criterios fueron identificados por esta misma Corporación en amparos que decían relación con similar información a la solicitada en esta oportunidad, por lo que, corresponde utilizar el aforismo jurídico "donde existe la misma razón, se aplique la misma disposición". En particular, indican que la información solicitada, es entregada al órgano reclamado sólo para la tramitación de una solicitud de relocalización cuya concreción es incierta. Así las cosas, es una información que no es generalmente conocida ni de fácil acceso para terceras personas; respecto de la cual han efectuado esfuerzos importantes para mantenerla en secreto, como lo demuestra la oposición realiza a través de esta presentación, cuya develación implica dar a conocer un sector de producción que pretenden utilizar como nuevo centro de cultivo de salmónidos, en base a información técnica elaborada por ella, cuestión que tiene valor comercial debido a que le entrega una ventaja competitiva respecto del resto de sus competidores en el mercado.

A mayor abundamiento, sostienen que no existe un interés claramente determinado que justifique la afectación de su derecho de privacidad. De hecho, la reclamante no señala la razón por la cual requiere la información, ni el interés que persigue con su publicidad.

Finalmente, alegan que concurren respecto de lo requerido las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra b) y c) de la Ley de Transparencia.

Mowi Chile S.A. y Salmones Tecmar S.A. por medio de escrito ingresado mediante correo electrónico de fecha 15 de julio de 2010, manifestaron su oposición a la entrega de la información requerida, en virtud de que aquella no tendría el carácter de pública, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, por lo que, no resulta aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia; citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional en tal sentido. Además, sostienen que lo requerido constituye un bien económico estratégico que da cuenta de la planificación de cada empresa, especialmente referida a la forma en que organiza su cadena logística y de distribución, por lo que su divulgación afectaría sus derechos de carácter comercial o económico en los términos prescritos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con el concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional. De esta forma, sostienen que conforme al marco normativo que rige las relocalizaciones de los centros de cultivo de peces y examinados los documentos aportados a la autoridad por las empresas interesadas, resulta posible constatar que las correspondientes solicitudes contienen, como elemento esencial, entre otras indicaciones, la ubicación de la concesión de reemplazo, por medio de coordenadas geográficas, es este dato, en particular, cuya divulgación pondría en riesgo sus derechos desde un punto de vista competitivo y comercial. Así, estiman que la información requerida -correspondiente a la proyección de una nueva localización para sus establecimientos- solo es conocida por los titulares de cada centro de cultivo, sin perjuicio de que esta ha sido entregada a la autoridad en el marco de un procedimiento administrativo reglado, a fin de que esta adopte una decisión en el ejercicio de sus competencias. En segundo lugar, que la empresa ha entregado los antecedentes de sus centros de engorda con la exclusiva finalidad de que la autoridad resuelva las correspondientes solicitudes de relocalización, y su voluntad por mantener en secreto la información solicitada, se manifiesta en el presente procedimiento administrativo de acceso a la información: el resguardo ha sido tan efectivo que el reclamante ha debido intentar esta vía administrativa para obtenerla. Por último, en tercer lugar, en lo que respecta al valor comercial del secreto de la información sobre la nueva ubicación que se postula para cada centro de cultivo, este radica en la ventaja competitiva que la reserva de la información les otorga a las empresas, pues de contar un tercero con dicha información podría pretender, para sí o para terceros, las localizaciones que aquellas, de acuerdo a sus propios análisis oceanográficos, sanitarios y comerciales, han estimado convenientes para su operación. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. En este contexto, y conforme a la experiencia del sector, sostienen que de conocerse las nuevas ubicaciones donde los titulares pretenden situar sus centros, a través del régimen e relocalizaciones, los competidores o cualquier tercero podría perjudicar tales tramitaciones, generando sobreposiciones y entorpecimientos por medio de la presentación de solicitudes de afectación, para otros o iguales fines, como concesiones de acuicultura, concesiones marítimas y áreas de manejo de recursos bentónicos. Es el caso también de lo que ocurre muy especialmente con la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios (EMPCO), los que gozan de preferencia por sobre otras solicitudes de afectación, como ocurre con las referidas relocalizaciones, produciendo un efecto suspensivo sobre sus tramitaciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que según lo dispuesto en el artículo 18 N° 4 del decreto con fuerza de ley N° 5, año 1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, le corresponde a la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, entre otras, las siguientes funciones: "c) Mantener actualizada la información de las actividades de acuicultura a nivel nacional y el catastro de resoluciones sobre concesiones y autorizaciones de acuicultura. d) Estudiar y proponer las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura. e) Informar técnicamente las propuestas de ordenamiento territorial que afecten al sector (...) h) Elaborar los informes técnicos para el otorgamiento de concesiones de acuicultura y otros relacionados con las empresas de cultivo y los que sean necesarios para fundar la normativa sectorial propuesta para ser dictada".

2) Que, en cuanto a la información referida a las solicitudes de relocalización de concesiones de acuicultura en la Región de Los Lagos, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 2 de la ley N° 20.434, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura - en adelante ley N° 20.434-; en orden a que "Desde la fecha de publicación de la presente ley - 8 de abril de 2010- suspéndese en las Regiones Décima de Los Lagos, y Undécima de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo el ingreso de solicitudes y el otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura cuyo proyecto técnico considere peces, salvo las solicitudes que, a dicha fecha, cuenten con proyecto técnico aprobado por la Subsecretaría de Pesca. La suspensión señalada estará referida a las áreas apropiadas para la acuicultura vigentes a la fecha de publicación de esta ley. // En las regiones antes señaladas, sólo se tramitarán las solicitudes de ampliación de área presentadas al 31 de enero de 2009 y los cambios de proyectos técnicos. Además, se permitirá la relocalización de las concesiones de conformidad con el artículo 5° de esta ley. (...) La Subsecretaría de Pesca deberá determinar, previo informe de la Autoridad Marítima, los sectores que encontrándose dentro de áreas apropiadas para la acuicultura en las Regiones Décima de Los Lagos, y Undécima de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, sean canalizos de acceso a caletas de pesca artesanal, atracaderos y áreas de seguridad de embarcaciones menores. Una vez delimitados dichos sectores deberán desafectarse las áreas apropiadas para la acuicultura en ellos, con el solo mérito de lo informado por la Autoridad Marítima".

3) Que el artículo 5 de la ley N° 20.434, establece que "Los centros de cultivo de peces en las Regiones Décima de Los Lagos, y Undécima de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo podrán relocalizarse, en la misma región, dentro de una agrupación de concesiones fijada por la Subsecretaría o el Servicio, según corresponda, o cambiarse a otra, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Mantener el grupo de especies hidrobiológicas y área de la concesión autorizada. b) Presentar una renuncia a la concesión de que es titular. En caso de no otorgarse la concesión de reemplazo la renuncia quedará sin efecto. c) La solicitud de concesión de reemplazo deberá ubicarse dentro de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, dar cumplimiento a la zonificación del borde costero que establece esta ley y someterse a los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. // Toda relocalización de concesiones deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y presentar un plan de abandono y cierre. // La concesión de reemplazo quedará sometida al mismo régimen que la concesión original...".

4) Que el artículo 10 transitorio de la ley N° 20.434 señala que "La ubicación de las solicitudes de relocalización que sean presentadas en las Regiones de Los Lagos y de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, de conformidad con el artículo 5° de esta ley, será informada por el Director Zonal de Pesca mediante reuniones periódicas a las que serán convocados los representantes de las organizaciones de la pesca artesanal de la región respectiva. Dichos representantes podrán manifestar sus observaciones en el plazo de 10 días hábiles contado desde la comunicación. Esta información se publicará por el mismo plazo en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca, pudiendo cualquier interesado formular sus observaciones".

5) Que en documento titulado "Relocalización conforme a la Ley N° 20.434", de fecha 25 de junio de 2010, de la Subsecretaría de Pesca, en http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-11902_documento.pdf; señala que "La relocalización se basa en la idea que no es posible aumentar el número de concesiones ni la superficie entregada en concesiones de acuicultura de peces a la fecha de la ley. Por ende, las relocalizaciones y las instituciones asociadas, fusión y división, no pueden dar lugar a aumento del número de concesiones otorgadas ni de superficie"; informando los siguientes requisitos para aquello:

a) Solicitar la relocalización en la misma región de la concesión original.

b) El área solicitada para la concesión de reemplazo debe encontrarse dentro de áreas apropiadas para la acuicultura.

c) Mantener el grupo de especies y el área de la concesión original.

d) Dar cumplimiento a la zonificación del borde costero del litoral.

e) Someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que se regulará por las normas establecidas en el decreto supremo N° 290, año 1993, del Ministerio de Economía, Reglamento de concesiones y autorizaciones de acuicultura - en adelante D.S. N° 290/1993- y, en consecuencia, quedará a la espera del requerimiento por carta que efectúa la Subsecretaría de Pesca, una vez verificado que no existen otras causales de rechazo.

f) Dar cumplimiento a los requisitos de Reglamento Sanitario, Ambiental para la Acuicultura y sobre limitación de las áreas de las concesiones de acuicultura.

g) Autorización del acreedor hipotecario, si corresponde.

6) Que, además, establece que se deben cumplir con los requisitos indicados en el artículo 10 del D.S. N° 290/1993, por lo que, la solicitud de relocalización debe ser presentada en la oficina del Servicio de la comuna en que se encuentre el sector solicitado como concesión de reemplazo, en los formularios que ponga a disposición el Servicio. Además debe adjuntarse: a) Escritura pública de renuncia de la concesión original sujeta a condición suspensiva de ser aprobada la relocalización. b) Planos de la concesión original modificada conforme a los requisitos previstos en el artículo 10 N° 2 letra c) del D.S. N° 290/1993. c) En el caso de invocar una preferencia de las indicadas en el artículo 5 de la ley N° 20.434, se deberá señalar expresamente en el formulario respectivos.

7) Que, finalmente, establece que las solicitudes de concesiones de reemplazo se someten a la prelación establecida en la ley N° 20.434 y por ello la concurrencia conjunta de dos o más solicitudes pueden entrar en competencia en un sector determinado. Dicha competencia debe ser resuelta conforme a la prelación, salvo en los casos en que la ley otorga una preferencia. En consecuencia se tienen dos tipos de preferencia: a) Por el plazo de seis meses contados desde la ley (en caso de existir zonificación) o desde el decreto que aprueba la zonificación (en el caso de aprobarse con posterioridad a la vigencia de la ley) tendrá preferencia la solicitud de concesión de reemplazo que implica la renuncia a una concesión original ubicada en un sector definido como de uso incompatible con la acuicultura; b) Solicitud de concesión de reemplazo cuyo objeto sea reemplazar una concesión original en la cual su titular haya tenido una producción de salmón del pacífico o trucha arcoiris que represente a lo menos el 50% de su producción total, en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de relocalización. En el caso de entrar en competencia ambas preferencias, sólo cabe decidir por prelación entre ellas. La preferencia deberá ser invocada por el solicitante en el formulario que será puesto a disposición por el Servicio.

8) Que, en consecuencia, la información solicitada de acuerdo a la normativa descrita en los considerandos anteriores, se refieren a los datos contenidos en el formulario de solicitud que da inició al procedimiento administrativo de relocalización de concesiones de acuicultura y que se tramita ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, así como también, a la etapa en que aquel se encuentra. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 8 de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, aquella es de carácter público, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva.

9) Que, en primer lugar, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de estas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

10) Que, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

11) Que, en el presente caso, si bien el órgano reclamado señaló que las solicitudes de relocalización aún no han sido resueltas, no especificó la afectación que la publicidad de la información podría generar en el cumplimiento de las funciones del órgano, teniendo en consideración que sólo se ha requerido un listado de los centros de cultivos que solicitaron relocalizarse, con indicación de datos que deben estar incorporados en el formulario de solicitud de relocalización, así como su estado de tramitación. De hecho, no se ha pedido copia de ningún documento o antecedente relativo a dicho procedimiento. Además, se debe considerar que en su respuesta informó que se habían ingresado un total de 241 solicitudes de relocalización de las cuales 92 estaban resueltas, por lo que, a lo menos respecto de estas últimas no se configuraría la causal de excepción alegada.

12) Que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. De esta forma, el órgano reclamado no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, en consecuencia, se desestimará su concurrencia.

13) Que, por otra parte, el órgano reclamado alegó la configuración de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. Al respecto, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima que no se han acreditado por el órgano y que tampoco concurren en la especie.

14) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

15) Que, en el presente caso, cabe tener presente que la institución se limitó a señalar que la información no se encuentra sistematizada ni disponible en los términos requeridos, y que asciende a un total de 241 o 300 solicitudes, según lo informado en su respuesta y en complementación de sus descargos, respectivamente, sin señalar la cantidad de funcionarios y de horas o días necesarios que deberían destinar a dicha tarea, ni la forma ni el lugar en que dicha información se encuentra almacenada, ni ningún otro fundamento que permita tener por configurada la causal de reserva alegada. En este punto cabe hacer presente que dentro de las funciones del órgano reclamado se encuentran las de "c) Mantener actualizada la información de las actividades de acuicultura a nivel nacional y el catastro de resoluciones sobre concesiones y autorizaciones de acuicultura"; "e) Informar técnicamente las propuestas de ordenamiento territorial que afecten al sector". (Artículo 18 N° 4 del decreto con fuerza de ley N° 5, año 1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados).

16) Que, en atención a lo señalado, la argumentación del órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. Razón por la cual, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva alegada para este caso.

17) Que en atención a la naturaleza de la información solicitada este Consejo notificó el requerimiento de acceso que da origen al presente amparo a las empresas que solicitaron la relocalización de sus concesiones según lo informado por el órgano reclamado, a saber, Aguas Claras S.A., Australis Agua Dulce S.A., Cermaq Chile S.A., Cultivos Yadrán S.A., Empresas Aquachile S.A., Fiordo Blanco S.A., Invermar S.A., Mowi Chile S.A., Multiexport Pacific Farms S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones Antártica S.A., Salmones Aysén S.A., Salmones Humboldt SpA., Salmones Pacific Star S.A. y Trusal S.A., en los términos señalados en el N° 7 de la parte expositiva de la presente decisión.

18) Que las empresas Multiexport Pacific Farms S.A., Cermaq Chile S.A., Nueva Cermaq Chile S.A., Salmones Humboldt Spa., Australis Agua Dulce S.A., Mowi Chile S.A. y Salmones Tecmar S.A., se opusieron a la entrega de lo solicitado. Por lo que, se debe determinar si respecto de aquella información pública se configuran las causales de excepción a la publicidad alegadas por aquellas. En primer lugar, respecto de lo señalado referido a que lo pedido se trataría de información privada, por ende, no susceptible de ser requerida en virtud de la Ley de Transparencia, de acuerdo con lo razonado en el considerando octavo, esta forma parte de un procedimiento administrativo, por lo que, es de naturaleza pública, razón por la cual, se desechará tal alegación.

19) Que respecto a las causales de reserva alegadas por los terceros, correspondientes a las establecidas en el artículo 21 N° 1 letras b) y c) de la Ley de Transparencia, se debe hacer presente que la titularidad de aquellas resulta privativa del órgano requerido de información y no de un tercero que concurra como interesado en una reclamación de amparo, toda vez que sus supuestos, dada su naturaleza, sólo pueden ser ponderados por el órgano de que se trate (en este sentido, aplica lo resuelto en las decisiones de los amparos roles C518-09 y C851-10, entre otras), ello debido a que del tenor literal del artículo 21 mencionado, se desprende que sólo los órganos de la Administración del Estado poseen legitimación para invocar la causal de secreto o reserva señalada en su numeral 1°, por lo que resulta improcedente su alegación, razón por la cual, se desestimarán las argumentaciones realizadas en tal sentido. Sin perjuicio de lo cual, se debe hacer presente lo resuelto precedentemente en los considerandos duodécimo y decimosexto, en orden a que las alegaciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en tal sentido fueron descartadas.

20) Que, finalmente, argumentan la configuración de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad de lo requerido afectaría sus derechos comerciales y económicos, en términos generales, así como también, los derechos contemplados en el artículo 19 N° 21, N° 22 y N° 24 de la Constitución Política de la República; y en el artículo 22 del D.L. N° 211/1973, por otro, se trataría de antecedentes amparados por el secreto empresarial establecido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

21) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y el artículo 7 N° 2 del Reglamento de la ley mencionada, un mero interés no es suficiente para configurar la reserva de lo solicitado, debiendo justificarse la existencia de un derecho que se vería afectado con su divulgación. Al respecto, este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores para determinar si la entrega de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente la utilizan; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo). Los que también se aplican, para determinar si la información pedida constituye el denominado "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

22) Que se debe tener presente que las relocalizaciones sólo se pueden realizar en la misma región en que se ubica la concesión original, en el presente caso en la Región de Los Lagos y en las "Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.)", las que son establecidas mediante resolución de la autoridad correspondiente, con indicación precisa de su nombre y ubicación en la Carta SHOA o Plano. Además, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 10 transitorio de la ley N° 20.434, en orden a que "La ubicación de las solicitudes de relocalización que sean presentadas en las Regiones de Los Lagos y de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, de conformidad con el artículo 5° de esta ley, será informada por el Director Zonal de Pesca mediante reuniones periódicas a las que serán convocados los representantes de las organizaciones de la pesca artesanal de la región respectiva. Dichos representantes podrán manifestar sus observaciones en el plazo de 10 días hábiles contado desde la comunicación. Esta información se publicará por el mismo plazo en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca, pudiendo cualquier interesado formular sus observaciones".

23) Que en tal sentido, el inciso 3 del artículo 5 de la ley N° 20.434 dispone que "La concesión de reemplazo quedará sometida al mismo régimen que la concesión original". Así las cosas, el artículo 90 quáter del decreto supremo N° 430, año 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura - en adelante Ley General de Pesca-; dispone "Sin perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el Servicio deberá mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre las siguientes materias: a) Solicitudes de concesión de acuicultura ingresadas a trámite, señalando su número de ingreso, ubicación, superficie y grupo de especies hidrobiológicas incorporadas en el proyecto técnico". En dicho contexto, en la página web http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/requerimientos-de-concesiones-de-acuicultura-ingresadas, se entrega un listado o planilla con información general, similar a la reclamada, que contiene antecedentes respecto de diversas solicitudes relativas a concesiones de acuicultura, tanto sobre relocalizaciones, fusiones, divisiones u otorgamiento de nuevas concesiones, especificando el oficio conductor de la oficina regional con el cual fueron despachadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, como ejemplo, en http://www.sernapesca.cl/sites/default/files/solicitudes_acuicultura_xi_region_2020_20200703.pdf.

24) Que, asimismo, vale tener en consideración que, en atención a la naturaleza de la información requerida, no resulta plausible sostener que su entrega pueda afectar los derechos económicos o comerciales de los terceros. En efecto, lo requerido no tiene relación con el know how de las empresas, toda vez que no se ha pedido copia de ningún antecedente relativo a su funcionamiento, estructura de negocio, procesos, organización institucional, márgenes de producción, fijación de precios, ni ningún otro antecedente que pudiera afectar los derechos alegados, como parece haberlo entendido cada uno de los terceros. En la especie, la publicidad del listado o planilla requerida no tiene el alcance señalado por las empresas, en relación a que se referiría a datos estratégicos de su planificación productiva, sus fortalezas y debilidades en torno a la escala de costos productivos, el modelo productivo de la empresa y las decisiones de inversión que se efectuarán; sobre aspectos como mejores formas de producción y aprovechamiento de las mismas, mejorar aspectos sanitarios, mejor conectividad y mejor explotación; que comprende procesos, técnicas, estrategias, y condiciones económicas; generar graves distorsiones en el mercado acuícola atentando contra la libre competencia, entre otras. Más si se considera que es la propia ley N°20.434 la que establece una serie de prelaciones y preferencias respecto de las solicitudes que se presentan respecto de un mismo sector, sin dejar de hacer presente, que en caso que aquella sea rechazada no pierden el derecho a explotación de la concesión original.

25) Que, a mayor abundamiento, debe considerarse que el secreto industrial no es absoluto de ninguna manera, toda vez que el ordenamiento jurídico establece claras causales de excepción en este sentido, como aquél del artículo 91 letra b) de la Ley de Propiedad Industrial, que no aplica esta protección legal cuando concurran razones "de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente".

26) Que, en tal sentido, se debe hacer presente que la actividad acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, sino que además se trata de aquellas cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 19.300, aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente - en adelante ley N° 19.300-. A este respecto conviene recordar que el artículo 31 bis de dicha ley dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", entendiendo por información ambiental "toda aquélla de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones: a) "El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior. c) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c). d) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2° de la ley". A su turno, el artículo 31 quáter prescribe que cualquier persona "que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad con lo señalado en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública".

27) Que, además, aquellas solicitudes cuyos proyectos fueron rechazados y alcanzaron a ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la información pedida se encuentra permanentemente a disposición del público, en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental.

28) Que, por otra parte, cabe tener presente que "La relocalización se basa en la idea que no es posible aumentar el número de concesiones ni la superficie entregada en concesiones de acuicultura de peces a la fecha de la ley. Por ende, las relocalizaciones y las instituciones asociadas, fusión y división, no pueden dar lugar a aumento del número de concesiones otorgadas ni de superficie". Por lo tanto, existe un evidente interés público en la divulgación de la información reclamada, por cuanto conocer las ubicaciones en las que se pretenden instalar centros de cultivo, permite examinar si dicha actividad se realizará conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas prescritas por la normativa sectorial. En dicho contexto, el control social que facilita su publicidad permite a la sociedad en su conjunto requerir que las autoridades fiscalizadoras competentes ejerzan las facultades legales que les confiere la normativa legal vigente.

29) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente tener presente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87).

30) Que, en consecuencia, se considera que no se acredita la causal de secreto o reserva alegada por los terceros, e incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes para ello, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación, se estima que su divulgación posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto a una materia particularmente relevante, como lo es la utilización de bienes nacionales de uso público en actividades privadas de cultivo de peces en la Región de Los Lagos. En consecuencia, se acogerá este amparo, requiriendo la entrega del listado solicitado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Daniela Álvarez en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante el listado de solicitudes de relocalizaciones de concesiones de acuicultura en la Región de Los Lagos, periodo 1° de abril de 2010 a 9 de enero de 2020, indicando el código del centro, geolocalización de área de origen y de destino, estado de tramitación, nombre y RUT de los titulares.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Daniela Álvarez, al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura y a los terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.