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Cristian Camilo Cruz Rivera con INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Rol: C1593-20

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ordenándose la entrega de copia del nombre de las personas que en representación o como funcionarios de instituciones públicas y/o estatales se han reunido, en sede del INDH u otro lugar, con el consejero don Cristián Pertuzé Fariña. Lo anterior, por advertirse un interés prevalente en la entrega de la información, toda vez que dicho registro de reuniones -con la individualización expresa de los participantes- permite el control social sobre el debido cumplimiento de las funciones ejercidas por el órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1593-20

Entidad pública: Instituto Nacional de Derechos Humanos

Requirente: Cristian Camilo Cruz Rivera

Ingreso Consejo: 26.03.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ordenándose la entrega de copia del nombre de las personas que en representación o como funcionarios de instituciones públicas y/o estatales se han reunido, en sede del INDH u otro lugar, con el consejero don Cristián Pertuzé Fariña.

Lo anterior, por advertirse un interés prevalente en la entrega de la información, toda vez que dicho registro de reuniones -con la individualización expresa de los participantes- permite el control social sobre el debido cumplimiento de las funciones ejercidas por el órgano reclamado.

En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1115 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1593-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de febrero de 2020, don Cristian Camilo Cruz Rivera solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos -en adelante, indistintamente INDH- la siguiente información: «Respecto de Don Cristián Pertuzé Fariña, solicito lo siguiente:

1.1) Nombre de personas que en representación o como funcionarios de instituciones públicas y/o estatales se han reunido, en sede del INDH u otro lugar, con la persona que se indica, desde el 15 de octubre de 2019 a la fecha, con señalamiento de la fecha de tal y la institución a la que pertenecían dichas personas.

1.2) Se me indique, por fecha y lugar, el número de recintos policiales y de las fuerzas armadas a los que asistió la persona indicada, entre el 15 de octubre de 2019 a la fecha, para conocer el estado de detenidos o la eventual existencia de tales. En cuyo caso requiero copia de los informes que él entregó sobre el particular.

1.3) Se me indique la fecha, número y nombre de personas que han resultado con trauma ocular o pérdida de visión producto de disparos policiales que han sido visitadas en sus hogares o centros de salud por la persona indicada, desde el 18 de octubre de 2019 al 7 de febrero de 2020.

1.4) Se me indique el número de familiares de personas asesinadas o resultado fallecidas por acción de integrantes de carabineros o fuerzas armadas que han sido visitadas por la persona indicada, entre el 18 de octubre de 2019 al 7 de febrero de 2020.

1.5) Se me indique el número de personas que han denunciado o acusado haber sido víctimas de delitos sexuales por agentes del Estado, desde el 15 de octubre de 2019 a la fecha y que han sido visitadas por la persona indicada, especificando la fecha y al menos la comuna en que dicha visita se efectuó.

1.6) Copia de toda comunicación, documento, en cualquier soporte o formato, enviado por la persona indicada a Carabineros, desde que asumió como Consejero del INDH a la fecha, en que él les indique o solicite medidas que busquen impedir la violación a los derechos humanos».

2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 11 de marzo de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 23 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos respondió a dicho requerimiento de información indicando que:

3.1) Los consejeros no ejercen funciones en la conducción cotidiana del Instituto, sino que, como integrantes del Consejo, participan en las decisiones sobre políticas generales, sin perjuicio de los encargos para recibir información de competencia del Instituto que el Consejo les encargue, según dispone el artículo 8°, N°7 de la Ley 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

3.2) Acto seguido, expuso que, del tenor del artículo 10° de la Ley de Transparencia, se desprende que, la realización de reuniones no forma parte de aquellos soportes contemplados por la ley, toda vez que no es información contenida en ninguno de los documentos que se indican, ni constituyen información elaborada con presupuesto público, sino que forma parte de la actuación usual de los integrantes de cualquier institución, en cumplimiento de sus funciones.

3.3) En esta línea, precisó que, este tipo de actividades se regulan por la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. No obstante, clarificó que, dicha normativa no se aplica a reuniones entre autoridades o funcionarios del Estado, toda vez que, estas instituciones -por su propia naturaleza-, representan el interés general y no intereses particulares exigidos por la ley.

3.4) A su vez, indicó que, el INDH visita hospitales, comisarías y otros recintos; y toma contacto con denunciantes de vulneraciones de derechos humanos, a través de sus funcionarios. Respecto de don Cristián Pertuzé Fariña -en su calidad de consejero-, señaló que, no le corresponden las funciones señaladas, toda vez que no es funcionario del INDH. Por último, puntualizó que, las comunicaciones entre el INDH con otros órganos de la administración del estado, se efectúan mediante oficios dirigidos por el director del Servicio, en ejercicio de sus facultades de representación y no por cada consejero individualmente considerado.

4) AMPARO: El 26 de marzo de 2020, don Cristian Camilo Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada seria parcial. Al respecto, el peticionario sostuvo que, el INDH no informó respecto de las materias requeridas, pues: «se señaló lo que se entiende son los deberes o facultades, pero se pregunta por situaciones concretas y no lo que interpreta de la ley su actual director». Acto seguido, hizo presente que, se indica que las comunicaciones con otros organismos del Estado se efectúan mediante el Director y no por cada consejero, olvidando que, la persona indicada cumplió funciones como director subrogante en el periodo consultado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante Oficio N°E5190, de fecha 14 de abril de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, atendido que el reclamante indica que el órgano no informó lo requerido o lo hizo en forma incompleta o parcial; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante presentación, de fecha 28 de abril de 2020, el órgano reclamado, presentó sus descargos y observaciones, señalando que, tras un nuevo análisis de los antecedentes estimó oportuno informar lo siguiente:

5.1) Con relación a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, acompañó listado de las reuniones sostenidas por la persona que se indica, en su calidad de consejero, sólo o junto a otros consejeros en el periodo consultado, con indicación de su fecha, los asistentes y objeto de dichas reuniones. Acto seguido, informó que, la personada indicada, en su calidad de director subrogante, sostuvo una única reunión con personas externas al INDH y que ésta se realizó con el embajador de Australia, nombre que se indica, el 11 de febrero de 2020.

5.2) Con relación a lo pedido en los numerales 1.2), 1.3), 1.4) y 1.5) de lo expositivo de este Acuerdo, reiteró lo expuesto en su respuesta, argumentando que, conforme a la práctica del servicio, el ingreso a recintos públicos, y la comunicación con víctimas y denunciantes de vulneraciones de derechos humanos se han comisionado a los funcionarios de la institución. Por lo tanto, en su calidad de consejero, a la persona indicada no le corresponde cumplir con ninguna de las referidas actividades. Sin perjuicio de lo anterior, se informó que, durante el período consultado, tanto la persona indicada, como los demás consejeros asistieron como observadores a distintas manifestaciones, visitaron comisarías y hospitales, y tomaron contacto con víctimas, sus familiares o denunciantes de vulneraciones de derechos humanos, actividades que pueden realizar sin que se haya dejado registro de ello.

5.3) En lo referente al numeral 1.6) de lo expositivo de este Acuerdo, se reitera lo indicado en la respuesta, esto es, que las comunicaciones del INDH con otros organismos se efectúan a través de canales oficiales y emanan del director. Por lo tanto, en su calidad de consejero, informó que, a la persona indicada no le ha correspondido dirigir comunicaciones oficiales a otros organismos. Sin perjuicio de ello, informó que, en el período en que se desempeñó como director subrogante, remitió los oficios: Ordinario N°163 y N°164, ambos de fecha 20 de febrero de 2020, los cuales acompaña en su presentación.

6) PRONUNCIMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N°E6487, de fecha 7 de mayo de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Mediante presentación, de fecha 14 de mayo de 2020, el peticionario manifestó su inconformidad con la información entregada. Con respecto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este acuerdo, señaló que, no se indicó si las reuniones señaladas eran las únicas en ese periodo, y adicionalmente, no se entregaron los nombres de las personas de las instituciones públicas y/o estatales que participaron en dichas reuniones. En definitiva, señaló que, ésta se responde parcialmente.

Asimismo, indicó que, no se han respondido los numerales 1.2), 1.3), 1.4) y 1.5) de lo expositivo de este Acuerdo, toda vez que no se ha puntualizado si la persona indicada se ha reunido con víctimas u otras personas, lo cual cuestiona por las características y facultades del cargo. Adicionalmente, cuestionó que, no quede registro de las actividades de visita -a manifestaciones, comisarías y hospitales-, por parte de los consejeros, según lo establecido en la ley de lobby.

Con respecto al numeral 1.6) de lo expositivo de este Acuerdo, señaló que, no se indicó si previo a su subrogancia y en virtud de su rol de consejero de un organismo de derechos humanos -más allá de no corresponderle-, simplemente se comunicó con carabineros buscando o pretendiendo impedir que estos violasen derechos fundamentales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del peticionario con la respuesta proporcionada, toda vez que esta sería parcial, referido a la entrega de registros de reuniones, visitas efectuadas a recintos singularizados y comunicaciones sostenidas por don Cristián Pertuzé Fariña con Carabineros de Chile. Por lo anterior, esta Corporación procederá a analizar por separado cada una de las materias pedidas.

2) Que, primeramente, con respecto a la petición consignada en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, esto es, el nombre de las personas que en representación o como funcionarios de instituciones públicas y/o estatales se han reunido con la persona que se indica, esta Corporación verifica lo alegado por el peticionario, toda que el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, acompañó un registro de las reuniones sostenidas por el Consejero que se indica, con individualización de los órganos e instituciones participantes, pero sin especificar el nombre de dichas personas. Al respecto, bajo una primera aproximación, cabe advertir que, la identidad de dichas personas corresponde a datos personales distintos del reclamante, en los términos dispuestos por el literal f) del artículo 2° de la Ley sobre Protección a la Vida Privada, siendo estos los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.

3) Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, esta Corporación estima que, existe un interés público prevalente en la divulgación de los antecedentes requeridos, toda vez que dicho registro de reuniones -con la individualización expresa de los participantes- permite el control social sobre el debido cumplimiento de las funciones ejercidas por el órgano reclamado. En este contexto, este Consejo advierte que, el órgano reclamado informó el objeto de cada una de estas reuniones, verificando que éstas tienen por finalidad tratar materias sobre la situación de los derechos humanos en el país en el marco de la crisis social, materias que representan un interés colectivo para la sociedad, y que dan cuenta del debido y transparente ejercicio de sus funciones específicas. En tal sentido, cabe tener presente que el artículo 2° de la ley 20.405, que establece el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dispone que: «el Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional». Bajo esta lógica, las personas que se reunieron con el consejero indicado, lo realizaron como interlocutores o representantes de organizaciones y organismos de la administración del estado, con respecto a materias de competencia de la reclamada.

4) Que, por consiguiente, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación, a juicio de esta Corporación, el conocimiento acerca de la información pedida en este punto posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto a una materia particularmente relevante y sensible, como lo es la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de la contingencia social.

5) Que, asimismo, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 20.405, que establece el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dispone que: «todos los actos y resoluciones del Instituto, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que en virtud del artículo 8° de la Constitución Política tenga el carácter de reservado o secreto. El Instituto se regirá por las normas de la ley sobre acceso a la información pública». Al respecto, cabe advertir que, el órgano reclamado, con ocasión de sus presentaciones, no alegó la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia, ni la inexistencia del detalle requerido. Por las consideraciones expuestas, se acogerá el presente amparo en este punto.

6) Que, con respecto a las peticiones consignadas en los numerales 1.2), 1.3), 1.4) y 1.5) de la parte expositiva de este Acuerdo, referido a la entrega del registro de visitas a los recintos y personas que se indican, es menester tener presente que, el órgano reclamado justificó consistente y razonablemente la inexistencia de lo requerido, toda vez que los Consejeros -por la naturaleza de las funciones encomendadas por la ley- no ejercen funciones en la conducción cotidiana del órgano reclamado, sino que, como integrantes del Consejo, participan en las decisiones sobre políticas generales. En tal sentido, sostuvo que, quienes ingresan a los recintos públicos, y se comunican con las víctimas y denunciantes de vulneraciones de derechos humanos son precisamente los funcionarios de la institución. Sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia material de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder, por inexistencia de aquella. Por lo anterior, en virtud de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo sobre este punto.

7) Que, con respecto a la solicitud consignada en el numeral 1.6) de la parte expositiva de este Acuerdo, referido a la entrega de comunicaciones enviadas por la persona indicada a Carabineros, desde que asumió como Consejero del INDH a la fecha, en que él les indique o solicite medidas que busquen impedir la violación a los derechos humanos, este Consejo advierte que, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acompañó Ordinarios N°163 y N°164, de fechas 20 de febrero de 2020, los cuales corresponden a oficios dirigidos por la persona indicada, en su calidad de director subrogante del órgano reclamado, y en ejercicio de sus facultades de representación. Al respecto, cabe tener presente que, el artículo 9° N°3 de la ley N°20.405, establece que: «Corresponderá al Director: representar judicial y extrajudicialmente al Instituto, así como ejercer su representación internacional». En virtud de lo anterior, esta Corporación estima que se proporcionó respuesta a las materias consultadas en este punto, toda vez que se informó consistente y fundadamente que, las comunicaciones del Instituto con otros organismos se canalizan mediante el Director del Consejo, quien detenta las facultades de representación previamente descritas, y conjuntamente, se entregó los oficios remitidos por el consejero indicado en el periodo que ejerció como director subrogante.

8) Que, a mayor abundamiento, con respecto a la alegación del peticionario, en orden a que «no se indicó si previo a su subrogancia y en virtud de su rol de consejero de un organismo de derechos humanos -más allá de no corresponderle-, simplemente se comunicó con carabineros buscando o pretendiendo impedir que estos violasen derechos fundamentales», cabe tener presente que, el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. En este sentido, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. Por lo anterior, en el evento de existir dichas comunicaciones, éstas se enmarcan en la esfera de protección de la vida privada de la persona indicada, por lo que se rechazará el presente amparo en esta parte.

9) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, advirtiéndose un interés prevalente que justifica la entrega de los datos pedidos; no habiéndose alegado la inexistencia de lo requerido, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la información requerida en el numeral 1.1) de lo expositivo de este Acuerdo. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Cristian Camilo Cruz Rivera, en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante de copia del nombre de las personas que en representación o como funcionarios de instituciones públicas y/o estatales se han reunido, en sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos u otro lugar, con don Cristián Pertuzé Fariña, desde el 15 de octubre de 2019 a la fecha, con señalamiento de la fecha de tal y la institución a la que pertenecían dichas personas. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Camilo Cruz Rivera; y al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.