logo
 

Jaime Pérez Vargas con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C1440-20 / C1441-20

Consejo para la Transparencia, 14/07/2020

Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega de los antecedentes mencionados en el documento de "fiscalización e investigación del accidente del trabajo informe de exposición", que forman parte de los antecedentes derivados del acta de fiscalización del accidente consultado. Lo anterior, por cuanto los antecedentes solicitados constituyen fundamento del informe que se indica, encontrándose dentro de la esfera de control del órgano al alero de sus facultades legales, y respecto de los cuales no se ha acreditado alguna causal de secreto o reserva que justifique la reserva de lo solicitado. Se rechazan los amparos respecto a la entrega de las declaraciones juradas de trabajadores en calidad de testigos, por cuanto el obrar del órgano requerido, al reservar dicha información, se aviene a lo dispuesto en la Ley de Transparencia como en la normativa sobre Protección de la Vida Privada y la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROLES C1440-20 y C1441-20

Entidad pública: Dirección del Trabajo.

Requirente: Jaime Pérez Vargas

Ingreso Consejo: 19.03.2020

RESUMEN

Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega de los antecedentes mencionados en el documento de "fiscalización e investigación del accidente del trabajo informe de exposición", que forman parte de los antecedentes derivados del acta de fiscalización del accidente consultado.

Lo anterior, por cuanto los antecedentes solicitados constituyen fundamento del informe que se indica, encontrándose dentro de la esfera de control del órgano al alero de sus facultades legales, y respecto de los cuales no se ha acreditado alguna causal de secreto o reserva que justifique la reserva de lo solicitado.

Se rechazan los amparos respecto a la entrega de las declaraciones juradas de trabajadores en calidad de testigos, por cuanto el obrar del órgano requerido, al reservar dicha información, se aviene a lo dispuesto en la Ley de Transparencia como en la normativa sobre Protección de la Vida Privada y la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia.

En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1440-20 y C1441-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 29 de enero de 2020, don Jaime Pérez Vargas, solicitó a la Dirección del Trabajo -en adelante e indistintamente Dirección o DT-, la siguiente información:

a) Solicitud que dio origen al amparo rol C1440-20: "Solicito los antecedentes derivados del acta de fiscalización que indica, ambas de la Dirección del Trabajo de Puerto Montt, respecto de mi representado, persona que refiere, en el accidente ocurrido el día 14 de noviembre de 2019 en el sector Panitao, en Astillero Panitao SpA."

b) Solicitud que dio origen al amparo rol C1441-20: "Solicito los antecedentes derivados del acta de fiscalización que indica, ambas de la Dirección del Trabajo de Puerto Montt, respecto de mi representado, persona que refiere, en el accidente ocurrido el día 14 de noviembre de 2019, en el sector Panitao, en Astillero Panitao SpA."

2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2020, la DT solicitó al requirente que indicar el nombre y apellido del solicitante y aclarar a qué se refiere con "antecedentes derivados" de las actas de fiscalización que consulta.

El 7 de febrero de 2020, mediante correo electrónico, el reclamante indicó que quien solicita es Jaime Andrés Pérez Vargas, en representación convencional de la persona que individualiza, víctima del accidente que dio origen a dichas fiscalizaciones. Al efecto, acompañó mandato.

Por otra parte, en relación a los "antecedentes derivados" de las actas de fiscalizaciones que se consultan, aclaró que se hace referencia a: "Informe de Fiscalización, el proyecto o Resolución de Multa Administrativa (notificación personal inmediata); notificación de resolución de multa administrativa, cuando sea personal inmediata; comprobante de activación de fiscalización y copia de las comisiones acumuladas; requerimiento escrito de la solicitud de fiscalización; notificación de inicio de procedimiento de fiscalización; formularios de uso obligatorio, utilizados en la fiscalización; declaraciones juradas de los testigos - trabajadores, empleadores, terceros, etc- y otros documentos que digan relación con la causa (reglamento interno, documento que acredite obligación de informar (derecho a saber), reglamento especial de empresas contratistas y subcontratistas, registro de obra o faena, remisión de denuncia individual de accidentes del trabajo (DIAT), al organismo administrador (ley 16.744), acta de constatación de infracciones y notificación de suspensión de labores/cese de servicio FI-6; acta de reanudación de labores/mantención de suspensión FI-7; documentos que den cuenta de las materias fiscalizadas como el saneamiento básico, manejo manual de carga, elementos de protección personal, policlínicos; los instrumentos de prevención de riesgos (reglamentos internos, obligación de informar -derecho a saber- departamento de prevención de riesgos profesionales de empresa y/o de faena, comité paritario de higiene y seguridad y/o faena, sistema de gestión, reglamento especial de empresas contratistas y subcontratistas, registro de obra o faena); remisión de DIAT al organismo administrador; materias laborales relacionadas con él o los trabajadores accidentados (contrato de trabajo, registro de asistencia, jornada de trabajo y descansos, remuneración y cotizaciones previsionales del organismo administrador). Como también, si estuviese finalizado el informe de fiscalización, solicito: copia de la carátula de informe fiscalización; copia del formulario para la fiscalización e investigación de accidente del trabajo FI-15, firmado por el inspector(a) del trabajo, y copia de comprobante de pago de cotizaciones previsionales de la ley N° 16.744 (hoja 1) o certificado de pago de cotizaciones previsionales"

3) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2020, la DT señaló que la información solicitada tiene el carácter de pública, y que a su respecto no concurre causal de secreto o reserva, por lo que adjuntó información debidamente tarjada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.628, indicando el enlace web para efectos de consultar la respuesta.

4) AMPARO: El 19 de marzo de 2020, don Jaime Pérez Vargas, dedujo los amparos roles C1440-20 y C1441-20 a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.

El reclamante hizo presente que no se acompañaron los documentos que sirven para arribar a la decisión de los informes acompañados, como las declaraciones juradas ni el procedimiento de trabajo en espacios confinados, los cuales se tuvieron en cuenta para efectuar dichos informes.

5) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E4923 de fecha 7 de abril de 2020, solicitó al reclamante aclarar el fundamento de sus amparos, señalando los antecedentes que no le habrían sido proporcionados.

Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2020, el requirente explicó que no se acompañó el contenido de las declaraciones juradas señaladas en el documento denominado "antecedentes verificados en la fiscalización", sin necesidad de individualizar a la persona que prestó declaración jurada.

Además, respecto al documento denominado "Fiscalización e Investigación del Accidente del Trabajo Informe de Exposición", no se acompañaron los documentos mencionados y que se tuvieron a la vista, a saber; contrato de trabajo de su representado, registros de asistencia, liquidaciones de sueldo, cotizaciones provisionales, registro de capacitación en riesgos laborales, registro de capacitación en elementos de protección personal, registro de entrega de reglamento interno de orden y seguridad, obligación de informar (derecho a saber), e instrumentos de prevención de riesgos que se tuvieron a la vista para elaborar dicho informe. Además, añadió que tampoco se acompañaron los documentos que digan relación con la empresa mandante que refiere, tales como; el procedimiento de trabajo para trabajados confinados, derecho a saber, reglamento interno de higiene y seguridad e informe de investigación de accidente.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Trabajo, mediante Oficio N° E6067 de fecha 27 de abril de 2020 solicitándole que: (1°) atendido lo señalado por el reclamante en el presente amparo, indique si, a su juicio, la respuesta otorgada satisface íntegramente el requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante presentación de fecha 13 de mayo de 2020, la DT evacuó sus descargos y señaló, en síntesis, lo siguiente:

Advirtió que en su respuesta, se hizo entrega de todos aquellos documentos públicos que constan en el procedimiento consultado; notificación de inicio de procedimiento de fiscalización, acta de notificación de requerimiento de información, antecedentes verificados en la fiscalización, activación de fiscalización, carátula de informe de fiscalización, informe de fiscalización, informe de accidente empresa, notificación accidente del trabajo 1, notificación accidente del trabajo 2 y denuncia individual de accidente del trabajo.

Por su parte, indicó que, respecto a las declaraciones juradas, contratos de trabajo, registros de asistencia, liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales, sin perjuicio de ser documentos privados, "no existe obligación legal para este Servicio en que se disponga el registro o mantención de copias de la información solicitada en una fiscalización. Asimismo, la normativa laboral no establece que la Inspección del Trabajo deba dictar un acto administrativo cuyo fundamento o complemento directo y esencial la documentación aludida, si bien se requieren para su fiscalización o revisión basta con tenerlos a la vista debido a las facultades contenidas en el artículo 23 en el DFL N°2. Cuando se trata de información privada que ha sido proporcionada al Estado por motivos de fiscalización, por particulares no se aplica, sin más, el principio de publicidad del artículo 8° inciso 2° de la Constitución y, por ende, respecto de ella no procede amparar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública contemplado en la Ley de Transparencia, pues debe resguardarse la privacidad de la información, salvo que su titular consienta en revelarla o que la ley disponga expresamente su divulgación". Al efecto, cita jurisprudencia de esta Corporación relativa a instrumentos colectivos.

Añadió, que en conformidad al artículo 40 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, queda prohibido a los funcionarios del trabajo, divulgar los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones. Así, señaló que este deber de reserva alcanza no sólo a los funcionarios de la Dirección del Trabajo, sino también al órgano en cuanto tal.

Por otra parte, indicó que hay documentos que no se encuentran en la carpeta investigativa, tales como el reglamento interno, reglamento especial de empresas contratistas y subcontratistas, registro de obra o faena, acta de constatación de infracciones y notificación de suspensión de labores/cese de servicios FI-6, documentos que den cuenta de las materias fiscalizadas como el saneamiento básico, manejo manual de carga, elementos de protección personal, policlínicos, copia del formulario para la Fiscalización e Investigación de Accidente del Trabajo F15, firmado por el Inspector del Trabajo, copia de comprobante de pago de cotizaciones previsionales.

Asimismo, indició que con el amparo se amplió los términos del requerimiento, solicitando el procedimiento de trabajo para trabajos confinados, el cual no figura en la solicitud original.

7) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E7438, de fecha 25 de mayo de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Mediante presentación de fecha 1 de junio de 2020, el requirente señaló que respecto a los antecedentes solicitados, estos se vinculan al accidente sufrido por la persona que representa, por lo cual, no son terceros ajenos a dicha investigación, al ser interesados en ella y su resultado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.880.

Hizo presente que las piezas pertinentes o documentos del expediente solicitado, no eran conocidos al momento de solicitarlos, por lo que al momento de solicitar los "antecedentes derivados" del acta de fiscalización que refiere, se desconocía cuáles eran aquellos documentos contenidos en el expediente, de los cuales tuvo conocimiento con la respuesta parcial entregada por el órgano, en la cual se dejó constancia que no se acompañaron todos los antecedentes, incluyendo sólo la información elaborada por la DT.

Advirtió que las declaraciones juradas de los trabajadores pueden ser entregadas en conformidad al principio de divisibilidad del artículo 11 lera e) de la Ley de Transparencia.

Además, aclaró que, no amplió los antecedentes solicitados con ocasión de la interposición de su amparo, sino que se percató al momento de recibir parte de la información solicitada, que había documentación que nunca se acompañó, lo cual se mencionó en su oportunidad.

Acompañó mandato judicial que le otorga representación respecto de persona que se indica.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendido al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C1440-20 y C1441-20 existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que los presentes amparos se fundan en la insatisfacción del reclamante con la respuesta entregada por la DT, por cuanto no se acompañaron los antecedentes fundantes de los informes remitidos que señala, según consta en el numeral 6° de lo expositivo, respecto de los cuales el órgano señaló que constituían antecedentes de naturaleza privada, y que algunos de ellos no se encontraban en la carpeta investigativa.

3) Que, los antecedentes solicitados, se enmarcan dentro de un procedimiento de fiscalización llevado a cabo por el órgano requerido, en virtud del accidente del trabajo que tuvo como víctima al mandante del solicitante. En particular, lo requerido dice relación con las declaraciones juradas de los trabajadores y aquellos documentos que se tuvieron a la vista en la elaboración del documento "Fiscalización e Investigación del Accidente del Trabajo Informe de Exposición", detallados en el numeral 5° de lo expositivo.

4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

5) Que, resulta atingente, hacer presente que en conformidad al artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo, se dispone que a la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral. Asimismo, el artículo 31 del citado Decreto, indica que "los funcionarios del Trabajo podrán requerir a los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda (...) toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones".

6) Que, en virtud de la normativa previamente citada, los antecedentes requeridos y mencionados expresamente en el informe que fuere remitido por la reclamada con ocasión de su respuesta, y respecto de los cuales la DT alegó que no tenía disponibilidad de los mismos, por cuanto se tratarían de documentos privados respecto de los cuales no existe un obligación legal a efectos de que se disponga su registro o mantención de copias, cabe hacer presente que este Consejo ha sostenido reiteradamente que la interpretación de la expresión "obrar en poder", prevista en el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquella que el órgano mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición. En consecuencia, si bien los antecedentes mencionados en los informes que fueren remitidos, pudieren no obrar físicamente en dependencias de la reclamada, en la especie, estos debieran obrar dentro de su esfera de control y estar a su disposición, encontrándose en posición de solicitar los mismos al alero de sus facultades fiscalizadoras.

7) Que, sumado a lo anterior, respecto al contrato de trabajo de mandante del solicitante, sus registros de asistencia, liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales, respecto de los cuales la DT alegó que se tratarían de documentos de carácter privado, esta Corporación advierte que lo requerido corresponde presumiblemente a datos personales y sensibles del mandante del requirente, víctima del accidente que fuere investigado, según la definición prevista en el artículo 2°, letra f) de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12° del mismo cuerpo legal, reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente». De esta forma, la víctima del accidente consultado, debidamente representada por el peticionario, ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal y sensibles que obran en poder de un tercero, en este caso, de la Dirección del Trabajo. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones a los amparos Roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras.

8) Que, por su parte, respecto a los demás documentos solicitados que motivan los presentes amparos, consignados en el numeral 5° de lo expositivo, a saber, registro de capacitación en riesgos laborales, registro de capacitación en elementos de protección personal, registro de entrega de reglamento interno de orden y seguridad, obligación de informar, instrumentos de prevención de riesgos, y los documentos que digan relación con la empresa mandante, tales como el procedimiento de trabajo para trabajos confinados, reglamento interno de higiene y seguridad, informe de investigación de accidente, entre otros, que fueren mencionados en el informe remitido por la reclamada, cabe hacer presente, que, al igual que los documentos mencionados en el considerando precedente, en la medida que constituyen documentos que el órgano requerido tuvo a la vista para elaborar el "informe de fiscalización e investigación", en conformidad al artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, se trata de información de naturaleza pública, en cuanto constituyen los fundamentos del referido informe.

9) Que, a mayor abundamiento y, particularmente, respecto al reglamento de higiene y seguridad de la empresa, en conformidad al artículo 153 y 156 del Código del Trabajo, se dispone que una copia del reglamento deberá remitirse a la DT dentro de los 5 días siguientes a la vigencia del mismo, y ponerse en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de la fecha en que comiencen a regir, estableciéndose que el empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso que contenga el reglamento interno de la empresa y el reglamento a que se refiere la Ley N°16.744.

10) Que, en razón de lo razonado precedentemente, tratándose los antecedentes solicitados de información de naturaleza pública, que constituyen fundamento del informe que se indica elaborado por la reclamada, que se encuentran dentro de su órbita de control al alero de sus facultades legales, y respecto de los cuales no se ha acreditado alguna causal de secreto o reserva que justifique la reserva de lo solicitado, se acogerán los amparos, ordenando a la reclamada la entrega de los antecedentes solicitados.

11) Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a las declaraciones juradas que hicieren los trabajadores en calidad de testigos en el marco el procedimiento consultado, este Consejo en reiteradas oportunidades se ha pronunciado reservando información como la solicitada, por cuanto de conocerse la identidad de quienes prestaron declaración, así como el contenido de la misma, podría devenirse en una situación que podría afectar los derechos de quienes voluntariamente tomaron parte en una investigación como la consultada. Asimismo, porque de conocerse la identidad y declaraciones de los que colaboraron con la investigación, podría inhibir a otros trabajadores de colaborar ante futuras denuncias, perjudicando de dicho modo, el debido cumplimiento de las funciones del organismo respectivo, al verse privado de un insumo esencial en una investigación como la que motiva los presentes amparos. En efecto, "divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de vulneración de derechos fundamentales, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones puedan ser conocidas por sus empleadores actuales o futuros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones (...)" (decisión recaída en el amparo Rol N°C890-17).

12) Que, en tal sentido, cabe hacer presente además que según ha razonado este Consejo a partir de la decisión C272-10 y refrendado con posterioridad por las decisiones de amparo C2323-14, C1174-15 y C6532-18, "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores (...) y el riesgo de que su divulgación (...) o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización (...) , afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (...) Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores (...) que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado".

13) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, y atendido que el obrar de la reclamada, al reservar las referidas declaraciones se aviene con lo previsto en la Ley de Transparencia en sus artículos 21 N°1 y 2, como en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, se rechazará el presente amparo en este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jaime Pérez Vargas en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de lo señalado precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora del Trabajo:

a) Entregue al reclamante los antecedentes mencionados en el documento de "fiscalización e investigación del accidente del trabajo informe de exposición", con excepción de las declaraciones juradas, consignados en el numeral 5° de lo expositivo, y que forman parte de los antecedentes derivados del acta de fiscalización del accidente consultado y que afectó al mandante del solicitante.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Rechazar el amparo, respecto a las declaraciones juradas de los trabajadores en calidad de testigos en el procedimiento consultado, por configuración de las causales de reserva del artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jaime Pérez Vargas y a la Sra. Directora del Trabajo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina