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Carlos Patricio Sepulveda Her con SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO Rol: C1609-20

Consejo para la Transparencia, 07/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, y se ordena la entrega de la documentación que dio origen a las resoluciones que se indican y del plano y mapa georeferenciados, desestimándose la derivación efectuada por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1609-20

Entidad pública: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Requirente: Carlos Patricio Sepulveda Her

Ingreso Consejo: 27.03.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, y se ordena la entrega de la documentación que dio origen a las resoluciones que se indican y del plano y mapa georeferenciados, desestimándose la derivación efectuada por el órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1112 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1609-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de marzo de 2020, don Carlos Patricio Sepulveda Her solicitó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: "las carpetas completas sin tacha de ninguna naturaleza, por ser el requirente, representante legal, propietario de uno de uno de lotes generados por las resoluciones que dieron origen a Loteo Calafquén (planos de loteo). Se requiere toda la documentación que dio origen a las siguientes resoluciones:

1.-En 1956 CORFO aporto a HONSA ( Ex Hotelera Nacional S.A.) las 12,95 hectáreas, comuna de Panguipulli; Región de los Ríos.

2.- En 1980 HONSA, vendió las 12,95 hectáreas, encabezada por don Belisario Ramírez M.

3.- En 1985 se subdividen, las 12,95 has., en 17 lotes, 12 de superficie mayores a 0,5 has. 5 menores, dando como resultado, recinto de cuidador de 1,522 m2; Captación y estanque de agua de 1291 m2; Instalación futuro estanque de agua de 600 m2 de superficie, a la vez, se dio destino de club y embarcadero al lote que deslinda por el poniente con el lote N°6.

4.- EN 1987 Comunidad se liquidó adjudicando 12 lotes a 12 comuneros y 5 de propiedad común.

5.- En forma posterior se efectuó un cambio de uso de Suelo, del Rol 184-78 que pertenece a Inversiones San Nicolas S.A., del cual el suscrito es el representante legal, para lo cual se adjunta Acta de Sesión de Directorio, con firma electrónica avanzada.

6.- Mapas y Planos georreferenciados de acuerdo con las herramientas, que actualmente posee dicha institución"

Luego, agregó que: "no se pudo adjuntar el mandato, por exceder el límite del peso del documento, el que se encuentra disponible para cuando lo soliciten. Se adjunta Certificado de Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli"

2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2020, se remitió el oficio ordinario N° 0184, de 18 de marzo de 2020, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual respondió a dicho requerimiento de información, indicando que atendida la materia objeto de la solicitud de información, y en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, se derivó en definitiva el requerimiento a la Municipalidad de Panguipulli, en específico a su Dirección de Obras Municipales.

3) AMPARO: El 27 de marzo de 2020, don Carlos Patricio Sepulveda Her dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la derivación efectuada a la Dirección de Obras Municipales de Panguipulli no corresponde y que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el responsable de la información solicitada, por cuanto, la responsabilidad legal de los cambios de destino de los predios rurales, les corresponden indistintamente al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, junto al Ministerio de Agricultura de acuerdo a lo señalado en el artículo 55 del DFL 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al efecto acompañó la Resolución Exenta N° 1211 de fecha 01 de agosto de 2003, MINVU, SEREMI MINVU Los Lagos, que da cuenta del Cambio de Uso de Suelo, del predio, del que se solicita la información respectiva.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio N° E5507, de 17 de abril de 2020, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante oficio ordinario N° 76, de 05 de mayo de 2020, el órgano solicitó una prórroga de 10 días para evacuar sus descargos, atendido el Estado Constitucional de Catástrofe declarado con ocasión de la pandemia mundial por Covid-19.

Se hace presente que a la fecha de este acuerdo, el órgano no ha evacuado sus descargos.

Y CONSIDERANDO:

5) Que, el presente amparo se funda en la derivación que el órgano reclamado efectuó respecto de la solicitud de acceso a la información.

6) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

7) Que sobre el particular, se debe hacer presente que el artículo 55 del dfl N° 458, que aprueba la nueva ley general de urbanismo y construcciones, del ministerio de vivienda y urbanismo, de 1975, dispone en lo que interesa que: "corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal//. Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este informe señalará el grado de urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a lo que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Igualmente, las construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan. El mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado".

8) Que, en la asesoría técnica parlamentaria sobre "Cambio de uso de Suelo de la Ley General de Urbanismo y Construcción, Cambio de destino ante el SII, y Desafectación de terreno forestal ante Conaf", de diciembre de 2018, https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27057/2/Cambio_de_Uso_de_Suelo_ante_SII__1_.pdf [en línea] se señala: "Para el desarrollo de cualquier actividad en el área rural, ya sea de las permitidas como excepciones, se debe solicitar una autorización, anteriormente denominada "Cambio de Uso de Suelo", actualmente denominado "Informe de factibilidad para construcciones ajenas a la agricultura en área rural". Esta autorización requiere el informe favorable de la Secretaria Regional de Ministerial de Agricultura y de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda, y en caso de ser favorable detalla el grado de urbanización que deberá tener el proyecto aprobado según las condiciones que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción."

9) Que, el reclamante acompaño a su amparo el oficio ordinario N° 4254/E/2/N°1233, de 05 de agosto del 2003, mediante el cual se remite el oficio ordinario N° 418/E/6/N° 1211, de 01 de agosto de 2003, sobre el informe favorable al cambio de uso de suelo del predio que se indica, ambos de la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, acompañó la resolución exenta N° 190, de la Secretaria Regional del Ministerio de Agricultura, de 11 de agosto de 2003, que resolvió favorablemente el cambio de uso de suelo del predio indicado.

Dichas resoluciones son la materialización de que para el cambio de uso de suelo de un predio rural se requiere autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura previo informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En consecuencia, en este caso no procedía actuar en conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, por cuanto el organismo competente para resolver el requerimiento de información es la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

10) Que, en mérito de lo expuesto, atendida la naturaleza pública de la información requerida, los antecedentes remitidos por el reclamante y dado que en el transcurso del procedimiento el órgano requerido no señaló que los antecedentes requeridos no obran en su poder, se acogerá el presente amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y, en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, que pudieren contenerse en la información cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, entre otros. Lo anterior, además, en cumplimiento de la facultad consagrada en el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia.

11) Sin perjuicio de lo antes resuelto, y en el evento que no posea información, deberá informar de ello tanto al solicitante como a este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Patricio Sepulveda Her, en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo , lo siguiente;

a) Entregue al reclamante los antecedentes requeridos por el reclamante, indicados en el numeral 1 de lo expositivo del presente amparo. Previo a la entrega de los citados antecedentes, deberán tarjarse solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, que pudieren contenerse en la información cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, entre otros. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 2, letras f) y g); 4 y 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

Con todo, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Patricio Sepulveda Her y al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.