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Camila Vargas Mardones con INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Rol: C4078-20

Consejo para la Transparencia, 21/07/2020

Una persona dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Consejo declara inadmisible el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Falta de subsanación

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4078-20

Entidad pública: Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Requirente: Camila Vargas Mardones

Ingreso Consejo: 13.07.2020.

En sesión ordinaria N° 1115 de su Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4078-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, doña Camila Vargas Mardones realizó un requerimiento de información al Instituto Nacional de Derechos Humanos a través del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), mediante el cual solicitó conocer el número de víctimas de tortura calificadas por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de prisión política y tortura, con el detalle que indica.

2) Que, con fecha 30 de junio de 2020 mediante la plataforma SIAC el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó una respuesta al requerimiento formulado, indicando que Ley N° 20.405 confiere a dicha entidad la custodia y guarda en depósito de los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Victimas de Prisión Política y Tortura (Valech II), y que respecto de estos antecedentes, el artículo 15 de la Ley N° 19.992 establece que son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Por lo anterior, concluye que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solo puede sistematizar y analizar la información recopilada por las Comisiones Valech I y II para los efectos de custodiarla y guardarla, sin contar con autorización para analizarla con otros fines ni entregarla a terceros.

3) Que, con fecha 13 de julio de 2020 doña Camila Vargas Mardones dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad de los reclamos presentados por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.

2) Que, para que una solicitud de información sea admitida a trámite conforme el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Transparencia debe, entre otros requisitos, ser ingresada a través de las vías o canales formales de recepción indicadas por los órganos públicos. Para tales efectos, los organismos en sus respectivos sitios web institucionales o del Ministerio del cual dependan, deberán contemplar un banner independiente, denominado preferentemente "Solicitud de Información Ley de Transparencia"; que permita acceder al formulario on-line, a fin de ingresar el requerimiento por la vía electrónica; o bien, al formulario descargable, si la opción del interesado es presentar el requerimiento en forma presencial ante el organismo, o por envío postal, en estos dos últimos casos, en las direcciones específicas señaladas en el aludido banner. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley Transparencia y numerales 1.1 y 12 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2011.

3) Que, conforme lo expuesto, este Consejo procedió a revisar el sitio electrónico del Instituto Nacional de Derechos Humanos y se verificó que en la página principal de este organismo, disponen de un banner independiente denominado "Solicitar Información. Ley de Transparencia", donde se informan debidamente las vías de ingreso referidas en el considerando anterior. En tal sentido, de los antecedentes aportados por la recurrente, se constató que la solicitud que motivó el presente amparo no ingresó por ninguna de las vías informadas o habilitadas por el órgano recurrido para el ingreso de solicitudes de acceso a la información amparadas por la Ley de Transparencia, sino más bien, la presentación se ingresó a través del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC).

4) Que, en cuanto al procedimiento que el órgano dio a la solicitud, se advierte que, si bien denegó la información, lo realizó en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.405 que creó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin invocar expresamente una causal de denegación contemplada en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, sino que más bien se aludió al deber que tiene dicho órgano en orden a custodiar y guardar la información recopilada por las Comisiones Valech I y Valech II, sin contar con la autorización para analizarla para otros fines o entregarla a terceros.

5) Que, atendido que la solicitud no ingresó por el canal habilitado y no se dio tramitación conforme a la Ley de Transparencia, la presentación no puede dar lugar a una reclamación de amparo al derecho de acceso a la información pública ante este Consejo, debiendo declararse su inadmisibilidad.

6) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente, en el futuro, formule una solicitud de acceso a la información pública ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular, en sus artículos 5° y 10, y realizando dicha solicitud, a través de los canales y vías de ingreso habilitados para ello, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano requerido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Camila Vargas Mardones, en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Camila Vargas Mardones y al Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.