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José Fuentes Castro con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C1208-11

Consejo para la Transparencia, 06/01/2012

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la no entrega de la información solicitada sobre el mobiliario institucional y antecedentes sobre reinserción social. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que Gendarmería se encuentra obligada a poseer la información solicitada, al menos, lo que dice relación con la precisa identificación por escrito de los lugares destinados para guardar los vehículos destinados a dicha institución y los controles internos sobre el particular, información ya que se trata de información pública por obrar en poder de dicho organismo y haber sido elaborada con presupuesto público, además, no se ve de qué manera la comunicación de la información requerida en esta parte, podría afectar algún derecho de los profesionales que emiten dichos informes, ni afectar el debido funcionamiento del órgano requerido –alegaciones que, por lo demás, no fueron realizadas por Gendarmería-, toda vez que los funcionarios que aparecen firmando dichos informes actúan en la elaboración y confección de los mismos precisamente en su condición de funcionarios públicos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Auditoría y Control de gestión
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1208-11

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: José Fuentes Castro

Ingreso Consejo: 29.09.2011

En sesión ordinaria N° 309 de su Consejo Directivo, celebrada el 6 de enero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1208-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de septiembre de 2011 don José Fuentes Castro solicitó a Gendarmería de Chile le proporcionara información sobre el mobiliario institucional y antecedentes sobre reinserción social, requiriendo, en particular, la siguiente información:

a) Información sobre vehículos motorizados de propiedad fiscal, en arriendo, usufructo, comodato, depósito o a otro título no traslaticio de dominio, destinados al CDP y CP Punta Peuco, indicando los siguientes antecedentes de cada uno de ellos:

i. Tipo de vehículo, marca, color, modelo, si tiene o no distintivo estatal y placa patente.

ii. Si cuentan con autorización para circular los días sábados en la tarde, domingos y festivos, acompañando antecedentes al respecto, en este caso, Decreto Supremo del Ministerio de Justicia.

iii. Funciones que cumplen estos vehículos fiscales, acompañando antecedentes.

iv. Destinaciones de uso de los vehículos estatales para el desempeño de sus funciones, acompañando Decreto Supremo del Ministerio de Justicia e Interior.

v. Horario de inicio y término de la jornada de trabajo y lugar donde son guardados estos vehículos y controles internos y resguardos dispuestos por la autoridad administrativa, entregar antecedentes.

vi. Nombres y apellidos y grado institucional de las personas autorizadas para conducir los diferentes vehículos, acompañar nombramientos y caución rendida por cada uno de ellos, acompañando copia de ello.

vii. Cualquier otro antecedente relacionado con la materia.

b) Antecedentes dispuestos por la administración penitenciaria del CDP y CP Punta Peuco, para desarrollar actividades y acciones progresivas del proceso de reinserción social y conocer los resultados de las observaciones de los especialistas, conforme al artículo 94 del D.S. Nº 518/98, del Ministerio de Justicia, como asimismo, informar cualquier otro antecedente relacionado con esta materia.

c) Cursos de acción desarrollados por la administración penitenciaria del CDP CP Punta Peuco, que demuestren la preocupación de disponer procesos de reinserción social en su condición de persona privada de libertad, desde el 10 de noviembre de 1995 al 31 de agosto de 2011, conforme a lo señalado por el artículo 97 del D.S. Nº 518/98, del Ministerio de Justicia, de acuerdo a lo siguiente:

i. Entrevistas sostenidas con el psicólogo(a) de la unidad, acompañando la ficha clínica en que conste la fecha de tal consulta, diagnóstico y tratamiento dispuesto para crearle conciencia del delito cometido y del mal causado por esa conducta impropia.

ii. Procedimiento utilizado por el o la profesional que determinan que existe o no su disposición al cambio y medidas adoptadas, acompañando antecedentes escritos al respecto.

iii. Orientación entregada por la profesional de los planes y programas de reinserción social, acompañando documentos que se comprueba tal circunstancia.

iv. Informar cualquier otro antecedente relacionado con la materia.

2) RESPUESTA: Gendarmería respondió a dicho requerimiento, mediante Ordinario Nº 14.00.000.2096/2011, de 14 de septiembre de 2011, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, señalando que en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, según el cual se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información “Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, no es posible dar respuesta a la solicitud de información.

3) AMPARO: Don José Fuentes Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 29 de septiembre de 2011 en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que:

a) Recibió respuesta negativa a su solicitud de información por afectarse el debido cumplimiento de las funciones institucionales.

b) De la lectura de cada una de sus solicitudes, no existe una sola característica que sea un requerimiento de carácter genérico, pues cada uno de ellos son específicos, tienen una materia definida, tienen período actual de vigencia y están destinadas a determinadas personas.

c) Maliciosamente Gendarmería de Chile y para sustentar su legalidad de denegación de acceso a la información, reagrupó todas las solicitudes en una sola respuesta para dar la impresión de ser un elevado número de actos administrativos, pero estos son todo lo contrario. Los antecedentes requeridos están en plena vigencia y actualizados por sí solos, no siendo necesario de que alguien los solicite para tenerlos a la mano, pues son parte de la buena gestión administrativa de la Institución.

d) Agrega que, para entregar la información requerida no es necesario la utilización de un tiempo excesivo de los funcionarios de Gendarmería, o que importe un alejamiento de sus funciones habituales, pues son parte de su tiempo y funciones normales de trabajo, ya que Gendarmería tiene una Unidad de Atención Ciudadana –Área Transparencia–, dependiente del Departamento Jurídico, cuyo personal está dedicado a cumplir exclusivamente estas labores.

e) Para dar sustento a la denegación de acceso a la información, no basta con citar la causal de reserva invocada, sino que, además, debe fundamentarse entregando las razones que motivaron su decisión, cosa que no ocurre en esta oportunidad, conforme lo determina el artículo 16 de la Ley de Transparencia y 35 de su Reglamento, con lo cual existe un abuso y exceso en el ejercicio de las potestades.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.626, de 7 de octubre de 2011, al Director Nacional de Gendarmería de Chile, solicitándole, especialmente, que al formular sus descargos se refiriera, específicamente, a las causales de secreto a reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante Ordinario Nº 14.00.00.2380/2011, de 27 de octubre de 2011, éste señala, en síntesis, lo siguiente:

a) Sin perjuicio de adjuntar lo solicitado por el señor Fuentes Castro, indica que Gendarmería actuó conforme a derecho, en razón de que la solicitud de la especie, además de ser muy genérica, era de diversos temas de distinta complejidad, la cual contenía una cantidad importante de actos administrativos y que, por lo tanto, recaía en la reserva o secreto del artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

b) Los antecedentes solicitados por el requirente, y que se acompañan junto a los descargos, son los siguientes:

i. Resolución Exenta Nº 6.353, de 31 de diciembre de 2008, la cual aprueba alta y destinación de vehículos motorizados.

ii. Decreto Exento Nº 2.687, de 6 de junio de 2011, en la cual autoriza la circulación de vehículos de Gendarmería de Chile, en los términos que indica.

iii. En virtud del Decreto Ley Nº 799, de 1974, “Disposiciones que regulan uso y circulación de Vehículos Estatales”; Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

Ley Nº 18.334, sobre “Estatuto Administrativo”; Circular Nº 35.593, de la Contraloría General de la República, de 1995, que imparte instrucciones sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales, y Dictámenes emanados del órgano contralor Nºs 38.315, de 1977, 9.738, de 1986, 36.980, de 1988, 14.950, de 1990, 225 y 33.955, de 1993, y 37.794, de 1996, entre otros, que regulan esta materia; debe tenerse presente que, en general, los medios de movilización con que cuentan los órganos del Estado sólo pueden ser empleados para el cumplimiento de sus fines.

iv. Los vehículos destinados al CCP de Punta Peuco son:

a. Furgón Nº 79.2 de traslado de internos, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 313, año 2009, patente BYRH-68.

b. Bus Nº 113 de traslado de personal, marca Mercedes Benz, modelo Of-1318, año 1995, patente ND-1565.

v. En cuanto a los cursos de acción desarrollados por la administración penitenciaria del CDP y CP Punta Peuco, que demuestren la preocupación de disponer procesos de reinserción social, indica que el señor Fuentes Castro ha realizado esta solicitud en más de una oportunidad, la que fue respondida el 25 de octubre de 2011, respuesta que fue enviada a este Consejo a través del Ordinario Nº 2.373, de 26 de octubre de 2011, en el marco del amparo Rol C1185-11, en la que se le explica que, conforme al régimen interno propio del Centro de Cumplimiento Punta Peuco, de manera regular se desarrollan actividades promovidas por los propios internos, entre las 10:00 y 12:00 horas, para lo cual la Administración Penitenciaria concede las facilidades correspondientes e infraestructura necesaria, como es, la cancha ubicada en el sector norte del mismo establecimiento.

Sobre el particular señala que, dada la característica etaria predominante de la población penal recluida en el recinto, éstas son de variedad limitada, preferentemente caminatas, trotes, baby futbol, como también otros talleres deportivos focalizados a determinados grupos de internos, tales como tenis y aeróbica, en los cuáles actúan los internos como monitores.

Agrega que el financiamiento de dichos talleres es cubierto por los internos con sus propios recursos, adquiriendo los implementos necesarios para efectuar las actividades programadas. Al respecto,

Gendarmería no entrega aportes para la compra de implementos deportivos, y sólo da la instancia para que éstos se puedan desarrollar en cuanto a lugar y tiempo, con la finalidad de reinserción social a la que está obligada la Institución y que éstos se realicen en forma normal.

En consecuencia, a modo genérico, se debe hacer mención, que la Unidad Penal de Punta Peuco alberga a personas cuyo promedio de edad corresponde a pensionados, que principalmente desarrollan actividades de régimen interno sedentarias, por lo que la Administración Penitenciaria, de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y con el afán de dar cumplimiento a la promoción y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales, actúa como garante y facilitador de cualquier proyecto que diga relación con lo ya indicado.

Finalmente, en cuanto al Decreto Supremo Nº 580, del Ministerio de Justicia, éste dice relación con la creación del Establecimiento Penitenciario, al cual pertenece el requirente, el que no indica destinación de recursos financieros, económicos y humanos para la reinserción social de los internos.

vi. Oficio Ordinario Nº 2.373, de 26 de octubre de 2011, referente al amparo Rol C1185-11.

vii. Solicitud antecedente referido al amparo citado en el número anterior, respondido el 25 de octubre de 2011.

viii. La Unidad Penal cuenta con un funcionario del área laboral, Suboficial Mayor Juan Andrade Ortega, quien junto con los internos de cada módulo, evalúa las necesidades, intereses y habilidades de éstos, de tal modo que se elaboran distintos cursos y talleres a realizarse, habiéndose ya finalizado quince de éstos, todos tendientes a la reinserción de los internos, los que detalla en su presentación.

Asimismo, señala que se entrega atención religiosa, realizándose cada quince días misa católica para todos los internos que profesen dicha religión, teniendo una asistencia promedio de quince internos, como también se realizan estudios bíblicos, los días martes de cada semana, por parte del Capellán Católico de la Unidad.

Todas estas actividades son controladas y evaluadas por la Jefatura de Unidad y analizadas en los Consejos Técnicos y Tribunales de Conducta con el motivo de considerar los eventuales avances y progresos producto de las mismas.

ix. Resolución Exenta Nº 1.233, de 24 de mayo de 1999, que reglamenta la actividad de los Consejos Técnicos de los Establecimientos Penitenciarios.

x. Informes Psicológicos y demás antecedentes relacionados con esta materia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en la especie, se ha solicitado información relativa a diversos antecedentes vinculados con vehículos destinados al CDP y CP Punta Peuco, como también sobre las actividades desarrolladas por la administración penitenciaria referidas al proceso de reinserción social, de acuerdo a lo que se encuentra detallado en el punto 1) de la parte expositiva de la presente decisión. Al respecto, en la respuesta entregada por Gendarmería a la solicitud de información, dicha institución se limita a indicar que no podrá dar respuesta a lo requerido por configurarse en la especie la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, atendida la alegación efectuada por el organismo reclamado, conviene tener presente, en primer lugar, lo que al respecto establece el artículo 7º Nº 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, el que señala que “Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera”, agregando, a continuación, que “Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales” (lo destacado es nuestro).

3) Que, asimismo, en relación con las causales de secreto o reserva alegadas, este Consejo estableció en su decisión Rol A39-09, que dado de que éstas depende la extinción del deber de entregar la información, la carga de la prueba corresponderá a quien alega su concurrencia, vale decir, a Gendarmería en este caso. La pura invocación de la causal, desprovista de prueba suficiente, llevará a rechazar las alegaciones y ordenar la entrega de la información.

4) Que, además, de la lectura de la respuesta a la solicitud de información de la especie, este Consejo observa que el órgano reclamado no ha justificado suficientemente la concurrencia de la hipótesis prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia y en su Reglamento, esto es, que se trata de un número elevado de actos, cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, exigiendo la utilización de tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo y el alejamiento de sus labores habituales, lo que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

5) Que, a mayor abundamiento, en sus descargos presentados ante este Consejo, Gendarmería señala adjuntar lo solicitado por el requirente, lo que viene a evidenciar que, en la especie, no se configuraba la causal de secreto o reserva alegada, en cuanto la sola remisión de dicha información –sin perjuicio de lo que más adelante se señale respecto a la conformidad de lo remitido en relación con la información requerida– deja de manifiesto que no concurren las circunstancias de hecho necesarias para la configuración de la causal, esto es, no se produce la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, ya que, por una parte, el requerimiento posee la suficiente especificidad para permitir a éste identificar claramente lo pedido y, por otra parte, no ha sido necesario una distracción de los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones con la finalidad de remitir a este Consejo dicha información.

6) Que, por lo tanto, en principio, se deberá acoger el amparo de la especie, al no haberse configurado la causal de secreto o reserva alegada por el órgano como fundamento de la denegación de la información solicitada, sin perjuicio de lo que a continuación se indique en relación con la información que fuera proporcionada a este Consejo, junto a los descargos presentados por Gendarmería.

7) Que, establecido lo anterior, corresponde analizar si la información que remitió Gendarmería junto a sus descargos se ajusta exactamente a lo requerido:

a) Información sobre vehículos motorizados de propiedad fiscal, en arriendo, usufructo, comodato, depósito o a otro título no traslaticio de dominio, destinados al CDP y CP Punta Peuco. Sobre el particular, Gendarmería ha remitido a este Consejo: Resolución Exenta Nº 6.353, de 31 de diciembre de 2008, que aprueba alta y destinación de los vehículos motorizados que indica, entre los cuales se encuentra el Furgón Sprinter CDI 10,4, M3, patente BYRH.68, año 2009, Nº motor 61198170083340, Chasis 8AC9036628A997993, el que está destinado al CDP Punta Peuco por reposición del Parque Vehicular; Decreto Exento Nº 2.687, de 6 de junio de 2011, que autoriza la circulación en los días sábados, domingos y festivos de los vehículos de Gendarmería de Chile que indica, entre los que se incluyen los dos vehículos que, según lo indicado en los descargos, son los destinados al CCP de Punta Peuco, como también exceptúa de usar el distintivo para los vehículos de propiedad fiscal que indica.

Asimismo, en sus descargos detalla cuáles son los vehículos destinados al CCP de Punta Peuco, especificando la función que cumple cada uno de ellos –traslado de internos y traslado de personal-. En consecuencia, de la revisión de la información mencionada, este Consejo puede indicar lo siguiente en relación con lo requerido en el literal a) de la solicitud de información:

i. Con lo remitido, se da respuesta a los puntos i, ii y iii del literal a) de la parte expositiva del presente acuerdo. En efecto, se identifican los dos vehículos que se encuentran destinados al CCP Punta Peuco, con las especificaciones requeridas, adjuntando también el respectivo decreto que autoriza a éstos para circular los días sábados, domingos y festivos, e indicando las funciones que cumplen dichos vehículos.

ii. Respecto a lo solicitado en el punto iv, esto es, destinaciones de uso de los mencionados vehículos, la Resolución Nº 6.353, da respuesta a lo solicitado en relación sólo con uno de los vehículos que Gendarmería señala estar destinados al recinto penal mencionado, no adjuntándose la destinación del vehículo patente ND 1565, destinado al traslado de personal, respecto del cual, en consecuencia, no se ha adjuntado la información solicitada, por lo que deberá acogerse el amparo en esta parte.

iii. Acerca de lo requerido en el punto v del literal a) de la solicitud, cabe tener presente que, el artículo 6º del Decreto Ley Nº 799, de 1974, del Ministerio del Interior, que regula el uso y circulación de vehículos estatales, señala que “Los vehículos a que se refiere el presente decreto ley -vehículos de los organismos de la Administración del Estado, o que éstos tomen en arriendo, usufructo, comodato, depósito u otro título no traslaticio de dominio- deberán ser guardados, una vez finalizada la jornada diaria de trabajo, en los recintos que para este efecto determine la autoridad administrativa correspondiente, la cual estará obligada a establecer los controles internos y resguardos que procedan”. Sobre el particular, el Dictamen Nº 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, indicó para dar cabal cumplimiento al citado artículo, los Jefes Superiores de los respectivos servicios, deberán precisar por los medios ordinarios y en forma escrita, el lugar o lugares en que deban dejarse los vehículos al término de la jornada de trabajo, debiendo dejarse constancia, también por escrito, si es que debe disponerse el estacionamiento de un vehículo en un recinto que no sea el ordinariamente destinado al efecto.

En consecuencia, de lo expuesto, no queda sino concluir que Gendarmería se encuentra obligada a poseer la información solicitada en este punto, al menos, lo que dice relación con la precisa identificación por escrito de los lugares destinados para guardar los vehículos destinados a dicha institución y los controles internos sobre el particular, información que, a la luz de los dispuesto en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información pública por obrar en poder de dicho organismo y haber sido elaborada con presupuesto público.

iv. Por su parte, en relación a lo requerido en el punto vi del literal a) de la solicitud de información, el artículo 7º del citado Decreto Ley, señala que “Toda persona que sea autorizada para conducir, en forma habitual, vehículos estatales y todo aquél a quien se asigne el uso permanente de estos vehículos y tome a su cargo, asimismo, la conducción habitual de ellos, deberá rendir una caución equivalente al sueldo de un año, en el Instituto de Seguros del Estado”. Sobre este último punto, el Dictamen citado en el numeral anterior, remitiéndose al Dictamen Nº 36.980, de 1988, la Contraloría General de la República, a propósito de la extinción de dicho instituto, declaró que la caución respectiva puede tomarse en cualquier entidad aseguradora autorizada tanto por la Superintendencia de Valores y Seguros como por la Contraloría.

Asimismo, cabe tener presente que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Ley citado “sólo tendrán derecho a uso de vehículos para el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los servicios públicos que mediante decreto supremo, firmado, además, por el Ministro del Interior, estén autorizados para ello”.

Por lo tanto, al igual que con lo mencionado en el punto anterior, en esta parte, Gendarmería también se encuentra obligada a contar con la información solicitada, la que, en virtud de los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información pública.

v. En consecuencia, en relación con lo requerido en los puntos v y vi del literal a) de la solicitud de información, respecto de la cual Gendarmería se encuentra legalmente obligada a poseerla, y no habiéndose alegado a su respecto la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que la relevara de su obligación de acceder a la misma, se acogerá el amparo en esta parte, debiendo hacerse entrega al solicitante de copia de los documentos en que consten los lugares en que son guardados los vehículos a que ya se ha hecho mención, como también los controles internos y resguardos dispuestos por la autoridad administrativa. Asimismo, se deberá entregar la identificación de los funcionarios autorizados para conducir dichos vehículos, con los respectivos nombramientos y caución rendida por cada uno de ellos.

b) Cursos de acción desarrollados por la administración penitenciaria del CDP CP Punta Peuco, que demuestren la preocupación de disponer procesos de reinserción social en su condición de persona privada de libertad, entre las fechas que indica, conforme a lo señalado por el artículo 97 del D.S. Nº 518/1998, del Ministerio de Justicia, o Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Previo a pronunciarse sobre cada uno de los aspectos requeridos en esta parte de la solicitud, cabe indicar que éstos deben circunscribirse a aquellas actividades de reinserción social denominadas “permisos de salida”, por ser precisamente éstos a los que se refiere el citado artículo 97. En efecto, dicho artículo señala que “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los permisos de salida sólo podrán concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social. / Para estos efectos será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia del delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de reinserción social y, por otra, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficios. / Por su parte, el informe social deberá referirse expresamente a las posibilidades del interno de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia en los términos previstos en la letra d) del artículo 110º de este

Reglamento” (lo destacado es nuestro). Asimismo, se observa que junto a los descargos presentados por Gendarmería, dicho órgano acompañó el Reglamento Nº 1.233, que reglamenta la actividad de los Consejos Técnicos de los Establecimientos Penitenciarios; evaluaciones e informes psicológicos para solicitud de salida dominical e indulto; y, hoja de evolución psicológica del solicitante, en su calidad de interno.

De lo expuesto, se debe indicar, en primer lugar, que lo solicitado en esta parte, atendido que el propio requirente circunscribe su solicitud a lo establecido por el artículo 97 del D.S. N° 518/1998 ya citado, se debe restringir solamente a aquello que dice relación con la solicitud de permisos de salida, específicamente, a los informes psicológicos que den cuenta de la conciencia del delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio. Sin perjuicio de esto, en la solicitud hace referencia también al diagnóstico y tratamiento dispuesto, el procedimiento utilizado por el profesional y medidas adoptadas y a la orientación entregada por el profesional de los planes de reinserción social.

Sobre esto último, cabe señalar que el referido artículo 97 no menciona que en los respectivos informes psicológicos se contemple el tratamiento, procedimiento utilizado, medidas adoptadas y la orientación entregada, en los términos que ha sido solicitado, circunscribiéndose exclusivamente a consignar los aspectos detallados en la norma y que apuntan, en definitiva, a servir de fundamento para una posterior decisión de la autoridad en orden a conceder o no el permiso de salida que ha sido requerido. Esto, sin perjuicio, de que en los informes acompañados por Gendarmería se indiquen los instrumentos utilizados para la evaluación, especificando las pruebas psicológicas realizadas, lo que, a juicio de este Consejo, da respuesta a lo requerido en el punto ii, del literal c) de la solicitud de información, en cuanto se trata precisamente del procedimiento utilizado por el profesional.

Por lo tanto, respecto de los diferentes puntos mencionados en el literal c) de la respectiva solicitud de información, y no constando la existencia de dicha información en algún antecedente escrito diferente a las evaluaciones e informes psicológicos remitidos por Gendarmería, con la excepción de lo indicado acerca de los procedimientos utilizados, este Consejo estima que se deben entregar dichos informes atendido a las siguientes razones:

i. En primer lugar, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, los informes psicológicos emitidos por la psicóloga de Gendarmería, en los cuales manifiesta su opinión acerca del otorgamiento de los permisos solicitado, serían, en principio, información pública, toda vez que se trata de documentos que dan cuenta de los fundamentos de la autoridad para la adopción de resoluciones de un órgano de la Administración del Estado, en la especie, el otorgamiento o no del permiso de salida requerido. Sobre el particular, es preciso señalar que la condición de funcionaria de la psicóloga que emitió los informes en cuestión, ha sido verificada por este Consejo, mediante la revisión del vínculo de transparencia activa del organismo reclamado, donde se observa que precisamente ella se encuentra ligada a la institución en calidad de contrata.

ii. Asimismo, corresponde tener presente el criterio que reiteradamente ha planteado este Consejo (por ejemplo en decisiones recaídas en amparos Roles A47-09, A91-09, A181-09, C434-09 y C95-10, entre otras), en cuanto a que la esfera de la intimidad de los servidores públicos es más delimitada, precisamente en virtud de la función que ejercen, teniendo en consideración, además, que, en este caso en particular, no se ha alegado por Gendarmería que, con la entrega de la información requerida, se podría afectar ni el derecho a la seguridad de los profesionales que emiten un juicio por medio de dichos informes, ni tampoco alguna eventual afectación de las funciones de dicho organismo.

iii. De acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista en el presente amparo, se ha podido establecer que, por lo general, los informes de evaluación psicológica solicitados contienen, además de la identificación del requirente, la identificación del profesional psicólogo, funcionario de Gendarmería, que emita el respectivo informe.

iv. En base a lo expuesto, en el caso en concreto en análisis, no se ve de qué manera la comunicación de la información requerida en esta parte, podría afectar algún derecho de los profesionales que emiten dichos informes, ni afectar el debido funcionamiento del órgano requerido –alegaciones que, por lo demás, no fueron realizadas por Gendarmería-, toda vez que los funcionarios que aparecen firmando dichos informes actúan en la elaboración y confección de los mismos precisamente en su condición de funcionarios públicos.

v. A mayor abundamiento, el interés público y el necesario ejercicio del control social de los informes que se evacúen respecto de una solicitud de beneficios, como la salida dominical o el indulto, en este caso, es mayor que el probable riesgo que pudiera ocasionar la comunicación de esta información al reclamante.

vi. Por otra parte, dado que la información requerida se refiere al propio reclamante, este Consejo entiende que dicha solicitud se realiza en ejercicio del denominado habeas data. Así, el artículo 12 de la Ley Nº 19.628 establece que uno de los derechos del titular de los datos personales es exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito de almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Este derecho es también conocido como derecho de acceso del titular de datos personales y se comprende dentro del habeas data.

vii. Lo anterior es concordante con lo que ha señalado este Consejo en diversas decisiones en materia de información acerca de fundamentos de beneficios penitenciarios como por ejemplo, las decisiones de los amparos C426-10, en relación a la solicitud de actas de dos sesiones del Consejo Técnico de un recinto penitenciario donde el reclamante se encontraba cumpliendo condena, y en las cuales se decidió denegarle el beneficio de salida dominical solicitado por éste; y C237-10, en lo relativo a copia certificada de las deliberaciones y acuerdos que constan en el acta respectiva de los Consejos Técnicos, realizados en este Establecimiento Penitenciario, relativos a las opiniones de sus integrantes sobre el solicitante. De igual modo, es concordante con el criterio establecido por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol 6190-2010, de 30 de junio de 2011, que rechazó un reclamo de ilegalidad en contra de la decisión C323-10.

viii. En consecuencia, se requerirá a Gendarmería de Chile que haga entrega al solicitante de las evaluaciones e informes psicológicos para solicitud de salida dominical e indulto y hoja de evolución psicológica del mismo.

c) Antecedentes dispuestos por la administración penitenciaria del CDP y CP Punta Peuco, para desarrollar actividades y acciones progresivas del proceso de reinserción social y conocer los resultados de las observaciones de los especialistas, conforme al artículo 94 del D.S. Nº 518/1998, del Ministerio de Justicia, como asimismo, informar cualquier otro antecedente relacionado con esta materia. Dicho precepto señala: “Sin perjuicio de lo anterior –actividades desarrolladas por la administración penitenciaria orientadas a remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva-, se propenderá a que la persona privada de libertad o que se encuentre en el medio libre, participe en la programación de estas actividades. Podrá, sin embargo, rehusarse a esto último sin que ello le reporte consecuencias disciplinarias. / Los internos podrán tener conocimiento de los resultados de la observación de cada especialista, salvo cuando la deontología profesional aconseje no comunicarlos. Serán igualmente informados de los programas disponibles y de los fines y alternativas de posible aplicación”.

Sobre este punto, cabe señalar, en primer lugar, que en los descargos presentados por Gendarmería, dicho órgano se remite a la respuesta que le entregara al solicitante a propósito del amparo Rol C1185-2011, la que reproduce en esta oportunidad, ya que, en virtud de la solicitud que dio origen a dicho amparo, se habría dado respuesta a lo solicitado en esta parte. Sin embargo, de la lectura de los antecedentes adjuntados, como también del mencionado amparo, se observa que lo solicitado en dicho caso fue el acceso a información “de las actividades deportivas fomentadas por la unidad penal especial Punta Peuco, conforme al artículo 95, del reglamento de establecimientos penitenciarios”, en la forma que allí señala.

En consecuencia, la sola remisión a la respuesta entregada con ocasión del mencionado amparo, no da respuesta íntegra a lo solicitado en esta parte, ya que lo requerido en la especie dice relación con todos los antecedentes dispuestos por la administración penitenciaria para desarrollar actividades y acciones progresivas del proceso de reinserción social, lo que, sin bien puede abarcar las actividades deportivas realizadas, también puede incluir otro tipo de actividades que no se encuentran detalladas en la respuesta entregada en el mencionado amparo.

Sin perjuicio de lo anterior, en los descargos se hace mención también a que la unidad penal cuenta con un funcionario que evalúa las necesidades, intereses y habilidades de los internos, de modo de elaborar distintos cursos y talleres tendientes a la reinserción de los internos, los que detalla, como también la realización de actividades religiosas. Agrega respecto de esto, que todas estas actividades son controladas y evaluadas por la jefatura de Unidad y analizadas en los Consejos Técnicos y Tribunales de Conducta con el motivo de considerar los avances y progresos de las mismas.

De lo expuesto, se concluye que, con lo indicado en los descargos, el órgano reclamado da respuesta parcial a lo que fuera requerido en esta parte, en los términos dispuestos por el artículo 16 de la Ley de Transparencia, al señalar cuáles son y en qué consisten estas actividades. Sin perjuicio de lo indicado, dicha respuesta ha sido entregada en forma extemporánea, por cuanto no se hizo entrega de la misma al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, por lo que se deberá acoger el amparo en esta parte, solo en cuanto a la entrega vencido el plazo legal.

No obstante lo indicado, la solicitud en esta parte decía relación también con que se informaran los resultados de los informes de los especialistas, relativos al desarrollo de estas actividades de reinserción, lo que según el citado artículo 94, podrá ser conocido por los internos, salvo que la “deontología profesional aconseje no comunicarlos”. Por lo tanto, y siguiendo los mismos razonamientos recién realizados a propósito de los informes a que alude el artículo 97 del D.S. N° 518/1998 (los relativos a la solicitud de permisos de salida, específicamente, a los informes) se ordenará entregar al solicitante copia de los informes donde consten los resultados de la observación de cada especialista de las actividades de reinserción social y sin que aplique el límite de la deontología profesional que establece el reglamento, pues: i) Las hipótesis de secreto deben establecerse en leyes de quórum calificado y no en simples reglamentos, como ocurriría en este caso; ii) Si son públicos los informes que se realizan para el otorgamiento de beneficio penitenciarios con mayor razón deben serlo aquéllos que generan consecuencias de menor relevancia, como ocurre con éstos.

8) Que, en consecuencia, lo señalado en los descargos presentados por Gendarmería ante este Consejo, como la información allí adjuntada, da respuesta parcial a la solicitud de información, en los términos establecidos por el artículo 16 de la Ley de Transparencia. Con todo, deberá acogerse el presente amparo por haber sido respondido en forma extemporánea, debiendo ponerse en conocimiento del solicitante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, los descargos presentados por el organismo reclamado, así como también la documentación adjuntada a los mismos.

9) Que, en lo demás, Gendarmería deberá entregar al solicitante la siguiente información:

a) Resolución que aprueba la destinación del vehículo fiscal, marca Mercedes Benz, modelo Of-1318, año 1995, placa patente ND1565, destinado al traslado de personal del CDP Punta Peuco.

b) Documento que dé cuenta de la identificación de los lugares destinados para guardar los vehículos asignados al Centro de Detención Penitenciaria Punta Peuco y los controles internos que existan sobre el particular.

c) Documentos en los que consten los nombres y grado institucional de los funcionarios autorizados para conducir los vehículos destinados al CDP Punta Peuco, con los respectivos nombramientos y caución rendida por cada uno de ellos.

d) Resultados de los informes de los especialistas relativos al desarrollo de actividades de reinserción social de los internos del CDP Punta Peuco.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo de don José Fuentes Castro en contra de Gendarmería de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente, debiendo ponerse en conocimiento del requirente, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, aquella información señalada en el considerando 8) del presente acuerdo.

II. Requerir al Director Nacional de Gendarmería de Chile:

a) Entregar aquella información señalada en el considerando 9) de la presente decisión.

b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don José Fuentes Castro y al Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no asiste a esta sesión.

Certifica el Director General (S) del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.