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Marco Correa Perez con SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Rol: C1266-11

Consejo para la Transparencia, 27/01/2012

Se deduce amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pues dicho organo habria dado una respuesta negativa a su solicitud de información acerca de la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011, en los términos en que fueron requeridos, argumentando, además, que la respuesta dada por la SBIF no guardaría relación con la naturaleza de los datos solicitados. El Consejo adopta parcialmente el amparo, fundado en que para negar el acceso a una información determinada no basta con que exista un caso de secreto o reserva dispuesta por una ley de quorum calificado y que éste se adecue a las causales del artículo 8 de la Constitución, sino que además el afectado con la publicidad de la información requerida debe demostrar de que manera su publicidad afecta los bienes protegidos por la norma constitucional citada, cuestión que no ocurrió en este caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Auditoría y Control de gestión
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos  Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 




Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1266-11

Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF

Requirente: Marco Correa Pérez

Ingreso Consejo: 11.10.2011

En sesión ordinaria Nº 314 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de enero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1266-11.

VISTOS:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; en el D.F.L. N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Marco Correa Pérez, el 10 de septiembre de 2011, solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante, también e indistintamente, “la Superintendencia” o “la SBIF”) que le proporcionara la siguiente información:

a) Norma u oficio que sustenta que las instituciones financieras sólo deben informar en el boletín comercial algunas cuotas de una deuda contraída con una institución financiera, y no el total de la deuda.

b) Cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011, presentados en forma mensual, identificando la entidad financiera y, en cada una de ellas, detallando, mensual y anualmente, la cantidad de casos de revisiones con observaciones y sin observaciones.

c) Cantidad de sanciones y monto de multas aplicadas por institución financiera, durante los años 2010 y 2011, detallado en forma mensual e identificando la institución financiera.

2) RESPUESTA: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por medio de carta N° 12.151, de 6 de octubre de 2011, dio respuesta al requirente, informándole lo siguiente:

a) La normativa que sustenta el envío de información al Boletín de Informaciones Comerciales se encuentra contenida en los Decretos Supremos del Ministerio de Hacienda Nº 950, de 1928, y Nº 883, de 1992, reglamentada en el Capítulo 20-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia, capítulo que es accesible a través del enlace http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/norma_118_1.pdf.

b) No es posible proporcionar información relativa a la cantidad de fiscalizaciones efectuadas, mensualmente, durante años 2010 y 2011 a bancos e instituciones financieras, identificando la entidad financiera y detallando los casos con observaciones y sin ellas, toda vez que, en la especie, concurre la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia – conforme a la cual se puede denegar, total o parcialmente, el acceso a la información «[c]uando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política»–, precisando que, en este caso, la ley de quórum calificado que declara la reserva o secreto es la Ley General de Bancos (LGB), específicamente su artículo 7°, –el cual dispone que

«[q]ueda prohibido a todo empleado, delegado agente o persona que a cualquier titulo preste servicios en la Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal»–, el cual, atendido que contempla una reserva legal de entrega de información con anterioridad a la incorporación del actual artículo 8° de la Constitución y la dictación de la Ley N° 20.050 y conforme a lo dispuesto en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y en el artículo 1° Transitorio de la Ley de Transparencia, se debe considerar como una ley de quórum calificado.

c) La información relativa a sanciones y monto de multas, se encuentra disponible, por mes y año, en el sitio electrónico de la SBIF, en el enlace http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=582&tipocont=1812.

3) AMPARO: Don Marco Correa Pérez, el 11 de octubre de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en que dicho órgano dio respuesta negativa a su solicitud, ya que, en virtud de Ley General de Bancos, que para estos efectos poseería el carácter de ley de quórum calificado, no puede proporcionar los datos requeridos. Asimismo, agrega que «[l]a respuesta respecto a lo solicitado no guarda relación con la naturaleza de los datos solicitados».

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante Oficio N° 2.703, de 18 de octubre de 2011, el cual fue evacuado por medio del Ordinario N° 3.488, de 4 de noviembre de 2011, habiendo ingresado en la Oficina de Partes de este Consejo en la misma fecha, formulando los siguientes descargos u observaciones:

a) El amparo se fundamenta en que la Superintendencia habría denegado la entrega de la información relativa a los antecedentes sobre las fiscalizaciones efectuadas a bancos y otras instituciones durante los años 2010 y 2011, lo que se fundó en la causal prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado ha declarado reservados o secretos, en particular, el artículo 7° de la Ley General de Bancos.

b) El artículo 7° de la LGB encuentra su fundamento en las necesidades de orden público de mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor, los que tienen por fin evitar el impedimento o un grave entorpecimiento del debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia.

c) Las razones específicas por las que no se ha revelado o entregado noticias de las actividades de supervisión de esta Entidad y de sus resultados se encuentran en el fundamento último de la obligación de reserva impuesta a esta Superintendencia desde sus orígenes y que es la contrapartida de la supervisión de mérito que realiza este Organismo y sus amplias facultades para llevarla a cabo, contenida en el artículo 7° de la Ley General de Bancos y que se encuentra salvaguardada por la Ley de Transparencia.

d) Asimismo, sostiene que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, y disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República de la Constitución, así como con lo establecido en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, el artículo 7° de la Ley General de Bancos –que trata la reserva respecto de cualquier detalle de los informes que haya emitido y respecto de hechos, negocios o situaciones que se hubiere tomado conocimiento en el desempeño del cargo– posee, para estos efectos, el carácter de una ley de quórum calificado y, por tanto, constituye causal para denegar el acceso a la información, agregando que «[l]a propia Ley General de Bancos contempla las causales de excepción y enumera taxativamente a quienes puede ser entregada, así el artículo 14 de la ley indica que "no obstante lo dispuesto en el artículo 7° y sin perjuicio de las normas sobre secreto bancario contenidas en el artículo 154, la Superintendencia deberá proporcionar información sobre las entidades fiscalizadas al Ministro de Hacienda y al Banco Central de Chile» y que «[e]n algunos casos, cuando ello es constitutivo de hecho esencial de conformidad a la ley, las sanciones que revistan tal calidad son publicadas en la página web institucional».

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo ha sido deducido por el reclamante en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debido a que dicho órgano le negó el acceso a la información relativa a la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011, en los términos en que fueron requeridos, argumentando, además, que la respuesta dada por la SBIF no guardaría relación con la naturaleza de los datos solicitados.

2) Que, atendido lo señalado por el reclamante como fundamento de su amparo en torno a que la respuesta de la SBIF no guardaría relación con la naturaleza de los datos solicitados y sin perjuicio de la negativa expresada por dicho órgano a proporcionar la información específica requerida en el literal b) de la solicitud de información, cabe referirse previamente a las solicitudes contenidas en los literales a) y c) de dicha petición.

3) Que, en relación con la solicitud indicada en el literal a), la respuesta dada por la SBIF informa al reclamante las normas reglamentarias que sustentan o permiten que los bancos u otras instituciones financieras publiquen información de sus deudores en el Boletín Comercial, indicando, asimismo, el vínculo que permite acceder al texto del Capítulo 20-6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia, titulado “Publicaciones en el boletín de informaciones comerciales”, el cual, en la sección relativa al “Envío de información al boletín de informaciones comerciales”, regula, entre otras materias, el “Envío de nóminas de deudores morosos”, la que se refiere a la materia consultada por el requirente. En virtud de ello, este Consejo estima que la SBIF ha otorgado una respuesta satisfactoria al punto de la solicitud de información que se analiza en este considerando –literal a) de la solicitud–.

4) Que, por su parte, respecto de la información pedida en el literal c) de la solicitud, la Superintendencia informó al requirente que dichos antecedentes se encontraban disponibles en su sitio electrónico, indicando expresamente el vínculo que permite acceder a ella. Al respecto, el vínculo en cuestión permite acceder a la sección denominada “Información Financiera”, en particular, a los “Hechos esenciales”, a través del cual se puede acceder a informes mensuales publicados a partir del mes de enero de 2005, en los cuales se da cuenta de las sanciones aplicadas a bancos e instituciones financieras, detallando la institución sancionada, tipo de sanción aplicada (multa o amonestación), monto de la multa y el motivo de las sanciones.

5) Que, en la especie, si bien el órgano no entregó al requirente un informe consolidado o resumen que reúna, en un solo documento, la información en comento, éste puede acceder, a través del sitio electrónico del órgano reclamado, a los antecedentes que le permiten elaborar dicho informe o resumen y establecer la cantidad de sanciones aplicadas a cada institución, de modo que, a juicio de este Consejo, la respuesta dada por la Superintendencia debe estimarse pertinente, lo que permite dar por satisfecho el requerimiento del Sr. Correa Pérez, debiendo entenderse entregada la información pedida en el literal c) de su solicitud, en virtud de la modalidad dispuesta en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

6) Que, por otro lado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras negó al requirente el acceso a la información relativa a la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011 –solicitud contenida en el literal b) del numeral 1° de lo expositivo–, invocando, al efecto, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7° de la Ley General de Bancos, norma, ésta última, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con la disposición cuarta transitoria de dicha Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, tendría el carácter de ley de quórum calificado.

7) Que, al respecto, se hace necesario tener presente que pese a que el solicitante no requiere un documento específico en donde conste la cantidad de las fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011, este punto de la solicitud, en virtud del principio de facilitación, debe ser reconducido al o los documentos que obren en poder de la SBIF y en los que consten tales antecedentes, sin perjuicio de que dicho órgano, si así lo estima pertinente, pueda informar derechamente sobre los datos solicitados.

8) Que, a continuación, cabe anotar que el artículo 7° de la Ley General de Bancos establece una prohibición a los empleados, delegados, agentes o personas que a cualquier título presten servicios en la SBIF de «[r]evelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo», estableciendo su inciso segundo que «[e]n el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal».

9) Que, por su parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se puede denegar, total o parcialmente, el acceso a la información cuando una ley de quórum calificado la haya declarado reservada o secreta, de acuerdo a las causales señaladas en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política, esto es, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

10) Que, en la especie, el órgano reclamado, al dar respuesta a la solicitud del requirente, pese a invocar la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7° de la Ley General de Bancos, no señaló cuál de las causales de reserva o secreto del artículo 8º de la Constitución Política concurriría, a su juicio, en la especie. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, al formular sus descargos, sostiene que el citado artículo de la Ley General de Bancos encuentra su fundamento en las necesidades de orden público de mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor, los que tienen por fin evitar el impedimento o un grave entorpecimiento de las funciones de la Superintendencia.

11) Que, sobre el particular, cabe reiterar en este punto que la regla general en cuanto a la información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, es que ésta sea pública, salvo que, en la especie, concurra alguna causal legal de secreto o reserva, las que, a su vez, deben interpretarse en forma restrictiva y respetando el principio de proporcionalidad. Que, en la especie, el requirente ha solicitado sólo información estadística referida a la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas por la SBIF a bancos y otras instituciones financieras, en el periodo que indica, en los términos que ha señalado, de modo que este Consejo no advierte de qué forma se podría producir una infracción al deber funcionario de reserva que contempla el artículo 7° de la Ley General de Bancos, toda vez que no se ha requerido información sobre el contenido de informes evacuados por empleados o personas que, a cualquier titulo, presten servicios en la Superintendencia ni tampoco información referida a hechos, negocios o situaciones de que éstos hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. De este modo, al requerirse información de carácter estadístico, y no habiendo aportado la SBIF antecedentes específicos que permitan configurar una afectación a los bienes jurídicos que ha invocado con la entrega de la información ni al debido cumplimiento de sus funciones, este Consejo estima que no concurre en la especie la causal de reserva alegada por el órgano reclamado.

12) Que, sin perjuicio de la conclusión precedente, debe añadirse que el tenor del inciso primero del citado artículo 7° de la Ley General de Bancos no puede conducir a una interpretación que suponga que todos los informes elaborados por los funcionarios de la Superintendencia o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados. En el mismo sentido ha razonado este Consejo en decisiones anteriores (tales como las decisiones de los amparos Rol C486-09, de 22 de enero de 2010, y Rol C203-10, de 10 de agosto de 2010), al establecer el criterio de que, respecto de otras disposiciones legales similares, una interpretación como la pretendida por la reclamada «[r]epresentaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º». Que, además, conforme a lo antes expresado, no puede sostenerse tampoco que la disposición contenida en el artículo 7º de la Ley General de Bancos constituya en sí mismo un caso de reserva, aún más considerando que la norma legal citada no otorga a los datos que indica, en cuanto tales, el carácter de secretos o reservados. Por el contrario, el precepto en examen explicita, pura y simplemente, un deber funcionario directamente aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la SBIF, pero que no habilita a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder, como ocurre en la especie.

13) Que, a mayor abundamiento, para negar el acceso a una información determinada, no basta con que exista un caso de secreto o reserva dispuesto por una ley de quórum calificado y que éste se adecúe a alguna de las causales establecidas en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución, sino que, además, el afectado por la publicidad de la información requerida debe demostrar de qué forma su publicidad le perjudica o afecta los bienes jurídicos protegidos en la norma constitucional citada, lo que en la especie no ha ocurrido.

14) Que, por otro lado, y en la misma línea expresada en el considerando 11), cabe precisar que, en la especie, no se ha solicitado acceder al contenido de las observaciones formuladas a los bancos y otras instituciones financieras –como parece haberlo entendido la Superintendencia reclamada–, razón por la cual el hecho de informar la cantidad de revisiones con observaciones y sin observaciones practicadas a dichas instituciones no pone en riesgo la eventual reserva del contenido de las observaciones que se hayan podido formular.

15) Que, por lo expuesto, se acogerá parcialmente el presente amparo, y se requerirá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que entregue al requirente, dentro del plazo que se indicará en la parte resolutiva de esta decisión, el o los documentos en que conste la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011, presentados en forma mensual, identificando la entidad financiera y, en cada una de ellas, detallando, mensual y anualmente, la cantidad de casos de revisiones con observaciones y sin observaciones, previo pago de los costos de reproducción que procedan, o, si así lo estima, informe derechamente al requirente respecto de lo solicitado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Marco Correa Pérez en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por los fundamentos antes desarrollados.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que:

a) Entregue al Sr. Correa Pérez el o los documentos en que conste la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, durante los años 2010 y 2011, presentados en forma mensual, identificando la entidad financiera y, en cada una de ellas, detallando, mensual y anualmente, la cantidad de casos de revisiones con observaciones y sin observaciones, previo pago de los costos de reproducción que procedan, o, si así lo estima, informe derechamente al requirente respecto de lo solicitado.

b) Cumpla con dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Que informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Marco Correa Pérez y al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General (S) del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.