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Rodolfo José Novakovic Cerda con SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Rol: C1821-20

Consejo para la Transparencia, 28/07/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos, referido a la copia de órdenes del día que indica. Lo anterior, por cuanto se configura la causal de reserva alegada respecto de la ley que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, ya que es de aquellas que establece el secreto o reserva de los antecedentes requeridos, toda vez que prescribe una regla de acceso a la información que debe asegurar absoluta confidencialidad de ésta, sin perjuicio que los Tribunales de Justicia puedan acceder a dicha información, en los procesos sometidos a su conocimiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1821-20

Entidad pública: Subsecretaría de Derechos Humanos

Requirente: Rodolfo José Novakovic Cerda

Ingreso Consejo: 08.04.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos, referido a la copia de órdenes del día que indica.

Lo anterior, por cuanto se configura la causal de reserva alegada respecto de la ley que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, ya que es de aquellas que establece el secreto o reserva de los antecedentes requeridos, toda vez que prescribe una regla de acceso a la información que debe asegurar absoluta confidencialidad de ésta, sin perjuicio que los Tribunales de Justicia puedan acceder a dicha información, en los procesos sometidos a su conocimiento.

Aplica criterio contenido en la decisión rol N° C6098-18.

En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1821-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de marzo de 2020, don Rodolfo José Novakovic Cerda solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos la siguiente información:

"Copia fotostática simple de los siguientes documentos:

- Orden del día de la Dirección Nacional Nª 091, de fecha 14 de septiembre de 1984, (y sus actos administrativos de respaldo) que identifiquen claramente el sitio del suceso y tipo de acción militar, dentro de la CNI, en la que debió participar don Luis Guillermo Rutherford, al subrogar al Comandante de la Unidad.

- Dictamen, copia de la orden del día C.I. Nª 006, de fecha 12 de febrero de 1985, y número de proceso relativo a la ISA que se originó el 04 de septiembre de 1984".

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 228, de 24 de marzo de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos respondió a dicho requerimiento de información indicando que en cuanto a la Informacion solicitada en el requerimiento en cuestión, se configura la causal de reserva legal contenida en el artículo 21 N° 5° de la ley 20.285, debido a que las disposiciones de la ley N° 19.123 en materia de reserva de la información son asimilables al tratamiento de una ley de quórum calificado, además porque atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, su publicidad podría afectar los derechos de las personas, protegidos tanto constitucionalmente coma por las leyes.

3) AMPARO: El 8 de abril de 2020, don Rodolfo José Novakovic Cerda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en "la respuesta dada no señala origen de mi presentación, ni derivación desde otra entidad pública, puesto que yo NO he pedido ni solicitado Información pública a la Subsecretaría de DDHH, como tampoco he recibido oficio desde otro organismo público señalando que alguna presentación anterior fue derivada a Subsecretaría de DDHH" (sic).

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E5704, de 21 de abril de 2020, hizo presente al reclamante que respecto del seguimiento de la solicitud en el Portal de Transparencia, se advirtió que el requerimiento AK012T0000468, fue derivado al órgano reclamado, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia desde la Subsecretaría del Interior por el requerimiento que ingresó previamente ante el Ejército de Chile. En razón de lo anterior, se solicita subsanar el amparo de conformidad a lo siguiente: aclarar la infracción cometida por la Subsecretaria de Derechos Humanos, atendido que este órgano otorgó respuesta a lo solicitado.

Mediante correo electrónico de 23 de abril del 2020, el reclamante subsana su solicitud, señalando que no ha recibido notificación alguna, como tampoco alguna referencia en relación con el Of. Ord. 5265, de fecha 13 de febrero pasado, como tampoco he recibido ni por correo certificado ni por email, notificación alguna de copia de Of. 6800/1292 del Ejército de Chile y que se ordene a la Subsecretaría de DDHH entregarle copia íntegra de los documentos solicitados y contenidos en el primer párrafo del Oficio Ord. 228, emitido por dicha repartición pública.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Derechos Humanos, mediante Oficio N° E6978, de 18 de mayo de 2020 solicitante que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante oficio Ord. N° 378, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando que de la exposición del recurrente y la revisión de los antecedentes, al parecer existe un error en el correo electrónico de don Rodolfo Novakovic, lo cual podría haber generado que no haya recibido las notificaciones de respuesta y derivación del Ejército de Chile; de la Subsecretaria del Interior y el acuse recibo de la Subsecretaria de Derechos Humanos, notificación que hace el sistema de forma automática, una vez que los datos del requerimiento de información se ingresa manualmente a la plataforma.

Indicó, que en cuanto al fondo de los descargos, en específico a la parte consistente en "solicito respetuosamente a vuestro Consejo, que se tenga por subsanada mi presentación en relación a Amparo C1821-20, que se acoja el mismo en todas sus partes, y que se ordene a la Subsecretaria de DDHH entregarme copia íntegra de los documentos solicitados y contenidos en el primer párrafo del Oficio Ord. 228, emitido por dicha repartición pública", podemos señalar que, las actuaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), mandatada al esclarecimiento de los casos de desaparición forzada y ejecución política, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y creada mediante el Decreto Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, fueron reservadas, sin perjuicio de ello, sus antecedentes fueron puestos a disposición de los tribunales justicia. Por otro lado, la ley N° 19.123, del 8 de febrero de 1992, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación le encomendó calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) no le fue posible formarse convicción o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes. La ley en cuestión estableció expresamente en su artículo 20 que le corresponderá especialmente a la Corporación: "3.- Guardaren depósito los antecedentes reunidos tanto por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y todos aquellos que, sobre casos y asuntos similares a los por ella tratados, se reúnan en el futuro.- ( ... ) El acceso a la información deberá asegurar la absoluta confidencialidad de ésta, sin perjuicio que los Tribunales de Justicia puedan acceder a dicha información, en los procesos sometidos a su conocimiento"( ... ). Señalando, además, en su artículo 5 que, "Las actuaciones de la Corporación se realizarán en forma reservada, estando obligados sus consejeros y funcionarios a guardar sigilo acerca de los antecedentes y documentos de que tuvieren conocimiento en el desempeño de sus funciones."

Añadió que, por medio del Decreto Supremo N° 1.005, de 1997, del Ministerio del Interior, se creó el "Programa de Derechos Humanos", cuya finalidad es ser el continuador legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y por tanto las competencias y funciones de esta última pasaron al Programa de Derechos Humanos, el cual originalmente estaba baja la dependencia del Ministerio del Interior, pero que, mediante la ley 20.885, del año 2016, que crea la Subsecretaria de Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos fue traspasado desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, traspasándose también la documentación y archivos generados por la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y el Programa de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, así coma la función de conservación y custodia de dicha documentación y archivos.

En virtud de lo anterior, el artículo 2° N° 3 de la ley N° 19.123 se mantiene vigente en lo pertinente, y en consecuencia, al tenor de la previsto en los artículos 8° de la Constitución Política y 1° transitorio de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley No 20.285, se configura a su respecto una de las excepciones al principio de publicidad que regula esa preceptiva en su artículo 5°, y que ha sido ordenada por una disposición a la cual corresponde atribuir el carácter de quorum calificado: Es así, que según dispone el articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, "solo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 80 de la Constitución Política". El artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, establece que "(...) solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos Órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional"

En concordancia con lo anterior, para el caso en particular se debe tener especialmente presente el artículo 10 transitorio de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la información de la Administración del Estado, según el cual: "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política".

En consecuencia, se configura la causal de reserva legal contenida en el artículo 21 N° 5° de la citada ley 20.285, no solo porque para estos efectos las disposiciones de la ley N° 19.123 son consideradas de quorum calificado, sino también porque atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, su publicidad podría afectar los derechos de las personas, que se encuentran protegidos legal y constitucionalmente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes requeridos, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el numeral 3° del artículo 2° de la ley N° 19.123, de 1992, que Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala.

2) Que, en forma previa a pronunciarse sobre el fondo, sin perjuicio de lo expuesto por el reclamante, se debe precisar que la información solicitada se refiere a: Orden del día de la Dirección Nacional Nª 091, de fecha 14 de septiembre de 1984, (y sus actos administrativos de respaldo) que identifiquen claramente el sitio del suceso y tipo de acción militar, dentro de la CNI, en la que debió participar don Luis Guillermo Rutherford, al subrogar al Comandante de la Unidad. Dicha información está referida a una acción militar contra "subversivos" ocurrida en 1984, en la que subrogó al comandante de unidad, además de otras acciones de seguridad. Dicha operación aparentemente sería la Operación Alfa Carbón, en contra de militantes del MIR, en la cual se asesinó a un grupo de dirigentes de ese partido, principalmente en Concepción. Por otra parte, se solicita: Dictamen, copia de la orden del día C.I. Nª 006, de fecha 12 de febrero de 1985, y número de proceso relativo a la ISA que se originó el 04 de septiembre de 1984". Dicha solicitud se referiría a investigación sumaria instruida con ocasión de accidente automovilístico (en moto) sufrido por el Sr. Rutherford.

3) Que, establecido lo anterior, se debe hacer presente que según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. En razón de lo anterior, en principio la información objeto del amparo es información pública pues obra en poder de la Subsecretaría, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

4) Que, la ley N° 19.123, de 1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que indica, prescribe en su artículo 2°, que le corresponderá especialmente a la Corporación: "3.- Guardar en depósito los antecedentes reunidos tanto por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y todos aquellos que, sobre casos y asuntos similares a los por ella tratados, se reúnan en el futuro.- Podrá asimismo, requerir, reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos, así como solicitarla a entes privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o la violencia política a que se refiere el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El acceso a la información deberá asegurar la absoluta confidencialidad de ésta, sin perjuicio que los Tribunales de Justicia puedan acceder a dicha información, en los procesos sometidos a su conocimiento"; 4.- Recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política del afectado o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes. En esta materia procederá con arreglo a las mismas normas prescritas para dicha Comisión en el decreto supremo N° 355, del Ministerio del Interior, del 25 de abril de 1990, que la creó". A su turno, el artículo 5° de la citada ley indica: "Las actuaciones de la Corporación se realizarán en forma reservada, estando obligados sus consejeros y funcionarios a guardar sigilo acerca de los antecedentes y documentos de que tuvieren conocimiento en el desempeño de sus funciones".

5) Que, por medio del Decreto Supremo N° 1.005, de 1997, del Ministerio de Justicia, se creó el denominado "Programa de Derechos Humanos", con la finalidad de continuar prestando la asistencia legal y judicial que requieran los familiares de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.123, para hacer efectivo el derecho que les reconoce el artículo 6° de dicha ley, radicando en el Ministerio del Interior dichas competencias, así como las funciones relativas a la conservación y custodia de la documentación y archivos generados por la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Posteriormente, mediante la promulgación de la ley N° 20.885, de 2016, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, por medio de su artículo segundo transitorio, se traspasaron desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, "todas las funciones y atribuciones que se derivan del artículo 10 transitorio de la ley N° 20.405, para el Programa de Derechos Humanos creado por el decreto supremo N° 1.005, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 1997, incluidas aquellas destinadas al ejercicio de las funciones o actividades asignadas al organismo a que se refiere la ley N° 19.123", traspasándose igualmente a dicha Subsecretaría "la documentación y archivos generados por la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y el Programa de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como la función de conservación y custodia de dicha documentación y archivos".

6) Que, en cuanto a la causal de secreto invocada por el órgano, según dispone el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República establece que "(...) sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución (ley N° 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes (...) aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales".

7) Que, este Consejo ha concluido que, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, esto es, que el contenido de dicha disposición guarde correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). La reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional, de manera presente o probable y con suficiente especificidad, de modo que los daños que la publicidad provocaría a los bienes mencionados sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

8) Que, en cuanto a la primera de las exigencias, el numeral 3°, del artículo 2°, de la ley N° 19.123, es una disposición vigente que establece el secreto o reserva de los antecedentes solicitados, pero dictada con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, de 2005, que modificó el artículo 8° de la Constitución, por lo cual, respecto de dicha disposición es posible dar aplicación al citado artículo 1° Transitorio de la Ley de Transparencia.

9) Que, a su turno, sobre la segunda exigencia descrita, respecto a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, esto es, que el contenido de dicha disposición guarde correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material), a juicio de esta Corporación, ello se verifica atendida la naturaleza de los antecedentes requeridos, los que "podrían" afectar los derechos de las personas.

10) Que, al respecto, es dable señalar que el órgano reclamado, tanto en su respuesta como con ocasión de los descargos evacuados en esta sede, señaló: "que en cuanto a la información solicitada en el requerimiento en cuestión, se configura la causal de reserva legal contenida en el artículo 21 N° 5° de la ley 20.285, debido a que las disposiciones de la ley N° 19.123 en materia de reserva de la información son asimilables al tratamiento de una ley de quorum calificado, además porque atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, su publicidad podría afectar los derechos de las personas, protegidos tanto constitucionalmente como por las leyes", de lo cual este Consejo no puede menos que hacer fe, de acuerdo con lo cual se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 2° numeral 3° de la Ley N° 19.123, de 1992, que Crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, procediendo el rechazo del presente amparo..

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Rodolfo José Novakovic Cerda, en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodolfo José Novakovic Cerda y a la Sra. Subsecretaria de Derechos Humanos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.