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Gloria Ostoich Baeza con DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C3444-20

Consejo para la Transparencia, 07/08/2020

Se dedujo amparo en contra de la Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo, fundado en la respuesta incompleta o parcial otorgada a su solicitud, mediante la cual requirió conocer si el Camino Viejo a Illapel se trata o no de un camino público, y en caso de serlo, quién es la entidad responsable de su mantención. Agregó que dicho camino no tiene ningún tipo de mantención dada la expropiación de que fue objeto, por lo que consulta si aquel podría volver a su propietario original y cuál es el procedimiento que debe seguir. El Consejo declara inadmisible el amparo, toda vez que no existía claridad respecto a la infracción cometida por el órgano reclamado. Y llamado a subsanarlo, no se realizó presentación alguna para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Falta de subsanación


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3444-20

Entidad pública: Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo.

Requirente: Gloria Ostoich Baeza.

Ingreso Consejo: 22.06.2020.

En sesión ordinaria N° 1119 de su Consejo Directivo, celebrada el 07 de agosto de 2020 de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3444-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, el 22 de junio 2020, doña Gloria Ostoich Baeza dedujo amparo en contra de la Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo, fundado en la respuesta incompleta o parcial otorgada a su solicitud, mediante la cual requirió conocer si el Camino Viejo a Illapel se trata o no de un camino público, y en caso de serlo, quién es la entidad responsable de su mantención. Agregó que dicho camino no tiene ningún tipo de mantención dada la expropiación de que fue objeto, por lo que consulta si aquel podría volver a su propietario original y cuál es el procedimiento que debe seguir.

2) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado al presente amparo, se advirtió no existía claridad respecto al motivo de interposición del mismo, toda vez que no era clara la infracción cometida por el órgano reclamado. En razón de ello y conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso, mediante oficio N° E11557, de 21 de julio de 2020, solicitar a la parte reclamante subsanar su presentación en orden a aclarar cuál es la infracción cometida por el órgano reclamado, indicando qué información de la solicitada no le ha sido entregada. En el aludido oficio se advirtió expresamente a la parte recurrente, que en caso de no subsanar su reclamo en el plazo de 5 días hábiles en los términos indicados precedentemente, éste se declararía inadmisible.

3) Que, atendida la renuncia expresa de la parte reclamante a ser notificada por carta certificada, el oficio singularizado en el numeral precedente fue notificado en la dirección electrónica señalada en el amparo, el 23 de julio de 2020, sin que, a la fecha del presente acuerdo este Consejo haya recibido presentación alguna de la parte interesada, destinada a subsanar la reclamación en los términos solicitados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.

2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por la parte requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.

3) Que, en efecto, el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que la reclamación "deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso". Por su parte, el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que "Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible".

4) Que, como se desprende de la parte expositiva de esta decisión, al momento de realizar el análisis de admisibilidad, se advirtió que no existía claridad respecto a la infracción cometida por el órgano reclamado. En razón de ello, este Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del Reglamento, sin que la parte interesada haya subsanado su amparo en los términos solicitados. En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del amparo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el artículo 46 ya referido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Gloria Ostoich Baeza en contra de la Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gloria Ostoich Baeza y al Sr. Director Regional de Vialidad de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por la Consejera doña Gloria de la Fuente González.

Se deja constancia que, sin perjuicio de concurrir a la sesión para el sólo efecto de formar quórum, el Consejero don Francisco Javier Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009; es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.