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Rodrigo Portilla Huidobro con Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) Rol: C2583-20

Consejo para la Transparencia, 28/07/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, referido a la base de datos del SISTRAT, en los períodos que se indica. Lo anterior por tratarse de información que comprende datos personales y sensibles, referidos al estado de salud de sus titulares, cuya divulgación producirá una afectación específica a la esfera de la vida privada de aquellos y produciría una afectación al debido cumplimiento de las funciones que por ley le son encomendadas a la reclamada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2583-20

Entidad pública: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

Requirente: Rodrigo Portilla Huidobro

Ingreso Consejo: 17.05.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, referido a la base de datos del SISTRAT, en los períodos que se indica.

Lo anterior por tratarse de información que comprende datos personales y sensibles, referidos al estado de salud de sus titulares, cuya divulgación producirá una afectación específica a la esfera de la vida privada de aquellos y produciría una afectación al debido cumplimiento de las funciones que por ley le son encomendadas a la reclamada.

En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2583-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de abril de 2020, don Rodrigo Portilla Huidobro solicitó al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol -en adelante también SENDA- la siguiente información:

"Las bases de datos completas del TOP que se registran en el SISTRAT, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, innominados pero que contengan un algoritmo de identificador de SISTRAT, que permita identificar distintas aplicaciones del TOP a una misma persona, así como identificar distintos ingresos a tratamiento de una misma persona.

Solicito además las bases de datos completas del SISTRAT de todos los usuarios atendidos el año 2019 en los diferentes programas de tratamiento en convenio con SENDA. Nuevamente innominados para respetar la confidencialidad de los usuarios, pero con un código de identificador de SISTRAT, que permita identificar si una misma persona recibió más de un tratamiento en el período solicitado.

El número de casos y personas atendidas que aparezcan en las de datos deben coincidir con los informes emanados al Congreso el presente año"

2) RESPUESTA: El 11 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta N° 572, el SENDA respondió a dicho requerimiento de información en los siguientes términos:

Aclaró que las bases de datos del TOP, por sus siglas en inglés "Treatment Outcomes Profile", conocido como Perfil de Resultados del Tratamiento, es una herramienta que permite a los equipos de tratamiento realizar un seguimiento de los avances terapéuticos de personas usuarias, utilizando medidas objetivas y comparando el comportamiento antes, durante y después del tratamiento. Indicó que, contiene un conjunto de preguntas que recopilan sus informaciones sobre el consumo de drogas y alcohol, la salud física y psicológica, la transgresión a las normas sociales y el funcionamiento social. En este sentido, agregó que corresponde a un instrumento aplicado en el marco de las prestaciones indicadas en la Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.

Por su parte, explicó que en el sistema SISTRAT, utilizado por el SENDA, se registran una serie de datos tales como fecha de aplicación del TOP, nombre del aplicador, etapa de tratamiento, fecha de nacimiento, sexo, edad, nombre del respectivo centro de tratamiento, salud física, salud psicológica, situación habitacional, calidad de vida y región de residencia, no registrándose el nombre, el cual es reemplazado por un código alfanumérico.

En este contexto, explicó que en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628, los datos contenidos en la base de datos solicitada, son de naturaleza personal y sensible, correspondiendo denegar lo solicitado según lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. Asimismo, advirtió sobre el carácter reservado de la ficha clínica y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidos las personas, al alero del artículo 12 y 13 inciso segundo de la Ley N° 20.584. En esta línea, señaló que la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° 7.934, de 16 de abril de 2020, refiriéndose expresamente a la información contenida en SISTRAT, indicó que esta era de naturaleza sensible.

Añadió que, la base de SISTRAT que contiene información de los TOP, posee un sinnúmero de datos personas y sensibles que perfectamente pueden hacer identificable a una persona, en atención a que se señala su edad, sexo, fecha de nacimiento, fecha de aplicación del examen, región, situación habitacional, salud física y psíquica, entre otros.

Hizo presente además, que la aplicación del principio de divisibilidad de la información solicitada, implicaría filtrar un gran número de información, debiendo adoptar un resguardo extraordinario para efectos de eliminar cualquier dato que pueda transformar en identificable a una persona, requiriendo un gran número de horas de trabajo y recurso humano, lo que distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, resultando aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En este sentido, agregó que lo funcionarios que tienen acceso a SISTRAT, además de ser un número acotado, deben desempeñar funciones vitales para el servicio, que no pueden ser interrumpidas, no siendo factible destinarlos a confeccionar bases de datos no disponibles en los términos solicitados, y que no serán útiles para la misión del Servicio.

3) AMPARO: Con fecha 17 de mayo de 2020, don Rodrigo Portilla Huidobro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

El reclamante hizo presente que en la información solicitada no resulta posible identificar a las personas, toda vez que el propio SISTRAT genera un código irreversible a cada persona para proteger su identidad.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, mediante Oficio N° E8502 de fecha 5 de junio de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

El órgano reclamado, mediante Oficio Ordinario N° 555 de fecha 18 de junio de 2020, remitió sus descargos, reiteró lo señalado en su respuesta y agregó lo siguiente:

Respecto al Dictamen N° 7.934 del órgano contralor, indicó que, previo a su emisión, se requirió información a esta Corporación, información que fue evacuada y respecto de la cual el aludido dictamen indicó; "el Consejo para la Transparencia, advirtió que todas las acciones de que se trata deben efectuarse dentro del marco normativo aplicable en la especie, e indicó que el SISTRAT, al ser alimentado por información proveniente de fichas clínicas, se encuentra sujeto a la normativa aplicable a este tipo de documentos, por lo que su tratamiento como dato sensible debe ser efectuado en virtud de los dispuesto en la Ley N° 20.584 (...)".

Expresó que, tal como señaló con ocasión de su respuesta, no obstante el sistema de disociación de datos, únicamente respecto al nombre del usuario, lo solicitado contiene información respecto a la fecha exacta de nacimiento, sexo, comuna de residencia, centro de tratamiento, salud física, psicológica y situación habitacional, entre otros, que permiten identificar a una determinada persona. En efecto, manifestó que el solicitante no posee autorización ni de los titulares de los datos personales, ni de la ley, para acceder a la información solicitada.

Por otra parte, señaló que el registro de la información del TOP en el SISTRAT, tiene una finalidad específica, como mecanismo de control y supervisión del adecuado cumplimiento de los servicios de tratamiento y rehabilitación que SENDA contrata con distintas entidades públicas y privadas, y en el cual se registran todas las prestaciones sanitarias que un paciente recibe como parte de su plan de tratamiento individual.

En cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, advirtió que, a febrero del año 2019, la base de datos contemplaba alrededor de 36.000 usuarios. Así, hizo presente que una base de datos como la solicitada, correspondiente a un único año, posee más de 23.000 ID, que corresponden a la totalidad de prestaciones, y cada uno de dichos ID, posee información en columnas de la C hasta la AR, de diverso contenido. Lo anterior, explicó que implicaría apartar a uno o más funcionarios de sus tareas habituales, del área de Tratamiento e Intervención de Datos para proceder a elaborar la información solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de bases de datos que se indica. Al respecto el órgano reclamado esgrimió la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en las leyes N° 19.628 y N° 20.584. Asimismo, indicó que la elaboración de la información con el debido tarjamiento de datos personales y sensibles, implicaría la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, en conformidad al artículo 19 de la Ley 20.502, que crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, le corresponde al órgano requerido; "la ejecución de políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, en especial, en la elaboración de una estrategia nacional de drogas y alcohol". Asimismo, el citado artículo, en su letra j), faculta a SENDA, en lo pertinente, para celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo municipalidad, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo. Así, el SENDA cuenta con facultades para celebrar convenios que digan relación con el cumplimiento de las funciones que su normativa le asigna, en lo que importa, en relación con el tratamiento de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

3) Que, en ésta línea, la reclamada ha explicado en su respuesta y con ocasión de sus descargos, que las bases de datos solicitadas, contienen información sobre la fecha de nacimiento de los usuarios, su sexo, comuna de residencia, centro de tratamiento, salud física y psicológica, situación habitacional, entre otros, toda vez que los registros que son ingresados en el SISTRAT, tienen como insumo, las fichas clínicas de los respectivos usuarios, y en general, de aquellos documentos que registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidos las personas en su atención de salud, beneficiarios de los programas que ejecuta.

4) Que, unido a lo anterior, la Contraloría General de la República, en el dictamen N° 7.934 de 16 de abril de 2020, ha advertido sobre la naturaleza sensible de la información registrada en el SISTRAT, y señaló que su tratamiento debe efectuarse con estricto apego a lo dispuesto en las leyes Nos. 19.628 y 20.584. Agregó, además, que la información relacionada con la salud de las personas puede ser conocida para el caso de la determinación u otorgamiento de beneficios para sus titulares, pero solo por el personal que esté directamente relacionado con la atención del respectivo paciente.

5) Que, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que fuere esgrimida por el órgano requerido, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

6) Que, por su parte, al alero del artículo 2° letras f) y g) de la Ley N°19.628 sobre Protección de la vida privada, y el punto 2.4 de la Instrucción General N°10 de este Consejo, información sobre la edad, fecha de nacimiento, comuna de residencia, entre otros datos contenidos en las bases de datos solicitadas, constituyen datos personales, que sin perjuicio del tarjamiento específico del nombre de los respectivos usuarios, se refieren en su conjunto, a una persona natural identificable. Asimismo, los registros sobre el estado de salud físico y/o psíquico de los usuarios, vinculados a la situación de alcoholismo y drogadicción, constituyen un dato de naturaleza sensible. A su turno, el artículo 4° y 10° de la cita Ley, señala de manera taxativa que el tratamiento de los datos personales y sensibles sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, y en el caso particular de los datos sensibles, además, cuando sean necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. En el presente caso, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta que los titulares de dichos datos, personas sometidas a los tratamientos de salud, hubieren otorgado consentimiento expreso para la entrega de la información.

7) Que, a mayor abundamiento, y aunque no fuere alegado por el órgano reclamado, esta Corporación advierte que, en atención al marco normativo referido en el considerando 2°, la divulgación de las bases de datos solicitadas, implicaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones específicas que por ley le son encomendadas al SENDA, referidas a la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por cuanto se provocaría un desincentivo en las personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad, de someterse voluntariamente a los programas ejecutados por la reclamada, en convenio con otras instituciones públicas y/o privadas, al saber que terceros ajenos a la institución y a los organismos encargados de su tratamiento, podrían acceder a la información sobre su estado de salud y otros datos personales, mermando, por consiguiente, el objetivo institucional ya señalado, configurándose a su respecto, la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.

8) Que, por lo tanto, tratándose las bases de datos solicitadas, de información que da cuenta de datos personales y sensibles de terceros y según lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y, asimismo, por afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, en adecuación a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, esta Corporación no se pronunciará sobre la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por la reclamada, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Portilla Huidobro en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, por configuración de las causales de reserva del artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Portilla Huidobro y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don David Ibaceta Medina.