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Pablo Méndez Montenegro con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C2103-20

Consejo para la Transparencia, 28/07/2020

Se acoge el amparo contra de la Subsecretaría de Educación Superior, y se ordena la entrega del cuadro estadístico que contenga el número de alumnos matriculados en cada una de las universidades del Cruch, en los años 2018 y 2019, de acuerdo a los quintiles o deciles del nivel socioeconómico de aquellos alumnos que han postulado a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a los beneficios estudiantiles que administra la Subsecretaría de Educación Superior. Se desestimó la causal de reserva del articulo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2103-20

Entidad pública: Subsecretaría de Educación Superior

Requirente: Pablo Méndez Montenegro

Ingreso Consejo: 23.04.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo contra de la Subsecretaría de Educación Superior, y se ordena la entrega del cuadro estadístico que contenga el número de alumnos matriculados en cada una de las universidades del Cruch, en los años 2018 y 2019, de acuerdo a los quintiles o deciles del nivel socioeconómico de aquellos alumnos que han postulado a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a los beneficios estudiantiles que administra la Subsecretaría de Educación Superior. Se desestimó la causal de reserva del articulo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2103-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de marzo de 2020, don Pablo Méndez Montenegro solicitó a la Subsecretaría de Educación Superior, en adelante e indistintamente la Subsecretaria: "el cuadro estadístico que contenga el número de alumnos matriculados en cada una de las universidades del Cruch, en los años 2018 y 2019, de acuerdo a los quintiles o deciles del nivel socioeconómico de aquellos alumnos que han postulado a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a los beneficios estudiantiles que administra la Subsecretaría de Educación Superior".

2) RESPUESTA: Mediante resolución exenta N° 1989, de 08 de abril del 2020, la Subsecretaría de Educación Superior respondió a dicho requerimiento de información indicando en síntesis que dicha Subsecretaria cuenta con información relativa al decil de los ingresos declarados por los postulantes por medio del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Añadiendo que, "dicho decil corresponde a un dato elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, en base a la información socioeconómica declarada por el postulante (FUAS), el cual nos reporta en cumplimiento y en los términos y condiciones definidos en "el convenio de colaboración y conectividad al registro de información social del Ministerio de Desarrollo Social", celebrado entre dicha Secretaria de Estado y el Ministerio de Educación y aprobado por decreto exento N° 495, de 26 de julio del 2019, del Ministerio de Educación. En este orden, la cláusula segunda del mencionado convenio establece que el Ministerio de Educación deberá utilizar la información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social exclusivamente "para fines de la administración de los programas sociales que se detallan en el presente convenio y no podrán ser transferidos a una tercera parte. En efecto, de acuerdo a lo señalado en el punto II de la precitada clausula el Ministerio de Desarrollo Social en virtud del referido convenio se obliga para con el Ministerio de Educación el permitir el acceso a información para el cumplimiento de planes y objetivos sobre gratuidad y beneficios estudiantiles en educación superior. En este punto se hace presente que la divulgación de los datos reportados por el Ministerio del Desarrollo Social a esta Secretaria de Estado en virtud del convenio, no se encuentra dentro de las finalidades contempladas en dicho acuerdo. Cabe agregar que la cláusula novena del convenio, establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, incluso la medida de detención del envío de la información el bloqueo del acceso al Servicio Web Service y el bloqueo del acceso al registro de información social. De acuerdo a lo señalado el dar cumplimiento a lo solicitado por el requirente, implicaría usar datos proporcionados en virtud del mencionado convenio para un fin distinto al estipulado en sus cláusulas, y en consecuencia una infracción a sus normas. Lo anterior podría dar lugar a medidas que afecten el normal traspaso de información entre ambos ministerios, y por tanto la función que cumple esta Subsecretaria de Educación Superior en la administración de los procesos de gratuidad, beneficios y créditos estudiantiles, destinados a financiar estudios de educación superior, configurándose de este modo la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia "

3) AMPARO: El 23 de abril de 2020, don Pablo Méndez Montenegro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. El reclamante agregó "haber realizado previamente la solicitud y que en todas las ocasiones se la han denegado. Esta vez, pese a haber precisado el contenido, se la siguen denegando. Señala que solo necesita información estadística y que obra en poder del órgano: "Esta información la Subsecretaria la tiene para otorgar los beneficios alumnos matriculados en las Universidades del Cruch, y se las pido a ellos, dado que son ellos los que distribuyen los recursos cada año"".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Educación Superior, mediante oficio N° E6560, de 8 de mayo de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que hiciere procedente la denegación de parte de la información requerida; y, (3°) para efectos de una mejor resolución del presente caso, remita copia de la información requerida. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento

Mediante ordinario N° 1339, de 26 de mayo del 2020, el órgano evacuo sus descargos, reiterando lo señalado con ocasión de su respuesta, agregando en síntesis que:

i. Con fecha 25 de febrero del 2020, el reclamante habría realizado una solicitud similar a la que dio origen al presente amparo. Respecto de dicha solicitud se requirió aclaración por parte de la reclamada, la que con posterioridad a la aclaración otorgada por la reclamante señalo que debía efectuarse una nueva solicitud.

ii. Luego reitero los argumentos señalados en su respuesta para denegar el acceso a lo solicitado, añadiendo que "se advierte que la divulgación a terceros de los datos reportados por el Ministerio de Desarrollo Social a esta Secretaria de Estado, en virtud del convenio, aun a nivel estadístico, no se encuentra dentro de las finalidades contempladas en dicho acuerdo" y que "el haber dado cumplimiento a lo solicitado por el Sr. Méndez (...) habría implicado el uso de los datos proporcionados en virtud del mencionado convenio, para un fin distinto al estipulado en sus cláusulas, y en consecuencia una infracción por parte de esta Subsecretaria de educación a sus normas, que habría dado lugar a medidas que afectaran el normal traspaso de información entre ambos ministerios y por tanto la función que cumple esta Subsecretaria en la administración de los procesos de asignación de gratuidad, beneficios y créditos estudiantiles destinados a financiar estudios de educación superior, configurándose de ese modo la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. ".

iii. Es pertinente hace presente que el órgano en conjunto con sus descargos remitió a este Consejo la siguiente documentación, para ser examinada:

- Decreto exento N° 495, que aprueba convenio de colaboración y conectividad al registro de información social del Ministerio de Desarrollo Social.

- Convenio de colaboración y conectividad al registro de información social del Ministerio de Desarrollo Social entre Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación.

- Una serie de correos electrónicos intercambiados entre la Subsecretaria y el reclamante.

- Archivo Excel "Numero alumnos de colegio y quintiles (versión 1)", el cual contiene en su hoja 2, detalle del número de los alumnos que habiéndose matriculado en los años 2018 y 2019 en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que postularon a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a los beneficios que administra la Subsecretaria para financiar estudios de educación superior.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por el órgano a la solicitud de acceso a la información mediante la cual se requirió información estadística sobre el número de alumnos matriculados en cada una de las universidades del Cruch, en los años 2018 y 2019, de acuerdo a los quintiles o deciles del nivel socioeconómico de aquellos alumnos que han postulado a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a los beneficios estudiantiles que administra la Subsecretaría de Educación Superior. Al efecto la reclamada denegó el acceso a lo solicitado en virtud de la configuración de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

2) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, la Subsecretaria reclamada con ocasión de su respuesta señalo que obra en su poder, información relativa al decil de los ingresos declarados por los postulantes por medio del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), agregando que dicho decil corresponde a un dato elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, en base a la información socioeconómica declarada por el postulante (FUAS), la cual es reportada a la reclamada en cumplimiento de los términos y condiciones definidos en "el convenio de colaboración y conectividad al registro de información social del Ministerio de Desarrollo Social".

4) Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

5) Que, la Subsecretaria justifico la hipótesis de reserva del articulo 21 N° 1, sosteniendo que acceder a lo solicitado implicaría infringir las cláusulas del convenio citado previamente, por cuanto la divulgación a terceros de la información requerida tiene una finalidad distinta a la estipulada en las cláusulas de dicho convenio, de ese modo, se podría dar lugar a medidas que afecten el normal traspaso de información entre ambos ministerios, y por tanto la función que cumple la Subsecretaria de Educación Superior en la administración de los procesos de gratuidad, beneficios y créditos estudiantiles, destinados a financiar estudios de educación superior, configurándose de este modo la causal de reserva señalada.

6) Que, el estándar referido en el considerando 4° precedente, no se cumple en la especie, toda vez que sustentar la reserva de información en base a la incierta afectación de las funciones de la reclamada escapa del margen de certidumbre exigido por la Ley de Transparencia como por este Consejo al momento de interpretar las hipótesis de reserva dispuesta en dicho cuerpo legal. En efecto, para configurar alguna de las referidas hipótesis de reserva, se deben acompañar al procedimiento, medios de prueba suficientes que permitan acreditar su concurrencia, resultando improcedente para configurarlas, limitarse únicamente a su mera invocación.

7) Que, por otra parte, revisado el convenio previamente citado, este Consejo estima que las cláusulas de aquel velan por la privacidad de los datos y/o información personal de los individuos y/o hogares que actual o potencialmente sean beneficiarios de prestaciones y programas públicos, de los beneficios de los mismos, y de sus condiciones socioeconómicas, información que de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 letras f) y g) de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, corresponden a datos personales y sensibles. Sin embargo la información requerida son datos estadísticos, en los términos dispuestos en la letra e) del artículo 2° de la ley N° 19.628, esto es, "el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable".

8) Que, analizado el archivo excel "numero alumnos de colegio y quintiles (versión 1)", remitido por el órgano para ser analizado por este Consejo, se estima que en aquel se contiene gran parte de la información requerida por la reclamante, y que divulgar dicha información no afecta derecho subjetivo alguno, ni el debido funcionamiento de la reclamada.

9) En mérito de lo expuesto, se desestimará la causal de reserva alegada y se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de la información requerida por el reclamante.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Pablo Méndez Montenegro, en contra de la Subsecretaría de Educación Superior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación Superior , lo siguiente;

a) Entregue al reclamante el cuadro estadístico que contenga el número de alumnos matriculados en cada una de las universidades del Cruch, en los años 2018 y 2019, de acuerdo a los quintiles o deciles del nivel socioeconómico de aquellos alumnos que han postulado a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a los beneficios estudiantiles que administra la Subsecretaría de Educación Superior.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Méndez Montenegro y al Sr. Subsecretario de Educación Superior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.