logo
 

Wilfredo Cesar Pimentel Olivares con DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C1951-20

Consejo para la Transparencia, 28/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, ordenándose la entrega de información relativa a las medidas adoptadas por el órgano reclamado, en relación con el cumplimiento de la resolución judicial que se indica. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado suficientemente una afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio, en particular de la estrategia del órgano reclamado para enfrentar la controversia jurídica en análisis. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1951-20

Entidad pública: Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas

Requirente: Wilfredo Cesar Pimentel Olivares

Ingreso Consejo: 16.04.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, ordenándose la entrega de información relativa a las medidas adoptadas por el órgano reclamado, en relación con el cumplimiento de la resolución judicial que se indica.

Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado suficientemente una afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio, en particular de la estrategia del órgano reclamado para enfrentar la controversia jurídica en análisis.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1117 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1951-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de marzo de 2020, don Wilfredo Cesar Pimentel Olivares solicitó a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas -en adelante, indistintamente DOP- la siguiente información:

1.1) «En virtud del deber de supervigilancia y fiscalización que tiene la Dirección de Obras Portuarias sobre el proyecto "Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra-Ovalle", identificado bajo el ID Licitación 1265-7-O119, informar qué medidas ha tomado para que se cumpla con la orden judicial emanada del 1° juzgado de letras en lo civil de Ovalle rol C-12-2020». Al respecto, hizo presente que, en dicha causa, el tribunal ordenó la paralización completa de las obras, resolución que se encuentra firme y no hay recursos judiciales en contra de dicha resolución;

1.2) «La identificación del funcionario que actuó como director subrogante el día 11 de febrero».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 30 de marzo de 2020, la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, respecto a las medidas adoptadas para que se cumpla con la orden judicial del juicio sustanciado ante el 1° juzgado de letras en lo civil de Ovalle, no es posible pronunciarse, dado que existe normativa que inhibe a la administración pública ante situaciones que se han puesto en conocimiento de Tribunales de Justicia para su resolución, ello en conformidad del artículo 76° de la Constitución Política de la República.

Respecto del profesional que se desempeñó en el cargo de Director Subrogante de la Región de Coquimbo, se entregó su nombre.

3) AMPARO: El 16 de abril de 2020, don Wilfredo Cesar Pimentel Olivares dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Sobre lo anterior, manifestó que, no se solicitó al órgano reclamado que se pronunciara sobre el asunto controvertido existente en el proceso judicial -y de evidente competencia del tribunal-, sino que lo requerido se circunscribe a la entrega de información relativa a las medidas adoptadas por la Dirección de Obras Portuarias, en virtud de una resolución que ha sido dictada en un juicio relacionado con la ejecución de un proyecto encargado por dicho organismo. Agregó que, lo anterior se justifica en que la resolución establece la suspensión provisional de las obras de un proyecto licitado por el órgano reclamado, bajo su inspección y vigilancia. Por lo anterior, expuso que, lo requerido es obtener información relativa al actuar de la DOP, con respecto de una decisión ya tomada por el tribunal competente y que tiene efectos directos sobre un proyecto licitado.

Sobre el fundamento esgrimido por la DOP, sostuvo que, el artículo 76° de la Constitución Política de la República -que establece la exclusividad de los tribunales de justicia para conocer, resolver y hacer ejecutar las causas civiles y criminales sometidas a su conocimiento- nada dice, en relación a una prohibición de los órganos de la administración del Estado para entregar información sobre el estado de proyectos que existen bajo su dirección y que hayan sido objeto de resoluciones judiciales que tienen efectos directos sobre estos.

Adicionalmente, hizo presente que, en virtud del decreto N°900, de 1991, de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley del Ministerio de Obras Públicas N°164, de 1991, que trata la Ley de Concesiones de Obras Públicas se establece en su artículo 29° que: «Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción como en la de explotación de la obra». Por lo anterior, concluyó que, la Dirección de Obras Portuarias -dependiente del Ministerio de Obras Públicas-, debe velar por el cumplimiento del concesionario con sus obligaciones, en cuanto a lo ordenado por los Tribunales de Justicia, en particular, de la suspensión temporal ordenada por el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Ovalle.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, mediante Oficio N°E6155 de fecha 28 de abril de 2020 solicitándole que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante presentación, de fecha 28 de mayo de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, señalando que:

4.1) Primeramente, ilustró que, el procedimiento judicial incoado dice relación con la interposición de una denuncia de obra nueva. Sobre lo anterior, contextualizó que, el actor solicitó la suspensión inmediata de las obras, que se prohíba la realización de toda obra nueva y que se ordene la demolición de todo o parte de la obra.

4.2) En virtud de lo anterior, reseñó que, la resolución de fecha 9 de enero de 2020, resolvió que: «suspéndase provisionalmente la ejecución de las obras denunciadas, debiendo tomarse razón, por un Receptor Judicial, del estado y circunstancias de dichas obras y apercibirse a quién las esté ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa de lo que en adelante se haga». Sobre lo anterior, la DOP señaló que, desconoce si se dio cumplimiento por parte de la denunciante de lo ordenado por el tribunal, en cuanto un Receptor Judicial, constató o no en terreno el estado actual de las obras, las cuales se pueden encontrar en terreno privado, o bien en el bien nacional de uso público. Por lo anterior, indicó que, considerándose que se trata de una causa que está siendo tramitada por el Consejo de Defensa del Estado, toda la información referente al juicio puede accederse mediante el Portal del Poder Judicial.

4.3) Acto seguido, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia y el Glosario Participativo del 2018 de la página web de la Corporación, estimó que, el Consejo para la Transparencia debería declararse incompetente respecto al requerimiento de especie, toda vez que la petición no se refiere a una solicitud de información, sino más bien a una consulta.

4.4) En el evento de que esta Corporación no declare su incompetencia, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de reserva consagrada en el 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, por cuanto la divulgación de los antecedentes consultados afectaría el cumplimiento de las funciones del Servicio, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 19° del decreto con fuerza de ley N°850, en particular, de la función constructiva de toda obra portuaria, marítima, fluvial o lacustre que desarrolla el órgano reclamado. Adicionalmente, agregó que, dicha información podría ser utilizada por la contraparte en la causa ventilada, perjudicándose dicha labor constructiva y el interés fiscal involucrado en ella.

Con respecto a lo anterior, hizo presente que, la respuesta a la consulta del solicitante formaría parte de eventuales argumentos que tiene el Servicio para hacerlos valer en el momento procesal oportuno, toda vez que formarían parte de la estrategia jurídica procesal del Consejo de Defensa del Estado en un juicio que aún está en trámite, cuya sentencia definitiva no se ha dictado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referido a la entrega de información sobre las medidas que ha adoptado el órgano reclamado, con relación al cumplimiento de la orden judicial emanada del 1°juzgado de letras en lo civil de Ovalle en causa que indica. Al respecto, el órgano reclamado fundamentó su negativa en que la petición no se configura como una solicitud de acceso información, sino más bien a una consulta. Asimismo, se opuso a la entrega, en virtud de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia.

2) Que, primeramente, con respecto a la alegación sostenida por el órgano reclamado, en orden a que la petición de especie no se configura como una solicitud de acceso a la información, sino a una consulta fuera del ámbito de competencia de esta Corporación, este Consejo estima que, lo pedido sí queda comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, toda vez que lo requerido puede comprenderse en algunos de los soportes documentales mencionados en el artículo 10° de la Ley de Transparencia, esto es: «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga». En tal sentido, cabe advertir que el peticionario circunscribe debidamente la información pedida, enmarcándose lo anterior dentro del derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Por lo anterior y, teniendo en consideración que el DOP no alegó la inexistencia de lo requerido en los soportes documentales establecidos en el artículo 10° de la Ley de Transparencia, se desestimará las alegaciones del órgano reclamado, referidas a la incompetencia de este Consejo para pronunciarse sobre la solicitud de especie.

3) Que, con respecto a la concurrencia de la hipótesis de reserva alegada por el órgano reclamado, cabe tener presente que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente «si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales».

4) Que, sobre el particular, es menester tener en consideración el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva contenida en el artículo 21 N°1, literal a), de la Ley de Transparencia, se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención de la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, lo cual, en la especie, no se produce como se expondrá a continuación. (énfasis agregado)

5) Que, en síntesis, la Dirección de Obras Portuarias fundó la causal en que la publicidad de los antecedentes requeridos afectaría las funciones constructivas que desarrolla el órgano y que la respuesta a la consulta del peticionario forma parte de eventuales argumentos que tiene el Servicio para hacerlos valer en el momento procesal oportuno, lo que formaría parte de su estrategia judicial, y que la información podría ser utilizada por la contraparte en la causa ventilada. En virtud de lo precedentemente expuesto, a juicio de esta Corporación, el órgano reclamado no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de mantener en reserva los antecedentes consultados para las defensas judiciales, ni el modo específico en que se afectaría la estrategia judicial del Consejo de Defensa del Estado, con respecto al grado de necesidad y vinculación que debe existir entre lo pedido, las defensas judiciales y el procedimiento judicial incoado.

6) Que, en este sentido, en el evento de concurrir la causal invocada, el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce, toda vez que se invocan situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias, sin aportar suficientes elementos que justifiquen la afectación de la posición jurídica del órgano reclamado en el procedimiento judicial, y consecuencialmente, la estrategia judicial para enfrentar la controversia jurídica en análisis. En línea con lo anterior, el órgano reclamado tampoco aportó antecedentes suficientes que permitan establecer -de manera presente o probable, y con suficiente especificidad- la afectación de sus labores constructivas, toda vez que lo requerido se circunscribe a las medidas que ha adoptado el órgano reclamado, con respecto a la orden dictaminada en la resolución judicial que se indica, las cuales justamente ordenan la suspensión provisoria de las obras.

7) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, enmarcada dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información, respecto de la cual, el órgano reclamado no alegó la inexistencia de lo requerido; y, habiéndose desestimado la concurrencia de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, por no acreditarse suficientemente la causal invocada, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente, ordenará la entrega de la información consultada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Wilfredo Cesar Pimentel Olivares, en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de la información sobre las medidas adoptadas por el órgano reclamado para que se cumpla con la orden judicial emanada del 1° juzgado de letras en lo civil de Ovalle Rol C-12-2020.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Wilfredo Cesar Pimentel Olivares; y, al Sr. Director Nacional de Obras Portuarias.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.