logo
 

Mauricio Román Beltramin con MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR Rol: C2-10

Consejo para la Transparencia, 15/07/2010

Se interpone recurso de reposición contra la decisión de este Consejo que resolvió el amparo por denegación al acceso de información Rol C2-10. El Consejo rechazar el recurso deducido, fundamentando que no corresponde a este Consejo pronunciarse sobre la legalidad del permiso que da lugar a la apertura de esta nueva calzada por tener ésta carácter de camino privado; y atendido que el reclamante ha informado a este Consejo acerca de posibles infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a lo dispuesto por el D.S. N° 47/1992, Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se pondrán los antecedentes en conocimiento de la Contraloría General de la República, a fin de que adopte los medidas que estime pertinentes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Recursos Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Otros, especificar
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Planos u otras representaciones gráficas.Documentos 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

RESUELVE REPOSICIÓN EN AMPARO ROL C2-10

Entidad pública: Municipalidad de Viña del Mar

Requirente: Mauricio Román Beltramin

Ingreso Consejo: 17.05.2010

En sesión ordinaria N° 166 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido en contra de la decisión recaída en el amparo Rol C2-10, de 3 de mayo de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el texto actualizado del D.F.L 458/1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; lo dispuesto por el D.S. N° 47/1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) DECISIÓN RECURRIDA: El 3 de mayo de 2010, en la sesión ordinaria N° 146 de su Consejo Directivo, este Consejo resolvió el amparo por denegación al acceso de información Rol C2-10, deducido por don Mauricio Román Beltramin en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, rechazándolo en todas sus partes, por las consideraciones expuestas en su decisión, la que se notificó por carta certificada, mediante Oficio N° 800, de 6 de mayo de 2010.

2) REPOSICIÓN: El 12 de mayo de 2010, mediante escrito presentado ante la Gobernación Provincial de Valparaíso, don Mauricio Román Beltramin dedujo, dentro de plazo legal, recurso de reposición administrativo en contra de la decisión ya individualizada, solicitando que éste reconsidere su decisión, en base a los siguientes argumentos:

a) Sostiene que el Consejo para la Transparencia fundó su decisión en que “el órgano requerido ha denegado fundadamente la solicitud, toda vez que ha informado la inexistencia de la información, en virtud de su interpretación de las circunstancias particulares de la construcción de la calzada respecto de la cual se formuló la solicitud”. Al respecto, señala que la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones no contempla, en ninguno de sus artículos, los permisos de construcción con “circunstancias particulares”. Por el contrario, dicha ley sería clara en establecer que toda obra nueva debe contar con un permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras y solicitado por su propietario. Dichos documentos fueron solicitados en su presentación y la inexistencia de aquéllos infringiría en forma manifiesta la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) Hace presente que el Municipio denegó la documentación relativa a la construcción de nueva vía de tránsito público, pues dicha obra correspondería a una “calzada interior de carácter privado”. Sobre el particular, sostiene que la Ley General de Urbanismo y Construcciones no contempla dichas “calzadas”, término que sería inventado por el Director de Obras, a objeto de denegarle el acceso a la información, y que la denominación que se le dé a la obra resulta irrelevante, pues por tratarse de una obra nueva, ésta debe contar con un permiso de construcción, previamente solicitado por su propietario.

c) Agrega que también solicitó el plano con graficación de la subdivisión predial existente y la propuesta, firmado por el propietario, según lo exigiría la ley pues, ya sea por una servidumbre de paso, por una “calzada de carácter privado” o por la nueva calle, se estaría subdividiendo un sitio sin presentar un plano de la subdivisión predial, lo que constituiría una infracción a la ley.

d) Sostiene que si los documentos solicitados no se encuentran disponibles, significaría que se ha construido una obra nueva, sin permiso de los propietarios, infringiéndose en forma manifiesta y clara la ley.

e) En conformidad con lo anterior y teniendo presente que cuando un órgano de la Administración es requerido para intervenir en un asunto que no es de su competencia, debe enviar de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, solicita al Consejo para la Transparencia que remita los antecedentes al Ministerio Público, con el objeto que investigar las razones por los cuales los documentos solicitados no se encuentran en poder del Municipio y por qué éste permite subdividir un sitio sin cumplir con los requisitos que la Ley exige.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en su recurso el reclamante ha solicitado reconsiderar la decisión de este Consejo, atendido que, a su entender e invocando al efecto lo dispuesto en el D.F.L 458/1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, la información solicitada debiese obrar en los registros de la Dirección de Obras Municipales, y que la inexistencia de aquélla infringiría en forma manifiesta la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

2) Que, tal como se señaló en la decisión recurrida, sin perjuicio de las disposiciones aplicables de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el municipio ha sostenido que la referida calzada no constituye una vía de tránsito público, sino una calzada interior, de carácter privado, emplazada en un predio de dominio privado, en virtud de una servidumbre de tránsito, razón por la cual los documentos solicitados no existirían.

3) Que, según dispone el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, es función de este Consejo, entre otras, resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley.

4) Que, en conformidad con lo anterior, no corresponde a este Consejo pronunciarse acerca de si se ajusta o no a derecho la interpretación efectuada por el Municipio respecto de las circunstancias de hecho y las calificaciones jurídicas que ha invocado y que le permitirían concluir que la obra consultada no constituye una vía de tránsito público, en los términos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni tampoco pronunciarse acerca de la legalidad de la apertura de la misma. Lo anterior, en todo caso, no obsta al ejercicio por parte del reclamante de las acciones administrativas o jurisdiccionales que resulten procedentes y que pudieran derivar de la declaración de la inexistencia efectuada por la Municipalidad reclamada respecto de la información objeto de la solicitud.

5) Que, en suma, alegada la inexistencia de la información solicitada por parte del municipio, fundado en que producto de la naturaleza jurídica de la obra resultarían inaplicables las disposiciones normativas invocadas por el reclamante, debe estimarse justificada la denegación del órgano, pues una obra de dicha índole no supondría la exigencia de los documentos solicitados ni que éstos se encuentren en poder del órgano reclamado, no correspondiendo a este Consejo cuestionar la interpretación que condujo a tal conclusión, lo que debe ser discutido en la sede que proceda, en su caso.

6) Que, no obstante lo anterior, atendido que el reclamante ha informado a este Consejo acerca de posibles infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a lo dispuesto por el D.S. N° 47/1992, Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se pondrán los antecedentes en conocimiento de la Contraloría General de la República, a fin de que adopte los medidas que estime pertinentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY Nº 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el recurso de reposición administrativo interpuesto por don Mauricio Román Beltramin en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, fundado en las consideraciones precedentes.

II. Remitir copia del expediente C2-10 y de la presente decisión a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo señalado en el considerando 6° de esta resolución.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Mauricio Román Beltramin, a la Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar y al Contralor General de la República.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.