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Pedro Iván Bujes Retamal con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C406-12

Consejo para la Transparencia, 04/07/2012

Se deduce amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en haber recibido una respuesta negativa a la solicitud de información que decía relación con el sistema GEPOL, por afectar ésta el debido cumplimiento de las funciones institucionales. Como ha señalado anteriormente el Consejo la Ley de Transparencia no proscribe la elaboración de información cuando esta consta en soportes documentales que obran en poder del servicio, con el límite del artículo 17 de dicho instrumento legal. El Consejo acoge el amparo interpuesto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C406-12

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.

Requirente: Pedro Iván Bujes Retamal.

Ingreso Consejo: 21.03.2012

En sesión ordinaria N° 352 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de Julio de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C406-12.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de enero de 2012, don Pedro Iván Bujes Retamal, a través de correo electrónico y en representación de Juan Carlos Duque Gutiérrez, solicitó a la Policía de Investigaciones –en adelante, indistintamente, PDI– que le otorgara la siguiente información:

a) Fotocopia de los libros de ingreso al cuartel del Lacrim Central de calle Puerto Montt Nº 3280, comuna de Renca, el 29 de julio de 2011, como de la hoja de ruta de la pericia efectuada al vehículo ZL-8985 por la perito Cálix Squella Vielma;

b) Copia del DVD o CD que contiene imágenes en el sumario administrativo Nº 343-2010, así como de las constancias de haber sido periciado en la presente encuesta sumarial, asimismo se indique su cadena de custodia y si éste fue entregado por el Subcomisario Humberto Cáceres Jiménez o funcionarios de la oficina de partes del Departamento V de la PDI, por lo cual se pide copia, de todas las actas de entrega del DVD o CD al Subprefecto Herman Urrutia;

c) Se otorgue copia de todas las consultas realizadas en el Sistema GEPOL de la PDI y del Sistema Biométrico del Registro Civil, con especificación de los datos obtenidos, desde el 20 de junio de 2011 a la fecha, y a nombre de su representado Juan Carlos Duque Gutiérrez, con indicación de los funcionarios policiales que realizaron dichas consultas, y si éstas fueron en virtud de una orden del Ministerio Público; y,

d) Fotocopia del Libro de Instrucciones verbales del Ministerio Público desde el 20 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, especialmente, las relacionadas con instrucciones entregadas al Subcomisario Humberto Cáceres Jiménez por el Fiscal Juan Manuel Ramírez o la Fiscal Ximena Chong, en el marco de la investigación en causa Rit 5189-2010 del 3º Juzgado de Garantía de Santiago, y en especial, si se ordenó la entrega de la evidencia referente a las grabaciones obtenidas de la empresa WENCO a algún miembro de la Institución, en el marco de la investigación administrativa.

2) RESPUESTA: La PDI, a través de correo electrónico el 16 de febrero de 2012, informó al reclamante que prorrogaría el plazo por otros 10 días hábiles más, respondiendo finalmente el 1° de marzo del presente año, mediante correo, señalando que había dado respuesta a los literales a), b) y d), y que en lo referente al literal c), tal gestión trae consigo: «…efectuar una auditoría (…) lo que excede el ámbito de aplicación de la ley de acceso a información pública, toda vez que la ley Nº 20.285, no es un mecanismo establecido para generar investigaciones, agregando que su elaboración implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales».

3) AMPARO: El 21 de marzo de 2012, el requirente dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en haber recibido una respuesta negativa a la solicitud de información que decía relación con el sistema GEPOL, por afectar ésta el debido cumplimiento de las funciones institucionales.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 1087, de 3 de abril de 2012, a la PDI, solicitando especialmente a dicha Institución referirse: (1º) a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de información; (2º) indicar si la información solicitada dice relación con una investigación realizada por el Ministerio Público, y en la afirmativa señalar el RUC; y, (3º) informar si consta en la PDI el poder de representación del reclamante respecto de don Juan Carlos Duque Gutiérrez. La PDI, a través del Oficio Nº 216 de 24 de abril de 2012, presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis:

a) En lo referente al contenido 1º del traslado:

i) Que el Sistema de Gestión Policial (GEPOL), es un método para colaborar con el accionar de la justicia en cuanto a la persecución penal, permitiendo que los oficiales policiales puedan cumplir las resoluciones judiciales que les han sido encomendadas por los Tribunales de Justicia, por el Ministerio Público o por la Autoridad Administrativa, según corresponda. Dicha herramienta se nutre de información recabada por las resoluciones judiciales (ordenes de arresto, de aprehensión, arraigos, etc.), actuaciones policiales (detención por flagrancia, detención por orden judicial, control de actas de procedencia de metales y otros), «…en los que no interviene la voluntad del titular del dato para los efectos del registro, conservándose hasta que por ejemplo se recepcione una contraorden de arresto o de aprehensión en cuyo caso se cancela el registro por otra orden judicial, o bien porque se materializa la orden de aprehensión».

ii) Lo solicitado por el requirente corresponde a lo que se denomina un proceso especial de auditoría a la base de datos que constituye el GEPOL. Dado que no es una base de datos de uso de las personas, sino estrictamente policial, el realizar la revisión de la base de datos, en los términos solicitados por el solicitante, esto es revisando cuantas veces ha sido consultado su cliente en nuestro sistema, corresponde a un proceso adicional y que comprende la utilización de una aplicación al programa computacional que contiene al GEPOL para recabar la información solicitada. A mayor abundamiento, se generan auditorías de esa naturaleza a la base de datos cuando es solicitado por el Ministerio Público en una causa criminal que se investiga o por las Fiscalías Administrativas en un proceso vigente.

iii) Técnicamente, el requerimiento del reclamante trae consigo la necesidad de revisar cada una de las tablas con las que se reúne la información en el GEPOL. Entendiéndose por “Tablas”, la información que ha sido detallada por la función policial, esto es, tipo de delito, gravedad del delito, calidad de participación, reincidencias, motivo de ingreso, fecha de ingreso, entre otras. Constituyendo dicha información en la actualidad, aproximadamente un número de 500 tablas. Por consiguiente, atender a la solicitud, además de la dificultad de su elaboración, implica establecer también que funcionarios tuvieron acceso a la información solicitada, lo cual deviene a su vez, en determinar si tal consulta se realizó en virtud de una orden o por iniciativa propia del funcionario, y de ello aplicar eventuales sanciones. Es por todo lo anterior: «…que no se invocó ninguna causal de reserva o secreto del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, toda vez que la información no existe, es necesario elaborarla y a modo únicamente ilustrativo, se indicó que hacer la labor, que se explicó precedentemente, implica hacer un trabajo que involucra mucha dedicación y distraer indebidamente a los funcionarios en el cumplimiento de sus laborales habituales». Y a todo ello, debe agregarse, el sinnúmero de funciones que a la PDI le corresponde realizar de conformidad a su Ley Orgánica, el DL Nº 2.460 de 24 de enero de 1979.

b) En lo referente al contenido 2º del traslado, informó que el señor Juan Carlos Duque Gutiérrez, ex funcionario de la PDI, fue objeto de una investigación criminal a cargo del Ministerio Público en causa RUC Nº 1000593351-5, razón por la cual, y por reunir esa calidad, se ordenó por la PDI instruir el Sumario Administrativo N° 343-2010. En lo concerniente a la vigencia de la causa criminal seguida en su contra, se desconoce el estado actual de dicha investigación al ser una materia de competencia del Ministerio Público.

c) Por último, respecto del contenido 3º del traslado, acompañó copia del documento que da cuenta del poder de representación de don Pedro Bujes Retamal respecto de Juan Carlos Duque Gutiérrez.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo se encuentra circunscrito al contenido del literal c) del requerimiento, por lo cual procede que este Consejo determine primeramente, si la información solicitada obra en poder del órgano reclamado, sea en registros, bases de datos o en otro soporte diverso, y luego, en caso de concluir que la información obra en poder de la PDI, determinar si recopilarla implicaría la distracción indebida de sus funcionarios, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia y 7 N° 1, letra c), de su Reglamento.

2) Que, del tenor de la respuesta dada por el órgano reclamado al traslado conferido por este Consejo, queda en evidencia que al revisarse por un funcionario una o más de aquellas tablas que son parte del Sistema de Gestión Policial (GEPOL) –ordenes de detención, control de identidad, arraigos, etc.–, queda registrado en su base informática el nombre del funcionario que accedió a ella y la persona por la cual éste requirió antecedentes en dicha base de datos. Por lo tanto, cabe descartar la alegación de inexistencia de la información solicitada, puesto que bastaría revisar el GEPOL para establecer tanto el nombre del funcionario como la fecha en que tuvo acceso a los datos relativos a la persona del requirente.

3) Que, teniendo presente lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia en cuanto dichos preceptos exigen como condición, que lo solicitado al amparo de dicha ley se encuentre disponible en algún tipo de soporte documental, así como lo expresado en el considerando 2° –en orden a que la información solicitada obra en poder de órgano–, la entrega de lo pedido no importa la generación de una auditoría que persiga establecer eventuales responsabilidades funcionarias, toda vez que solo se requieren aquellas ordenes que estén contenidas en un soporte en los términos explicados, y de no existir, se indique expresamente tal situación.

4) Que, como ha señalado este Consejo en la decisión A97-09, la Ley de Transparencia no proscribe la elaboración de información cuando esta consta en soportes documentales que obran en poder el servicio, con el límite del artículo 17 de dicho cuerpo legal.

5) Que, en vista de lo expresado previamente se procederá a acoger el presente amparo, ordenándose a la PDI revisar el Sistema de Gestión Policial e informar al requirente lo solicitado en el literal c) del requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Pedro Iván Bujes Retamal, en representación de don Juan Carlos Duque Gutiérrez, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los argumentos precedentes.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones que:

a) Haga entrega al reclamante, ya sea en formato papel o soporte electrónico, de la documentación requerida en el literal c) de la solicitud, indicando tanto el nombre del funcionario como la fecha en que se consultó el GEPOL respecto de Juan Carlos Duque Gutiérrez, así como copia de las ordenes que justifican tal consulta, en tanto éstas existan y para el caso contrario indique tal situación expresamente.

b) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Pedro Iván Bujes Retamal, en representación de don Juan Carlos Duque Gutiérrez, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.