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Miguel Ángel Pinto Ortiz con MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Rol: C4669-20

Consejo para la Transparencia, 11/08/2020

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Santiago, mediante el cual el reclamante requiere que se aclaré el pago del BRP (Bono de Reconocimiento Profesional) retroactivo y que se revise su situación contractual, atendido que, "(...) Si bien es cierto que las características del contrato cambiaron de reemplazo a plazo fijo, las características reales del trabajo realizado siguen siendo las mismas en cuanto a los servicios que se están prestando (...)" (sic). El Consejo declara inadmisible el amparo, por ausencia de infracción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4669-20

Entidad pública: Municipalidad de Santiago.

Requirente: Miguel Ángel Pinto Ortiz.

Ingreso Consejo: 05.08.2020.

En sesión ordinaria N° 1120 de su Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C4669-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 05 de agosto de 2020, don Miguel Ángel Pinto Ortiz, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Santiago, requiriendo se aclaré el pago del BRP (Bono de Reconocimiento Profesional) retroactivo y que se revise su situación contractual, atendido que, "(...) Si bien es cierto que las características del contrato cambiaron de reemplazo a plazo fijo, las características reales del trabajo realizado siguen siendo las mismas en cuanto a los servicios que se están prestando (...)" (sic).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del presente amparo, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales".

3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia, no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por el recurrente es que el órgano aclaré el pago del BRP retroactivo y revise su situación contractual, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la cual no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

4) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo deducido por don Miguel Ángel Pinto Ortiz en contra de la Municipalidad de Santiago, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Miguel Ángel Pinto Ortiz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.