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Rodrigo Fernández Ampuero con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C2722-20

Consejo para la Transparencia, 20/08/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referido a la entrega de copia del listado de hospitales públicos que pagan asignación de estímulo -por concepto de riesgo- a los Químicos Farmacéuticos en Oncología contratados por ley N°19.664 en labores de preparación y/o clínicas asociadas a la administración de quimioterapias, en qué porcentaje y las respectivas resoluciones de respaldo. Lo anterior, por estimarse que los Servicios de Salud derivados se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información, por tratarse de información presupuestaria y remuneracional específica, y desagregada de cada recinto de salud, dentro de su ámbito competencial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Presupuestos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2722-20

Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales

Requirente: Rodrigo Fernández Ampuero

Ingreso Consejo: 23.05.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referido a la entrega de copia del listado de hospitales públicos que pagan asignación de estímulo -por concepto de riesgo- a los Químicos Farmacéuticos en Oncología contratados por ley N°19.664 en labores de preparación y/o clínicas asociadas a la administración de quimioterapias, en qué porcentaje y las respectivas resoluciones de respaldo.

Lo anterior, por estimarse que los Servicios de Salud derivados se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información, por tratarse de información presupuestaria y remuneracional específica, y desagregada de cada recinto de salud, dentro de su ámbito competencial.

En sesión ordinaria N° 1124 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2722-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de abril de 2020, don Rodrigo Fernández Ampuero solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la siguiente información: «Información de los Hospitales públicos que pagan asignación de estímulo (por concepto de riesgo) a los Químicos Farmacéuticos en Oncología contratados por la ley 19.664 en labores de preparación y/o clínicas asociadas a la administración de quimioterapias. Al respecto, se pide listado de Hospitales que pagan dicha asignación, en qué porcentaje y las respectivas resoluciones de respaldo».

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 23 de mayo de 2020, don Rodrigo Fernández Ampuero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de información.

3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio N°E10000, de fecha 30 de junio de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) señale si la información requerida en la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante presentación, de fecha 23 de julio de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, indicando que, no es competente respecto de la información requerida, motivo por el cual, en virtud del artículo 13° de la Ley de Transparencia, derivó el presente requerimiento a los Servicios de Salud que indica, para que, dentro de sus facultades y atribuciones, analicen el requerimiento y otorguen respuesta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14° dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante, ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto, consta a este Consejo que la presente solicitud de acceso a la información ingresó al órgano reclamado con fecha 20 de abril de 2020, venciendo el plazo de entrega con fecha 19 de mayo de 2020. Sin embargo, el órgano reclamado proporcionó respuesta extemporánea a la solicitud de acceso a la información, con fecha 23 de julio de 2020, con ocasión de sus descargos. Lo anterior importa una infracción al artículo 14° de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.

2) Que, establecido lo anterior, el presente amparo se funda en la ausencia de entrega de la información requerida por el peticionario, referida al listado de hospitales públicos que pagan asignación de estímulo -por concepto de riesgo- a los Químicos Farmacéuticos en Oncología contratados por ley N°19.664 en labores de preparación y/o clínicas asociadas a la administración de quimioterapias, en qué porcentaje y las respectivas resoluciones de respaldo. Al respecto, con ocasión de sus descargos, el órgano reclamado derivó el presente requerimiento de acceso a la información a los Servicios de Salud, a fin de que se pronuncien dentro de sus facultades y atribuciones, en conformidad de lo previsto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia.

3) Que, primeramente, a modo de contexto, cabe ilustrar que la ley N°19.664, que dispone normas especiales para profesionales funcionarios que indica de los Servicios de Salud, establece entre sus remuneraciones transitorias las asignaciones de estímulo. Al efecto, el artículo 28° del presente cuerpo legal las define como: «estipendio que podrá otorgarse por las horas de la jornada semanal que los profesionales funcionarios desempeñen en actividades, lugares o condiciones especiales o por las competencias profesionales exigidas para determinados puestos de trabajo que el Servicio de Salud correspondiente requiera incentivar para cumplir los planes y programas de salud». Acto seguido, el artículo 5° del decreto N°847, del año 2000, de Salud, que aprueba el reglamento para la concesión de la asignación de estímulo-en adelante, indistintamente decreto N°847-, establece los diferentes conceptos por los cuales se podrán otorgar dichas asignaciones y los rangos de porcentajes de cada uno de ellos: « 2) las actividades que impliquen riesgos para la salud o para la integridad física o psíquica de los profesionales según informe emitido por las Unidades Técnicas especializadas correspondientes». (énfasis agregado).

4) Que, sobre el requerimiento de especie, el órgano reclamado procedió a derivar la presente solicitud de acceso a la información a los Servicios de Salud que indica, mediante Oficio N°2.256, de fecha 23 de julio de 2020. Al respecto, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia: «En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante». Por lo anterior, este Consejo procederá a analizar la procedencia de dicha derivación.

5) Que, de la revisión de los antecedentes del presente procedimiento de acceso a la información, esta Corporación estima que, la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia, toda vez que los organismos derivados se encuentran en una mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información que motiva el presente amparo. Al efecto, este Consejo advierte que, lo pedido versa sobre información presupuestaria y remuneracional específica y desagregada por cada recinto hospitalario, con respecto a las asignaciones de estímulo otorgadas, sus porcentajes y sus resoluciones de respaldo. Sobre lo anterior, es menester tener presente que, los Directores de los Servicios de Salud tienen la facultad específica de determinar dichas asignaciones, establecer las causales y los porcentajes específicos, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 3° del decreto N°847: «Los Directores de los Servicios de Salud, mediante resolución fundada, refrendada por el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo, establecerán las causales y los porcentajes específicos asignados para cada uno de los conceptos que componen esta asignación. En la misma resolución se dejará constancia tanto de la cantidad de cargos de la planta de Directivos y del número máximo de horas de la dotación a los cuales se les podrá conceder el beneficio, como también el monto máximo del gasto definido para el pago de la asignación». (énfasis agregado).

6) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, estimándose que los organismos derivados se encuentran en una mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información que motiva el presente amparo, por tratarse de información presupuestaria y remuneracional específica, y desagregada de cada recinto asistencial; y, teniéndose en consideración el marco normativo sobre la materia, que radica en los Directores de los Servicios de Salud la facultad específica de determinar las asignaciones contempladas en la ley 19.664, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Fernández Ampuero, en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por cuanto la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Fernández Ampuero; y, al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo (S) para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.