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Emilio Najle Fairlie con AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA Rol: C2366-20

Consejo para la Transparencia, 07/08/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), respecto de convenio suscrito entre dicho organismo y el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Se ordena la entrega del soporte documental en que consta el referido acuerdo, por tratarse de información, respecto de la cual se ha desestimado la alegación referida a que se trataría de información de inteligencia, por no haber fundamentado detallada y concretamente dicha causal de reserva. A su vez, se tiene en especial consideración que el Convenio objeto del requerimiento de acceso, fue ampliamente difundido por medios de prensa nacional, encontrándose actualmente disponible su contenido en forma íntegra en enlaces electrónicos de medios de comunicación, en la información publicada como obligación de Transparencia Activa del SENAME y en el portal electrónico del Poder Judicial, en el contexto de la tramitación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, vinculado a la celebración del referido acuerdo interinstitucional. Convenio que fue dejado sin efecto, por mutuo acuerdo de las partes. Se rechaza el amparo respecto de la identidad del funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia, que comparecía en calidad de Coordinador de la ejecución del Convenio, por configurarse la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 de la ley N° 19.974, por tratarse de una información que obra en poder de la recurrida, cuya publicidad podría afectar en forma cierta o probable y con suficiente especificidad, las actividades de inteligencia que ésta despliega.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2366-20

Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Requirente: Emilio Najle Fairlie.

Ingreso Consejo: 07.05.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), respecto de convenio suscrito entre dicho organismo y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Se ordena la entrega del soporte documental en que consta el referido acuerdo, por tratarse de información, respecto de la cual se ha desestimado la alegación referida a que se trataría de información de inteligencia, por no haber fundamentado detallada y concretamente dicha causal de reserva.

A su vez, se tiene en especial consideración que el Convenio objeto del requerimiento de acceso, fue ampliamente difundido por medios de prensa nacional, encontrándose actualmente disponible su contenido en forma íntegra en enlaces electrónicos de medios de comunicación, en la información publicada como obligación de Transparencia Activa del SENAME y en el portal electrónico del Poder Judicial, en el contexto de la tramitación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, vinculado a la celebración del referido acuerdo interinstitucional. Convenio que fue dejado sin efecto, por mutuo acuerdo de las partes.

Se rechaza el amparo respecto de la identidad del funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia, que comparecía en calidad de Coordinador de la ejecución del Convenio, por configurarse la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 de la ley N° 19.974, por tratarse de una información que obra en poder de la recurrida, cuya publicidad podría afectar en forma cierta o probable y con suficiente especificidad, las actividades de inteligencia que ésta despliega.

En sesión ordinaria N° 1119 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol N° C2366-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de abril de 2020, don Emilio Najle Fairlie solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia, la siguiente información: "copia del convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores".

2) RESPUESTA: El 05 de mayo de 2020, mediante carta de respuesta, la Agencia Nacional de Inteligencia respondió el requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974.

3) AMPARO: El 07 de mayo de 2020, don Emilio Najle Fairlie dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido organismo, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E7472, de 25 de mayo de 2020, confirió traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones, solicitando especialmente que se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada

El referido oficio fue notificado con fecha 03 de julio pasado al órgano reclamado, sin que hasta la fecha evacuara el traslado que fuera conferido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere al acceso al convenio de colaboración suscrito entre dicho organismo y el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con contenido del el artículo 38 de la ley N° 19.974.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, los actos administrativos objeto del requerimiento son, en principio, información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

3) Que, a modo de contexto, la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".

4) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

5) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

6) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las norma dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)". (Énfasis agregado).

7) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.

8) Que, en la especie, cabe tener en especial consideración el hecho de que el Convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores, reclamado en el amparo, es actualmente de público conocimiento. En efecto, el texto íntegro del documento referido, tarjando únicamente la identidad y los datos personales de los funcionarios a cargo de la ejecución del referido convenio, se encuentra disponible desde el pasado 21 de abril de 2020, en el sitio web de un medio de comunicación nacional, en el enlace electrónico https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/04/21/el-desconocido-convenio-que-permite-traspasar-datos-sensibles-del-sename-a-la-ani.shtml (visitado por última vez el 29 de julio de 2020), el que se ha replicado en otros portales de información. En relación a dicha publicación, este Consejo emitió un comunicado con respecto a su contenido, con fecha 22 de abril de 2020, haciendo énfasis en que el convenio debería adecuarse para resguardar debidamente la protección de datos personales de los niños, niñas y adolescentes usuarios del SENAME. A su vez, copia del documento objeto del amparo, esto es, de la resolución Exenta N° 601 de fecha 21 de febrero de 2020, del Servicio Nacional de Menores (SENAME), a través del cual, su Directora Nacional, aprobó un convenio de fecha 18 de febrero de 2020 denominado "Convenio de Colaboración y Coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia, y su contenido", también, se encuentra actualmente disponible tanto en el sitio web del SENAME, banner de Gobierno Transparente, en el ítem actos con efectos sobre terceros https://www.sename.cl/tactiva/2020/febrero/terceros/DINAC_Rex.%20N.%20601_02212020_132503_OAL_Censurado.pdf como en el sitio web del Poder Judicial, formando parte de los documentos acompañados en el expediente judicial digital, relativo a la tramitación del recurso de protección presentado por la Defensoría Nacional de la Niñez, en contra de los dos organismos que suscribieron el referido acuerdo, tramitado bajo el Rol N° 36.343-2020, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Finalmente, el ya referido convenio de colaboración, fue dejado sin efecto con fecha el pasado 29 de abril de 2020, por mutuo acuerdo de las partes, según figura publicado en el sitio web del SENAME, banner de Gobierno Transparente, en el ítem actos con efectos sobre terceros https://www.sename.cl/tactiva/2020/abril/terceros/REX-1271-2020-C.pdf.

9) Que, en este orden de ideas la Agencia Nacional de Inteligencia no ha señalado de qué manera la entrega del soporte documental en que obra el Convenio requerido, que es de público conocimiento, y que a mayor abundamiento fue dejado sin efecto, pudiere revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974, y no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega de la información reclamada genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados, estimando que la publicidad íntegra del texto requerido, en medios de comunicación y portales institucionales, ha desnaturalizado la calidad de documento de inteligencia del Convenio objeto del amparo. En consecuencia, se desestimarán dichas alegaciones.

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo razonado por este Consejo, la información sobre la identidad del funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia, que se consigna en la cláusula quinta del Convenio requerido, sobre "Coordinadores", forma parte de aquellas materias que el artículo 38 de la ley N° 19.974 resguarda; y se trata de información que también ha sido debidamente protegida por los medios de prensa que mantienen publicado el Convenio, así como también por el SENAME y el Poder Judicial. En efecto, obligar a la reclamada a divulgar la identidad de quienes forman parte de su planta de personal, implicaría la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa o indirecta con las actividades de inteligencia de la ANI, por cuanto supondría determinar quiénes despliegan dichas tareas a nivel nacional, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, por cuanto dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la ANI. Luego, divulgar dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 -y en su eventualidad se entorpecería las eventuales futuras acciones de inteligencia que haya efectuado, o estime pertinente desarrollar - bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Por tal razón, y configurándose respecto de esta parte del Convenio, la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo en este punto.

11) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando a la ANI la entrega del soporte documental en que obra el convenio de colaboración suscrito por el órgano recurrido con SENAME, con fecha 21 de febrero de 2020; rechazándose respecto de la identidad del funcionario de la ANI contenida en la cláusula quinta del referido Convenio, por configurarse la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 de la ley N° 19.974. Finalmente, en forma previa a la entrega de la información, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto sobre funcionarios públicos incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico, ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628; lo anterior se dispone en cumplimiento además de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Emilio Najle Fairlie en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores.

En forma previa a la entrega de la información, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto sobre funcionario públicos incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico, ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628; lo anterior se dispone en cumplimiento además de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en relación a respecto de la identidad del funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia contenida en la cláusula quinta del referido Convenio, por configurarse al respecto la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 de la ley N° 19.974

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Emilio Najle Fairlie y al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.