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Matías Rojas Medina con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C2614-20

Consejo para la Transparencia, 11/08/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenado entregar al peticionario el listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación. Lo anterior, por cuanto no se acreditó suficientemente su inexistencia y ninguna de las causales de reserva invocadas por el organismo. En efecto, los datos pedidos corresponden a antecedentes que obra en su poder, cuya entrega no implica elaborar y procesar información nueva sino únicamente acopiar o reunir antecedentes con los que ya cuenta. Luego, su búsqueda y levantamiento, conforme a las propias alegaciones del SII no significarían esfuerzos desproporcionados que afecten en debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que únicamente requerirían 12 horas de dedicación por parte de un funcionario del Servicio. Por su parte, tampoco se trataría de información cubierta por la institución del secreto tributario pues, en la especie, la información requerida no dice relación con el acceso a las declaraciones impositivas, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sino a información contenida en estados generales o informes de estado de ingreso que la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno debió remitirles tanto al SII como al Comité de Donaciones Culturales, de conformidad con las disposiciones de la respectiva ley. Se hace presente que según consta en el sitio web de la Cámara de Diputados, el informe que anualmente el Comité de Donaciones Culturales le remite a dicho órgano, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, contiene una tabla en la cual se indican, para el año respectivo, los siguientes datos: nombre del beneficiario (donatario), RUT del beneficiario, N° de proyecto, título del proyecto, nombre del donante, RUT del donante, monto de la donación, folio del certificado (de donación), fecha de la emisión del certificado. En mérito de esto, parece claro que -al igual como lo ha interpretado el Comité de Donaciones Culturales-, la información sobre el nombre y RUT de los donantes y donatarios, monto donado y fecha de la donación no es de aquellas que se encuentre sujeta al secreto tributario, y resulta indispensable para el conocimiento público del buen uso de la franquicia tributaria dispuesta por la ley. A mayor abundamiento, no es posible obviar la circunstancia que la información pedida no se vincula a las donaciones con fines culturales percibidas por cualquier contribuyente sino a uno que ha sido constituido para coadyuvar con el municipio de Teno en el cumplimiento de una de sus funciones, cual es, la de llevar a cabo la gestión cultural en la comuna. Esto justifica suficientemente la publicidad de la información referente al monto de las donaciones que ha recibido la aludida entidad en virtud del artículo 8° de la Ley N°18.985, en cuanto constituyen parte de su financiamiento. En este sentido, ante la disyuntiva de publicitar información patrimonial, referida al importe o monto de donaciones recibidas por una Corporación Municipal, contenida en documentación que no son declaraciones impositivas y aquella incluida en estas últimas, ha de preferirse la primera, a fin de materializar el control social y el legítimo derecho al acceso a información sobre el financiamiento de los órganos de la Administración del Estado. Finalmente, en cuanto a que las disposiciones de la ley 19.628 impedirían la divulgación del nombre y RUT de las donantes personas naturales, atendido que la ley de donaciones en análisis otorga una serie de beneficios o franquicia tributaria a quienes efectúen donaciones a su amparo, individualizar al donante supone, por añadidura, dar a conocer la calidad de beneficiario de un beneficio tributario otorgado por parte el Estado de Chile -consistente, por ejemplo, en un crédito contra los impuestos de primera categoría o global complementario, o en el exceso sobre el límite que establece la ley para el crédito, en la posibilidad de deducir el importe respectivo como gasto-. Esto, fuerza concluir que la reserva de los datos personales solicitados debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que reviste el conocimiento de dicha información. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C446-09, C361-10 y C900-13, en el sentido que "el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios".


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Subsidios y Beneficios
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2614-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 19.05.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenado entregar al peticionario el listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación.

Lo anterior, por cuanto no se acreditó suficientemente su inexistencia y ninguna de las causales de reserva invocadas por el organismo.

En efecto, los datos pedidos corresponden a antecedentes que obra en su poder, cuya entrega no implica elaborar y procesar información nueva sino únicamente acopiar o reunir antecedentes con los que ya cuenta. Luego, su búsqueda y levantamiento, conforme a las propias alegaciones del SII no significarían esfuerzos desproporcionados que afecten en debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que únicamente requerirían 12 horas de dedicación por parte de un funcionario del Servicio.

Por su parte, tampoco se trataría de información cubierta por la institución del secreto tributario pues, en la especie, la información requerida no dice relación con el acceso a las declaraciones impositivas, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sino a información contenida en estados generales o informes de estado de ingreso que la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno debió remitirles tanto al SII como al Comité de Donaciones Culturales, de conformidad con las disposiciones de la respectiva ley. Se hace presente que según consta en el sitio web de la Cámara de Diputados, el informe que anualmente el Comité de Donaciones Culturales le remite a dicho órgano, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, contiene una tabla en la cual se indican, para el año respectivo, los siguientes datos: nombre del beneficiario (donatario), RUT del beneficiario, N° de proyecto, título del proyecto, nombre del donante, RUT del donante, monto de la donación, folio del certificado (de donación), fecha de la emisión del certificado. En mérito de esto, parece claro que -al igual como lo ha interpretado el Comité de Donaciones Culturales-, la información sobre el nombre y RUT de los donantes y donatarios, monto donado y fecha de la donación no es de aquellas que se encuentre sujeta al secreto tributario, y resulta indispensable para el conocimiento público del buen uso de la franquicia tributaria dispuesta por la ley.

A mayor abundamiento, no es posible obviar la circunstancia que la información pedida no se vincula a las donaciones con fines culturales percibidas por cualquier contribuyente sino a uno que ha sido constituido para coadyuvar con el municipio de Teno en el cumplimiento de una de sus funciones, cual es, la de llevar a cabo la gestión cultural en la comuna. Esto justifica suficientemente la publicidad de la información referente al monto de las donaciones que ha recibido la aludida entidad en virtud del artículo 8° de la Ley N°18.985, en cuanto constituyen parte de su financiamiento. En este sentido, ante la disyuntiva de publicitar información patrimonial, referida al importe o monto de donaciones recibidas por una Corporación Municipal, contenida en documentación que no son declaraciones impositivas y aquella incluida en estas últimas, ha de preferirse la primera, a fin de materializar el control social y el legítimo derecho al acceso a información sobre el financiamiento de los órganos de la Administración del Estado.

Finalmente, en cuanto a que las disposiciones de la ley 19.628 impedirían la divulgación del nombre y RUT de las donantes personas naturales, atendido que la ley de donaciones en análisis otorga una serie de beneficios o franquicia tributaria a quienes efectúen donaciones a su amparo, individualizar al donante supone, por añadidura, dar a conocer la calidad de beneficiario de un beneficio tributario otorgado por parte el Estado de Chile -consistente, por ejemplo, en un crédito contra los impuestos de primera categoría o global complementario, o en el exceso sobre el límite que establece la ley para el crédito, en la posibilidad de deducir el importe respectivo como gasto-. Esto, fuerza concluir que la reserva de los datos personales solicitados debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que reviste el conocimiento de dicha información. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C446-09, C361-10 y C900-13, en el sentido que "el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios".

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1120 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2614-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de marzo de 2020, don Matías Rojas Medina solicitó a al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII) la siguiente información: "nómina que comprenda el nombre o razón social, y rut de las personas naturales o jurídicas, que han efectuado donaciones a la corporación cultural de la ilustre Municipalidad de Teno, rut 65.133.909-k, en virtud del artículo 8° de la ley n° 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación"

2) RESPUESTA: El 30 de abril de 2020, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en síntesis, que se deniega lo solicitado, por cuanto según lo informado por la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios, es información relativa a la elaboración de una base de datos en los términos que señala, lo que implicaría instruirse un estudio puntual, lo que en la práctica se traduciría en el análisis, procesamiento y consolidación de información, respecto de todos los contribuyentes personas naturales y jurídicas consultadas, acciones que tornarían necesaria la revisión de un altísimo número de actos para la construcción de una nueva base de datos que permita extraer los antecedentes solicitados. Lo anterior, conllevaría un desvío significativo de recursos para este Servicio y necesariamente la sustracción de diversos funcionarios de sus labores habituales, distrayéndolos indebidamente de sus funciones propias, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra c), de la Ley N°20.285.

Señala que aun cuando se hubiera podido identificar y procesar dicha información, este Servicio se encuentra impedido de proporcionarla a terceros, ya que, la información requerida contiene información referente a documentación tributaria de contribuyentes, por lo que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

Además, sin perjuicio de lo anterior, indica que no se puede entregar lo requerido, ya que se contienen antecedentes de personas naturales por los que se encuentran resguardados por la ley N°19.628, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 19 de mayo de 2020, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E8197, de 2 de junio de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (6°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y, (7°) acompañe copia íntegra del requerimiento que funda el presente amparo, en conjunto con los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de la respuesta otorgada.

Mediante presentación escrita ingresada a este Consejo con fecha 07 de julio de 2020, el SII presentó sus descargos argumentando, en resumen, lo siguiente:

En lo que se refiere a la admisibilidad del amparo, la reclamación no señala la existencia de alguna infracción cometida ni aun menos indica los hechos que la configuran. En efecto, no se invoca causal legal ni fundamento, así como tampoco se aportan antecedentes para sustentar su reclamo, más que solamente reclamar por vía electrónica a la decisión de este Servicio de Impuestos Internos. Lo anterior, implicaría una infracción al artículo 24 de la Ley de Transparencia.

En cuanto al fondo de la controversia, reitera que en la especie resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 13 de misma ley, toda vez que la nómina pedida con el nivel de detalle requerido, no existe y su obtención implica elaborar, procesar y sistematizar diversos datos con el único y exclusivo fin de dar respuesta al requerimiento. Añade que, si bien, la información se encuentra contenida en las bases de este Servicio, ella no se encuentra generada ni unificada en la forma específica y detallada solicitada, por lo que debe realizarse una revisión y análisis compleja individual, caso a caso, respecto a cada contribuyente con el detalle del monto o especie donada y la fecha exacta en que se realizó la donación.

En tal sentido, sostiene que el levantamiento de la información implicaría destinar un funcionario con dedicación exclusiva a dicha labor "durante un período de tiempo no menor de dos días, destinando su jornada laboral diaria en forma íntegra y exclusiva a aquello, lo que exigiría dedicar un mínimo de 12 horas laborales, sumado a la necesaria revisión que de ella deba realizar la jefatura de área y posteriormente, la jefatura del departamento a fin de validar la información generada".

Acto seguido, alega que además el SII invocó las causales del artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia, ello toda vez que, aun cuando el organismo tuviera ya elaborada la información requerida, se encontraría imposibilitado de dar respuesta en los términos específicos solicitados, ya que, respecto de la información requerida contiene información referente a documentación tributaria de contribuyentes, por lo que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°5 de la Ley N°20.285, en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

Así, señala que "la consulta apuntaba derechamente al requerimiento de información contenida en las Declaraciones Juradas Obligatorias de Donaciones de los contribuyentes involucrados, que inciden directamente en sus Declaraciones Juradas obligatorias, sobre Impuesto a la Renta, contenidas en el Formulario 22, cuya reserva, se encuentra expresamente establecida en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario, recién enunciado precedentemente".

Luego, "la reserva tributaria conlleva la prohibición absoluta de divulgación respecto a todos aquellos funcionarios o personas que en ejercicio de un deber, oficio o cargo tienen acceso a la información contenida en las declaraciones obligatorias que los contribuyentes deben efectuar en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias. Es evidente que la técnica de la prohibición de divulgación a que acude el legislador se traduce en el imperativo contrario consistente en el deber de guardar secreto respecto de la información que se posee y cuya exposición es prohibida".

Desde otra arista, indica que los nombres y RUT de las personas naturales que realizaron donaciones en los términos consultados son datos personales en los términos del artículo 2°, letra f) y 4° de la ley N°19.628, por lo que resulta aplicable la regla de secreto del artículo 7° de la citada ley, en relación con las causales de reserva del artículo 21 N°2 y N5° de la Ley de Transparencia. Además, el nombre y RUT de una persona natural tiene protección en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Hace presente que los datos requeridos fueron obtenidos de fuentes no accesibles al público, por lo que se encuentran sujetos a la hipótesis de secreto del artículo 7° de la ley N°19.628, "más aún dicha información ha sido puesta en conocimiento de este Servicio en cumplimiento de las obligaciones tributarias que se imponen a los contribuyentes, con las diversas Declaraciones Juradas y Formularios que deben presentar al efecto ante este Servicio, información toda entonces, además, resguardada por el secreto tributario, establecido en el artículo 35 del Código Tributario, como ya se explicó detalladamente. En consecuencia, no era posible para este organismo entregar la información solicitada de las personas naturales".

Finalmente, sostiene que sobre la materia reclamada la Corte Suprema, zanjó el tema en la causal Rol N°40.071-2017, la cual cita.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previamente, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, por medio de la cual se denegó la entrega de la información solicitada, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, es facultad de este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.

2) Que, lo solicitado es el acceso a un listado o nómina con nombre o razón social y RUT de las personas naturales y jurídicas que han efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N°18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación. Por su parte, el órgano negó el acceso a dicha información por tratarse de información que no obra en su poder sistematizada en la forma pedida y cuyo levantamiento distrae el cumplimiento regular de sus funciones en los términos del artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. Asimismo, se trataría de información protegida por la institución del secreto tributario, motivo por el cual además se configuraría la causal del artículo 21 N°5 del mismo cuerpo normativo, en relación con el artículo 35 del Código Tributarito, y respecto de los datos nombre y RUT de personas naturales, la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la citada ley, en relación con las disposiciones de la ley N°19.628 sobre protección a la vida privada.

3) Que, a modo de contexto previo, se debe considerar que el otorgamiento y efectos tributarios de las donaciones establecidas en la ley N°20.675, que modifica la ley sobre donaciones con fines culturales, contenida en el artículo 8° de ley N°18.985, que establece normas sobre reforma tributaria (en adelante Ley de Donaciones con Fines Culturales), se encuentran reglamentados por el decreto supremo N°71, del 2014, del Ministerio de Educación (en adelante el Reglamento). Asimismo, dichas donaciones deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N°34, del 2013, del Servicio de Impuestos Internos, que instruye sobre el tratamiento tributario de las donaciones con fines culturales; la resolución exenta N°89, del 2014, del Servicio de Impuestos Internos, que crea modelo de certificado N°40, que acredita donaciones con fines culturales a que se refiere el artículo 8° de la ley N°18.985 y la resolución exenta N°965, del 2014, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que determina antecedentes necesarios para acreditar calidad de beneficiario de la ley sobre donaciones con fines culturales.

4) Que, de acuerdo con dicho marco normativo, especialmente, lo dispuesto en la Circular N°34, del 2013, del Servicio de Impuestos Internos:

a) La ley tiene por objeto financiar los planes o programas de actividades específicas, culturales o artísticas que los beneficiarios se proponen realizar dentro de un tiempo determinado, que sean aprobados por el Comité Calificador de Donaciones Privadas (en adelante el Comité). Al referido financiamiento puede concurrir el Fisco y los donantes que establece la Ley, pudiendo estos últimos acceder a los beneficios tributarios allí establecidos, en tanto cumplan con los requisitos legales y reglamentarios.

b) Pueden acogerse a los beneficios tributarios que establece la Ley, las donaciones procedentes tanto de Chile como del extranjero, que se efectu?en a las personas, instituciones, organizaciones o entidades beneficiarias que ella establece.

c) La Ley contempla, en términos generales, los siguientes beneficios tributarios: En el Impuesto a la Renta: los contribuyentes del impuesto de primera categoría podrán imputar un crédito contra el referido tributo equivalente al 50% de la donación efectuada, mientras que aquella parte de la misma que no pueda ser imputada como cre?dito podra ser deducida como gasto; el contribuyentes del impuesto global complementario, del impuesto único de segunda categoría y del impuesto dicional, podrán imputar un crédito contra el respectivo tributo equivalente al 50% de la donacio?n efectuada dentro de los li?mites y hasta el monto que establece la ley). En el Impuesto a las Ventas y Servicios: las donaciones en especies que se hagan no les serán aplicables aquellas disposiciones de que obligan a la determinación de un crédito fiscal proporcional cuando existen operaciones exentas o no gravadas. En el Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones: los contribuyentes personas naturales que efectúen donaciones en dinero o en especies, tendrán derecho a que un 50% de la donación pueda ser imputado como crédito contra el pago del impuesto a las asignaciones por causa de muerte que grave a sus herederos o legatarios.

d) Para acceder a los beneficios tributarios las donaciones deben efectuarse directamente a alguno de los beneficiarios o donatarios que señala la ley, para que éste destine tales recursos a un determinado proyecto aprobado previamente por el Comité. Entre los posibles donatarios, se encuentran las corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro, cuyo objeto sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte.

e) De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, tanto el donatario como el Comité en su caso, deben proporcionar la siguiente información al SII. Además, dispone que los donatarios estarán obligados a certificar las donaciones recibidas en los términos que se indica:

i. Los donatarios o beneficiarios deberán elaborar y enviar, anualmente, un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos.

ii. El Comité deberá enviar antes del 31 de enero de cada año, un listado de los beneficiarios y de los proyectos aprobados en el año calendario anterior.

iii. Para que el donante pueda acceder a los beneficios tributarios que la Ley establece sobre las donaciones que efectúe, es requisito que el donatario haya dado cuenta de haber recibido tal donación mediante el otorgamiento de un certificado, el cual se extenderá al donante conforme a las especificaciones y formalidades establecidas en la resolución exenta N°89, del 2014, del Servicio de Impuestos Internos.

iv. Los donantes deberán mantener en su poder el certificado que les entregue el donatario dando cuenta de la donación efectuada. Los certificados podrán ser requeridos a quienes corresponda por el SII en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.

v. Los beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general.

5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

6) Que, en cuanto a la primera alegación del SII referida a que se trataría de información inexistente, conviene señalar que conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente, situación que en la especie no concurre. Al efecto, el SII ha fundado su alegación de inexistencia, únicamente, en la circunstancia de que se trata de información cuyo levantamiento es dificultosa por no encontrarse previamente sistematizados en la forma requerida, pero que si obra en su poder como parte de su base de datos. De esta forma, a juicio de este Consejo, no estamos en presencia de un caso en que se deba elaborar y procesar información nueva sino únicamente acopiar o reunir antecedentes que, como se profundizará, obran en su poder no solo como parte de su base de datos sino en el ejercicio de las funciones que la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales le ha encomendado. A mayor abundamiento, en virtud del principio de máxima divulgación consagrado en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia y lo dispuesto en el artículo 17 del mismo cuerpo normativo, la solicitud de información en análisis podría ser satisfecha no solo mediante la nómina o listado pedido sino por medio de la entrega de aquellos antecedentes documentales que obren en su poder en que se detente dicha información, a fin de que sea el propio requirente quien extraiga los datos que sean de su interés. Por tanto, se desestimará la alegación de inexistencia invocada por el órgano, siendo necesario avocarse a las restantes causales de reserva esgrimidas.

7) Que, en lo relativo a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, regulada en el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia, ésta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

8) Que, sobre la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N°6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

10) Que, en tal sentido, respecto de los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada, la reclamada se limitó a señalar que la búsqueda y levantamiento de la información implicaría destinar un funcionario por 2 días hábiles o 12 horas laborales a dicha actividad, sin dar cuenta del volumen exacto de la información u otro antecedente que permita ponderar el costo oportunidad de atender la solicitud. Luego, el tiempo de dedicación informado no parece ser un esfuerzo desproporcionado si se considera que el plazo para dar respuesta a una solicitud de información es de 20 días hábiles, más 10 días de prórroga, de ser necesarios. Asimismo, revisados los antecedentes del Registro de Personas Jurídicas disponible en el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, fue inscrita el 26 de enero de 2017, mientras que en el Banco de Proyectos Aprobados disponible en el sitio web donacionesculturales.gob.cl del Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio, dicho organismo registra solo un proyecto aprobado, en el año 2017 (folio 1760, resolución N°4637). En mérito de lo expuesto, se desechará la causal alegada.

11) Que, en lo relativo a la causal de reserva del secreto tributario esgrimida por el SII, cabe señalar que el inciso segundo del señalado artículo 35, contempla un deber de reserva para el Director del SII y para todos sus funcionarios, al señalar que: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". Luego, este Consejo, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09).

12) Que, de acuerdo con lo que informa el SII lo pedido apunta a obtener "información contenida en las Declaraciones Juradas Obligatorias de Donaciones de los contribuyentes involucrados, que inciden directamente en sus Declaraciones Juradas obligatorias, sobre Impuesto a la Renta, contenidas en el Formulario 22", y por tanto, atendido que "la reserva tributaria conlleva la prohibición absoluta de divulgación respecto a todos aquellos funcionarios o personas que en ejercicio de un deber, oficio o cargo tienen acceso a la información contenida en las declaraciones obligatorias que los contribuyentes deben efectuar en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias" (énfasis agregado), no puede acceder a su entrega. Sin embargo, el organismo omite toda referencia a los demás antecedentes documentales que conforme al marco normativo descrito en el considerando 4) anterior, obran en su poder a consecuencia de las funciones que la Ley de Donaciones con Fines Culturales le encomienda. En efecto, el artículo 11 de la dicha ley, señala "Deberes de información para con la autoridad tributaria y sanciones. El Comité deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos (...) un listado de los beneficiarios y de los proyectos aprobados en el año calendario anterior. /Los beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general. (...) /Asimismo, deberán elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el Servicio de Impuestos Internos, el cual deberá serle remitido a dicho Servicio en la forma y plazo que éste señale mediante resolución". Por su parte, el artículo 30 del Reglamento, dispone que dicho informe incluirá al menos lo siguiente: identificación del proyecto, considerando destino de la donación dentro de éste y costo total del proyecto; identificación del o de los donantes y de las donaciones recibidas; y especificaciones de uso de la donación, considerando datos del proveedor o prestador del servicio, monto total pagado, número y tipo de documentos recibidos. De igual forma, el SII podría, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras contar con los certificados de donaciones entregados por el donatario que dan cuenta de las donaciones efectuadas (certificado N°40), y que este Consejo en la decisión de amparo rol C3701-19, deducido en contra de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, resolvió que se trata de información pública.

13) Que, en tal contexto, a juicio de este Consejo, lo anterior permite descartar la aplicación de la institución del secreto tributario, pues, en la especie, la información requerida no dice relación con el acceso a las declaraciones impositivas, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sino a información contenida en estados generales o informes de estado de ingreso que la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en su calidad de beneficiaria de donaciones afectas a la Ley de Donaciones con Fines Culturales, debió remitirles tanto al SII como al Comité de Donaciones Culturales. Luego, si bien, la información sobre donaciones efectuadas o percibidas -según sea el caso- también será incluida en las declaraciones de impuestos tanto del donante como del donatario, dicha circunstancia no transforma en secreta información que también es incluida en otros antecedentes documentales que en principio son públicos, por así haberlo pretendido inclusive el propio legislador.

14) Que, en efecto, el artículo 12 de tantas veces señalada Ley de Donaciones con Fines Culturales, establece que "Anualmente el Comité de Donaciones Culturales deberá evacuar un reporte completo que contenga toda la información indicada en este artículo, consolidada, que permita conocer tanto los montos donados, los donantes y los beneficiarios, resguardando el secreto tributario hasta donde ello no impida el debido conocimiento público del buen uso de esta franquicia. Este informe deberá ser hecho público de manera electrónica y enviarse copia de él a las Comisiones de Hacienda y de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados". De ahí que, revisado por este Consejo el sitio web de la Cámara de Diputados fue posible verificar que el informe que anualmente el Comité de Donaciones Culturales le remite en cumplimiento de la precitada disposición, contiene una tabla con información sobre los beneficiarios de la ley y sus donantes para el año calendario que corresponda, en la cual se indican: nombre del beneficiario (donatario), RUT del beneficiario, N° de proyecto, título del proyecto, nombre del donante, RUT del donante, monto de la donación, folio del certificado (de donación), fecha de la emisión del certificado (por ejemplo, el disponible en https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA prmID=17173, página 74 y siguientes). En mérito de esto, parece claro que-al igual como lo ha interpretado el Comité de Donaciones Culturales-, la información sobre el nombre y RUT de los donantes y donatarios, monto donado y fecha de la donación no es de aquellas que se encuentre sujeta al secreto tributario, y resulta indispensable para el conocimiento público del buen uso de la franquicia tributaria dispuesta por la ley.

15) Que, a mayor abundamiento, no es posible obviar la circunstancia que la información pedida no se vincula a las donaciones con fines culturales percibidas por cualquier contribuyente sino a uno que ha sido constituido para coadyuvar con el municipio de Teno en el cumplimiento de una de sus funciones, cual es, la de llevar a cabo la gestión cultural en la comuna, con lo cual se ha hecho operativo el mecanismo que establece el citado artículo 4° inc. 2° de la ley N°18.695, orgánica constitucional de municipalidades. En efecto, este último cuerpo legal en su artículo 1° incido 2° establece con respecto a la gestión cultural en que intervienen los municipios que: "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas". A lo cual artículo 4°, letra a) agrega: "Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura".

16) Que, siendo así, parece lógico que los recursos recibidos por la señalada corporación, tanto de origen público (como es el caso de las subvenciones que ha otorgado la Ilustre Municipalidad de Teno, según consta en el Reporte de Transferencias Ingresadas en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, disponible en www.registro19.862.cl) como otras fuentes de financiamiento, han debido focalizarse en la gestión cultural de la comuna, lo cual permite concluir razonablemente que la información referida a dichos recursos no puede sino traspasar la esfera meramente privada del organismo para trascender a la esfera pública. En este sentido, la Contraloría General de la República en su Dictamen N°75.508/2010, ha concluido que en las Corporaciones Municipales (sin distinguir de cuales se trata) "está presente de un modo predominante el interés público, y aunque no es posible considerarlos como organismos integrantes de la Administración del Estado, se justifica que se les apliquen determinadas normas que les exigen brindar información o ser controlados en términos similares a los órganos públicos, justamente para resguardar dicho interés y cautelar que la actuación del Estado, a través de ellos, respete la preceptiva orgánica correspondiente, y no adolezca de irregularidades". Es decir, en función de su naturaleza confluye un prevalente interés público en transparentar el funcionamiento y ciertamente las formas de financiamiento de este tipo de entidades, con miras a permitir el adecuado control social sobre las mismas, en similares términos a como sucede tratándose de órganos eminentemente públicos.

17) Que, lo anterior en opinión de este Consejo justifica suficientemente la publicidad de la información referente al monto de las donaciones que ha recibido la aludida entidad en virtud del artículo 8° de la Ley N°18.985, en cuanto constituyen parte de su financiamiento, máxime si dichas donaciones deben dirigirse precisamente a apoyar la gestión comunal que en materia de cultura efectúa la Corporación Cultural. En este sentido, ante la disyuntiva de publicitar información patrimonial, referida al importe o monto de donaciones recibidas por una Corporación Municipal, contenida en documentación que no son declaraciones impositivas y aquella incluida en estas últimas, ha de preferirse la primera, a fin de materializar el control social y el legítimo derecho al acceso a información sobre el financiamiento de los órganos de la Administración del Estado. Debido a todo lo expuesto, se desestimará la configuración de la causal de reserva del secreto tributario.

18) Que, ahora bien, en cuanto a la última causal de reserva alegada, esto es, la dispuesta en el artículo 21 N°2, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2° y 7° de la ley N°19.628, sobre protección a la vida privada, que impediría comunicar la identidad de los donantes personas naturales, efectivamente, el nombre y RUT de aquellas personas corresponden a datos personales, de carácter reservado, en virtud de lo dispuesto en la ley N°19.628. Con todo, este Consejo, conforme se expuso en la letra c) del considerando 4° anterior, la Ley de Donaciones con Fines Culturales otorga una serie de beneficios o franquicia tributaria a quienes efectúen donaciones a su amparo. En conclusión, individualizar al donante supone, por añadidura, dar a conocer la calidad de beneficiario de un beneficio tributario otorgado por parte el Estado de Chile -consistente, por ejemplo, en un crédito contra los impuestos de primera categoría o global complementario, o en el exceso sobre el límite que establece la ley para el crédito, en la posibilidad de deducir el importe respectivo como gasto-. Por otra parte, dado que la posibilidad de hacer efectivos los beneficios tributarios mencionados está condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias que especifica el Título IV de la Ley N° 18.985, el conocimiento de la calidad de donante permitiría controlar socialmente si se dio cumplimiento a tales formalidades, y así sobre la procedencia o no del otorgamiento de tal beneficio al contribuyente (donante) de que se trate. Lo anterior máxime si en la especie se trata de la aplicación voluntaria a una determinada institución de apoyo a la gestión municipal, de sumas de dinero o especie evaluables en dinero, que, de no mediar tal donación, estarían íntegramente gravadas con impuestos.

19) Que, lo anterior fuerza a considerar que, en este caso, tratándose de los donantes personas naturales, la reserva de los datos personales solicitados tales como el nombre o RUT de estos, debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que reviste el conocimiento de dicha información. Lo anterior se ve reforzado, tanto por lo expuesto en el considerando 14) y siguientes, así como por lo razonado, entre otras, en las decisiones de amparo Roles C446-09, C361-10 y C900-13, en el sentido que "el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". En consecuencia, respecto de las personas naturales donantes cabe desestimar la alegación que subyace a lo argumentado por el SII, en torno a la supuesta afectación a su derecho a la protección de datos personales.

20) Que, en virtud de todo lo señalado, habiéndose desestimado todas las alegaciones de hecho y causales de reserva invocadas por el SII, se acogerá el amparo en su contra, ordenado entregar al peticionario el listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante del listado o nómina de personas naturales y jurídicas, con indicación de su nombre y RUT, que hayan efectuado donaciones a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno, en virtud del artículo 8° de la ley N°18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.