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Mario González Cea con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C5602-18

Consejo para la Transparencia, 20/06/2019

Se acoge el amparo en contra Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenándose la entrega al solicitante de la información relativa al cumplimiento del Objetivo N° 1 del Plan Nacional de Derechos Humanos, específicamente, de la meta N° 2, respecto de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, -definidas en el referido Plan Nacional- relativas al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en los términos indicados en la solicitud de información. Lo anterior, ya que se trata de información pública que debe obrar en poder de la reclamada, según lo dispuesto en la normativa vigente y en el actual Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021; y, la información entregada no permite satisfacer el requerimiento de información. Se representa al órgano no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5602-18

Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales

Requirente: Mario González Cea

Ingreso Consejo: 15.11.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenándose la entrega al solicitante de la información relativa al cumplimiento del Objetivo N° 1 del Plan Nacional de Derechos Humanos, específicamente, de la meta N° 2, respecto de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, -definidas en el referido Plan Nacional- relativas al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en los términos indicados en la solicitud de información.

Lo anterior, ya que se trata de información pública que debe obrar en poder de la reclamada, según lo dispuesto en la normativa vigente y en el actual Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021; y, la información entregada no permite satisfacer el requerimiento de información.

Se representa al órgano no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

En sesión ordinaria N° 1001 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5602-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO Y DERIVACIÓN: El 31 de agosto de 2018, don Mario González Cea solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos información sobre el cumplimiento de la meta N° 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos, referido a las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, vinculadas al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Por lo anterior, el órgano derivó este requerimiento al órgano competente conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Lo anterior se materializó mediante Ord. N° 723, de 27 de septiembre de 2018.

2) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 3 de octubre de 2018, ingresó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la solicitud de información presentada por don Mario González Cea, que fuere formulada en los siguientes términos:

"Dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, respecto al Objetivo referido a Dictadura y memoria, se contiene la Meta N° 2 (Implementar una política integral de reparación para todas las víctimas de la dictadura). En relación a ello, se solicita la siguiente información por Servicio de Salud y equipo especializado PRAIS:

ACCIÓN 1

- Impulsar la priorización en la atención de la salud pública: Cuántos beneficiarios han sido atendidos por Ley Reparatoria, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Exonerados Políticos, Victima de Prisión Política y Tortura, afectado directo y familiar.

- Cuántos Convenios de Asistencia en materia de salud con otros Países hay firmados, solicita copia de éstos.

ACCIÓN 2

- Recursos Financieros: informes por semestre 2017-2018: cómo fueron distribuidos y presupuesto ejecutado por subtítulo 21, 22, 29.

- Número de personas inscritas por Ley de reparación, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Exonerados Políticos, Victimas de Prisión Política y Tortura, afectados directos y familiares.

ACCIÓN 3

- Recursos financieros: cómo fueron distribuidos por Servicio de Salud, ejecución de éste y cuánto presupuesto hay sin ejecutar por semestre 2017-2018.

ACCIÓN 4

- Rehabilitación de secuelas generadas por la tortura, según Ley N° 19.992 (artículo 10). Solicita, por Servicio de Salud, el número de víctimas calificadas por el citado artículo 10.

- Número de personas en lista de espera por consulta de especialidad e intervención quirúrgica.

- Número de personas en rehabilitación de acuerdo al artículo 10 de la citada Ley.

- Cómo fueron distribuidos los recursos financieros disponibles y su ejecución.

ACCIÓN 5

- Se solicita los informes por Servicio de Salud de cumplimiento de las evaluaciones anuales del Programa.

- Levantamiento y Análisis. Plan de Mejora y actualizaciones de las estrategias del programa.

- Cuáles objetivos estratégicos se cumplieron".

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 15 de noviembre de 2018, don Mario González Cea dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Tras análisis del reclamo, este Consejo constató en el Portal de Transparencia que constaba una respuesta otorgada al correo electrónico proporcionado, con fecha 12 de diciembre de 2018. En concreto, se habría remitido el ORD. A/102 N° 5113, de 10 de diciembre de 2018, mediante el cual el órgano informa que, en respuesta a la solicitud referida al objetivo 1 meta 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos, se hace presente que, en el marco del cambio de administración ocurrido en el mes de marzo de 2018, se produjo una renovación del equipo encargado de coordinar a nivel Ministerial la implementación de las 71 acciones comprometidas en 13 de los 15 objetivos señalados en el Plan Nacional de Derechos Humanos, referidos a la materia. Atendido lo expuesto, en la actualidad el órgano se encuentra en la etapa de organización, coordinación y transmisión de este Plan a los 29 Servicios de Salud y sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales. Este proceso de instalación debiese permitir, participar en los ciclos de reporte de información en fecha y formato que define la Subsecretaría de Derechos Humanos.

No obstante lo anterior, informa que en la actualidad, la ejecución de los programas PRAIS en los Servicios de Salud, se realiza de acuerdo a los lineamientos 2018 informados a través de Ord. 1.204 de 9 de marzo de 2018, que adjunta a la respuesta.

Finalmente, expone que esta respuesta incluye toda la información disponible en poder de la Subsecretaría, en los términos dispuestos en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

Por lo anterior, mediante Oficio N° E226, de 11 de enero de 2019, se solicitó al reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) aclarar si recibió el ORD. A/102 N° 5113, de 10 de diciembre de 2018, por parte del órgano reclamado, el cual fue remitido a su correo electrónico en la misma fecha; (2°) en caso de ser esto efectivo, señalar si la respuesta proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su requerimiento; y, (3°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclarar la infracción cometida por el órgano reclamado.

Por correo de 15 de enero de 2019, el reclamante se manifestó disconforme con la respuesta recibida, toda vez que, en síntesis, no se entregó la información que fue requerida en su oportunidad.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio N° 1.122, de 28 de enero de 2019, requiriéndole: (1°) señalar si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señalar si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) referirse a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) pronunciarse acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante ORD. A/102 N° 1051, de 7 de marzo de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, reiterando textualmente lo que fuere informado al solicitante e indicando que lo entregado respondería a cabalidad la solicitud original del requirente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en forma previa a pronunciarse sobre el fondo del presente reclamo, se debe hacer presente que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. Sobre el particular, consta que este requerimiento ingresó al órgano reclamado con fecha 3 de octubre de 2018 al órgano, por lo que el plazo para pronunciarse en definitiva sobre la solicitud venció el 5 de noviembre de 2018. Sin perjuicio de ello, se verifica que sólo el 12 de diciembre de 2018 el órgano se pronunció sobre el requerimiento, esto es, vencido el plazo legal para dar respuesta. Lo anterior importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, por lo que se representará dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que, en cuanto al fondo del amparo, según expone el reclamante en su respuesta al pronunciamiento requerido por este Consejo, a la fecha, la Subsecretaría reclamada no le habría proporcionado los antecedentes requeridos, razón por la cual se procederá a realizar un análisis de conformidad entre la solicitud presentada y la información entregada por el órgano.

3) Que, lo requerido corresponde, en términos generales, a información sobre el cumplimiento de la meta N° 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos, específicamente respecto de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, -definidas en el referido Plan Nacional- relativas al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Así, a modo de contexto, se debe indicar que, según lo prescrito en el artículo 14 bis del Decreto Ley N° 3.346, de 1980, que Fija el texto de la Ley Orgánica del ministerio de justicia y Derechos Humanos, introducido por la publicación de la Ley N° 20.885, de 2016, que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia: "El Plan Nacional de Derechos Humanos tendrá una duración de cuatro años y contendrá el diseño e implementación de las políticas encaminadas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos, debiendo considerar al menos: a) El señalamiento de los objetivos y las metas. b) La identificación de responsables. c) Los recursos financieros disponibles. d) Los mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados, a efectos de identificar las dificultades y adoptar las medidas correctivas o complementarias pertinentes". Se debe hacer presente que el Plan Nacional se materializará en la elaboración de políticas que abordará aquellas materias que indica la citada norma. Por su parte, y conforme el texto del citado Plan Nacional : "El primer Plan Nacional de Derechos Humanos debe ser entendido como un plan de Estado, en donde toda la institucionalidad tiene una obligación que cumplir y un aporte que hacer, que trasciende en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno". Además, el documento agrega "(...) el espíritu presente en la elaboración del primer Plan Nacional de Derechos Humanos fue el de consagrar en éste acciones que respondan a lo que ha sido recomendado al Estado, articulando el quehacer estatal en torno a la garantía de derechos, y poniendo de relieve el carácter indivisible e interdependiente de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, que se refuerzan mutuamente. Es por ello tan relevante que el país cuente finalmente con un Plan, como herramienta de política pública para la coordinación y priorización de acciones en este ámbito" (énfasis agregado).

4) Que, en cuanto al formato del Plan, de acuerdo a la exigencia legal, el documento se organiza en torno a objetivos, metas y acciones. Los objetivos están definidos en términos de lo que plantean los principales tratados de derechos humanos. Por su parte, las metas están planteadas de forma tal de responder a los principales problemas de derechos humanos identificados en cada ámbito. En cuanto a las acciones, éstas han sido comprometidas por todos los ministerios y numerosos servicios diferentes y deben cumplir con ciertos requisitos. En cuanto a los tipos de acciones, el Plan contiene compromisos tanto en el ámbito normativo como institucional y de política pública, así como de corto (2018), mediano (2019) y largo plazo (2020-2021). Por último, cada acción contenida en el Plan contiene indicadores de cumplimiento. Finalmente, se solicitó que las acciones indicaran los recursos financieros disponibles para su desarrollo. Se debe hacer presente además que el Plan Nacional comienza su implementación en enero de 2018, por un periodo de 4 años.

5) Que, establecido lo anterior, revisado el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Objetivo N° 1: "Promover el acceso a la verdad, la investigación y sanción de todos los casos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos cometidos en dictadura, asegurar la reparación de todas las víctimas de estos crímenes, y preservar la memoria histórica", Meta 2: "Implementar una política integral de reparación para todas las víctimas de la dictadura", en lo referido específicamente a "Reparación en Salud" se contienen las siguientes acciones concretas, que corresponden a aquellas que refiere el solicitante en su requerimiento: "1. Impulsar la priorización en la atención de la salud pública, de aquellas personas calificadas como beneficiarias del Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS); e, Impulsar convenios de asistencia en materia de salud con países en donde residen las personas calificadas como beneficiarias PRAIS; 2. Contribuir desde el sector salud a la reparación integral de personas afectadas por la represión política, con acciones sustentadas en los estándares de derechos humanos y en el derecho a la reparación en salud, mediante el acceso oportuno y de calidad de las prestaciones a que se refiere la Ley N° 18.469 (que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud); 3. Aminorar los impactos del daño en la salud tanto a víctimas directas como a las personas con secuelas generadas por la transversalidad y transgeneracionalidad del daño ocasionado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, mediante la atención especializada en trauma biopsicosocial; y, 4. Rehabilitar las secuelas generadas por la tortura o prisión política, según Ley N° 19.992 artículo 10, priorizando la atención del usuario PRAIS en la Lista de Espera de Consultas Nuevas de Especialidad e Intervención Quirúrgica". Adicionalmente, según fuere solicitado, en lo relativo a "Evaluación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) a los afectados por violaciones a los derechos humanos", se establecen las siguientes acciones: "1. Evaluación anual del programa. 2. Levantamiento y análisis de la información para la construcción de un plan de mejoras y actualización de las estrategias actuales del programa. 3. Seguimiento de las estrategias de mejoras (anual)".

6) Que, según se desprende además del Plan Nacional, tanto los objetivos, metas y acciones comprometidas (en este caso, por el Ministerio de Salud, a través de sus organismos especializados) tienen plazos estimados e indicadores que permiten el respectivo monitoreo de cumplimiento efectivo respecto de las acciones comprometidas por parte de la ciudadanía.

7) Que, atendido el marco normativo expuesto y asimismo, del análisis de la información contenida en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, es dable concluir que la respuesta entregada por la Subsecretaría reclamada no permite satisfacer el requerimiento de información del solicitante. En concreto, a juicio de esta Corporación, el hecho que hubiere ocurrido en marzo de 2018 un cambio en la Administración, y con ello, la renovación del equipo encargado de coordinar a nivel Ministerial la implementación de las acciones comprometidas en los objetivos respectivos del Plan Nacional, referidos a la materia, en ningún caso puede justificar el incumplimiento de las obligaciones al derecho de acceso a información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, especialmente, atendidos los compromisos específicos adquiridos por parte del Ministerio de Salud en el referido Plan Nacional, razón por la que se desestimarán dichas alegaciones de hecho. Por otra parte, tampoco resulta plausible que el órgano no contare con otra información adicional ni diversa de aquella que fuere proporcionada en su oportunidad al solicitante, atendido -precisamente- el marco normativo vigente y el citado Plan Nacional, según lo expuesto precedentemente, por lo que dichas alegaciones también deberán ser desestimadas en esta instancia.

8) Que, conforme lo razonado anteriormente, existiendo antecedentes normativos y documentos oficiales que permiten presumir fundadamente la existencia de la información requerida en poder del órgano reclamado, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la información solicitada en su oportunidad.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mario González Cea, de 15 de noviembre de 2018, en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales:

a) Hacer entrega al reclamante de la información relativa al cumplimiento del Objetivo N° 1 del Plan Nacional de Derechos Humanos, específicamente, de la meta N° 2, respecto de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, -definidas en el referido Plan Nacional- relativas al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en los términos indicados en la solicitud de información.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario González Cea, y al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.