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Javier Morales con SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Rol: C5439-18

Consejo para la Transparencia, 20/06/2019

Se acoge el amparo en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ordenándose la entrega al solicitante de copia en PDF de todos los antecedentes que dieron lugar a la creación del centro de detención preventiva y cumplimiento de penas especial Punta Peuco, incluidas la opinión del Director Nacional de Gendarmería y la copia del Decreto N° 580 del 14 de junio de 1995, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última. Lo anterior, ya que se trata de información pública; no se logra justificar suficientemente, en la especie, modificar el formato digital (PDF) de entrega de la información requerida por el soporte papel; y, tampoco se acreditó en la especie que el monto fijado por el proceso de digitalización de la información, se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 6 de esta Corporación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Cultura y Artes
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5439-18

Entidad pública: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 08.11.2018

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ordenándose la entrega al solicitante de copia en PDF de todos los antecedentes que dieron lugar a la creación del centro de detención preventiva y cumplimiento de penas especial Punta Peuco, incluidas la opinión del Director Nacional de Gendarmería y la copia del Decreto N° 580 del 14 de junio de 1995, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última.

Lo anterior, ya que se trata de información pública; no se logra justificar suficientemente, en la especie, modificar el formato digital (PDF) de entrega de la información requerida por el soporte papel; y, tampoco se acreditó en la especie que el monto fijado por el proceso de digitalización de la información, se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 6 de esta Corporación.

En sesión ordinaria N° 1001 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5439-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de octubre de 2018, don Javier Morales solicitó al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural: "la totalidad de los antecedentes que dieron lugar a la creación del centro de detención preventiva y cumplimiento de penas especial Punta Peuco, entre ellos la opinión del Director Nacional de Gendarmería. Reitera, todos los antecedentes, hasta la copia del decreto 580 del 14 de junio de 1995". El solicitante requiere la información en formato PDF y que sea enviada por correo electrónico.

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 859, de 8 de noviembre de 2018, el órgano informa que, de acuerdo a la búsqueda de los antecedentes en el Archivo Nacional de la Administración, entidad encargada de la custodia de los documentos emanados por las distintos Instituciones Públicas (según lo prescrito en el DFL N° 5.200), la información se encuentra disponible en el Volumen 22.148 del Fondo Ministerio de Justicia.

Agrega, que la entrega de la documentación requerida tiene un costo de reproducción asociado de $30, por cada fotocopia simple. Además, la legalización del documento tiene un valor de $330, por carilla y $500 por la firma, si fuese el caso.

Por último, indica que la documentación se encuentra permanentemente a disposición del público, por tanto, se invita al solicitante visitar las dependencias de la Unidad de Atención de Público del Archivo Nacional, en la dirección y horarios que indica, haciendo mención al presente oficio de respuesta. Lo anterior, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 8 de noviembre de 2018, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no se accedió a la entrega de la información en el formato solicitado. El solicitante requiere -en síntesis- sea liberado del costo de reproducción de la información por las razones que indica en su presentación.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, mediante Oficio N° E10.631, de 18 de diciembre de 2018, requiriéndole: (1°) exponer las razones por las cuales no sería posible entregar la información en el formato solicitado, según lo dispone el artículo 17 de Ley de Transparencia; (2°) indicar si la información solicitada se encuentra almacenada en un tipo de formato digital, señalando su peso específico; (3°) señalar si la respuesta entregada se ajusta a lo dispuesto en el numeral 7° de la Instrucción General N° 6, sobre gratuidad y costos de reproducción, específicamente informe sobre el número total de páginas y el costo total de reproducción; (4°) referirse a las eventuales circunstancias de hecho que hicieran procedente la denegación de la información requerida; y, (5°) pronunciarse sobre las eventuales causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de los antecedentes reclamados.

Mediante Ord. N° 14, de 8 de enero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, adjuntando Carta N° 0007/2019 de 7 de enero de 2019, emitida por el Conservador (S) del Archivo Nacional de Chile, señalando, en síntesis que:

La información solicitada se encuentra disponible permanentemente como archivo público de la Administración del Estado en soporte papel, como parte del Fondo documental Ministerio de Justicia. La entrega de copias certificadas por parte del Archivo Nacional se rige por lo indicado en la Resolución Exenta N° 1.319 de fecha 09 de octubre de 2018, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Por lo anteriormente expuesto, la información no se encuentra en formato digital, sólo se encuentra disponible en formato papel, en los términos indicados precedentemente.

En cuanto a si la respuesta entregada se ajusta a lo dispuesto en el numeral 7 de la Instrucción General N° 6 sobre gratuidad y costos de reproducción, refiere que la citada Instrucción indica "cada órgano o servicio de la Administración del Estado deberá establecer el monto total del costo directo de reproducción respecto de cada solicitud de acceso a la información presentada, calculando este valor en función del formato de reproducción solicitado por el requirente".

Con todo, la determinación de los costos directos de reproducción se establecen sin perjuicio de aquellos costos que una ley autorice a cobrar en el ejercicio de la función pública, en razón de ello, el Archivo Nacional sólo entrega copias certificadas de acuerdo a los costos establecidos en la citada Resolución Exenta N°1319, de 2018.

Finalmente, respecto a las eventuales circunstancias de hecho que hicieran procedente la denegación de la información requerida, el Servicio indica que la información no fue denegada, si no que fue entregada en el marco de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, cuestión que en la especie aconteció, pues se trata de documentación que se encuentra disponible al público en dependencias de Archivo Nacional de la Administración

Posteriormente, mediante correo de 11 de enero de 2019, el órgano complementó sus descargos, informando respecto del número total de páginas de la información requerida y el costo total de reproducción de la misma, indicando que el Decreto N° 580, de 14 de junio de 1995, del Ministerio de Justicia, arroja un total de 7 carillas. El desglose del cobro por los documentos es el siguiente: 2 carillas del Decreto ($1.000 (por 2 carillas); $600 (por derecho por cada carilla); y, $500 (por firma): total de $2.100. Además, 5 carillas de antecedentes del Decreto, desagregados de la siguiente forma: ($2.500 (por 5 carillas); $1.500 (por derecho por cada carilla); y $500 (por firma), total de $4.500. En definitiva, el costo total es de $6.600. Se indican los medios de pago ofrecidos por el Servicio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que el órgano reclamado no accedió a la entrega de la información en el formato solicitado por el reclamante, esto es, en formato PDF, remitido a través de correo electrónico, según consta en la solicitud de información presentada.

2) Que, en su respuesta el órgano reclamado indicó que la información requerida se encontraba disponible en el Volumen 22148 del Fondo del Ministerio de Justicia, previo pago de los costos de reproducción que indica. Sobre el particular, cabe tener presente que el solicitante manifestó expresamente en su solicitud que requería la información en formato PDF, enviado a la casilla de correo electrónico que consignó al efecto.

3) Que, respecto de los costos de reproducción cobrados al solicitante para acceder a la información reclamada, cabe tener presente que de acuerdo con el inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. A su turno, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, no se podrá efectuar cobro alguno si la remisión de la información se realiza telemáticamente, salvo que el documento no se encuentre digitalizado y sea necesario fotocopiarlo para su posterior escaneo. Del mismo modo, es dable considerar que en virtud del principio de gratuidad establecido en el artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, precisando el artículo 18 del mismo cuerpo legal que "sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada". En este sentido, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala, en lo que interesa, que "se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción" (énfasis agregado).

4) Que, por su parte, la Instrucción General N° 6, de este Consejo, en su numeral 4, prescribe que se "entenderá por costos directos de reproducción todos los costos asociados al proceso de copiado de un documento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado". Además, se fijan los criterios para definir aquellos costos que pueden cobrar los órganos de la Administración, indicándose al efecto como regla principal que "El valor que se exija pagar por costos directos de reproducción deberá tener relación con el que se cobre por el mismo servicio a los órganos o servicios de la Administración del Estado y que, en principio, es el establecido en el convenio marco respectivo, por lo que este último será considerado como valor de referencia para estos efectos". Asimismo se establece que, en el caso que el órgano no tenga contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, el servicio lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada), podrá estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia, exigiendo su pago al solicitante de información. En caso de estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que efectivamente incurre, deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo" (énfasis agregado).

5) Que, el órgano reclamado no ha proporcionado antecedentes suficientes que justifiquen, en la especie, modificar el formato digital de entrega de la información requerido por el soporte papel, máxime si ello importa para el solicitante sufragar los costos de reproducción que la entrega en tal formato supone. En efecto, el órgano ha indicado que la información solicitada, asciende a 7 carillas, teniendo un costo total de reproducción de la misma de $6.600. A su turno, consultado por este Consejo respecto de las razones por las cuales no sería posible entregar la información en el formato solicitado, el órgano omite pronunciamiento al efecto, no resultando suficiente indicar, de modo genérico, que la información no se encontraría digitalizada, sin precisar las características particulares de dichos documentos que justifiquen que deban ser fotocopiados íntegramente, en vez de ser directamente digitalizados para su envío electrónico al recurrente. Tampoco se ha detallado si la digitalización del documento en PDF tiene un costo directo de reproducción ni se ha detallado dicho costo. Atendido lo expuesto, no se explica para este caso específico las razones por las cuales el órgano debe -imperiosamente- fotocopiar los antecedentes, para posteriormente digitalizarlos y enviarlos en el formato (PDF) y por el medio requerido (correo electrónico) al solicitante.

6) Que, a su turno, sobre el cobro de costos directos de reproducción, en su respuesta el órgano expuso -en síntesis- que el costo asociado a la reproducción de la misma asciende a $6.600.-, desagregado de la siguiente forma: 2 carillas del Decreto ($1.000 (por 2 carillas); $600 (por derecho por cada carilla); y, $500 (por firma): total de $2.100. Además, 5 carillas de antecedentes del Decreto, desagregados de la siguiente forma: ($2.500 (por 5 carillas); $1.500 (por derecho por cada carilla); y $500 (por firma), total de $4.500. En los descargos hace presente además que la entrega de copias certificadas por parte del Archivo Nacional se rige por lo indicado en la Resolución Exenta N° 1.319, de 2018.

7) Que, el Decreto Supremo N° 6.234, de 1930, Reglamento para la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, prescribe que "El Archivo Nacional facilitará copia o expedirá certificados: a) De los documentos, que le sean solicitados tanto

por los servicios dependientes de la propia Biblioteca Nacional y, en general, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como por otros organismos públicos o privados y por particulares. Estos documentos se podrán entregar directamente a los interesados; d) De los documentos históricos que se encuentren en la Sección correspondiente y que puedan tener interés para los particulares" (artículo 146) Agrega que "La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos fijará por medio de una resolución interna una tarifa para las reproducciones a que se refiere el artículo anterior, considerando el costo del material empleado, el consumo de energía eléctrica, el pago del personal necesario, la amortización del equipo técnico y un pequeño margen para su autofinanciamiento y reposición del material fotográfico" (artículo 147). A su turno, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200, de 1929, sobre Instituciones Nacionales Patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, prescribe en lo que interesa que "Las copias y certificados que expida el Archivo Nacional serán firmados por el Conservador (...)" (artículo 17). Cabe advertir que, según se desprende de la referida normativa, el valor informado al reclamante correspondería a las tarifas por el servicio de "copias certificadas" según dispone la citada Resolución Exenta N° 1.319, de 2018 y no al valor de costos directos de reproducción de la información requerida, en el contexto de un procedimiento de acceso a información pública, conforme lo prescrito en el artículo 18 de la Ley de Transparencia.

8) Que, en razón de lo anteriormente expuesto, no habiéndose acreditado por la reclamada la procedencia del cambio en el formato de entrega de la información solicitada, y constatándose las infracciones constatadas al principio de gratuidad consagrado en el artículo 11 literal k) de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 17 y 18 de la citada Ley, así como lo dispuesto en la Instrucción General N° 6 de este Consejo sobre la materia, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada proporcionar al reclamante, copia digital, en formato PDF, de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales, de 8 de noviembre de 2018, en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural:

a) Hacer entrega al reclamante de copia en PDF de todos los antecedentes que dieron lugar a la creación del centro de detención preventiva y cumplimiento de penas especial Punta Peuco, incluidas la opinión del Director Nacional de Gendarmería y la copia del Decreto N° 580 del 14 de junio de 1995, previo pago de los costos directos de reproducción, -de proceder éstos- guardando observancia estricta a lo prescrito por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo, particularmente en el numeral 5 de esta última.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales, y al Sr. Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.