logo
 

Sara Rojas González con MINISTERIO DE HACIENDA Rol: C5652-18

Consejo para la Transparencia, 05/11/2019

Se rechaza el amparo deducido en contra del Ministerio de Hacienda, relativo a la entrega de las minutas emitidas por el equipo de profesionales de la Coordinación de Políticas Tributarias, durante la elaboración del Proyecto de Ley sobre "Modernización Tributaria" (Boletín 12043-05). Lo anterior, toda vez que el Ministerio reclamado acreditó suficientemente en esta sede, que la entrega de dichos antecedentes encontrándose pendiente su tramitación legislativa ante el Congreso Nacional, configura la hipótesis de reserva de afectación de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5652-18

Entidad pública: Ministerio de Hacienda.

Requirente: Sara Rojas González.

Ingreso Consejo: 19.11.2018.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Ministerio de Hacienda, relativo a la entrega de las minutas emitidas por el equipo de profesionales de la Coordinación de Políticas Tributarias, durante la elaboración del Proyecto de Ley sobre "Modernización Tributaria" (Boletín 12043-05).

Lo anterior, toda vez que el Ministerio reclamado acreditó suficientemente en esta sede, que la entrega de dichos antecedentes encontrándose pendiente su tramitación legislativa ante el Congreso Nacional, configura la hipótesis de reserva de afectación de las funciones del órgano.

En sesión ordinaria N° 1046 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C5652-18.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de octubre de 2018, doña Sara Rojas González solicitó al Ministerio de Hacienda, lo siguiente: "En el contexto del proyecto de ley sobre "modernización tributaria" que impulsa el Ministerio ante el Congreso Nacional, quisiera solicitar toda aquella información, minutas, informes, presentaciones, oficios, cartas, actas o material que se tuvo en consideración para arribar al texto del proyecto de ley. Requiero de dicha información de forma ordenada. Al respecto, sugiero el siguiente orden: 1) Información referente a las modificaciones que se introducen a la Ley de la Renta. 2) Información referida a las modificaciones a la ley de IVA. 3) Información relacionada a modificaciones al Código Tributario. 4) Información relacionada a la Defensoría del Contribuyente. 5) Información referida a las normas transitorias. Que esta información debe incluir a aquella producida por el Ministerio de Hacienda (actas de reuniones, informes de asesores, minutas, presentaciones, etc.), información proporcionada por terceros, ya sea proveniente de otros organismos públicos o privados, que hayan tenido parte del proceso pre legislativo" (énfasis agregado).

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 2177, de fecha 09 de noviembre de 2018, el órgano requerido otorgó respuesta a la solicitud, señalando que "se informan los antecedentes que fueron considerados en el proceso de estudio y elaboración del proyecto de modernización tributaria, que incluye la creación de la Defensoría del Contribuyente (...), se indican los enlaces directos a partir de los cuales se puede acceder a aquellos antecedentes que se encuentran a disposición del público". Al efecto, señala una serie de sitios web relativos a legislación comparada, reportes y publicaciones internacionales, normativa, jurisprudencia, artículos de prensa y encuestas nacionales, clasificados en los siguientes temas: i. Defensoría del Contribuyente; ii. BEPS; iii. Economía digital; iv. Derechos del Contribuyente; v. Normativa interna; vi. Estudios y encuestas de Chile; vii. Publicaciones de prensa; viii. Otros.

3) AMPARO: El 19 de noviembre de 2018, doña Sara Rojas González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que lo entregado no corresponde a lo solicitado. En este sentido expresa que el Ministerio de Hacienda no proporcionó las minutas, actas de reuniones, borradores, informes, presentaciones u otros documentos oficiales que hayan servido para formar el proyecto consultado, sino solo información general en su mayoría links de sitios de internet en el extranjero.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Hacienda, mediante Oficio N° E286, de fecha 11 de enero de 2019, solicitando se pronuncie respecto a lo siguiente: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada a la parte reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada, esto es, las minutas, informes, presentaciones, oficios, cartas, actas o material que se tuvo en consideración para arribar al texto del proyecto de ley obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de encontrarse disponible la información faltante, se solicita el envío de la misma a la recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar el posible cierre del presente amparo a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Por medio de ordinario N° 212, de fecha 31 de enero de 2019, el órgano reclamado señaló, en resumen, lo siguiente:

a) La reclamante a través de su amparo, solicita la entrega de borradores u otros documentos oficiales, lo que no fue requerido inicialmente.

b) En la respuesta se individualizaron y proporcionaron pormenorizadamente los antecedentes que fueron considerados en el proceso de estudio y elaboración del proyecto de modernización tributaria, tales como, legislación comparada, publicaciones, normativa interna, jurisprudencia administrativa y judicial, estudios y encuestas nacionales, entre otros.

c) No obstante lo anterior, con ocasión del presente amparo, se procedió a efectuar un nuevo análisis formal de la solicitud en comento, informado la Coordinación de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda -cuyo equipo de profesionales participó en la redacción de la iniciativa legislativa consultada- que adicionalmente a los antecedentes aportados a la reclamante, se consideró para este proyecto de ley relevante escuchar a la voz de la ciudadanía, habilitando al efecto una plataforma en la página web de Modernización Tributaria, cuya planilla Excel con las propuestas debidamente anonimizadas, se remitió a la recurrente (y a este Consejo) en correo electrónico que adjuntan. Dicha instancia de participación ciudadana, fue enunciada en el respectivo Mensaje N° 107-366, en virtud del cual se presentó el proyecto al Congreso Nacional, el pasado 23 de agosto de 2018 (boletín N° 12043-05). En consecuencia, a través de los antecedentes proporcionados en la respuesta así como aquellos acompañados en esta sede, concluye que el Servicio ha proporcionado toda la información explícitamente mencionada en la iniciativa legislativa consultada, así como los antecedentes que le sirvieron de fundamento, razón por lo cual se entiende satisfecho requerimiento.

d) En cuanto a lo pedido en los numerales 2°, 3° y 4° del aludido Oficio de traslado, el órgano indica que, si bien, "no existen actas de reuniones, informes, presentaciones, oficios o cartas que hayan sido consideradas en el proyecto de ley. (...) el trabajo de los profesionales de la precitada Coordinación de Políticas Tributarias, para preparar el referido proyecto de ley, se realizó mediante minutas, que se compartían de manera digital. No obstante, aquellos documentos no son necesariamente representativos o reflejo de los fundamentos finales que dieron lugar a la propuesta ingresada ante la Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto, o del texto de esta iniciativa".

e) Agrega, que la labor del Ministerio, respecto a dicho proyecto de ley, no culmina con su ingreso ante el Congreso Nacional, sino que continúa durante su tramitación o discusión legislativa, en la que pueden solicitarse diversos informes y los parlamentarios o el Ejecutivo puede realizar indicaciones de sustitución, modificación o adición a la iniciativa. Luego, la entrega de las referidas minutas, afecta la agenda legislativa del Gobierno y el desarrollo de las funciones del Ministerio, por cuanto constituyen información preliminar que no representa necesariamente los fundamentos o texto de dicha propuesta, cuya divulgación implicaría menoscabar las funciones del Ministerio de Hacienda en orden a impulsar, desde el ámbito de su competencia, la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley en cuestión y las eventuales indicaciones que pudieran generarse al respecto, razón por la cual invocan la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Cita decisión de amparo Rol C2576-17.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Para una mejor resolución del caso, este Consejo solicitó al Sr. Subsecretario de Hacienda, remitir copia de las minutas a que alude en sus descargos, haciendo presente que lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia.

Por medio de Ord. N° 1853, de 25 de septiembre de 2019, la reclamada dio cumplimiento a lo pedido remitiendo, a modo de ejemplo, 3 minutas elaboradas por profesionales del Ministerio de Hacienda como documentos de trabajo para estudio y discusión interna en la preparación del proyecto de ley consultado, sobre las temas que indica.

Asimismo, en el referido Oficio, complementó sus descargos en esta sede, en orden a señalar en síntesis, lo siguiente:

a) Si bien, se trata de documentos que forman parte del trabajo pre legislativo no constituyen antecedentes o fundamentos finales u oficiales del proyecto de ley presentado.

b) Por su parte, debido a la naturaleza misma del trabajo pre legislativo, dichas minutas corresponden a documentos no definitivos, y en algunos casos a sucesivas versiones de un mismo documento, resultado de diversas modificaciones. En tal sentido, podrían presentar errores gramaticales o de formatos y no cuentan con distintivo institucionales puesto que son documentos que no han sido objeto de revisiones que le den dicho carácter.

c) El acceso público a la información contenida en las minutas de trabajo, las que en muchos casos recogen una modificación sin explicitar razones, generaría confusión, afectando las funciones del Ministerio, toda vez que se trata de estudios preliminares o documentos de trabajo para la labor pre legislativa, que no constituyen antecedentes oficiales o finales del proyecto de ley.

d) Así las cosas, respecto de las aludidas minutas "se estima que la entrega de la información señalada generará graves dificultades para comunicar adecuadamente a los parlamentarios los objetivos y motivaciones de la iniciativa, y producirá confusión en la ciudadanía respecto de la compleja discusión técnica tributaria que supone el proyecto y cuyo análisis aislado sin ningún contexto del trabajo pre legislativo podría generar cuestionamientos de las decisiones de política tributaria tomadas en la iniciativa legal, respecto de una política pública que se encuentra en desarrollo y en discusión ante el Congreso Nacional. Lo anterior, generaría un perjuicio en el desarrollo de las funciones del Ministerio de Hacienda en orden a impulsar, desde su ámbito de competencia, la aprobación de las propuestas que corresponden a la agenda legislativa del Gobierno".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, respecto a las argumentaciones del organismo, concernientes a que la parte recurrente extiende su reclamo a información que no fue precisada en el requerimiento inicial, cabe señalar que del tenor expreso de la solicitud, la cual abarca "(...) toda aquella información, minutas, informes, presentaciones, oficios, cartas, actas o material que se tuvo en consideración para arribar al texto del proyecto de ley", incluida "(...) aquella producida por el Ministerio de Hacienda (actas de reuniones, informes de asesores, minutas, presentaciones, etc.), información proporcionada por terceros, ya sea proveniente de otros organismos públicos o privados, que hayan tenido parte del proceso pre legislativo", queda de manifiesto que lo pretendido por la solicitante son todos los antecedentes documentales -sin distinción de formalidad- que se tuvieron a la vista o fueron considerados para la elaboración del Proyecto de Ley que Moderniza la Legislación Tributaria, en adelante e indistintamente, el proyecto o proyecto de ley (Boletín 12043-05, ingresado ante la Cámara de Diputados para Primer trámite constitucional, el día 23 de agosto de 2018); razón por la cual, se desestimará la alegación planteada.

2) Que, el presente amparo, se funda en que la información proporcionada por el órgano con ocasión de su respuesta a la solicitud no corresponde a la solicitada, pues no se hace entrega de las minutas, actas de reuniones, borradores, informes, presentaciones u otros documentos elaborados por el organismo o terceros que fueron considerados para arribar al texto del proyecto de ley consultado.

3) Que, por su parte, el Ministerio de Hacienda sostuvo en esta sede, que la información entregada en la respuesta a la solicitud así como la remitida durante la tramitación del amparo, constituyen los antecedentes que sustentaron el aludido proyecto pues corresponde a aquellos explícitamente mencionados en el mensaje de la iniciativa, así como aquellos otros antecedentes (legislación comparada, reportes y publicaciones internacionales, normativa, jurisprudencia, artículos de prensa y encuestas nacionales) que le sirvieron de fundamento. Con todo, reconoce la existencia minutas elaboradas por el órgano, específicamente, por los profesionales de la Coordinación de Políticas Tributarias "para preparar el referido proyecto de ley", las que -a su juicio- en el atendido que no son necesariamente representativas o reflejo de los fundamentos finales de la propuesta ingresada a la Carama de Diputados, o del texto de la iniciativa, se deniegan por corresponder a información cuya publicidad afecta el debido cumplimiento de sus funciones en los términos de la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en otras palabras, el órgano reclamado se ha allanado en parte al fundamento del amparo, en cuanto reconoce que existe información que no fue entregada a la peticionaria por considerar que son antecedentes cuya divulgación afecta sus funciones, conforme las argumentaciones que expone. De ahí entonces que, después de la revisión de la información proporcionada a la reclamante, y que corresponde a antecedentes vinculados a las materias tributarias desarrolladas en el proyecto de ley, que inclusive comprende estudios e informes que se citan en el mensaje del mismo; determina que el presente amparo se encuentre circunscrito a las minutas o documentos de trabajos elaboradas por el órgano, en el marco de la labor pre legislativa del proyecto de ley, correspondiendo resolver si respecto de ellas procede la causal de reserva invocada por el Ministerio de Hacienda.

5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

6) Que, por su parte, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, establece que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". Luego, este Consejo ha sostenido que para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

7) Que, los documentos que el organismo deniega -y que en parte, fueron tenidos a la vista por este Consejo- se refieren a minutas con opiniones, razonamientos o recomendaciones emitidas por profesionales a cargo del proyecto de ley consultado, durante su elaboración, que orientaron o fueron conducentes, eventualmente al resultado final de la propuesta que fue presentada ante la Cámara de Diputados para el respectivo debate legislativo.

8) Que, dicho lo anterior, a juicio de este Consejo, resultan plausibles y suficientemente acreditadas las alegaciones del Ministerio de Hacienda en orden a que la publicidad, divulgación o conocimiento de estos antecedentes, encontrándose pendiente la tramitación o discusión legislativa del proyecto en análisis, afecta las funciones que el artículo 1°, del decreto N° 4727, de 27 de mayo de 1957, le encomienda en materia de estudio, preparación y revisión de las leyes tributarias, así como de dirección de la política tributaria. En efecto, permitir el acceso a información como la reclamada tiene el potencial de menoscabar las funciones del organismo relativas a concretar, desde su ámbito de competencia, la aprobación de la política tributaria que el Presidente de la República ha determinado, en el ejercicio de las potestades legislativas que la Constitución y las leyes le otorga, máxime si se considera que de acuerdo al artículo 65 de nuestra Carta Fundamental corresponde a dicha autoridad la iniciativa exclusiva de los Proyectos de Ley que busquen "1°.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión", y particularmente teniendo presente que el propio Poder Ejecutivo, en cuanto órgano colegislador, aún puede presentar indicaciones, ejercer la facultad de veto, colocar urgencias o incluso retirar el proyecto de ley.

9) Que, si bien, en el presente caso nos encontramos ante una propuesta legislativa que al momento de la solicitud ya había sido ingresada ante el Congreso Nacional para su discusión, situación distinta a la desarrollada por este Consejo en las decisiones de amparo Roles C2121-14, C169-15, C1541-17, C1746-17 y C2576-17, referidas a la publicidad de Anteproyectos de Ley -es decir borradores de una iniciativa de ley antes de su ingreso a la oficina de partes de alguna de las cámaras del Congreso- lo razonado respecto de dicho tipo de documentos es aplicable a los antecedentes que son fundamento de un proyecto de ley que se encuentra en tramitación legislativa, toda vez que su exposición o difusión tiene el potencial de entorpecer las facultades colegisladoras del Presidente de la República.

10) Que, así las cosas, resulta igualmente atingente lo señalado por el Tribunal Constitucional, en su sentencia Rol 2246-2012, de 31 de enero de 2013, en el sentido que el espacio para el debate sobre los proyectos de ley está en el Congreso Nacional. Dicho Tribunal Constitucional profundiza su razonamiento, al indicar que "Transformado en proyecto de ley, el Congreso se convierte en el foro privilegiado de discusión de las iniciativas legales. Por lo mismo, no tiene sentido iniciar una discusión previa a la que naturalmente debe darse en el Congreso. Pero entregarle a un particular el texto, sin que un parlamentario tenga ese acceso, no es una manera correcta de entender la colaboración y la lealtad entre dos poderes del Estado" (considerando 87°). Concluyendo que "El Presidente de la República debe tener el máximo de flexibilidad en esta materia, por el compromiso de la facultad de gobierno en la que se enmarca la potestad legislativa. En ella, el Presidente manifiesta su rol de conductor de los destinos del país. Por lo mismo, las actuaciones que tengan que ver con ese ámbito, deben contar con un grado de publicidad que no lo afecte negativamente. (...). Para este Tribunal, todo lo que tenga que ver con la publicidad, vía derecho de acceso, durante la etapa de preparación de los proyectos de ley o fase prelegislativa, afecta negativamente el ejercicio de la potestad legislativa del Presidente de la República" (considerando 89°) (énfasis agregado).

11) Que, a mayor abundamiento, en el ámbito del derecho comparado, hay experiencias en la materia que se viene analizando, cuya consideración resultan oportunas. Así por ejemplo, en Estados Unidos, mediante la cláusula de secreto o reserva N° 5 (Exemption 5) de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (Freedom of Information Act), las Cortes han determinado la existencia de ciertos privilegios de información mediante los cuales es posible denegar total o parcialmente una solicitud de acceso a información pública. Entre ellos, está el privilegio ejecutivo , el cual no solo tiene por objeto proteger la mera documentación, sino también la integridad del proceso deliberativo mismo, en el que su publicidad podría resultar perjudicial para la decisión final. A partir de su existencia, la jurisprudencia estadounidense ha determinado como propósito general, evitar el daño cualitativo en las decisiones que puedan adoptar los agentes responsables, mientras que como propósito específico se persigue, entre otros, proteger contra la confusión pública que podría traer la revelación de razones que en los hechos no son o no serán tomadas en cuenta por la autoridad responsable . De esta manera, se suele reservar información relativa a opiniones, consejos o recomendaciones ofrecidas en el transcurso de la toma de decisiones, así como los documentos en estado de borrador, calidad que no se determina por su mera designación formal como "borrador", sino que más bien, ha de apuntarse dicha calidad en términos de fondo (énfasis agregado).

12) Que, por su parte, en el Reino Unido el Information Comissioner’s Office (ICO), agencia encargada de velar por la protección del derecho de acceso a la información pública, distingue la existencia de causales de secreto o reserva mediante las cuales es posible denegar información pública, en absolutas y relativas . Luego, dentro de las causales de secreto o reservas establecidas en la Parte II de la Ley de Libertad de Información del Reino Unido (Freedom of Information Act 2000), la sección 34 contempla la hipótesis del privilegio parlamentario , la cual ha sido calificada por la ICO como de carácter absoluto -esto es, de aplicación automática sin atender a test de interés público, que cubre cualquier información no publica relacionada a procedimientos parlamentarios -entendiéndose por estos, procedimientos legislativos o de formación de ley-. De esta forma, se han estimado como ejemplos cubiertos por dicha hipótesis, los siguientes: reportes y borradores de comités; memorándums subscritos por comités; artículos académicos y científicos preparados con motivo de los procedimientos adoptados por los comités; y proyectos de ley, reformas y mociones, incluyendo aquellos en borrador que son originados por el parlamento o uno de los miembros del consejo parlamentario u otro departamento gubernamental .

13) Que, finalmente, destaca en el Perú, el artículo 15 de la Ley N° 27.806, que establece excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En particular, indica que éste no podrá ser ejercido respecto de "d) La información interna de las entidades de la Administración Pública o de comunicaciones entre éstas que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones" (énfasis agregado).

14) Que, virtud de todo lo expuesto, a este Consejo le asiste el convencimiento que la divulgación de las minutas de trabajo con las opiniones, razonamientos o recomendaciones que los profesionales a cargo de la elaboración del proyecto de ley consultado emitieron durante su labor pre legislativa, sugiriendo cursos de acción a la autoridad administrativa que no necesariamente fueron adoptadas en la propuesta final -y que por tanto, no es de aquellos antecedentes a que el propio proyecto hace referencia en forma expresa -, puede provocar un daño en la funciones del organismo en el ámbito que se viene comentando, pues ciertamente generaría cuestionamiento a las decisiones tomadas -en desmedro de otras- respecto de una política pública que está en actual debate en el Congreso, situación que debilitaría su posición en dicha discusión y que, eventualmente, podría provocar confusión y entorpecer el buen avance del proceso legislativo.

15) Que, en consecuencia, se rechazará el amparo en análisis, por configurarse respecto de la información reclamada, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Sara Rojas González en contra del Ministerio de Hacienda, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Sara Rojas González y al Sr. Subsecretario de Hacienda.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.