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Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia Rol: 554-2019

Corte de Apelaciones de Santiago, 24/09/2020

Servicio de Impuestos Internos interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia que acogió el amparo al derecho de acceso a la información deducido en su contra. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Maritza Elena Villadangos F.
  • Paola Plaza González

Texto completo:

Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

Visto y considerando:

Primero: Que el abogado Miguel Andrés Zamora Rendich, en representación del Servicio de Impuestos Internos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1038, de 3 de octubre de 2019, que acogió el amparo al derecho de acceso a la información deducido por don Rodolfo Acha Jansson, en Amparo Rol C 675-19.

Señala que mediante solicitud de acceso a la información pública, el señor Acha pidió al Servicio en cuestión el listado de las compraventas consideradas en el reevalúo de las contribuciones del año 2018, de las áreas homogéneas HMB014, HMB019 y HMB016, en la comuna de Ñuñoa, incluyendo las direcciones y predios de cada inmueble considerado.

Por Resolución Exenta LTNot 0015634, se denegó el requerimiento impetrado, por estimarse que concurrían las causales de reserva establecidas en el artículo 21 Nros. 2 y 5 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en relación al artículo 35 del Código Tributario.

En contra de dicha resolución, el solicitante dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que por decisión unánime decidió acogerlo, lo que le fue comunicado el día 9 de octubre de 2019. A juicio del recurrente, se trata de información contenida en el Formulario N° 2890, el que es una declaración jurada obligatoria que emana de los notarios y conservadores de bienes raíces, de conformidad a lo previsto en los artículos 2 de la Ley N° 17.990, que modifica la Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas, 76 del Código Tributario y 16 N° 1 de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, cuya regulación administrativa se encuentra contenida en las Circulares Nros. 10 de 2004, 39 de 2007 y 57 de 2008, todas emanadas del Servicio de Impuestos Internos, y en él se contiene información que dice relación con la enajenación e inscripción de inmuebles ubicados en el territorio nacional, la que en concepto del reclamante puede ser reveladora de rentas de contribuyentes, en cuantía o fuente, pues en lo que dice relación con el monto de las transacciones, servirá para determinar la base del Impuesto a la Renta.

Invoca como causal de reserva la establecida en el N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 35 del Código Tributario, a la luz del principio de reserva tributaria, porque las declaraciones susceptibles de revelar renta no son solo aquellas por las cuales el contribuyente declara sus impuestos, sino que también deben considerarse como tales todo mecanismo de información mediante el cual el Servicio recaba antecedentes sobre los contribuyentes, como acontece con las declaraciones juradas de terceros. Tal es el caso del Formulario N° 2890, que apunta a fines propios y específicos del Servicio, como es la aplicación y fiscalización de los impuestos.

Adicionalmente se invoca la causal preceptuada en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, sosteniéndose que la decisión que se impugna ordena entregar al peticionario información personal de una serie de contribuyentes que atenta contra el respeto y la protección de la vida privada, específicamente en sus derechos de carácter comercial o económico, como es el mayor o menor valor obtenido por los dueños de dichos inmuebles con las transacciones o cuáles son los márgenes de utilidad y ganancias por las ventas, vale decir, la renta de la operación o la forma en que las personas obtienen financiamiento para realizarlas, infringiéndose lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Aduce el reclamante que la decisión vulnera, además, el inciso 1° del artículo 6 de la Constitución y la letra j) del artículo 33 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, porque no se han tomado los resguardos necesarios para cautelar los artículos citados y en especial la garantía afectada del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, pues no comparte el único argumento del Consejo para señalar que la información solicitada reviste el carácter de pública dado que conforme al artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces los registros que los conservadores están obligados a guardar son esencialmente públicos, lo que se refiere a la forma de testimoniar la tradición de inmuebles, no la compraventa misma, por lo que la publicidad del registro no puede sustentar una obligación para el Servicio a entregar información de escrituras públicas, que contienen datos como el RUT de las personas o datos de carácter privado comercial, como el monto de la operación y su fuente.

Sostiene enseguida que en el caso de autos es improcedente aplicar lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, atendido el gran número de contribuyentes a los que afecta.

Afirma, por último, que el artículo 35 del Código Tributario, anterior a la Ley N° 20.050, es una Ley de Quorum Calificado para efectos de la aplicación de la Ley N° 20.285.

Solicita en la conclusión que se acoja el reclamo de ilegalidad, se revoque el acuerdo adoptado por el Consejo, estableciéndose que se rechaza el amparo interpuesto por el requirente, en razón que la información solicitada se encuentra sujeta a reserva en virtud de los Nros. 2 y 5 de la Ley N° 20.285, en relación con los artículos 19 N° 4 de la Constitución Política y 35 del Código Tributario.

Segundo: Que doña Andrea Ruiz Rosas, Directora General y representante legal del Consejo para la Transparencia, solicita que el reclamo sea rechazado en todas sus partes pues, según refiere, la Decisión de Amparo N° C 675-19 se encuentra ajustada a derecho.

Indica que la controversia se encuentra circunscrita única y exclusivamente en determinar si la corporación obró o no conforme al marco normativo que regula su intervención al desestimar la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación al artículo 19 N° 4 de la Constitución y la Ley 19.628 y la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de Ley en relación al artículo 35 del Código Tributario.

En cuanto al carácter reservado de lo pedido, hace presente que la información solicitada es pública, con independencia de su origen, al haber sido empleada por el Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio de sus funciones y en el marco del proceso de reevalúo de los bienes raíces para la determinación del impuesto territorial y, además, porque constituye el fundamento de una decisión administrativa. Invoca para estos efectos el artículo 8 de la Constitución Política de la República, cuyo contenido ha sido ratificado y desarrollado por el legislador en los artículos 5°, 10° y 11° de la Ley de Transparencia, teniendo como única forma de afectación que exista una Ley de Quorum Calificado que establezca el secreto o reserva. Acorde a ello, el solo hecho de que un documento obre en poder de la Administración Pública hace que, en principio, tenga el carácter de público, sin importar su origen, siendo de cargo de quien alega la reserva acreditar las causales de su concurrencia. En cuanto a la sujeción del órgano reclamado a las disposiciones antedichas, cita el artículo 6 inciso 1° del Código Tributario y el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio Impuestos Internos y las funciones que le atribuye.

Explica que en virtud de lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 17.235, a contar del 1° de enero de 2018, el Servicio debe efectuar el reevalúo de los bienes raíces de segunda serie no agrícola, normativa que se refundió en un instrumento único, correspondiente a la Resolución Exenta N° 28, de 9 de marzo de 2018, que en su Anexo N° 1, sobre planos de precios de terrenos, fija por cada comuna del país su sectorización en áreas homogéneas, y respecto de cada una de ellas, el valor unitario del terreno expresado en pesos por metro cuadrado, en moneda del 1 de julio de 2017, y el rango de superficie de terreno definido como representativo de cada área homogénea.

Refiere que en la resolución reclamada se da cuenta que los antecedentes pedidos corresponden a información esencialmente pública, por ser fundamento de la Resolución N° 28, por una parte, y de la decisión del Servicio relativa al actual avalúo fiscal de todos los bienes raíces que comprende cada área homogénea, haciendo hincapié en que el actual avalúo de una propiedad, así como aquél relativo a fechas pasadas, es información divulgada en el propio sitio web del Servicio de Impuestos Internos, pudiendo acceder a ella cualquier persona que conozca los roles de avalúo de la propiedad sujeta a consulta. Por ende, estima que la entrega de la información se ajusta a derecho, en especial a lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución, toda vez que al decretar la publicidad de los antecedentes solicitados se está permitiendo y promoviendo el conocimiento de los procedimientos y el contenido y fundamentos de las decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función pública, referido al proceso de reevalúo de bienes raíces no agrícolas. En especial respecto de la materia objeto de la solicitud, son tres las organizaciones de propietarios y vecinos de Ñuñoa quienes la requieren: OCF Los Adoquines de Ñuñoa, que preside el solicitante, y las Juntas de Vecinos UV N° 1 y UV N° 4 de Ñuñoa.

Plantea que en la especie no resultan aplicables las reglas de tratamiento de datos dispuesta por la Ley N° 19.628, por lo que no aplica la causal de secreto consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, reiterando que se trata de información pública y que en sí misma no constituye datos personales, tal como lo expuso el organismo en la decisión de amparo impugnada. Además, los datos contenidos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces son los mismos que se encuentran contenidos en el Formulario 2890, de Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de un Bien Raíz, elaborado por el Servicio de Impuestos Internos. Tal información, el Servicio la tiene sistematizada y puede entregarla al solicitante en cumplimiento del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, porque ella consta en fuentes de libre acceso al público, de manera que al entregarla, no se produce afectación al derecho establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución ni a las normas de la Ley N° 19.628.

Con todo, refiere que la información de que se trata no constituye por sí misma datos personales, en la medida que no dice relación con personas identificadas, y aun obteniéndola, resulta difícil o imposible la identificación de los propietarios de los inmuebles que conforman las áreas homogéneas indicadas en la solicitud, pues solo se ha pedido un listado de transferencias o compraventas, sin RUT ni nombre de los propietarios.

De otra parte, aduce que la información requerida no resulta reservada por aplicación del artículo 35 del Código Tributario, por cuanto no se da a conocer o divulgar información de los elementos básicos que permitirían acceder a la identidad de personas específicas y determinadas, ni sobre sus ingresos, o la fuente de aquéllos ni a la determinación de sus rentas o cargas impositivas, lo que conduce a desestimar la causal de secreto del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

Por último, sostiene que la decisión del Consejo no obliga a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a incurrir en infracción a lo dispuesto en los artículos 101 N° 5 del Código Tributario y 246 del Código Penal, porque en la especie se trata de hacer operativo el principio de publicidad, encontrándose la decisión del Consejo revestida de juridicidad, ya que no se trata de una revelación de secretos sino del cumplimiento de una función pública que pesa sobre la institución en tanto sujeto obligado por la Ley de Transparencia.

Tercero: Que don Rodolfo Acha Jansson, en calidad de tercero interesado, efectúa sus observaciones al reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio de Impuestos Internos señalando que la información requerida es esencial para conocer la forma en que se han determinado las bases del Impuesto Territorial, dando a conocer las razones que lo motivaron a efectuar el requerimiento y la importancia de ello. Refiere que se trata de antecedentes que no pueden ser calificados como privados y no corresponden a información personal, aclarando que lo pedido son solo los listados de las propiedades que sirvieron de base para llegar a la determinación del avalúo fiscal de tres áreas homogéneas, pero no se requirió ninguna copia de documento ni dato que hiciera referencia alguna a propietarios, RUT, monto de las transferencias, algún contribuyente en particular ni ningún otro elemento similar, sino aquellos mínimos para verificar y lograr comprender el valor de las propiedades del área homogénea comprometida.

Por ello solicita a esta Corte confirme la decisión reclamada.

Cuarto: Que atento al tenor del reclamo, debe señalarse que el principio rector en esta materia está constituido por la publicidad que asiste a los actos y resoluciones de la Administración. Dicho principio se recoge en las normas de la Ley N° 20.285, la que regula, conforme se lee en su artículo 1°, el principio de la transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información.

Quinto: Que, en ese contexto, es la propia ley la que desarrolla entre sus normas las excepciones que la Carta Fundamental reconoce a la regla general y básica de la publicidad, cuales son, el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Es decir, el derecho de acceder a la información de los órganos del Estado, no obstante encontrarse amparado constitucionalmente en el artículo 8° de la Carta Fundamental, no es absoluto y total, sino que reconoce limitaciones, las que se recogen en las causales de secreto o reserva que la citada Ley de Transparencia establece en su artículo 21.

Sexto: Que el precepto citado estatuye en lo que interesa lo siguiente:

Artículo 21- "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: ...

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico...

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quorum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

Ambas causales de exclusión fueron alegadas por la reclamante.

Séptimo: Que en cuanto a la reserva invocada por el Servicio de Impuestos Internos, corresponde señalar que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, como asimismo los procedimientos que se utilizan para su dictación, por lo que en el caso de marras al tratarse la información requerida precisamente de antecedentes empleados por el Servicio con dicha finalidad, no cabe sino concluir que participan del carácter público en los términos de la referida disposición.

En efecto, las compraventas y transferencias respecto de lo cual se pide la información, son utilizadas como referencia para la determinación del valor del terreno de las áreas homogéneas sobre las que recae la solicitud, por lo que conforme a la normativa legal que regula la materia, incide en la aplicación del impuesto territorial. En ese contexto, el Servicio reclamante procedió a dictar el acto administrativo que dio lugar al requerimiento del particular, pues el artículo 4 de la Ley N° 17.235 faculta a su Director para proceder a ello. Tal como se expresa en la decisión reclamada, "el avalúo de un bien raíz se determina utilizando las medidas de terreno y construcciones registradas en el SII, lo que se denomina catastro físico de los bienes raíces, y tablas de valores unitarios de terrenos y construcciones determinadas por el Servicio ..." Vale decir, para la definición del valor unitario por metro cuadrado de cada área homogénea se tuvo como referencia muestras de compraventas de bienes raíces obtenidas de escrituras públicas suscritas entre os años 2013 y 2017, entre otras fuentes de información.

Octavo: Que abona la afirmación anterior el hecho que la información requerida proviene de fuentes de libre acceso como resultan ser escrituras públicas que constan y son inscritas en registros de dicho carácter.

Noveno: Que, así las cosas, el planteamiento del reclamante en cuanto a que la decisión atacada atenta contra la privacidad de las personas, afectando la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, no puede ser acogida, debido a que la información que se pide no constituye en sí misma datos personales. En efecto, el requerimiento no guarda relación con personas determinadas y, más aún, en el caso de emitirse el certificado de avalúo en la página web del Servicio Impuestos Internos, no es posible acceder al nombre y otros datos del propietario actual, de manera que no existe riesgo de individualización, por esa vía, de los contribuyentes, lo que en todo caso no se ha pedido.

Décimo: Que en relación a la naturaleza reservada que tendría lo requerido, en atención a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario, cabe relevar que la citada disposición indica en lo pertinente que: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales."

Undécimo: Que del examen de la causa se desprende que la información pedida al Servicio de Impuestos Internos no está sujeta a la reserva estatuida por el artículo reproducido. Por una parte, cabe tener presente que el solicitante no incluyó en su requerimiento los datos referidos a la identidad de las personas comprometidas, por lo que en tal sentido el secreto tributario estaría a resguardo. En efecto, a partir de lo que se ordena entregar, no es posible acceder respecto de sujetos singularizados a sus ingresos, ni la fuente de los mismos como tampoco a la determinación de cargas impositivas, y esto es así por cuanto en el Formulario N° 2890 se contienen los datos de tasación de un inmueble determinado y no da a conocer utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad ni todos los beneficios, utilidades o incrementos de patrimonio que perciban o devenguen. En otras palabras, no constituye renta en los términos del artículo 2 N° 1 del Decreto Ley N° 824.

Duodécimo: Que así las cosas, al descartado la sujeción a reserva legal impuesta por el artículo 35 del Código Tributario de los antecedentes solicitados al reclamante, debe rechazarse a ese respecto el reclamo.

Décimo Tercero: Que conforme a lo reflexionado y estando la decisión del Consejo establecida en un procedimiento legalmente tramitado y ajustándose, además, a los términos de la normativa vigente, no es posible sostener, contrariamente a lo que considera el reclamante, que se está compeliendo a los funcionarios a infringir lo dispuesto en los artículos 101 N° 5 del Código Tributario y 246 del Código Penal, como tampoco el artículo 6 de la Carta Fundamental, toda vez que se trata de una actuación lícita.

Décimo Cuarto: Que, por consiguiente, la decisión del Consejo para la Transparencia se ha ajustado a la normativa vigente, debiendo desestimarse el reclamo intentado en estos autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos, en contra de la Decisión de Amparo Rol C 675-19, del Consejo para la Transparencia, la que en consecuencia se ajusta a la normativa vigente.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo de la Ministro Sra. P. Plaza G.

Contencioso Administrativo N° 554-2019.-

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Maritza Elena Villadangos F., Guillermo E. De La Barra D. Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.