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Emilio Jorge Lailhacar Cintolesi con Consejo para la Transparencia Rol: 343-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 29/09/2020

Una persona interpuso reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia que estimó que su petición no había ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Fernando Carreño Ortega
  • Jorge Zepeda Arancibia
  • Juan Manuel Muñoz Pardo

Texto completo:

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 11 y 12, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Antonio Barna Legües, domiciliado para estos efectos en calle El Dante N° 4320, departamento N° 706, comuna de Las Condes, en representación de Emilio Jorge Lailhacar Cintolesi ingeniero comercial, de su mismo domicilio, quien de conformidad al artículo 28 de la Ley 20.285 de 2008, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la DECISIÖN AMPARO ROL C2948-20 del Consejo para la Transparencia, notificada a esta parte el 11 de junio de 2020, en cuanto ésta determinó que en mi petición no había ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por dicha Ley por cuanto no había solicitado la entrega de información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 sino que correspondería más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la cual no le cabría pronunciarse sobre ella, en esa sede. Dicha decisión resultaría errónea, en cuanto alteraría la petición literal de acceso a la información pública que realizó ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y luego al Consejo para la Transparencia.

Expone que el 18 de mayo de 2020 solicité a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento le informe los motivos que tuvo para hacerse parte en la liquidación de Alberto Chang Rajii que se tramita en el 15° juzgado civil de Santiago señalando literalmente lo siguiente: "Quisiera saber por qué motivos la Superintendencia pidió hacerse parte en la liquidación de Alberto Chang Rajii que se tramita en el 15 juzgado civil de Stgo. rol c-22.090-2016."

Con fecha 29 de mayo de 2020, la Superintendencia le remitió respuesta, la cual estima incompleta y parcial, informando que solicitó hacerse parte de conformidad con lo dispuesto en el número 4 del artículo 182 de la Ley 20.720.

Dicho artículo permite efectivamente, que la Superintendencia se haga parte pero no señala los motivos por los que se hace parte.

Entonces, estima el recurrente que no se ha dado respuesta a lo esencial de su pregunta.

Así las cosas, con fecha 2 de junio de 2020 conforme a la Ley de Transparencia dedujo amparo ante el Consejo, fundado en la respuesta incompleta o parcial a su petición, indicando que lo que él ha solicitado es que se le indiquen los motivos por los cuales la Superintendencia solicitó al tribunal hacerse parte en la liquidación de Alberto Chang Rajii y no la base legal que le permitía hacerse parte".

Con fecha 11 de junio de 2020 el Consejo le notificó la decisión amparo

Rol C2948-20 que señala literalmente lo siguiente en el considerando 3:"Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, la reclamación del recurrente tiene por objeto solicitar que el órgano se pronuncie respecto a los motivos por los cuales se le pidió hacerse parte en la liquidación que indica. Dicha petición, no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede."

Estima que la petición realizada a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, no fue exactamente la que señala el Consejo en la segunda frase del considerando antes citado, ya que habría una diferencia importante entre ambas En efecto, el solicitó información acerca de los motivos que tuvo la Superintendencia para hacerse parte en dicha liquidación y NO sobre los motivos por los cuales se le pidió hacerse parte.

Por lo tanto, la información solicitada fue de aquellas contenidas en la Ley de Transparencia en algunos de los soportes señalados en el artículo 10, contrario de lo afirmado por el Consejo, y/o demás artículos pertinentes y aplicables de dicha Ley. El no sabe exactamente en cual de estos soporte consta (actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos) por ello corresponde que la Superintendencia le entregue esa información contenida en cualquiera de esos soportes.

Pide en definitiva se declare que la información solicitada es de aquellas contenidas en algunos de los soportes señalados en el artículo 10 y/o demás artículos pertinentes y aplicables de la Ley de Transparencia y que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento debe facilitarla a su parte.

SEGUNDO: Que informa Hugo Sánchez Ramírez, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, quien señala que el 18 de mayo de 2020 la Superintendencia recibió la solicitud de parte del señor Lailhacar Cintolesi quien pedía la siguiente información: "Estimados Quisiera saber por qué motivos la Superintendencia pidió hacerse parte en la liquidación de Alberto Chang Rajii que se tramita en el 15° juzgado civil de Stgo rol c-22090-2016. Les informo que soy parte como acreedor en dicha liquidación. Quedo atento a sus comentarios a la brevedad posible".

Mediante Oficio N.° 8709 de 29 de mayo de 2020, se le respondió al señor Lailhacar: "Esta Superintendencia solicitó hacerse parte para efectos de cumplir con lo dispuesto en el número 4 del artículo 182 de la Ley N.° 20.720".

El señor Lailhacar preguntó por vía de acceso a la información pública, el motivo por el que la Superintendencia se hizo parte en el Procedimiento Concursal de Alberto Chang Rajii. Respecto a ello, el artículo 10 de la Ley N.° 20.285, señala que: "...El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales". Si bien es cierto, la consulta del señor Lailhacar no corresponde a una solicitud de acceso a la información, ya que los motivos que tuvo este Servicio para participar en dicho proceso concursal directamente no constan en ningún documento físico, y sólo se decidió responderla por esta vía, en virtud de los Principios de economía procesal y de celeridad establecidos en la Ley N.° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.

Efectivamente, el motivo por el que dicho Servicio se hizo parte, fue para poder participar con derecho a voz en las juntas de la Liquidación de Alberto Chang Rajii, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo citado que señala que: "Las Juntas de Acreedores serán públicas y el Liquidador podrá disponer que, por razones de seguridad y previa autorización judicial, se celebren sesiones con presencia limitada de público general. Tendrán derecho a voz: ... 4) El Superintendente de Insolvencia y Emprendimiento, o quien éste designe.

Por lo anterior, estima que la Superintendencia dio una respuesta asertiva frente a lo consultado por el señor Lailhacar, sin perjuicio de no haber correspondido su requerimiento a una solicitud de acceso a la información de acuerdo al marco normativo de la Ley N.° 20.285, en función y con estricta sujeción a los principios generales que rigen a la Administración del Estado y sustentado el justo derecho a petición de los ciudadanos consagrado en el artículo 19 N.° 14 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que comparece Rodrigo Reyes Barrientos, mandatario judicial del Consejo para la Transparencia, quien solicita el rechazo del presente reclamo.

Expone que por decisión de Amparo Rol C2948-20, adoptada con fecha 9 de junio de 2020, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo interpuesto por don Emilio Lailhacar Cintolesi en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por cuanto lo reclamado no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los términos que exige la Ley de Transparencia, sino al derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución. Explica que para adoptar esta decisión se analizaron los argumentos desarrollados por el requirente de información y por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por lo que estima que la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debería ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna ilegalidad al adoptarse.

Así, resulta que el amparo deducido por el sr. Lailhacar Cintolesi en contra de la Superintendencia reclamada fue declarado inadmisible debido a que la petición que le dio origen no constituye una solicitud de acceso a la información pública, en conformidad a lo dispuesto en los arts. 5° y 10° de la Ley de Transparencia, sino que consistió en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 19 N° 14 de la carta fundamental.

En virtud de lo anterior, el Consejo razonó en el considerando 3) de la decisión reclamada, que su reclamo "tiene por objeto solicitar que el órgano se pronuncie respecto a los motivos por los cuales se le pidió hacerse parte en la liquidación que indica", por lo que su comparecencia ante el Consejo para la Transparencia no es a consecuencia de la falta de entrega de información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 de dicha ley. En efecto dicha petición, no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que se concluyó que no cabía pronunciarse respecto de esa petición en sede de amparo por denegación de acceso a la información, ya que el requerimiento que le dio origen no constituye una solicitud de acceso a la información pública en los términos establecidos en la Ley de Transparencia

Ello ya que la petición planteada por el Sr. Lailhacar Cintolesi excede el marco jurídico del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley de Transparencia, específicamente en los artículos 5° y 10° del citado cuerpo normativo, que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a "solicitar y recibir información" en la forma y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal.

En este contexto, ambas disposiciones legales al referirse a los antecedentes o documentos que pueden ser objeto del derecho de acceso a la información, claramente no amparan los requerimientos que importan emitir pronunciamientos por parte del órgano requerido, como es el caso de requerir expresiones de motivos o razones por las cuales la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento estimó necesario y decidió hacerse parte en el proceso de liquidación judicial.

La información que se encuentra amparada por las disposiciones de la Ley de Transparencia, se refiere exclusivamente a actas, resoluciones, expedientes, contratos, acuerdos y toda otra información elaborada o que se encuentre en poder de los órganos públicos, esto es, que exista materialmente; no encontrándose obligados los órganos de la Administración del Estado, bajo los preceptos de la Ley de Transparencia, a elaborar información que no obra en su poder, en virtud de un determinado requerimiento.

Concluye señalando que la jurisprudencia judicial ha respaldado la interpretación que ha sostenido el consejo, sobre el alcance y contenido de los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, en orden a que esta corporación no se encuentra facultada para forzar a los órganos de la administración del estado a elaborar pronunciamientos.

CUARTO: Que para resolver el presente recurso, cabe consignar que si bien el artículo 10 de la Ley del Transparencia consagra el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, lo es en la forma y condiciones establecidas por dicha ley, precisando que el derecho de acceso a la información comprende el de acceder a las informaciones contenidas en actos y resoluciones, actas expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, lo que no se corresponde con lo que se reclama en autos, el que incide en falta de motivación de la decisión del acto, consistente en hacerse parte en el proceso de insolvencia y de liquidación de Alberto Chang, lo que excede el marco jurídico establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia que no amparan que el órgano emita expresiones de fundamentos o razones de sus actuaciones. En consecuencia el reclamante confunde y equivoca la naturaleza de la acción que interpuso.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por don Emilio Jorge Lailhacar Cintolesi, en contra de la decisión de amparo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Rol Contencioso administrativo 343-2020

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Jorge Luis Zepeda A., Fernando Ignacio Carreño O. Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.