logo
 

Macarena Martinic Cristensen con Consejo para la Transparencia Rol: 236-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 28/09/2020

Una persona interpuso reclamo de ilegalidad contra Consejo para la Transparencia que rechazó su amparo en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz
  • Pía Tavolari Goycoolea

Texto completo:

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Que, comparecen Diego Lillo Gofferi y Marcos Emilfork Orhusteguy, ambos en representación de Macarena Martinic Cristensen, y deducen reclamo de ilegalidad en virtud del artículo 28 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en contra del Oficio N° E-5159 del Consejo para la Transparencia, de 13 de abril de 2020, recaído en amparo Rol C-657-20, por el que se rechazó el amparo deducido por la señora Martinic en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Exponen que con fecha 20 de enero, la señora Martinic realizó una Solicitud de Acceso de Información Pública, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 20.285, a través de la cual solicitó el expediente de evaluación de la central termoeléctrica Central Termoeléctrica Mejillones, aprobada mediante RCA N° 164/1995, ya que no figura en la página web del SEA. Agregan que con igual fecha se acusó recibo y se le asignó el folio N° AW004T0003971.

Refieren que el día 22 de enero, el SEA respondió que la información de acuerdo a los artículos 10 de la Ley N° 19.300 y 3° del DS N° 40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se encuentra permanentemente disponible en el sitio web, en la plataforma electrónica del SEIA, en el link http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php.

Se le indicó, además, que hace unos años se realizó un proceso de digitalización y foliación de los proyectos más antiguos, recogiendo, en su mayoría, todo lo que existía en papel, pero que en el caso de este proyecto, no se encontraron documentos administrativos ni de otro tipo asociados a su expediente de evaluación ambiental, por lo que se levantó, en esa época, un Certificado de Extravío, que se adjuntó, firmado por el director de aquel entonces. Se informó, además, que se desconocen las causas del extravío, más que la del tiempo transcurrido desde la dictación del acto administrativo que calificó ambientalmente el proyecto (1995), época en la que no había proceso electrónico de tramitación ni de gestión documental y de archivo.

Explican que, por lo anterior, la señora Martinic interpuso un amparo por denegación de acceso a la información en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, fundado en que la Administración debe poseer la información contenida en los expedientes y estar disponible a los interesados, y que, en el caso de extravío de un expediente, es deber del Servicio agotar todos los medios posibles y realizar una búsqueda exhaustiva para reconstituir la información, no bastando un certificado de extravío. De contrario, la Administración podría excusarse por pérdidas de su deber de mantener de forma íntegra y a disposición de la ciudadanía la información pública, generando un incentivo perverso al incumplimiento de la obligación legal creada por la ley 20.285.

Afirman que constituye un deber del Servicio reconstituir el expediente de evaluación de la Central Termoeléctrica de Mejillones 1, para efectos de dar respuesta la solicitud de información realizada, dando resguardo al derecho de acceso a la información pública.

Con fecha 24 de marzo de 2020, mediante Oficio Ordinario D.E. N° 20209910277 el órgano reclamado hizo llegar sus descargos al Consejo para la Transparencia, agregando, además de lo ya expuesto en la respuesta dada a la solicitante, que el expediente consolidado de dicho proyecto, con las piezas que se encuentran en poder del SEA, están en permanente disposición ciudadanía en la plataforma electrónica SEIA, a la que se puede acceder en el enlace indicado, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 20.285, al comunicar al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información. Agrega que el SEA agotó todos los medios posibles, efectuando una búsqueda exhaustiva de las piezas faltantes del expediente administrativo, cuyo origen se remonta al año 1995, al momento de digitalizarlo, veinte años después, durante el 2015.

El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria N° 1087 de 9 de abril de 2020, resolvió rechazar el amparo en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, por haber éste señalado la fuente y la forma en que se puede tener acceso a la información disponible y por haber justificado debidamente la inexistencia de aquella que pudiera faltar.

Fundamentan su recurso en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 3, 4, 5 y 11 de la Ley 20.285, 22 de su Reglamento, y 4 y 31 bis de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Exponen que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho que debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información no esta en su poder, lo que debe ser fehacientemente acreditado. La importancia de la obligación de mantener disponible la información ambiental relativa a la calificación de proyectos, es doble: por un lado, permite la protección y el ejercicio de la participación ciudadana tanto en su dimensión de acceso a la información, como de acceso a la justicia. Sin embargo, y por otro lado, la máxima importancia de contar con esta información tiene que ver con el correcto funcionamiento del sistema de fiscalización y sanción ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre todo cuando se trata de proyectos antiguos cuyas Resoluciones de Calificación son prácticamente imposibles de entender sin los antecedentes completos de la evaluación ambiental que les dio origen.

Piden tener por interpuesto el reclamo de ilegalidad y, en definitiva, que se revoque la decisión adoptada por el Consejo mediante Oficio N° E5159, de 13 de abril 2020, recaída en el amparo Rol C657-20, y se ordene al SEA entregar la información solicitada o en su defecto, reconstituya el expediente de evaluación de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Mejillones.

Segundo: Que, informando, el Consejo para la Transparencia pide el rechazo del reclamo. Expone que la controversia se centra en determinar si el Consejo obró conforme a derecho al rechazar el amparo deducido por la señora Martinic en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, respecto del expediente de evaluación de la Central Termoeléctrica Mejillones, aprobada mediante RCA N° 164/1995, toda vez que en relación a dichos antecedentes, el SEA acreditó haber agotado todos los medios posibles, efectuando una búsqueda exhaustiva de las piezas faltantes del expediente administrativo al momento de digitalizarlo durante el 2015, esto es, veinte años después de aprobado el proyecto, desplegando diversas diligencias, de lo cual informó debidamente al reclamante, comunicándole la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información, al señalar el enlace de búsqueda de expedientes, su característica de "expediente consolidado" y el número de ID del mismo. Refiere que, en razón de lo expuesto, el órgano reclamado indicó la manera de acceder digitalmente a la única información que obra en su poder y además justificó debidamente la inexistencia de la información faltante.

Por ello, a través de su decisión no se infringió el principio de publicidad, por cuanto el Consejo sólo puede disponer la entrega de información que obre en poder de los órganos de la administración del Estado, y en este caso, concluyó que el SEA agotó todos los medios posibles, al haber efectuado una búsqueda exhaustiva de las piezas faltantes del expediente administrativo, cuyo origen se remonta al año 1995, al momento de digitalizarlo, desplegando con dicha finalidad diversas diligencias, de las que informó a la reclamante, comunicándole la fuente, lugar y la forma en que puede tener acceso a la información, al señalarle el enlace de búsqueda de expedientes, su característica de "expediente consolidado", y el número ID del mismo, habiendo además justificado la inexistencia de la información faltante.

Agrega que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que la información obre en poder del órgano requerido, conforme lo preceptúan los artículos 5, 10, 11 y 13 de la Ley de Transparencia, los que no han sido infringidos.

La decisión que rechazó el amparo por haberse acreditado el extravío del expediente de evaluación ambiental de la central termoeléctrica Mejillones, no genera distorsiones en el sistema de fiscalización y protección ambiental. La reclamante confunde el alcance y efecto de la decisión de amparo reclamada, con las facultades y atribuciones de otros órganos o servicios públicos, ya que no se la ha inhibido, ni tampoco a la ciudadanía y a otros órganos, la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en la Resolución de Calificación Ambiental, de monitorear la calidad del aire en la ciudad de Mejillones, o cualquier otro elemento del ambiente que resulte afectado, o velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

No resulta procedente ordenar al SEA la reconstitución del expediente para ordenar su entrega, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que la Ley de Transparencia en sus artículos 5 y 10 consagra el derecho que tiene toda persona a "solicitar y recibir información", que obre en poder de los órganos del Estado, en la forma en que dicha ley dispone, para lo cual esa información debe existir materialmente en su poder.

Finaliza señalando que la existencia de un interés público en el acceso a la información ambiental no es óbice para sostener que la decisión de amparo reclamada es ilegal, cuando ésta ha constatado la inexistencia de las piezas faltantes del expediente, por haberse extraviado, como asimismo, cuando el órgano requerido de información ha desplegado todos los esfuerzos para entregar los antecedentes que obran en su poder.

Tercero: Que, en la especie, el quid de asunto es determinar si el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se encuentra o no obligado a entregar a la requirente, señora Martinic, el expediente de evaluación de la Central Termoeléctrica Mejillones, aprobada mediante RCA N° 164/1995, teniendo presente que aquél se encuentra extraviado, según informó el citado organismo.

Cuarto: Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 20.285, sobre Transparencia y acceso a la Información Pública, "en caso que el órgano de la Administración requerido (...) no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. (...)".

A su turno, el artículo 31 bis de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública."

Es pues, en atención a la normativa transcrita, que resulta ineludible concluir que solo es exigible al órgano de la Administración requerido, entregar la información que le sea solicitada siempre que ella se encuentre en su poder, y no aquella que no posea.

Quinto: Que, por lo anterior, solo resulta posible concluir que el Consejo para la Transparencia ha actuado dentro del ámbito de la ley, al rechazar el amparo de información deducido, fundado en que no resulta posible exigir al SEA la entrega de información que no posee, considerando para ello que se trata de información del año 1995, y que en dicha oportunidad se certificó que ella se había extraviado.

Este fundamento resulta, en opinión de esta Corte, plausible y se encuentra suficientemente justificado, en cuanto a que la información solicitada no existe hace más de 20 años, resultando imposible reconstituirla, por lo que el órgano requerido no se encuentra en la hipótesis normativa que obliga a su entrega en su calidad de información pública.

Sexto: Que, según lo razonado precedentemente, la decisión de amparo se encuentra además fundada en lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Ley de Transparencia, que establece que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, por lo que, al no encontrarse dicha información en poder del SEA, dicho organismo no se encuentra obligado a entregarla.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, SE RECHAZA la reclamación deducida en representación de doña Macarena Martinic Cristensen, en contra del Consejo para la Transparencia por su decisión en el Amparo Rol C-657-20.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante señora Tavolari.

No firma la Ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 236-2020

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogada Integrante Pia Tavolari G. Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.