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C4009-20 Rol: C4009-20

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, referido a la entrega de copia electrónica del expediente administrativo indicado, el que se encuentra tramitado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4009-20

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Juan González González

Ingreso Consejo: 09.07.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, referido a la entrega de copia electrónica del expediente administrativo indicado, el que se encuentra tramitado.

Lo anterior, por cuanto, si bien se desestima la alegación del órgano referida a la necesidad de solicitar la información sólo por medio de la presentación de escrito en el respectivo expediente, se configura respecto de los antecedentes requeridos la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, al no ser el solicitante titular de los datos personales contenidos en el expediente requerido.

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4009-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de julio de 2020, don Juan González González solicitó a la Tesorería General de la República, la siguiente información: "necesito copia electrónica del expediente administrativo que se encuentra totalmente tramitado. Expediente Administrativo N° 10218-2013 Concepción".

2) RESPUESTA: El 8 de julio de 2020, a través de Oficio Ordinario N° 764-DJ, la Tesorería General de la República respondió al requerimiento de información indicando que los procedimientos administrativos de cobro deben tramitarse conforme las normas del título V Libro III del Código Tributario, donde el legislador ha señalado expresamente la forma en que deben tramitarse peticiones como la que formula el interesado. En efecto, el artículo 190 del Código Tributario establece que los asuntos que se susciten entre los deudores y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitaran incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesoro Regional o Provincia, quien conforme al artículo 170 del mismo código, actúa en el carácter de Juez Sustanciador.

Así, la vía idónea para requerir la información sería mediante el respetivo escrito presentado en el expediente, por tratarse de un procedimiento jurisdiccional, el que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable en este tipo de peticiones el procedimiento definido por la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 9 de julio de 2020, don Juan González González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la Tesorería niega el acceso a la información señalando que debe ser pedida mediante escrito en el mismo expediente administrativo de cobro, el cual por cierto se encuentra cerrado. Es evidente que la Tesorería no quiere aportar una copia de la tramitación de una cobranza administrativa ejercida con recursos públicos, excusándose en la falta de idoneidad de la petición vía transparencia. Esta es información de carácter pública por lo que resulta improcedente la respuesta de la Tesorería.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio E11629, de 22 de julio de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar respuesta a la solicitud, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias.

Mediante Ord. N° 545, de fecha 7 de agosto de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que los procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, deben sustanciarse conforme a las normas del Título V, Libro III del Código Tributario, donde el legislador ha señalado la forma en que deben tramitarse peticiones como la que formula el requirente, indicando el artículo 190 del Código Tributario que las cuestiones que se susciten entre los deudores y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitan incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial, quien, conforme al artículo 170 del mismo código, actúa en el carácter de Juez Sustanciador. De esta manera, la vía idónea para requerir copias, es mediante escrito presentado en el expediente, el que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable a este tipo de peticiones el procedimiento definido por la Ley de Transparencia.

Conforme lo indica el artículo 76 de la Constitución Política del Estado: "La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley", norma atributiva legal, de rango constitucional, que se armoniza con el artículo 19, N° 3, inciso 6°, de la Constitución, que impone a todo órgano que ejerce jurisdicción por medio de una sentencia, sustanciarla mediante un proceso previo legalmente tramitado.

Así, de conformidad con el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales y norma constitucional citada, el Tesorero Regional y el Tesorero Provincial constituyen un Tribunal Especial establecido por ley (en este caso, por el DFL N° 1 de 1994, Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías y el Título V, Libro III del Código Tributario), lo que se ve refrendado con lo dispuesto por el artículo 5, inciso 4, del Código Orgánico de Tribunales, que le reconoce la calidad de Tribunal Especial, al señalar directamente: "Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código".

Indica que el recurrente confunde las funciones administrativas de los Tesoreros Regionales y Provinciales cuando éstos actúan como jefes administrativos de las respectivas Oficinas de Tesorería, de las funciones jurisdiccionales, cuando conocen del procedimiento jurisdiccional de cobro, en el que actúan como tribunal especial; de manera que respecto de las actuaciones que tengan lugar en el ámbito del proceso de cobro, no tienen aplicación las normas del Estatuto Administrativo; las de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado; las de Bases de los Procedimientos Administrativos, como tampoco las de la Ley de Transparencia.

Recuerda que el proyecto finalmente aprobado como ley de la República, bajo el N° 20.285, en su artículo 2° regula expresamente a qué instituciones le serán aplicables sus disposiciones, indicando que estarán sujetos a ellas "los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Luego, al aprobarse dicho proyecto, el "Artículo primero" de la ley N° 20.285 señala "Apruébase la siguiente ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado", fijando expresamente su ámbito de aplicación. Conforme a lo anterior, no cabe duda alguna que el Servicio de Tesorerías se encuentra sujeto a dicha normativa, pero sólo en lo que se refiere al cumplimiento de la función administrativa que le compete. Sin embargo, en lo relacionado a las funciones jurisdiccionales del tribunal especial no está sujeto a ella, toda vez que el legislador excluyó de su aplicación a la función jurisdiccional de los Tribunales del País, ya sean Ordinarios o Especiales, como es el caso del Juez Sustanciador.

Por otra parte, el artículo 8° transitorio de la ley N° 20.285, solo preceptuó como obligación de los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, esto es, antecedentes o información de carácter netamente administrativa, que forman parte de la "Transparencia Activa". Respecto de los demás tribunales especiales y órganos que ejercen jurisdicción, como es el caso del Juez Sustanciador, el legislador señaló la misma obligación, pero permitiendo que se cumpla en los sitios web de los servicios de que dependan o formen parte; sin hacer referencia alguna al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, lo que confirma la idea de no recibir aplicación la ley de transparencia en ese ámbito.

De este modo, resulta manifiesto que respecto de los tribunales especiales creados por ley no se aplican las normas del derecho de acceso a la información (transparencia pasiva) ni hay ningún tipo de relación con el Consejo para la Transparencia.

Lo anterior, aparece corroborado en el artículo 2° del reglamento de la Ley de Transparencia, que regula los aspectos generales regulados en dicho cuerpo legal, al referirse a su ámbito de aplicación, al señalar expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros órganos, a los tribunales especiales.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E14022, de 24 de agosto de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

A través de correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2020, el reclamante manifestó que la información proporcionada no es satisfactoria, toda vez que se ha negado el derecho a obtener información sobre un expediente administrativo que está totalmente tramitado escudándose en el hecho que el solicitante, en su calidad de ciudadano y administrado, puede pedir la información de manera directa mediante un escrito presentado en el expediente. Al respecto señala que la respuesta es meramente dilatoria toda vez que al presentar el escrito señalado también se negará la petición de copia del expediente argumentando en ese momento que no es parte, todo ello aun cuando el expediente ya se encuentre totalmente tramitado. En este sentido el planteamiento formulado por la TGR es contradictorio toda vez que en el ámbito civil y laboral, los antecedentes que obran en el proceso son públicos, lo cual se verifica por el solo hecho de ingresar a la página de internet del Poder Judicial, lugar en donde se puede obtener información de un caso aun cuando no se haya dictado sentencia definitiva, lo mismo ocurre con este tipo de causas cuando se elevan a las Cortes de Apelaciones.

Es por ello, que si la TGR no tiene habilitado un sitio de internet para que los ciudadanos puedan informarse sobre un expediente administrativo ya tramitado, resulta extraño que se niegue a entregar dicha información y persista en su posición. Finalmente, resulta difícil comprender el motivo por el cual la TGR se niega a entregar información de carácter público, ello por cuanto en ocasiones según convenga pretende actuar como tribunal especial y en otros casos como un ente administrativo, por lo cual surgen a lo menos las siguientes inquietudes: ¿acaso extravió dicho expediente? o ¿estima que su tramitación por parte de los funcionarios de la TGR fue deficiente?

Se vulnera el artículo 10, inciso 2, de la Ley de Transparencia, y también el artículo 21, toda vez que en dicho precepto legal se estipulan cuáles son las únicas causales que dan origen a una negación de la información solicitada. Finalmente, la TGR en su respuesta alude al Reglamento de la Ley; sin embargo, no invoca algún precepto legal que le permita negar la información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información solicitada, correspondiente a copia del expediente administrativo individualizado. Por su parte, el órgano sostiene que los antecedentes deben requerirse mediante la presentación del respectivo escrito en el expediente, el que tiene que resolverse por resolución del juez sustanciador, por tratarse de procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, que deben sustanciarse según las normas del Código Tributario, y en particular, en conformidad a lo dispuesto en su artículo 190; considerando, además, la naturaleza jurisdiccional del procedimiento.

2) Que, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, como se adelantó, el órgano reclamado ha argumentado que la solicitud debe efectuarse a través de escrito en el expediente, debiendo ser resuelta por resolución del juez sustanciador, encontrándose aquel tribunal excluido de la aplicación de las normas que facultan la solicitud de información pública, por la naturaleza jurisdiccional del procedimiento que substancia. Al respecto, se debe hacer presente que la solicitud de acceso a la información que da origen a este amparo recae sobre la Tesorería General de la República, órgano de la administración sujeto a las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, según lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia: "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello", procediendo su entrega, en los casos en los que lo requerido obre en su poder en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, citados en el párrafo precedente, con excepción de aquella información sujeta a las causales de reserva o secreto del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

4) Que, de lo expuesto, se concluye que la solicitud ha sido ejercida conforme lo establece el marco legal referido, ante un órgano de la administración del estado, descartándose las alegaciones de la Tesorería referidas a que esta recaería sobre un tribunal especial, excluido de las obligaciones de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. En este sentido, los antecedentes solicitados son de competencia del órgano requerido, estableciendo el artículo 170 del Código Tributario, que la Tesorería ejerce esta función de conocer de los procedimientos de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, a través del Tesorero Regional o Provincial respectivo, actuando en el carácter de juez sustanciador.

5) Que, así, respecto de la información requerida, este Consejo se ha pronunciado ordenando a la Tesorería su entrega en la decisión rol C1528-17, argumentando: "Que, en cuanto al literal a) de la solicitud -copia de expedientes administrativos señalados en la solicitud- el órgano reclamado en su respuesta manifestó que no accedía a lo solicitado sin perjuicio de que autorizaba al representante de la parte requirente a revisar los expedientes respectivos acreditando previamente su identidad con la cédula correspondiente y en presencia de un abogado. En sus descargos la reclamada informó que el representante de la solicitante concurrió a revisar los expedientes exhibiendo su cédula de identidad y poder. Como es dable advertir, el órgano reclamado no ha acreditado haber hecho entrega al solicitante de la información del modo en que fue requerida -copia simple- razón por la cual se acogerá el presente amparo respecto del mencionado literal y se requerirá a la reclamada que haga entrega de lo solicitado, debiendo tarjar previamente conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, cualquier antecedente que revele la identidad de contribuyentes diversos de aquél que requiere la información".

6) Que, en este mismo sentido, y tal como se razonara en la decisión de amparo Rol C1052-11, se debe considerar que según lo dispuesto en el artículo 195 del Código Tributario: «Cada Tesorería Regional o Provincial deberá mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales», lo que resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el cual dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

7) Que, igualmente, resulta del caso considerar que el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, consagra el Principio de No Discriminación, estableciendo que: «los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud», no resultando procedente que los órganos requeridos realicen distinciones arbitrarias con respecto a la entrega de la información, o que, como en este caso, condicionen la entrega al requerimiento de los antecedentes por medio de la presentación de un escrito en el procedimiento. Asimismo, la señalada ley, en el artículo 11, letra f), establece el Principio de Facilitación, al señalar que: «los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo», directriz que no está siendo considerada, al solicitar que la información se requiera solo por la vía específica señalada, obstaculizándose el ejercicio del derecho de acceso a la información.

8) Que, de esta forma, y en virtud de los fundamentos expuestos, se rechaza la alegación del órgano referida a la necesidad de solicitar los antecedentes por medio de la presentación de escrito en el expediente, sin embargo, sobre el particular, es menester señalar que en relación a la naturaleza de la información pedida y ante requerimientos similares, en las decisiones de amparo roles C1269-16 y C5724-19, este Consejo determinó que los antecedentes relacionados con deudas tributarias cuyo cobro se encuentra encomendado al Servicio de Tesorerías, se refieren a datos personales de los contribuyentes, motivo por el cual es información reservada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado con la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja rol N° 4681-2013.

9) Que, en este orden de ideas, lo razonado por este Consejo en el considerando precedente resulta aplicable al presente caso, en el que el solicitante ha manifestado no ser parte en el procedimiento cuyo expediente solicita, permitiendo la entrega de lo solicitado identificar y atribuir la calidad de deudor a un tercero, develando con ello datos de carácter personal al alero de lo señalado en la ley 19.628, a una persona distinta al contribuyente o su representante legal, unido a la protección que de la referida información dispone el artículo 35 del Código Tributario, afectando con ello su esfera de vida privada y configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.

10) Que, en mérito de lo expuesto, si bien se desestima la alegación del órgano referida a la necesidad de solicitar la información requerida sólo por medio de la presentación de escrito en el respectivo expediente, el amparo será rechazado, por configurarse respecto de los antecedentes requeridos la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, al no ser el solicitante titular de los datos personales contenidos en el expediente requerido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan González González en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan González González y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.