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Javier García con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C4004-20

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se acoge el amparo en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenándose la entrega de las actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no justificó suficientemente las razones por las cuales el órgano derivado se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información. Asimismo, el órgano reclamado no alegó la inexistencia de lo requerido, ni la concurrencia de causales de secreto o reserva respecto de la misma. Adicionalmente, este Consejo advierte que, del análisis del marco aplicable a la materia, la información solicitada se refiere a materias de competencia específica de la autoridad requerida. En virtud del Principio de Divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4004-20

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Javier García

Ingreso Consejo: 09.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenándose la entrega de las actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen.

Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no justificó suficientemente las razones por las cuales el órgano derivado se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el requerimiento de información. Asimismo, el órgano reclamado no alegó la inexistencia de lo requerido, ni la concurrencia de causales de secreto o reserva respecto de la misma. Adicionalmente, este Consejo advierte que, del análisis del marco aplicable a la materia, la información solicitada se refiere a materias de competencia específica de la autoridad requerida.

En virtud del Principio de Divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4004-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de junio de 2020, don Javier García solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública -en adelante, indistintamente la Subsecretaría- la siguiente información: «copia de las actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen»

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 2 de julio de 2020, la Subsecretaría de Salud Pública respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, en virtud del artículo 13° de la Ley de Transparencia, se determinó que la materia del requerimiento no es de competencia de la Subsecretaría, por lo que se derivó el requerimiento de especie a la Subsecretaría del Interior.

3) AMPARO: El 9 de julio de 2020, don Javier García dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la improcedencia de la derivación efectuada por el órgano reclamado.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N°E11745, de fecha 24 de julio de 2020, solicitó al reclamante que: (1°) Aclare cuál es la infracción comedida por la Subsecretaría. (2) Señale los motivos por los cuales los antecedentes solicitados debieran obrar en poder de la Subsecretaría de Salud Pública.

Mediante presentación, de fecha 27 de julio de 2020, el peticionario presentó su subsanación en los siguientes términos:

4.1) Primeramente, hizo presente que, la Subsecretaría no indicó que no dispone de los antecedentes consultados, y sólo se limitó a señalar que no es el órgano competente para responder en la materia.

4.2) Acto seguido, en cuanto a los motivos por los cuales los antecedentes solicitados deben obrar en poder de la Subsecretaría de Salud Pública, argumentó que entre los integrantes de la Mesa Social COVID-19 se encuentran la Subsecretaria de Salud Pública y el Ministro de Salud. A fin de refrendar lo anterior, acompañó enlace electrónico que indica. En la misma línea, expresó que, por la relevancia de las reuniones y el rol protagonista del Ministerio de Salud, cabe suponer que «el órgano dispone de documentación relativa a estas reuniones, ya que son un espacio donde se informa sobre las medidas sanitarias». Al respecto, agregó que, para poder operativizar los resultados de estas reuniones, la Subsecretaría debe contar con actas, resúmenes o notas de las reuniones, donde queden reflejados los temas que se trataron y se recogen aportes de distintos agentes para ir completando las políticas públicas. Por lo anterior, expuso que, debe existir algún tipo de documento al respecto, que sea utilizado por el órgano, ya sea para comunicar los resultados internamente entre los departamentos que necesiten de esa información, o ya sea para contar con un instrumento en el que queden registrados los aportes de los distintos agentes para que estos puedan considerarse en la toma de decisiones al elaborar la política pública.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio N°E12576, de fecha 4 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera a los motivos por los cuales procedió a derivar la solicitud de información al Ministerio del Interior; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la improcedencia de la derivación efectuada por el órgano reclamado, referente a la entrega de las actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen.

2) Que, sobre lo anterior, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia: «En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante». (énfasis agregado).

3) Que, del análisis de los antecedentes del presente procedimiento de acceso a la información, este Consejo advierte que, el órgano reclamado no justificó suficientemente las razones por las cuales la Subsecretaría del Interior se encuentra en una mejor posición para satisfacer el requerimiento de especie. Al efecto, con ocasión de su respuesta, la Subsecretaría sólo señaló que la materia de la solicitud no es de competencia del organismo, no aportando, consecuencialmente, mayores consideraciones de hecho y derecho sobre su eventual incompetencia. Adicionalmente, la Subsecretaría no evacuó descargos en la instancia procesal pertinente, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba suficientes que pueda ponderar, a fin de determinar la procedencia de la derivación, y consecuencialmente, la incompetencia del órgano reclamado para ocuparse del requerimiento de especie.

4) Que, consiguientemente, este Consejo advierte que el órgano reclamado no alegó la inexistencia de las actas consultadas, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. Sobre este punto, este Consejo confirió traslado del amparo al organismo reclamado, con la finalidad de que efectuara sus descargos y/o observaciones, y particularmente, para se refiriera a las eventuales circunstancias de hecho o causales legales, que hicieran procedente la denegación de la misma. Sin embargo, a la fecha, no existe constancia de que el órgano haya presentado descargos u observaciones en esta sede, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de causales de reserva o secreto, o, en su defecto, la inexistencia de la información

5) Que, en este orden de ideas, este Consejo advierte que lo requerido versa sobre las actas de la Mesa Social COVID-19, antecedentes que se circunscriben dentro de las facultades específicas del órgano reclamado sobre la materia. Sobre este punto, cabe tener presente que el decreto con fuerza de ley N°1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469, de Salud, establece en su artículo 9°, inciso primero, que: "El Subsecretario de Salud Pública subrogará al Ministro en primer orden, tendrá a su cargo la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas". Luego, el artículo 27 del decreto N°136, de 2004, que establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dispone que, al referido Subsecretario de Salud Pública, le corresponderán especialmente las siguientes funciones: "a) Analizar, proponer y evaluar políticas, normas, planes y programas respecto de todas las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas. b) Efectuar, ordenar y coordinar todas las acciones necesarias en las materias señaladas en la letra anterior. c) Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población (...)". Del marco normativo descrito se desprende la competencia del órgano reclamado en la materia sobre la que versa la solicitud que da origen al presente amparo, respecto de la cual no se ha alegado la inexistencia de lo requerido, ni la concurrencia de las hipótesis de reserva previstas en la ley para denegar su entrega. (énfasis agregado).

6) Que, bajo esta lógica, el sitio electrónico de la Mesa Social Covid , ilustra que «Para fortalecer la estrategia país y tener una sola voz en el combate al coronavirus, se constituyó la Mesa Social Covid 19 con especialistas del mundo de la salud, municipios y académicos que trabajarán sobre propuestas y se coordinarán para impulsar acciones eficaces contra la pandemia». En tal sentido, se constituye como un espacio propositivo, e instancia de dialogo, coordinación y de colaboración con respecto a la adopción de directrices, medidas y estrategias sanitarias, a fin de enfrentar eficazmente la emergencia sanitaria pública que afecta al país. En efecto, se trata de una instancia que cumple un rol público en el contexto de la gestión de la pandemia. Sobre este punto, cabe advertir que el Ministro de Salud y la Subsecretaria del órgano reclamado son integrantes e intervinientes permanentes en dicho espacio, canalizando las diversas inquietudes, propuestas y los análisis de los distintos actores integrantes de la mesa, representantes de distintos sectores de la sociedad.

7) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración, que las materias pedidas por el reclamante, constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Asimismo, este Consejo estima que existe un interés prevalente en la publicidad de los instrumentos consultados, pues permiten el debido control y escrutinio social que debe existir en la ciudadanía con respecto al manejo de la pandemia.

8) Que, asimismo, cabe tener presente que, en el contexto de pandemia global calificado por la OMS, con fecha 11 de marzo del presente año, con ocasión del brote del así denominado Coronavirus, este Consejo dictó el Oficio N°211, de fecha 17 de marzo de 2020, que "Formula recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en materia del tratamiento de información por antecedentes vinculados a la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 o coronavirus" en virtud del cual, esta Corporación señaló que "resulta fundamental adoptar medidas dirigidas a informar a la población". Lo anterior, "con el fin de avanzar en mayores niveles de transparencia y publicidad, como también de otorgar una adecuada protección de los datos personales y/ o sensibles que deben ser tratados en todo aquello relacionado con la enfermedad infecciosa COVID-19". (énfasis agregado).

9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; no justificándose suficientemente por el órgano reclamado las razones por las cuales la Subsecretaría del Interior se encuentra en una mejor posición para satisfacer el presente requerimiento; tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se alegó en la especie la inexistencia de lo requerido, o bien la concurrencia de causales de reserva; y, advirtiéndose que la información requerida se circunscribe dentro del ámbito competencial de la reclamada, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente, ordenará la entrega de las actas consultadas. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. ente amparo, y conjuntamente, ordenará la entrega de los antecedentes consultados. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier García, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia de las actas de la Mesa Social COVID-19, así como listado de personas y entidades que la componen. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. ente amparo, y conjuntamente, ordenará la entrega de los antecedentes consultados.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier García; y, a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.