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Arnoldo Huentenao Melivilu con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C3849-20

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de copia de la resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento y de todo lo obrado posteriormente en el expediente administrativo individualizado. Lo anterior, por cuanto, se trata de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no ha invocado causales de reserva o secreto que impidan su publicidad; desestimándose la alegación de tratarse de información que pueda solicitarse solo a través de la presentación de un escrito en el marco del procedimiento ejecutivo de cobro. En efecto, conforme dispone el artículo 17 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente. La información debe ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, de los que no sea titular el solicitante, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos roles C1052-11 y C1528-17.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3849-20

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Arnoldo Huentenao Melivilu

Ingreso Consejo: 03.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de copia de la resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento y de todo lo obrado posteriormente en el expediente administrativo individualizado.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no ha invocado causales de reserva o secreto que impidan su publicidad; desestimándose la alegación de tratarse de información que pueda solicitarse solo a través de la presentación de un escrito en el marco del procedimiento ejecutivo de cobro. En efecto, conforme dispone el artículo 17 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

La información debe ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, de los que no sea titular el solicitante, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos roles C1052-11 y C1528-17. 

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3849-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de junio de 2020, don Víctor Miguel Acevedo Rivas, en representación de don Arnoldo Huentenao Melivilu, solicitó a la Tesorería General de la República la siguiente información en formato PDF:

"solicito copia de la resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento, y de todo lo obrado posteriormente en autos, piezas contenidas en la causa 2021-2010 de Padre Las Casas, de don Arnoldo Huentenao Melivilu, RUT (...), de quien poseo Mandato Judicial.

Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna en esta causa.

En este sentido, solicito copia de todo lo obrado en los autos administrativos rol 2021-2010 Padre Las Casas que sean posteriores a la resolución de fecha 6 de enero de 2020".

2) RESPUESTA: El 23 de junio de 2020, a través de Oficio Ord. N° 599-DJ, la Tesorería General de la República respondió al requerimiento de información indicando que: "los procedimientos administrativos de cobro deben tramitarse conforme las normas del Título V, Libro III, del Código Tributario, donde el legislador ha señalado expresamente la forma en que deben tramitarse peticiones como la que formula el interesado. En efecto, el artículo 190 del Código Tributario indica que las cuestiones que se susciten entre los deudores y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitaran incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincia, quien conforme al artículo 170 del mismo código, actúa en el carácter de Juez Sustanciador".

Por lo anterior, afirma que, la vía idónea para requerir la información solicitada es mediante escrito presentado en el expediente, el que debe ser resuelto por resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable en este tipo de peticiones el procedimiento definido por la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 3 de julio de 2020, don Arnoldo Huentenao Melivilu, representado por don Víctor Miguel Acevedo Rivas, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. Además, el reclamante hizo presente que en virtud del manual de derechos y deberes de los contribuyentes basado en ley 20.420, que es aplicable a la Tesorería, se garantiza: a) el derecho a recibir información, relacionado con el artículo 13, inciso 2°, de la Ley 18.575; b) Derecho a obtener copias (relacionado con los artículos 17, 18, 19 y 21 de la Ley 20.285) donde los funcionarios de Tesorería deben entregar copias de los documentos que sean del interés del contribuyente.

En el manual mencionado, se indica que una de las vías para acceder a los documentos es a través de la solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia. Asimismo, en un caso en paralelo relativo al mismo contribuyente, la misma Tesorería, reconoce que la "etapa de cobro que se sigue ante Tesorería Regional de Temuco, constituye una fase administrativa, por lo que no puede constituir instancia en el sentido jurisdiccional del término", es decir, existe una contradicción entre lo sostenido en el oficio que se reclama en este acto y lo sostenido ante la Corte de Temuco.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio E11623, de 22 de julio de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar respuesta a la solicitud, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Con fecha 6 de agosto de 2020, mediante Ord N° 544, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que los procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos deben sustanciarse conforme a las normas del Título V, Libro III, del Código Tributario, donde el legislador ha señalado la forma en que deben tramitarse peticiones como la que formula el requirente, indicando el artículo 190 del Código Tributario que las cuestiones que se susciten entre los deudores y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitan incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial, quien, conforme al artículo 170 del mismo código, actúa en el carácter de Juez Sustanciador. Así, la vía idónea para requerir copias de los expedientes de cobro es mediante escrito presentado en el expediente, el que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable a este tipo de peticiones el procedimiento definido por la Ley de Transparencia.

El Tesorero Regional o Provincial tiene el carácter de Juez Sustanciador y este ente jurisdiccional ejerce jurisdicción, en este sentido, conforme lo indica el artículo 76 de la Constitución Política del Estado: "La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley...", norma atributiva legal, de rango constitucional, que se armoniza con el artículo 19, N° 3, inciso 6°, de la Constitución, que impone a todo órgano que ejerce jurisdicción por medio de una sentencia, sustanciarla mediante un proceso previo legalmente tramitado.

Luego de conformidad con el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales y la norma constitucional citada, el Tesorero Regional y el Tesorero Provincial constituyen un Tribunal Especial establecido por ley (en este caso, por el DFL N° 1 de 1994, Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías y el Título V, Libro III del Código Tributario), lo que se ve refrendado con lo dispuesto por el artículo 5 inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales, que le reconoce la calidad de Tribunal Especial, al señalar directamente: "Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código".

Indica que el recurrente confunde las funciones administrativas de los Tesoreros Regionales y Provinciales cuando actúan como jefes administrativos de las respectivas Oficinas de Tesorería, de las funciones jurisdiccionales, cuando conocen del procedimiento jurisdiccional de cobro, en el que actúan como tribunal especial; de manera que respecto de las actuaciones que tengan lugar en el ámbito del proceso de cobro, no tienen aplicación las normas del Estatuto Administrativo; las de Bases Generales de la Administración del Estado; las de Bases de los Procedimientos Administrativos, como tampoco las de la Ley de Transparencia.

Menciona que el proyecto aprobado como Ley de Transparencia, en su artículo 2, regula a qué instituciones le serán aplicables sus disposiciones, indicando que estarán sujetos a ellas "los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Luego, al aprobarse dicho proyecto, el "Artículo primero" de la ley N° 20.285 señala "Apruébase la siguiente ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado", fijando expresamente su ámbito de aplicación.

Conforme a lo anterior, no cabe duda alguna que el Servicio de Tesorerías se encuentra sujeto a dicha normativa, pero sólo en lo que se refiere al cumplimiento de la función administrativa que le compete. Sin embargo, en lo relacionado a las funciones jurisdiccionales, no está sujeto a ella, toda vez que el legislador excluyó de su aplicación a la función jurisdiccional de los Tribunales del País, ya sea Ordinarios o Especiales, como es el caso del Juez Sustanciador.

Por otra parte, el artículo 8 transitorio de la ley N° 20.285, solo preceptuó como obligación de los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, los antecedentes indicados en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, esto es, antecedentes o información de carácter netamente administrativa, que forman parte de la "Transparencia Activa". Respecto de los demás tribunales especiales y órganos que ejercen jurisdicción, el legislador señaló la misma obligación, pero permitiendo que se cumpla en los sitios web de los Servicios de que dependan o formen parte; sin hacer referencia alguna al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, lo que confirma la idea de no recibir aplicación la Ley de Transparencia en ese ámbito. Por ello, respecto de los tribunales especiales creados por ley no se aplican las normas del derecho de acceso a la información ni hay ningún tipo de relación con el Consejo para la Transparencia.

Lo anterior, aparece corroborado en el artículo 2 del reglamento de la Ley de Transparencia, que regula en forma pormenorizada los aspectos generales regulados en dicho cuerpo legal, al referirse a su ámbito de aplicación, al señalar expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros órganos, a los tribunales especiales.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E14021, de 24 de agosto de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

A través de presentación de fecha 25 de agosto de 2020, el reclamante manifestó su disconformidad con la información entregada. Al respecto, reitera que la TGR establece en el "Manual de Derechos y Deberes de los Contribuyentes", como parte del catálogo, el "Derecho a recibir información" y el "Derecho a obtener copias". Respecto a recibir información, da derecho a conocer en cualquier momento, por un medio expedito, su situación tributaria y el estado de tramitación del procedimiento. (Concordante con lo señalado en el artículo 17, letra a), de la Ley N° 19.880, de 2003). También es concordante con el artículo 13, inciso 2°, de la Ley N° 18.575, de 2001, que señala que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita el conocimiento de los procedimientos contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten, en relación con el artículo 10 de la Ley 20.285.

La información solicitada debe ser entregada por cuanto corresponde a información que obra en poder del órgano de la Administración por pertenecer a un procedimiento administrativo, y en este sentido deberían obrar en el respectivo expediente que se sustancia, según la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Por otro lado, la negativa a la entrega de información vulnera el principio de confianza legítima, del cual se desprende el deber de actuación coherente, que consiste en una actitud lógica y consecuencia con una posición anterior. Este deber se encuentra en la base de las exigencias realizadas al órgano administrativo en lo que respecta a su actuación jurídica ya que, si no existiera un actuar coherente de parte de los entes públicos, se produciría una afectación no sólo a la confianza digna de protección, sino que también a otros distintos principios que informan el ordenamiento jurídico, tales como el deber de motivación y el respeto a la seguridad jurídica. En este punto se pueden nombrar, a modo ejemplar, el comportamiento de la TGR ante los requerimientos de amparo N° C8179-19 y 8180-20 con la misma causa de pedir, es decir, pedir copia de expedientes administrativos llevados por la TGR, en las cuales dicha institución accedió a la entrega de la información solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información solicitada, correspondiente a copia de la resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento y de todo lo obrado posteriormente en el expediente administrativo individualizado. Por su parte, el órgano sostiene que los antecedentes deben requerirse mediante la presentación del respectivo escrito en el expediente, el que tiene que resolverse por resolución del juez sustanciador, por tratarse de procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, que deben sustanciarse según las normas del Código Tributario, y en particular, en conformidad a lo dispuesto en su artículo 190; considerando, además, la naturaleza jurisdiccional del procedimiento.

2) Que, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, como se adelantó, el órgano reclamado ha argumentado que la solicitud debe efectuarse a través de escrito en el expediente, debiendo ser resuelta por resolución del juez sustanciador, encontrándose aquel tribunal excluido de la aplicación de las normas que facultan la solicitud de información pública, por la naturaleza jurisdiccional del procedimiento que substancia. Al respecto, se debe hacer presente que la solicitud de acceso a la información que da origen a este amparo recae sobre la Tesorería General de la República, órgano de la administración sujeto a las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, según lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia: "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello", procediendo su entrega, en los casos en los que lo requerido obre en su poder en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, citados en el párrafo precedente, con excepción de aquella información sujeta a las causales de reserva o secreto del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

4) Que, de lo expuesto, se concluye que la solicitud ha sido ejercida conforme lo establece el marco legal referido, ante un órgano de la administración del estado, descartándose las alegaciones de la Tesorería referidas a que esta recaería sobre un tribunal especial, excluido de las obligaciones de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. En este sentido, los antecedentes solicitados son de competencia del órgano requerido, estableciendo el artículo 170 del Código Tributario, que la Tesorería ejerce esta función de conocer de los procedimientos de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, a través del Tesorero Regional o Provincial respectivo, actuando en el carácter de juez sustanciador.

5) Que, así, respecto de la información requerida, este Consejo se ha pronunciado ordenando a la Tesorería su entrega en la decisión rol C1528-17, argumentando: "Que, en cuanto al literal a) de la solicitud -copia de expedientes administrativos señalados en la solicitud- el órgano reclamado en su respuesta manifestó que no accedía a lo solicitado sin perjuicio de que autorizaba al representante de la parte requirente a revisar los expedientes respectivos acreditando previamente su identidad con la cédula correspondiente y en presencia de un abogado. En sus descargos la reclamada informó que el representante de la solicitante concurrió a revisar los expedientes exhibiendo su cédula de identidad y poder. Como es dable advertir, el órgano reclamado no ha acreditado haber hecho entrega al solicitante de la información del modo en que fue requerida -copia simple- razón por la cual se acogerá el presente amparo respecto del mencionado literal y se requerirá a la reclamada que haga entrega de lo solicitado, debiendo tarjar previamente conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, cualquier antecedente que revele la identidad de contribuyentes diversos de aquél que requiere la información".

6) Que, en este mismo sentido, y tal como se razonara en la decisión de amparo Rol C1052-11, se debe considerar que según lo dispuesto en el artículo 195 del Código Tributario: «Cada Tesorería Regional o Provincial deberá mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales», lo que resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el cual dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

7) Que, igualmente, resulta del caso considerar que el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, consagra el Principio de No Discriminación, estableciendo que: «los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud», no resultando procedente que los órganos requeridos realicen distinciones arbitrarias con respecto a la entrega de la información, o que, como en este caso, condicionen la entrega al requerimiento de los antecedentes por medio de la presentación de un escrito en el procedimiento. Asimismo, la señalada ley, en el artículo 11, letra f), establece el Principio de Facilitación, al señalar que: «los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo», directriz que no está siendo considerada, al solicitar que la información se requiera por la vía específica ya señalada, obstaculizándose el ejercicio del derecho de acceso a la información.

8) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de copia de la resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento y de todo lo obrado posteriormente en el expediente administrativo individualizado, al desestimarse la circunstancia de hecho alegada por el órgano para justificar su respuesta denegatoria; debiendo ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. A su vez, se ordena al órgano reclamado tarjar todos los datos personales de contexto incorporados, de los que no sea titular el solicitante, como domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros, de terceros ajenos al grupo familiar del solicitante, y especialmente, los que permitan identificar a quien o quienes formularon la denuncia en cuestión, todo lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la Ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Arnoldo Huentenao Melivilu, representado por don Víctor Miguel Acevedo Rivas, en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de la resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento, y de todo lo obrado posteriormente en autos administrativos rol 2021-2010 Padre Las Casas que sean posteriores a la resolución de fecha 6 de enero de 2020.

La información debe ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

Previa entrega, se deben tarjar todos los datos personales de contexto incorporados, de los que no sea titular el solicitante, según se detalló en el considerando 9° de la decisión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Arnoldo Huentenao Melivilu, representado por don Víctor Miguel Acevedo Rivas, y a la Sra. Tesorera General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.