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C6716-19 Rol: C6716-19

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se rechaza la solicitud de invalidación presentada en el procedimiento de amparo Rol C6716-19 deducido por don Alberto Meyer Peirano, Capitán de Navío, en su calidad de Jefe de Oficina de Transparencia de la Armada de Chile, de fecha 25 de junio de 2020, en la cual requirió retrotraer el proceso al estado de poder llevar a cabo la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a los terceros que indica, esto es, al 24 de julio de 2019, fecha de presentación de la solicitud de acceso que da origen al amparo , en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

RESUELVE SOLICITUD DE INVALIDACIÓN POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO DECISIÓN AMPARO ROL C6716-19

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la presentación efectuada por don Alberto Meyer Peirano, Capitán de Navío, en su calidad de Jefe de Oficina de Transparencia de la Armada de Chile, de fecha 25 de junio de 2020, relativa solicitud de invalidación por falta de emplazamiento en contra de la decisión adoptada en la sesión ordinaria N°1090 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de abril del presente año, en el procedimiento de amparo Rol C6716-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 21 de abril de 2020, en sesión ordinaria N°1090, este Consejo se pronunció sobre el amparo Rol C6716-19, deducido por Cristián Camilo Cruz Rivera en contra de la Armada de Chile, acogiendo parcialmente el reclamo, ordenando, en definitiva, la entrega de la Hoja de Vida y Calificaciones del ex funcionario don Víctor Henríquez Garat, para el periodo comprendido entre los años 1970 y 1975, en virtud de los fundamentos que allí se indican.

2) Que, por correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2020, la Armada de Chile comunicó el cumplimiento de la decisión de amparo antes señalada. No obstante, don Cristián Camilo Cruz Rivera, por ese mismo medio, el día 29 de mayo del corriente, denunció el incumplimiento de la misma decisión por los argumentos que expone. De esta forma, mediante oficio N°E9278, de fecha 18 de junio de 2020, el Director de Fiscalización de este Consejo notificó a la Armada de Chile la denuncia por incumplimiento deducida, a fin de que presente sus descargos u observaciones en el plazo que se indica.

3) Que, en tal contexto, la Armada de Chile presentó el Oficio N°12900/540, de 25 de junio de 2020, solicitando en conformidad con el artículo 32 de la ley N°19.800, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en primer término, como medida provisional, la suspensión de los efectos de la decisión de amparo Rol C6716-19, mientras no se resuelva el recurso de invalidación que en el mismo acto se deduce.

4) Que, acto seguido, sostiene que la Armada de Chile se percató que durante el procedimiento de acceso a información pública que dio origen al amparo, no procedió a la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, esto es, la notificación a los terceros cuyos derechos puedan verse afectados con la solicitud del requirente Sr. Cristián Cruz, en el presente caso, a los familiares del CN. (R) Sr. Víctor Henríquez Garat, ya que éste, se encuentra fallecido. Así las cosas, atendido dicho vicio del procedimiento solicita la invalidación del procedimiento por falta de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la ley N°19.880. Al efecto, requiere "se invalide todos los actos de este proceso que sean contrarios a Derecho, ordenando retrotraer la tramitación al estado de llevar a cabo la notificación al tercero afectado, según lo dispone la Ley de Trasparencia en su artículo 20 citado en el párrafo anterior, esto es, al 24 de julio de 2019, fecha en que el Sr. Cristián Cruz Rivera ingresara su solicitud de información a la Armada de Chile, y previo a la respuesta por la cual la Institución contestó dicho requerimiento, a través del oficio O.T.A.I.P.A. Ord. N°12900/861 de fecha 5 de septiembre de 2019". Indica que así lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago en causas Rol 282-18, 317-17, 392-18, 489-18 y 504-18, todas falladas en el mes de mayo del presente año. Agrega, que la no realización de este trámite considerado esencial por el legislador impide a los terceros que pudieren verse afectados, ejercer sus derechos en la oportunidad procedimental que establece la ley, oponerse y que puedan hacer un efectivo ejercicio a su derecho de defensa, garantizado por la Constitución.

5) Que, finalmente, en subsidio de lo anterior, solicita se tenga por cumplido total y completamente lo ordenado en la decisión de amparo C6716-19, por los motivos que a continuación indica.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, en cuanto a la solicitud de la Armada de Chile consignada en el numeral 3) de lo expositivo, esta será desestimada por innecesaria, atendido lo que se resolverá a continuación.

2) Que, el inciso 1° del artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone: "Los actos administrativos serán siempre impugnables mediante los recursos que establezca la ley". Así, en términos generales, se ha señalado que los recursos administrativos son medios de carácter impugnatorio a través de los cuales el afectado por un acto administrativo inicia un procedimiento en que insta del órgano administrativo, autor del mismo, su modificación, reemplazo o anulación.

3) Que, el inciso primero del artículo 53 de la ley N°19.880, establece que "La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado; siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto". Como es dable apreciar, y así lo ha entendido tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa y judicial, dicha norma contempla el deber de la autoridad administrativa de dejar sin efecto los actos que ha emitido con infracción a derecho, en otras palabras, la invalidación es una potestad-deber del órgano de la administración, pero respecto de sus propios actos ("la autoridad...podrá...invalidar"). En tal sentido, por el ejemplo, la Contraloría General de la República, en su dictamen N°18.353/2009, señala "la disposición precitada contempla la obligación de la autoridad administrativa para dejar sin efecto los actos que ha emitido con infracción a derecho, sujeto a las restricciones que para tal efecto ha previsto el propio ordenamiento jurídico y la jurisprudencia administrativa, entre las cuales cabe destacar que esa atribución debe ejercerse dentro del término de dos años contados desde la notificación o publicación del acto viciado"; de igual forma, la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de autos ingreso N°3125-03, sostiene "Que es efectivo que, en virtud de lo que dispone el artículo 6° de la Constitución Política de la República, la administración tiene un poder de autotutela en cuya virtud el Estado o sus órganos pueden invalidar sus actos o corregirlos para encuadrarlos en el ordenamiento jurídico alterado por tales actuaciones irregulares" (considerado 1°). En conclusión, la institución que se comenta tiene su fundamento en el deber de todo órgano de la Administración del Estado o autoridad administrativa de conformar su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, esto es, respetar el principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Policita de la República.

4) Que, del tenor de lo señalado en el numeral 4) de lo expositivo, el objeto del recurso incoado por la Armada de Chile es iniciar un procedimiento de invalidación del procedimiento por falta de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a los parientes herederos del ex funcionario consultado, a fin de retrotraer su tramitación al estado de poder llevar a cabo dicha notificación, esto es, al 24 de julio de 2019, fecha de presentación de la solicitud de acceso que da origen al amparo.

5) Que, en tal orden de ideas, lo pretendido por el órgano recurrente es que se inicie un procedimiento que en definitiva invalide no solo los actos emitidos por esta Corporación durante la tramitación del procedimiento de amparo Rol C6716-19 (incluida la decisión adoptada) sino que también aquellos emitidos por la propia Armada de Chile en el procedimiento administrativo de acceso a información pública respecto de los cuales este Consejo carece potestad invalidatoria, por tratarse de actuaciones que no fueron realizadas por esta Corporación. Luego, de los antecedentes examinados, el procedimiento de amparo sustanciado en esta sede ha sido tramitado conforme a las normas establecidas en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia no advirtiéndose ilegalidad alguna que justifique su invalidación. Además, en contra de la decisión adoptada en la sesión ordinaria N°1090 de este Consejo, celebrada el 21 de abril del presente año, en el procedimiento de amparo Rol C6716-19, no se dedujo Reclamo de Ilegalidad; por consiguiente, se encuentra firme y en condiciones de ser cumplida.

6) Que, a mayor abundamiento, con ocasión del traslado conferido en dicho procedimiento, se requirió a la recurrente proporcionar los datos de contacto de los terceros eventualmente afectados, a fin de evaluar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, lo que no fue cumplido por la Armada, imposibilitando a este Consejo cumplir con dicho trámite. Además, al momento de resolver el amparo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, esto es, "[v]elar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado", este Consejo ponderó todos los antecedentes de caso y desestimó la configuración de cualquier causal de secreto o reserva respecto de divulgación de las Hojas de vida y Calificaciones reclamadas, incluida aquella relativa a una posible afectación de los derechos de los herederos o familiares del exfuncionario consultado, en virtud de los argumentos que allí se exponen.

7) Que, en mérito de lo expuesto, se desestimará de plano la petición del órgano reclamado de iniciar un procedimiento de invalidación en los términos formulados, por improcedente en esta sede y por no haberse acreditado que durante la tramitación de la solicitud de amparo este Consejo haya incurrido en una ilegalidad que deba ser subsanada con la invalidación de la decisión adoptada.

8) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, se radicarán los antecedentes acompañados por el recurrente en sede de cumplimiento, a fin de que sea la Dirección de Fiscalización de este Consejo quien adopte las medidas tendientes a determinar si el órgano reclamado ha cumplido con la entrega de la información ordenada por la decisión que se pretende invalidar.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEY N°19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEY N°19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar la solicitud de invalidación presentada en el procedimiento de amparo Rol C6716-19 deducido por don Alberto Meyer Peirano, Capitán de Navío, en su calidad de Jefe de Oficina de Transparencia de la Armada de Chile, de fecha 25 de junio de 2020, en la cual requirió retrotraer el proceso al estado de poder llevar a cabo la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a los terceros que indica, esto es, al 24 de julio de 2019, fecha de presentación de la solicitud de acceso que da origen al amparo , en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Radicar los antecedentes acompañados por el recurrente en la Dirección de Fiscalización de este Consejo, a fin de que sea esta quien adopte las medidas tendientes a determinar si la Armada de Chile ha cumplido con la entrega de la información ordenada en la decisión de amparo Rol C6716-19.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Alberto Meyer Peirano, Capitán de Navío, en su calidad de Jefe de Oficina de Transparencia de la Armada de Chile y don Cristian Camilo Cruz Rivera.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.