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Danae Scarlet Chandía Orrego con SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Rol: C4494-20

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, respecto de la información consistente en el monto de remanente determinado mediante el balance del año 2019, para cada una de las cooperativas. Lo anterior, toda vez que atendido el carácter económico de lo solicitado, es necesario notificar a los terceros interesados, los que en la especie ascienden a más de 1300 cooperativas, cuyo proceso de comunicación implica para el órgano una dedicación de a lo menos 26 días para llevar a cabo dicha gestión. En este caso, se sigue lo resuelto en la decisión de amparo rol C1848-18, caso en el cual, se tenía que notificar a 476 personas. Asimismo, se debe sumar el hecho, que la búsqueda, confección y sistematización de la información solicitada, en los términos requeridos, implica para el órgano, 48 días de trabajo, toda vez que se trata de información económica específica de 1300 cooperativas que debe ser tratada. Por lo tanto, atendido lo expuesto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas, es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Balances 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4494-20

Entidad pública: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Requirente: Danae Scarlet Chandía Orrego.

Ingreso Consejo: 30.07.2020.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, respecto de la información consistente en el monto de remanente determinado mediante el balance del año 2019, para cada una de las cooperativas.

Lo anterior, toda vez que atendido el carácter económico de lo solicitado, es necesario notificar a los terceros interesados, los que en la especie ascienden a más de 1300 cooperativas, cuyo proceso de comunicación implica para el órgano una dedicación de a lo menos 26 días para llevar a cabo dicha gestión. En este caso, se sigue lo resuelto en la decisión de amparo rol C1848-18, caso en el cual, se tenía que notificar a 476 personas. Asimismo, se debe sumar el hecho, que la búsqueda, confección y sistematización de la información solicitada, en los términos requeridos, implica para el órgano, 48 días de trabajo, toda vez que se trata de información económica específica de 1300 cooperativas que debe ser tratada. Por lo tanto, atendido lo expuesto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas, es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.

Finalmente, a pesar de lo resuelto, se hace presente a la solicitante que lo anterior no obsta a que pueda deducir una nueva solicitud de información, respecto de un número acotado de cooperativas.

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4494-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de junio de 2020, doña Danae Scarlet Chandía Orrego solicitó a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la siguiente información: "el monto de remanente determinado mediante el balance del año 2019, para cada una de las cooperativas que están bajo su supervisión. Solicito que dentro de lo posible la información sea entregada en una tabla con 4 columnas: Columna 1 corresponde al Rut de la cooperativa; Columna 2 corresponde al nombre de la cooperativa; Columna 3 corresponde a la clase de cooperativa y la Columna 4 al monto del remanente".

2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 863, de 28 de julio de 2020, el órgano en síntesis, denegó la entrega de lo pedido, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2, de la Ley de Transparencia, toda vez que entregar la información relativa al remanente para cada una de las cooperativas, sin contar con la autorización, podría afectar potencialmente sus derechos comerciales y económicos. Al efecto, sería necesario notificar a más de 1300 cooperativas, actividad que distraería al órgano del cumplimiento habitual de sus funciones.

3) AMPARO: El 30 de julio de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, señaló en resumen, lo siguiente: "La argumentación de no entrega de la información contrasta con el hecho de que actualmente la subsecretaría sí pone a disposición pública el dato del remanente de las cooperativas de "importancia económica", las cuales están disponibles en https://tramites.economia.gob.cl/PublicacionFinanciera, y donde se puede hacer click sobre cualquier cooperativa y en el sitio web que se abre, al elegir los archivos de Estados de Resultados (EE.RR.) se muestra el remanente de la cooperativa, esto para los años 2018 y anteriores. Como ejemplo, en los siguientes links se muestra al final de cada documento el "remanente": https://tramites.economia.gob.cl/Documento/Download/404037 (ver al final del documento); https://tramites.economia.gob.cl/Documento/Download/403843 (ver al final del documento); https://tramites.economia.gob.cl/Documento/Download/403838 (ver al final del documento)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, mediante oficio N° E13005, de fecha 10 de agosto de 2020, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida y aplicar el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, por medio de oficio N° 1271, de 25 de agosto de 2020, el órgano reiteró lo señalado en su respuesta, agregando en síntesis, lo siguiente:

a) Tanto el balance del año anterior como el remanente, son materias discutidas en las juntas generales de socios, las que no han podido llevarse a cabo por las especiales circunstancias actuales debido a la pandemia por Covid-19.

En dicho contexto, poner en conocimiento del público en general, el remanente de una cooperativa antes que los socios de las mismas, se pueden afectar los derechos de todos los terceros.

b) La aprobación de la junta general de socios, es imprescindible para que la Subsecretaría pueda pronunciarse respecto los balances y estados financieros, a través del correspondiente acto administrativo, razón por la cual, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

c) Redactar, firmar y enviar 1300 cartas por correo certificado, destinando a un funcionario exclusivamente para dicho fin, implicaría alrededor de 26 días de trabajo, sólo para hacerse cargo de una solicitud de acceso a la información. Dichas cartas certificadas tienen un costo total de $1.800.000 ($1450 por cada una).

Para poder elaborar la información de acuerdo a los parámetros solicitados, se debe cumplir con dos pasos: el primero, consiste en revisar los 1300 expedientes de todas las cooperativas registradas, en atención a que cada una mantiene un archivo, en cuyo contenido se ingresan todos los documentos recibidos y actos administrativos emanados del Departamento de Cooperativas. Revisando uno a uno los expedientes de las cooperativas, que en algunos casos superan los cuatro tomos, y si se calcula una revisión de cada entidad, de 20 minutos por cada expediente, multiplicada por la cantidad de cooperativas, daría un total de 48 días hábiles de trabajo para la sola revisión de la información, a esto se le debe sumar, como segundo paso, elaborar una planilla con columnas de acuerdo a los parámetros requeridos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información consistente en el monto de remanente determinado mediante el balance del año 2019, para cada una de las cooperativas.

2) Que, en cuanto al contexto normativo, cabe tener presente que el artículo 108, de la Ley General de Cooperativas, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, de Economía, dispone que: "El Departamento de Cooperativas tendrá a su cargo fomentar el sector cooperativo, mediante la promoción de programas destinados al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial en las cooperativas; dictar normas que contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas; llevar un registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las cooperativas (...)". Por otra parte, el artículo 63 de la resolución exenta N° 1321, de 11 de junio de 2013, que dicta normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo, dispone que: "Los Estados Contables señalados en el Artículo 61, de la presente resolución y la memoria de las cooperativas que no reúnan las condiciones para ser calificadas de importancia económica, en los términos del Artículo 109, de la Ley General de Cooperativas, deberán estar disponibles a más tardar el 31 de Marzo del año siguiente para ser presentados al Departamento de Cooperativas". A su turno, el artículo 90 de la misma resolución, establece que: "Las Cooperativas de Importancia Económica deberán remitir al Departamento de Cooperativas, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, el balance general clasificado, estado de resultado, balance de ocho columnas, informe de auditoría, estado de flujo de efectivo, las correspondientes notas explicativas a los Estados Financieros y el certificado que acredite la inscripción de los auditores en el registro señalado en el Artículo 89, de la presente resolución".

3) Que, teniendo presente lo anterior, se estima que la información solicitada es de naturaleza pública, en la medida que forman parte de procedimientos de fiscalización de parte del órgano reclamado. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Asimismo, el artículo 5° inciso 2°, de la Ley de Transparencia, dispone que es pública toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie.

4) Que, al respecto, el órgano entre otras causales, alegó la configuración de la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que, sobre la cuales alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias".

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

7) Que, al efecto, el órgano precisó que atendida la naturaleza de la información solicitada, sería necesario notificar a sus titulares, tesis que este Consejo comparte, puesto que lo pedido detenta un evidente contenido económico que se vincula directamente con el patrimonio de todas las cooperativas fiscalizadas por el órgano reclamado. En tal sentido, para ponderar debidamente una eventual afectación a los derechos económicos y comerciales de las cooperativas, resulta esencial a la luz del artículo 20 y 25 de la Ley de Transparencia, tener a la vista la posición de los titulares de dicha información, para de esa manera, al contar con todos los antecedentes posibles, se pueda llegar a una decisión lo más documentada y fundada posible.

8) Que, sin embargo, la cantidad de terceros interesados a notificar, ascienden a más de 1300 cooperativas, circunstancia que lleva a este Consejo a estimar que en la especie, efectivamente su comunicación llevaría al órgano a una distracción indebida capaz de afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Lo anterior atendido que, según lo informado por la Subsecretaría, notificar a la gran cantidad de terceros, no sólo implica un alto costo, sino por sobre todo, la sola tramitación de los oficios (confección, firma y envío), exigiría dedicarle en forma exclusiva, a lo menos 26 días de trabajo. Ya este Consejo se ha pronunciado sobre una hipótesis similar, en la decisión de amparo Rol C1848-18, donde se razonó que: "según lo indicado por la Universidad, tratándose de una gran cantidad de terceros a quienes se debió notificar la solicitud de información objeto del presente amparo, 476 personas en total, resulta plausible sostener que, notificar a tal cantidad de terceros, generará la distracción indebida de los funcionarios de la entidad estudiantil, configurándose, además, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia".

9) Que, por otra parte, en cuanto a lo sostenido por la reclamante en su amparo, se debe precisar que si bien las cooperativas de importancia económica (esto es, las de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento) de acuerdo al artículo 91 de la citada resolución N° 1321, "deberán publicar en la página web del Departamento de Cooperativas, www.decoop.gob.cl, el Balance General Anual, el Estado de Resultados, el Dictamen de los Auditores Externos y los nombres de su Gerente y Contador General (...)", dicha publicación sólo procede una vez que la Junta General de Socios apruebe lo anterior. En efecto, el mismo artículo, seguidamente establece que: "La publicación será gratuita y deberá ingresarse por la Cooperativa al sitio web, dentro de los treinta días siguientes al de la celebración de la Junta General de Socios en que se tomó conocimiento y aprobó el Balance". Teniendo presente lo anterior, en la especie, la Subsecretaría explicó que dada la contingencia nacional provocada por la pandemia, a la fecha, las cooperativas en cuestión, no cuentan con la aprobación de sus respectivas juntas generales de socios, hecho que sólo confirma la necesidad de notificar a dichas entidades, para en mérito de sus descargos, y demás antecedentes, se evalúe recién la entrega o reserva de la información solicitada.

10) Que, a lo anterior, se debe sumar el hecho, que la búsqueda, confección y sistematización de la información solicitada, en los términos anotados en el numeral 1°, de lo expositivo, implica para el órgano, 48 días de trabajo, toda vez que se trata de información económica específica de 1300 cooperativas que debe ser tratada. Por lo tanto, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas precedentemente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.

11) Que, en mérito de lo antes expuesto, este Consejo rechazará el presente amparo, debiéndose precisar que no se analizará la procedencia de las demás causales de reserva por resultar inoficioso. Finalmente, a pesar de lo resuelto, se hace presente a la solicitante que aquello no obsta a que pueda deducir una nueva solicitud de información, respecto de un número acotado de cooperativas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Danae Scarlet Chandía Orrego en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Danae Scarlet Chandía Orrego y al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.