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Tomás Greene Pinochet con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C3957-20

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega del listado de los roles de ingreso y los resultados de las acciones constitucionales de amparo interpuestas durante el año 2019, que impugnan medidas de expulsión. Lo anterior, debido a que se trata de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, la que no fue proporcionada en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Además, de resultar improcedente la derivación efectuada por el órgano reclamado a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, en conformidad al artículo 13 de la ley citada. Finalmente, se representa al órgano reclamado la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3957-20

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Tomás Greene Pinochet

Ingreso Consejo: 08.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega del listado de los roles de ingreso y los resultados de las acciones constitucionales de amparo interpuestas durante el año 2019, que impugnan medidas de expulsión.

Lo anterior, debido a que se trata de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, la que no fue proporcionada en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Además, de resultar improcedente la derivación efectuada por el órgano reclamado a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, en conformidad al artículo 13 de la ley citada.

Finalmente, se representa al órgano reclamado la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3957-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 8 de junio de 2020, don Tomás Greene Pinochet solicitó a la Subsecretaría del Interior "el listado de todas las acciones constitucionales de amparo que fueron interpuestas durante el año 2019 y por las que se impugnaban medidas de expulsión, con indicación de su rol de ingreso a las respectivas Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, según corresponda, y de su resultado judicial, esto es, si las acciones interpuestas fueron en definitiva acogidas o rechazadas".

2) RESPUESTA: La Subsecretaría del Interior mediante oficio N° 16.350, de fecha 7 de julio de 2020, informó que "el listado de acciones constitucionales de Amparo solicitado, es información que se encuentra permanentemente a disposición del público a través de la página web dispuesta para el efecto por el Poder Judicial de la República de Chile, en la dirección electrónica (...) Por lo anterior, en virtud del artículo 15 de la citada Ley N° 20.285, lo invitamos a visitar la dirección electrónica señalada, donde podrá revisar las acciones consultadas".

3) AMPARO: Con fecha 8 de julio de 2020, don Tomás Greene Pinochet dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular, sostuvo que "El motivo para solicitar esta información es que se pretende conocer el fundamento de lo afirmado por el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente de la Subsecretaría del Interior, en su Memoria Anual 2019, en la que afirma que todas las acciones de amparo interpuestas en contra de órdenes de expulsión durante 2019, fueron rechazadas por los tribunales de justicia".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior mediante oficio N° E11.744, de fecha 24 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 19.136, de fecha 6 de agosto de 2020, reiteró que se otorgó acceso a lo pedido en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Agregando que en cuanto al resultado de las acciones judiciales por las cuales se consulta carecen de competencia para abordar el requerimiento, por lo que de conformidad al artículo 13 de la ley citada, derivan dicha parte a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, para que previo examen de admisibilidad se pronuncie en los términos que corresponda.

5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Este Consejo, en atención a lo señalado precedentemente solicitó al reclamante mediante Oficio N° E14.037, de fecha 24 de agosto de 2020, se pronuncie en los siguientes términos: (1°) señale si la información proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su solicitud de información; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada no le ha sido proporcionada.

La parte reclamante por medio de correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020, manifestó su disconformidad con lo informado por el órgano reclamado. En particular sostuvo que "conviene señalar que si bien es cierto que el sitio web del Poder Judicial, específicamente el de la Oficina Judicial Virtual, posee un buscador de causas que permite al usuario rastrear la información solicitada, esta parte ya ha manifestado que esto no resulta posible si no se ingresan indicadores concretos en el motor de búsqueda. La Subsecretaría en su Oficio invita a ingresar en el indicador "Ministerio del Interior y Seguridad Pública" en el campo respectivo, esta búsqueda no asegura que sea arrojada la totalidad de las causas que fueron consideradas por la reclamada en su informe Memoria Anual 2019, en el que se señala que todas las acciones de amparo que fueron interpuestas durante el año 2019 en contra de las medidas de expulsión de extranjeros fueron rechazadas, principalmente porque tres motivos: 1) Porque no todas las estas acciones se dirigen siempre en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pues la práctica demuestra que muchas veces los recurrentes encaminan estas acciones a otros órganos públicos, como Policía de Investigaciones, sin perjuicio que la defensa luego sea asumida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por ser este último órgano quien emite las órdenes de expulsión, por lo que no necesariamente todas llevarán en su carátula el nombre de la reclamada; 2) Porque entre estas causas podría haber expedientes con acceso restringido al público, por motivos de protección de datos; 3) Porque, intentada la búsqueda sugerida por la reclamada, aparece un listado de acciones dirigidas en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública pero que no tienen que ver con la impugnación de órdenes de expulsión. De esta forma, la búsqueda que un usuario cualquiera pueda siguiendo el modo que señala la reclamada no garantiza que la información a la que accederá se corresponda fielmente con la que se tuvo en cuenta por ella al realizar su informe Memoria Anual 2019. En cuanto a lo segundo, es decir, al resultado de las acciones, debe decirse que, si el Departamento de Extranjería y Migración ha publicado en un documento oficial que "la totalidad de [los recursos de amparo interpuestos en contra de medidas de expulsión] fueron rechazados, declarando la Corte Suprema que tanto la dictación de la expulsión como su materialización se encontraba ajustada a Derecho", la autoridad mantiene esta información en su poder y debe ser capaz de respaldar tales dichos, ofreciendo los fundamentos de los mismos a la ciudadanía. En este sentido, es la propia reclamada la que hace alusión a los resultados de las acciones de amparo interpuestas en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando en su informe "Memoria Anual 2019" que todas ellas fueron rechazadas, por lo que, si tiene competencia para dar esta información a la ciudadanía, no se advierte por qué razón no sería competente luego para entregar los fundamentos de sus dichos".

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano reclamado argumentó que indicó la forma de acceder a los antecedentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y en lo relativo a los resultados derivó el requerimiento a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, en los términos establecidos en el artículo 13 de la ley citada.

2) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que en el documento titulado "Memoria Anual 2019. Políticas Departamentales Principales logros alcanzados en 2019", del Departamento de Extranjería y Migración, en su página 12, se informa lo siguiente: "6.5 Fallos Relevantes en 2019. Durante el año 2019, se presentaron diversos recursos de Amparo mediante los cuales se impugnaban las medidas de expulsión de extranjeros infractores de ley, las que fueron materializadas por Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con la Fuerza Área de Chile. La totalidad de dichos recursos fueron rechazados, declarando la Corte Suprema que tanto la dictación de la expulsión, como su materialización, se encontraba ajustada a Derecho. En febrero de 2019, la Corte Suprema rechazó un recurso de Protección presentado respecto del Plan Humanitario de Regreso Ordenado al País de Origen de Ciudadanos Extranjeros, dispuesto mediante la Resolución N° 5.744 de fecha 26 de octubre de 2018 de la Subsecretaría del Interior, indicando que dicha Resolución se encontraba suficientemente motivada, descartándose en su dictación ilegalidad o arbitrariedad. En agosto de 2019, mediante fallo, la Corte Suprema rechazó un recurso de Amparo presentado en contra del Decreto Supremo N° 237 de 20 de junio de 2019, suscrito por el presidente de la República, el Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Relaciones Exteriores, y que estableció el Visto Consular de Turismo como requisito de ingreso a Chile a los nacionales venezolanos. Debido a lo anterior, el Decreto citado y el requisito de ingreso por éste regulado se encuentran plenamente vigentes". Agregando, "6.6 Estadísticas Recursos Jurídicos. Durante el 2019 se presentaron un total de 580 recursos judiciales, lo que confirma la tendencia de los últimos años, en cuanto al aumento de la presentación de este tipo de acciones. De ese total, 348 corresponden a recursos de Amparo, 212 recursos de Protección, 16 recursos de Reclamación de Expulsión y 4 recursos de Reclamación de Nacionalidad". (En: https://www.extranjeria.gob.cl/media/2020/06/Memoria-DEM-2019.pdf, revisado con fecha 4 de septiembre de 2020)

3) Que lo requerido, en definitiva, son los antecedentes que se tuvieron a la vista para elaborar la "Memoria Anual 2019. Políticas Departamentales Principales logros alcanzados en 2019", por parte del Departamento de Extranjería y Migración, por lo tanto, se trata de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, tanto en lo referido al rol de ingreso de los recursos por los cuales se consulta, como el resultado de aquellos, en virtud de lo citado en el considerando anterior.

4) Que, en primer lugar, el órgano reclamado alegó que dio cumplimiento a su obligación de informar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, que dispone que "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". Sin embargo, la Subsecretaría del Interior se limita a remitir al reclamante a la página del Poder Judicial, sin otorgarle los datos necesarios para poder acceder a la información solicitada, con mayor razón si se considera que el listado de los roles de ingreso de los recursos consultados debe obrar en su poder según lo razonado en el considerando anterior. De esta forma, se descarta la concurrencia de dicha hipótesis especial de cumplimiento en el presente caso.

5) Que, en cuanto a los resultados de las acciones consultadas, con ocasión de sus descargos, el órgano reclamado informó que derivo esa parte del requerimiento a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. En este punto, se debe reiterar lo señalado en los considerandos segundo y tercero, en particular, que en la "Memoria Anual 2019. Políticas Departamentales Principales logros alcanzados en 2019", el Departamento de Extranjería y Migración afirmó que la totalidad de los recursos interpuestos fueron rechazados.

6) Que, en consecuencia, se estima improcedente la derivación realizada a la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, por cuanto, el órgano reclamado no acreditó su incompetencia para pronunciarse sobre la solicitud, cuestión que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo. De esta forma, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de los antecedentes solicitados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Tomás Greene Pinochet en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante del listado de los roles de ingreso y los resultados de las acciones constitucionales de amparo interpuestas durante el año 2019, que impugnan medidas de expulsión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior haber efectuado una derivación improcedente de la solicitud de acceso, pues con ello ha infringido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Tomás Greene Pinochet y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.