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Rodrigo Sánchez Sánchez con SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO Rol: C3726-20

Consejo para la Transparencia, 22/09/2020

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ordenando la entrega de la información referida al procedimiento administrativo sancionador no terminado a la fecha. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó cómo su entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, no pudiendo entenderse configurada la causal de reserva o secreto invocada por la Superintendencia reclamada. Se rechaza el amparo respecto de la falta de entrega de la totalidad de la información solicitada en relación con los procedimientos sancionatorios cerrados, toda vez que, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que aquella fue puesta a disposición del solicitante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3726-20

Entidad pública: Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Requirente: Rodrigo Sánchez Sánchez

Ingreso Consejo: 30.06.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ordenando la entrega de la información referida al procedimiento administrativo sancionador no terminado a la fecha.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó cómo su entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, no pudiendo entenderse configurada la causal de reserva o secreto invocada por la Superintendencia reclamada.

Se rechaza el amparo respecto de la falta de entrega de la totalidad de la información solicitada en relación con los procedimientos sancionatorios cerrados, toda vez que, de los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que aquella fue puesta a disposición del solicitante.

A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remiten al solicitante copia de los documentos acompañados por el órgano en esta sede.

En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3726-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de junio de 2020, don Rodrigo Sánchez Sánchez solicitó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la siguiente información: "Listado de procedimientos sancionatorios tramitados o en trámite durante el presente año, indicándose el nombre de la persona en contra de quien se dirige, número de resolución y fecha de la representación de infracciones, de la resolución de término, y de la resolución que resuelve la reposición administrativa, remitiéndose los siguientes documentos:

- Resolución que representa infracciones.

- Resolución que resuelve el procedimiento (de haberse dictado a la fecha de la presente solicitud).

- Resolución que se pronuncia sobre el recurso de reposición (de haberse dictado a la fecha de la presente solicitud)".

2) RESPUESTA: El 26 de junio de 2020, a través de Oficio SUPERIR N° 10618, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento respondió al requerimiento de información adjuntando un cuadro que muestra el detalle de los procedimientos sancionatorios que se encuentran terminados, conforme a los términos solicitados, especificando aquellos casos en que el procedimiento administrativo terminó mediante la resolución del recurso de reposición. También, señala acompañar copia de las resoluciones que resuelven los procedimientos y las que resuelven los recursos de reposición, en caso de haberse deducido, según la información entregada en el referido cuadro.

Además, informa que respecto de los procedimientos que se encuentran en curso, la información no puede ser entregada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, por lo que, una vez terminados los procedimientos, la información estará disponible al público.

Finalmente, hace presente que los datos sensibles que constan en la documentación adjunta fueron tachados, en conformidad a lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 21, N° 2, y en la Recomendación de este Consejo sobre Protección de Datos Personales por parte de los órganos de la Administración del Estado.

3) AMPARO: El 30 de junio de 2020, don Rodrigo Sánchez Sánchez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud y en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que:

1. Conforme a la respuesta entregada debieron remitirse, respecto de los procedimientos sancionatorios terminados, 39 archivos, sin embargo, solo se enviaron 15 adjuntos al correo electrónico de respuesta y el resto, supuestamente se encuentra disponible en el vínculo web que indica. Pero, al examinar dicho enlace, ninguno de los ficheros puede abrirse.

2. Respecto de los procedimientos sancionatorios en curso, es decir, aquellos en que, habiéndose formulado cargos, no existe una decisión sobre la procedencia de sanciones, se invocó el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Sin embargo, la Superintendencia no indica como es que la publicidad de esta información afecta su función; por otro lado, la formulación de cargos en un procedimiento sancionatorio no corresponde a ninguno de los actos "preparatorios" descritos en la preceptiva invocada; y finalmente, la decisión del Servicio contraviene la jurisprudencia uniforme de este Consejo, que sostiene que los expedientes de esta naturaleza son públicos desde que el procedimiento se encuentra afinado, es decir, desde que la referida formulación ha sido notificada al afectado.

Así, indica que: "1. Respecto de procedimientos sancionatorios finalizados, es incompleta, porque no se acompañan ni se ponen a disposición todos los archivos que el órgano dice enviar. 2. Respecto de procedimientos sancionatorios en trámite. Es parcial, dado que se niega la entrega de formulaciones de cargos".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, mediante Oficio E11480, de 20 de julio de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante, satisface íntegramente su requerimiento de información, específicamente, refiérase a sus alegaciones respecto de que no se proporcionaron todas las que se señalan en la respuesta; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) en relación a los procedimientos sancionatorios en trámite, refiérase específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (4°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (5°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante Oficio SUPERIR N° 13688, del 4 de agosto de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que como se indicó en la respuesta, se adjuntaron una serie de oficios conforme a lo soportado por el Portal de Transparencia y, paralelamente, a través de correo electrónico se informó que debido al peso de la documentación no fue posible enviar la totalidad a través del portal, razón por la cual, se envió una dirección de Sharepoint.com con un archivo en formato .rar para su descarga, con la totalidad de los documentos. Dicha dirección web y sus archivos fueron revisados no existiendo dificultad en su descarga. Sin perjuicio de lo anterior, al presente oficio los acompaña nuevamente.

Señala que el reclamante realizó una nueva solicitud de acceso a la información el 30 de junio del presente año, misma fecha de presentación de este amparo, en la que pidió exactamente la misma información que la que es causa de estos descargos. Aquella nueva solicitud, fue respondida el 21 de julio de 2020, en los mismos términos que la anterior, actualizada a la fecha de respuesta, es decir, se agregó un procedimiento sancionatorio que estaba terminado a esa fecha.

Respecto de los procedimientos sancionatorios en trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, no se entregó la información, ya que aún no estaba dictada la resolución que aplica una sanción o absuelve de los cargos, por cuanto el procedimiento no se encuentra finalizado.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 331 y siguientes de la ley N° 20.720 la Superintendencia es un servicio público, que tiene como misión fiscalizar y regular las actuaciones de los entes que intervienen en los procedimientos concursales, es decir, veedores, liquidadores, síndicos y martilleros concursales, quienes son personas naturales. En el artículo 340 de la misma ley, se establece que una vez representados los cargos el sujeto fiscalizado tiene al menos 10 días para presentar sus descargos, posteriormente, es posible abrir un periodo de prueba, a solicitud de parte, conforme a la ley 19.880. Finalmente, se debe dictar la resolución definitiva dentro de los 30 días de evacuada la última diligencia y dicha resolución debe "pronunciarse sobre las alegaciones y defensas del infractor y contendrá la declaración de la sanción impuesta si correspondiere".

Posteriormente, luego de citar el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia y el artículo 7, N° 1, letra b), de su reglamento, señala que, de acuerdo con esta normativa, se requieren tres requisitos copulativos para su aplicación:

- Que la publicidad o comunicación afecte el debido cumplimiento de funciones del órgano: la Superintendencia está al servicio de la persona humana y por lo tanto debe promover y respetar sus derechos y garantías, sobre todo, en la especie, las consagradas en el artículo 19, N° 3, de presunción de inocencia y derecho a defensa frente a todo tipo de imputaciones penales, plenamente aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios. Teniendo en cuenta que los sujetos fiscalizados son siempre personas naturales, amparadas por los derechos y presunciones citadas y por la protección a su dignidad y su honra (artículo 19 N° 4). Es así, como existe la posibilidad que la formulación de cargos efectuada a un fiscalizado sea desvirtuada en la instancia de descargos y prueba, y que la resolución de termino sea absolutoria, por ello que la lógica de esta norma de excepción temporal a la publicidad de aquellos antecedentes previos a la adopción de una decisión definitiva se aplica plenamente en este caso, cuestión que también ha sido reconocida por este Consejo, entre otros, en la decisión rol C3084-15, considerando 15.

- Debe tratarse de antecedentes o deliberaciones: de acuerdo al artículo 7 citado, los antecedentes son los que informan la adopción de una resolución y las deliberaciones son las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. En este caso, las resoluciones de formulación de cargos solicitadas constituyen antecedentes que ilustrarán o informarán, conjuntamente, con los descargos y las pruebas aportadas, la adopción definitiva de la sanción o absolución del sujeto formulado de cargos, que se plasmará en la resolución de término del procedimiento sancionatorio, en la cual constará la decisión fundada y firme relativa a la culpabilidad o no del mismo.

- Sean previas a la adopción de una resolución, medida o política: la formulación de cargos corresponde a la resolución por la cual se inicia el procedimiento sancionatorio y lógicamente, anterior a la resolución de término. Cita la jurisprudencia de este Consejo, específicamente, los amparos Roles C12-09, C79-09, C95-09 y C884-13, entre otras, concluyendo que, en la especie se cumplen las exigencias ahí establecidas, por cuanto, dos de los procesos sancionatorios en trámite, denegados a esta fecha se encuentran terminados en cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, en el tercero, aun no terminado, se dictaron medidas para mejor resolver y está pendiente su resolución de termino, estando dentro de plazo legal.

Respecto al criterio jurisprudencial que cita el reclamante, entiende que ha sido aplicable, cuando este Consejo ha fallado amparos relativos al procedimiento administrativo sancionatorio que tramita la Superintendencia de Medio Ambiente. En dicho caso, su Ley Orgánica N° 20.417, en su artículo 31, señala expresamente que: "La Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, de acceso público, que se conformará con los siguientes antecedentes y datos: "c) Los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados", estableciendo un estatuto especial de publicidad mucho más potente en relación a otras entidades, en razón de la importancia del resguardo institucional del medio ambiente y que en general se está frente a personas jurídicas y no naturales que son objeto del reproche sancionatorio de dicha Superintendencia. (Roles C6975-19, C1661-18 y C295-14, entre otros).

Informa que tres procesos sancionatorios fueron denegados, dos de los cuales se encuentran terminados, adjuntándose los documentos a estos descargos, y un tercero, aún se encuentra en trámite, debido a que se dictaron medidas para mejor resolver, las que se encuentran en curso y una vez terminadas, será dictada la resolución de termino dentro del plazo legal de 30 días.

No se estimó necesario proceder a la notificación del tercero, debido a que se entiende que el procedimiento sancionatorio estaba en curso a esa fecha, aplicándose plenamente la causal invocada, sin perjuicio de lo cual, informa la identidad y datos de contacto del mismo.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 3 de septiembre de 2020, esta Corporación inspeccionó el vínculo web indicado por el órgano en su respuesta "https://superir-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/transparencia_superir_gob_cl/EYsDOn_Osz5ElyXTBdPs-S0BmdrSYTlMq5aC6mX5Y2kgrg", pudiendo acceder a la carpeta denominada "T946R.rar", la que, al ser descargada, corresponde a un archivo comprimido que contiene la carpeta "T946R", la que a su vez está formada por 20 subcarpetas, cada una respecto de un procedimiento sancionatorio, conteniendo los archivos de las resoluciones consultadas en formato PDF.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo dice relación con la entrega parcial de la información requerida, ya que se habrían remitido solo algunos de los antecedentes de los procedimientos sancionatorios terminados, mientras que, no se entregó la información de aquellos que se encontraban abiertos a la fecha de la solicitud. Por su parte, el órgano reclamado afirma haber concedido acceso a la información referida a procedimientos cerrados, reservándose aquella asociada a procesos abiertos, invocando la causal de reserva o secreto de la letra b), del número 1, del artículo 21, de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer término, tratándose de la alegación de entrega parcial de los antecedentes de los procedimientos sancionatorios terminados, la que se sustenta en el hecho de haber informado el órgano un vínculo web que, según manifiesta el reclamante, contiene ficheros que no es posible abrir; según se describe en el número 5 de la parte expositiva de esta decisión, al examinarse el link informado por la Superintendencia se observa que es posible acceder y descargar los archivos en cuestión, razón por lo que se desestimará el amparo en este sentido, sin perjuicio de remitir al solicitante, en virtud del principio de facilitación, los antecedentes que igualmente fueron acompañados por el órgano en esta sede.

3) Que, luego, respecto de la alegación de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se debe recordar que dicha norma prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que, así, y según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, citadas igualmente por el órgano reclamado, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado.

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

5) Que, en la especie, respecto del cumplimiento de los requisitos explicados, el órgano reclamado ha dado cuenta de que los antecedentes requeridos forman parte del procedimiento establecido en los artículos 340 y siguientes de la ley N° 20.720, el cual, en efecto, debe terminar con la adopción de una decisión plasmada en la resolución de término, lo que permite concluir que se verificaría en este caso el requisito explicado en la letra a) del considerando precedente. Sin embargo, en el caso de la segunda de las exigencias, manifestada en la letra b), a juicio de este Consejo, no se ha explicado de qué manera la publicidad de los antecedentes requeridos podrían afectar el cumplimiento de las funciones del órgano, obstaculizando la adopción de las deliberaciones que se encuentran pendientes. Al abordar este aspecto, el órgano se ha referido a la presunción de inocencia y al derecho a defensa, que benefician a los sujetos pasivos de los procedimientos sancionatorios, garantías que podrían verse vulneradas en el caso de darse publicidad a los elementos del proceso requeridos, en la hipótesis de dictarse posteriormente una resolución absolutoria. Dicha afirmación, no es compartida por esta Corporación, por cuanto no se advierte de qué manera la publicidad de la resolución que formula cargos podría afectar el derecho a defensa del sujeto pasivo del procedimiento, así como tampoco su presunción de inocencia, principios formativos del proceso que deben ser asegurados por el juzgador en la substanciación del procedimiento, no viéndose afectada la actuación de aquel, por la mera publicidad de la resolución por medio de la que formulan los cargos.

6) Así, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, por lo que, no es posible concluir la procedencia de la causal de reserva o secreto alegada. Por tal razón, se acogerá el amparo en este aspecto.

7) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada referida a procedimientos no terminados, al desestimarse la configuración de la causal de reserva o secreto de privilegio deliberativo invocada por el órgano; rechazándose en lo que dice relación con la entrega parcial de la información referida a los procedimientos cerrados, por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que el órgano puso dichos documentos a disposición del solicitante. En este sentido, tratándose de la información referida a dos de los procedimientos que a la fecha se encuentran cerrados, cuyos antecedentes fueron acompañados por el órgano en esta sede, se tendrá por atendida la solicitud en ese sentido, información que, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se remitirá al solicitante, de manera conjunta con aquella referida a procedimientos cerrados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rodrigo Sánchez Sánchez en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de los antecedentes requeridos referidos al procedimiento administrativo sancionatorio no cerrado.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la falta de entrega de la totalidad de la información correspondiente a los procedimientos administrativos sancionatorios cerrados, por los fundamentos expuestos.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento y a don Rodrigo Sánchez Sánchez, adjuntando a este último, copia de los documentos acompañados por el órgano en esta sede.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.