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Marcelo Soto Campos con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Rol: C3536-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, relativo a información referida a los resultados de la calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares del reclamante; sólo en cuanto a la falta de derivación del requerimiento al organismo competente, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Subsecretaría de Evaluación Social. Finalmente, se representa al órgano reclamado el no haber derivado la solicitud de información.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3536-20

Entidad pública: Subsecretaría de Servicios Sociales

Requirente: Marcelo Soto Campos

Ingreso Consejo: 23.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, relativo a información referida a los resultados de la calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares del reclamante; sólo en cuanto a la falta de derivación del requerimiento al organismo competente, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Subsecretaría de Evaluación Social.

Finalmente, se representa al órgano reclamado el no haber derivado la solicitud de información.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3536-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de junio de 2020, don Marcelo Soto Campos solicitó a la Subsecretaría de Servicios Sociales, lo siguiente:

"Estimado hace un tiempo atrás solicite la tabla donde aparecen los valores de las remuneraciones para saber en q lugar se encuentra uno y no correspondía el lugar del 90% más rico, realicé el reclamo y me dijeron q era por estar en Isapre, ahora escuchando a los ministros, indican que eso no entraría, por lo tanto actualicé mi ficha y estoy igual, podrían darme la información del porque aparezco como del 90%".

2) RESPUESTA: La Subsecretaría de Servicios Sociales mediante carta N° 1750, de fecha 23 de junio de 2020, informó que el "requerimiento no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual se aseguran a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes".

3) AMPARO: Con fecha 23 de junio de 2020, don Marcelo Soto Campos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, fundado en que la información es incompleta. En particular, sostuvo que "solo como ciudadano chileno solicite una aclaración el motivo de mi lugar en el escalafón entre los más ricos ya que hace tiempo solicite hace años la tabla que por lo menos me la dieron donde observe que estaba en un grado donde no ganaba esa remuneración después de ir a departamento de desarrollo social me dijeron que era porque estaba en ISAPRE luego supe que lo de la isapre no debería influir entonces solicite otra vez la información y me llego la típica carta para no enviar nada ni investigar el caso menos dar una solución".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Servicios Sociales mediante oficio N° E10.850, de fecha 10 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 40/2261, de fecha 3 de agosto de 2020, informó que en su solicitud el requirente señaló haber actualizado su "ficha", y pide saber por qué se encuentra dentro del "90% más rico". Sin embargo, no entrega más antecedentes de individualización que su nombre de pila, sus dos apellidos y su casilla de correo electrónico. Por lo que, estimaron que realizó un reclamo, respecto a los resultados de su calificación socioeconómica tras la actualización de su Registro Social de Hogares, en consecuencia, exige un pronunciamiento de la Administración, a fin de que le explique dicha situación. Así, con ocasión del amparo el reclamante nuevamente incurre en dicha actitud, sin señalar cuál sería la información específicamente solicitada cuyo acceso habría sido denegado. En consecuencia, reiteran que el requerimiento en cuestión constituye una expresión del derecho de petición establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, y no al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Sin perjuicio de lo señalado, hacen presente que la Calificación Socioeconómica se encuentra regulada en el decreto supremo N° 22, año 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba reglamento del artículo 5° de la ley N° 20.379 y del artículo 3° letra f) de la ley N° 20.530 - en adelante D.S. N° 22/2015-. En tal sentido, indican que de conformidad a lo dispuesto en su artículo 24 inciso final, la actualización y rectificación de la información del Registro Social de Hogares, puede o no, tener efecto en la Calificación Socioeconómica. Así, la competencia para resolver los reclamos al respecto corresponde a la Subsecretaría de Evaluación Social.

Finalmente, hacen presente que carecen de la información necesaria para dar respuesta al reclamo sobre Calificación Socioeconómica del hogar del reclamante, por corresponder a una materia de competencia de la Subsecretaría de Evaluación Social.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: En virtud de lo señalado precedentemente, este Consejo por medio de correo electrónico, de fecha 14 de agosto de 2020, solicitó al órgano reclamado complementar sus descargos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si bien se indica que el reclamante no señaló cuál es la información específicamente solicitada, es necesario que la Subsecretaría de Servicios Sociales informe a este Consejo si solicitó al reclamante en su oportunidad subsanar su presentación, según lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia

b) Aclare si la información solicitada obra en su poder, constando en algunos de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 40/2908, de fecha 28 de agosto de 2020, señaló que la información sobre el Registro Social de Hogares y Calificación Socioeconómica está ligada al RUN de los integrantes del hogar, la que no fue aportada por el reclamante en su solicitud. Sin embargo, no requirieron subsanación, puesto que tras el análisis de aquella se estimó que constituía el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Además, que aquella no podría ser entregada por esta vía, no sólo porque no contaban con el RUN, sino porque reviste el carácter de personal y sensible de los integrantes de un hogar. Finalmente, informan que derivaron la presentación a la Subsecretaría de Evaluación Social.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, al respecto, el órgano reclamado alegó que lo solicitado no estaría amparado en el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, sino que corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, se debe considerar que lo pedido es información respecto de los resultados de la calificación socioeconómica del reclamante, tras la actualización de su Registro Social de Hogares, por lo que, aquella puede estar contenida en algún documento o soporte que obre en poder del órgano de la Administración del Estado competente para ello.

2) Que sobre la materia consultada cabe hacer presente que al órgano reclamado le corresponden, entre otras funciones, las siguientes, "a) Diseñar y aprobar por medio de uno o más actos administrativos, los formularios físicos o electrónicos a aplicar en el ingreso, actualización, rectificación y/o complemento de datos del Registro Social de Hogares; b) Diseñar y aprobar, por medio de uno o más actos administrativos, los protocolos técnicos y el formato del ingreso, actualización, rectificación y/o complemento de datos del Registro Social de Hogares". (Artículo 7, D.S. N° 22/2015) De esta forma, "Los procedimientos de actualización y rectificación de la información del Registro Social de Hogares se realizarán previa solicitud de los titulares de datos individualmente considerados a partir de la información contenida en el Formulario. La administración de estos procedimientos será función de la Subsecretaría de Servicios Sociales. (...) La actualización y rectificación de información podrá, o no, tener efecto en la Calificación Socioeconómica". (Artículo 24, incisos primero y tercero del D.S. N° 22/2015)

3) Que, en consecuencia, al órgano reclamado le corresponde realizar los procedimientos de actualización de la información en el Registro Social de Hogares. Sin embargo, se requiere información acerca de los resultados de la calificación socioeconómica tras la actualización de datos realizada por el reclamante, en tal sentido, cabe hacer presente que, a la Subsecretaría de Evaluación Social, entre otras funciones, le compete "Diseñar y realizar el cálculo periódico de la Calificación Socioeconómica..." (Artículo 6 letra a) del D.S. N° 22/2015); la que consistirá "en una ordenación de las unidades de análisis que forman parte del Registro Social de Hogares, que podrá ser estratificada por quintiles, deciles, percentiles o tramos, en función de los ingresos de los integrantes de la unidad de análisis y otros atributos que sean necesarios, lo cual se expresará en términos de puntaje o indicador. // Esta ordenación será elaborada con la información contenida en el Registro Social de Hogares, a la que se podrá aplicar, entre otros factores, correcciones per cápita por aplicación de un índice de necesidades, y variables, criterios y factores de reordenamiento, tales como evaluación de medios. // La Subsecretaría de Evaluación Social, previo informe técnico favorable de la Dirección de Presupuestos, establecerá el procedimiento y la metodología de cálculo de la Calificación Socioeconómica, la que incorporará, entre otros aspectos, la fórmula matemática de la Calificación Socioeconómica, y los umbrales para determinar los quintiles, deciles, percentiles o tramos, que se estimarán en función de la distribución de la población nacional". (Artículo 33 del D.S. N° 22/2015). De esta forma, "La construcción y actualización periódica de la Calificación Socioeconómica será de cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social...". (Artículo 35 del D.S. N° 22/2015).

4) Que, en este punto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en orden a que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario...". De esta forma, y en atención de lo señalado en el considerando anterior, y si bien el órgano reclamado informó haber derivado el requerimiento a la Subsecretaría de Evaluación Social, no acompañó antecedentes que dieran cuenta que aquello se llevó a cabo de manera oportuna, por lo que, se acogerá este amparo, sólo por cuanto infringió el artículo señalado, situación que se representará en lo resolutivo de esta decisión.

5) Que, sin perjuicio de lo señalado por el órgano reclamado, al no constar en esta instancia, la efectividad de la derivación del requerimiento informada, y en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará a la Subsecretaría de Evaluación Social, la solicitud de acceso, a fin de que se pronuncie expresamente respecto de las materias propias de su competencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Soto Campos en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, sólo en cuanto no procedió a derivar el requerimiento en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Representar al Sr. Subsecretario de Servicios Sociales la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la citada ley, al no haber derivado la solicitud de información, al organismo competente, de manera oportuna. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar la solicitud de acceso a la Subsecretaría de Evaluación Social, a fin de que se pronuncien sobre las materias propias de su competencia.

b) Notificar la presente decisión a don Marcelo Soto Campos y al Sr. Subsecretario de Servicios Sociales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.