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Juan Pablo Díaz Pino con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C3396-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la hoja de vida del Mayor de Ejército consultado, correspondiente al periodo 2014/2015. Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, y por haberse desestimado las alegaciones tanto del órgano como del tercero, por no haber sido justificadas ni acreditadas suficientemente. En efecto, tenida a la vista la información reclamada y no se advierte en ella dato o anotación alguna cuya divulgación tenga entidad de poner en riesgo la seguridad de la Nación ni contiene ningún antecedente cuya publicidad pueda poner en riego los derechos del funcionario consultado ni en la esfera de su vida privada, seguridad u otro ámbito. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, así como los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario, y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, eventualmente contenidas en la hoja de vida requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3396-20

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Juan Pablo Díaz Pino

Ingreso Consejo: 18.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la hoja de vida del Mayor de Ejército consultado, correspondiente al periodo 2014/2015.

Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, y por haberse desestimado las alegaciones tanto del órgano como del tercero, por no haber sido justificadas ni acreditadas suficientemente.

En efecto, tenida a la vista la información reclamada y no se advierte en ella dato o anotación alguna cuya divulgación tenga entidad de poner en riesgo la seguridad de la Nación ni contiene ningún antecedente cuya publicidad pueda poner en riego los derechos del funcionario consultado ni en la esfera de su vida privada, seguridad u otro ámbito.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, así como los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario, y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, eventualmente contenidas en la hoja de vida requerida.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C2010-17, C2089-17, C3046-17, C3047-17, C3244-17, C1241-18, C1366-18, C16-19, C174-19, C595-19 y C2015-19, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3396-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2020, don Juan Pablo Díaz Pino solicitó al Ejército de Chile, copia autorizada de la Hoja de Vida del funcionario que indica, correspondiente al periodo 2014/2015.

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante presentación de fecha 15 de mayo de 2020, el tercero interesado manifestó su oposición a la entrega de la información, señalando, en resumen, que las Hojas de Vida y Calificaciones, son instrumentos que contienen información de carácter privado de la carrera del suscrito, se desconoce el fin o propósito del solicitante para requerir dicho antecedente y especial relevancia adquiere que en la actualidad se encuentro destinado en la V División de Ejército en la guarnición de Punta Arenas, encuadrado en el Cuartel General como Asesor de Transporte de esta Unidad de Armas Combinadas, y con la entrega de sus antecedentes (hojas de vida), estas pueden ser usadas en la entrega de esta información a potenciales adversarios, lo que afectaría considerablemente a la Institución y muy especialmente la seguridad militar. Debido a lo señalado, se opone a la divulgación de su hoja de vida conforme al artículo 21, N°2 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 29 de mayo de 2020, mediante JEMGE DETLE TP (P) N°6000/4616, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que el tercero consultado, al ser comunicado de la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ejerció su derecho de oposición, razón por la cual se encuentra impedida de proporcionar lo requerido. Adjunta carta de oposición del tercero.

4) AMPARO: El 18 de junio de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su requerimiento.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio E10969, de 13 de julio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (5°) remita copia íntegra de la hoja de vida, haciéndole presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante JEMGE DETLE A.J. (P) N°6800/7369, de fecha 13 de agosto de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señala que sin perjuicio que la denegación de la información se sustenta en lo previsto en el inciso 3 del artículo 20 de la Ley de Transparencia, la Hoja de Vida del personal posee reconocimiento legal en el artículo 79 del DFL N°1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Luego, la Hoja de Vida de los miembros de las Fuerzas Armadas se confecciona de acuerdo a la Cartilla CAP-01001 y en ella se registran antecedentes referentes a su desempeño profesional y al cumplimiento de sus funciones militares, pero también referencia a situaciones de tipo personal, además de consignar las diversas destinaciones de sus titulares, a las que concurren acompañados por sus familias, cuya privacidad y honor están protegidos por el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. En efecto, en cuanto al contenido de la Hoja de Vida, en tanto registro de desempeño funcionario de un militar, contempla información referente, a cualidades personales y profesionales, apreciaciones de sus mandos, eficiencia profesional, funciones y cargos militares asumidos a lo largo de su carrera militar, destinaciones ya sea nacionales o internacionales, cualidades, atributos y debilidades tanto militares como personales, sanciones y otras anotaciones.

Lo expuesto permite concluir que la Hoja de Vida conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales, profesionales y operativas, advertidas por el calificador y enfocadas al ámbito de aplicación castrense, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente comprende aspectos del ámbito privado y familiar del Mayor Torres, en razón de dicho aspecto, es que el Ejército en cumplimiento de la Ley N°20.285 y su normativa interna, solicita al personal activo y en retiro su aquiescencia para entregar su Hoja de Vida y Calificaciones.

Por otra parte, desde la perspectiva institucional, y teniendo en consideración el mandato Constitucional otorgado a las Fuerzas Armadas, en el inciso 1 ° del artículo 101 de la Carta Fundamental, esto es, que "Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional", es necesario señalar que, la información contenida en la Hoja de Vida de los integrantes de la Institución, y específicamente del Mayor Torres, quien se desempeña en el área transporte, es una fuente de antecedentes de inteligencia de particular interés, que sometidas a un estudio por especialistas militares de esa área, es posible, por ejemplo obtener el perfil del funcionario, tipo de especialidad conforme a las Unidades en las que ha prestado servicio durante su carrera, extraer cursos, instrucciones u operativos, divulgando, de esta forma, determinadas capacidades o potenciales de sus Unidades, y de su personal, afectando la Seguridad Militar.

En efecto, hacer públicos antecedentes como los requeridos, permite ser empleados por potenciales adversarios como también por organizaciones dedicadas al crimen organizado, otorgando ventajas comparativas para enfrentar una crisis o conflicto armado, todo lo cual debilita el rol esencial que le ha sido asignado a las Fuerzas Armadas por la Carta Fundamental.

Por consiguiente, con la entrega de dicha información se pierde el resguardo necesario de ellas, así como el uso que se les puede dar, y que tal como se mencionó, la entrega de ellas a potenciales organizaciones de Inteligencia extranjeras, sumado al cruce de información, permitiría obtener por esta vía, determinados perfiles que se emplean para determinar quiénes desempeñan ciertas funciones críticas, además de las designaciones en los cargos de Comandante de Unidad, Segundo Comandante, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y Personal de Planta, los que componen las distintas unidades del Ejército, y que su uso por potenciales adversarios, entrega una ventaja militar absoluta, dejando al Ejército en una posición vulnerable ante una eventual crisis, debilitando con ello la Seguridad Nacional.

Por lo precedentemente señalado, es que el legislador en el artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar estableció una causal de secreto y/o reserva respecto de la información pedida, toda vez que su divulgación conlleva un debilitamiento del rol esencial que les ha sido asignado por la Carta Fundamental a las Fuerzas Armadas. En mérito de los argumentos expuesto, en la especie, se configuran las causales de secreto o reserva contenidas en el artículo 21 N°2, 3 y 5 de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Finalmente, da cuenta de los datos de contacto del tercero interesado y remite copia de la información pedida.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, esta Corporación acordó dar traslado del amparo a don Fabián Torres Vásquez, en su calidad de tercero interesado en el presente caso, mediante Oficio E13687, de 17 de agosto de 2020.

Sin embargo, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el tercero involucrado haya presentado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega del antecedente requerido, consistente en las hojas de vida de los años 2014 a 2015 del Mayor de Ejército en servicio activo don Fabián Torres Vásquez, solicitud que fue denegada por el Ejército en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 21 N°2 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición del tercero titular de la información y, posteriormente, en sus descargos invocó la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21, N°3 y 5, del mismo cuerpo normativo. Por su parte, el tercero interesado, se opone a la entrega de la información invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N°2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en: "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en cuanto a la naturaleza de las Hojas de Vida del personal de las Fuerzas Armadas, este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo roles C2010-17, C2089-17, C3046-17 y C3047-17, C3244-17, C1241-18, C1366-18, C16-19, C174-19, C595-19 y C2015-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas: "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate".

4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que, atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones de sueldo, viáticos y otros similares, de funcionarios y exfuncionarios. Sobre este punto, y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

5) Que, en cuanto a las causales de reserva alegadas por el órgano, esto es, aquellas prescritas en el artículo 21, N°3 y N°5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436, N°1 ,del Código de Justicia Militar, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, y por el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

6) Que, en la especie, el Ejército de Chile ha argumentado que el Mayor referido en la solicitud se desempeña en el área transporte, por lo que es una fuente de antecedentes de inteligencia de particular interés, que sometidas a un estudio por especialistas militares de esa área, es posible, por ejemplo obtener el perfil del funcionario, tipo de especialidad conforme a las Unidades en las que ha prestado servicio durante su carrera, extraer cursos, instrucciones u operativos, divulgando, de esta forma, determinadas capacidades o potenciales de sus Unidades, y de su personal, afectando la Seguridad Militar. Indica que hacer públicos antecedentes como los requeridos, permite ser empleados por potenciales adversarios como también por organizaciones dedicadas al crimen organizado, otorgando ventajas comparativas para enfrentar una crisis o conflicto armado, todo lo cual debilita el rol esencial que le ha sido asignado a las Fuerzas Armadas por la Carta Fundamental.

7) Que, como es posible apreciar, el Ejército ha realizado, por una parte, alegaciones genéricas sobre la materia y eventuales afectaciones a la inteligencia militar que podrían desprenderse del conocimiento de la hoja de vida consultada, y por otra, se ha referido al área en que se desempeña el Mayor en cuestión pero sin explicar en modo alguno de qué manera se pueden ver afectadas dichas labores al conocerse los antecedentes contenidos en sus hojas de vida, más aún, si se considera, que tenida a la vista la información reclamada no se advierte en ella dato o anotación alguna cuya divulgación tenga entidad de poner en riesgo la seguridad de la Nación. En conclusión, no ha acreditado de modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos puede afectar el bien jurídico cautelado por la causal del N°3, del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

8) Que, a su turno, en relación con lo prescrito en el artículo 436, numeral 1°, del Código de Justicia Militar. Al efecto, dicha disposición prescribe: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal (...)". En este punto, cabe hacer presente que este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C45-09, ha establecido que el si bien dicho artículo, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

9) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada ha señalado que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21, en relación con el artículo 436 N°1 del Código de Justicia Miliar, toda vez que dicha disposición expresa que son documentos secretos aquellos que se relacionan directamente con la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, especificando aquellos relativos a la seguridad de las instituciones y de su personal. En tal sentido, como ya se razonó, la reclamada se ha limitado a señalar el contenido genérico de las hojas de vida como instrumento necesario para el desarrollo de sus funciones, sin efectuar ninguna invocación o alegación concreta relativa a cómo y por qué la divulgación de todo o ciertos datos contenidos en la documentación específicamente reclamada, provocaría un daño presente o plausible en la Seguridad de la Nación ni la Defensa Nacional. Tampoco ha fundado suficientemente la vinculación existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -vía reserva de la información- y la seguridad de la institución ni de su personal.

10) Que, por lo anteriormente expuesto, aparecen infundadas las alegaciones para configurar la hipótesis de reserva descrita en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar, razón por la cual será desestimada.

11) Que, por su parte, el Mayor en cuestión, ha alegado la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N°2, de la Ley de Transparencia, ya que la entrega de la información afectaría su vida privada, por contener antecedentes privados sobre su carrera funcionaria y desconocer la finalidad o uso que podría darle el solicitante. Sin embargo, teniendo en cuenta lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo no advierte de qué forma la divulgación de las hojas de vida y calificaciones de funcionarios públicos pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de éstos, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de antecedentes -que como se señaló- son esencialmente públicos. A mayor abundamiento, tenida a la vista la información reclamada, este Consejo no advierte que en ella se contenga ningún antecedente cuya publicidad pueda poner en riego los derechos del funcionario consultado, ni en la esfera de su vida privada, seguridad u otro ámbito en los términos de la causal de reserva esgrimida.

12) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y ha debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios del funcionario en cuestión, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de la hoja de vida pedida pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos del tercero, máxime si se considera que se trata de antecedentes que son esencialmente públicos, toda vez que, como el propio tercero y el órgano han señalado, contiene información sobre su desempeño y carrera funcionaria, así como otros antecedentes a considerar para sus evaluaciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N°18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el cual establece que: "El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos en las correspondientes hojas de vida" (énfasis agregado).

13) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del Ejército, y habiéndose desestimado las alegaciones tanto del órgano como del tercero, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de copia autorizada de la hoja de vida del Mayor Fabián Torres Vásquez, correspondiente al periodo 2014/2015. Sin perjuicio, en el evento de ser pertinente, se deberán tarjar todos los datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haberla afectado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N°19.628. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Pablo Díaz Pino en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia autorizada de autorizada de la hoja de vida del Mayor Fabián Torres Vásquez, correspondiente al periodo 2014/2015, previa reserva, de ser pertinente, de todos los datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionen con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía de la funcionaria, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haberla afectado. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Pablo Díaz Pino, a Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y al tercero interesado en este acuerdo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.