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Michelle Araya Correa con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C3407-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, relativo a la implementación de la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con el detalle que se indica, solo en cuanto no procedió a derivar el requerimiento al órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolverlo, esto es, la Subsecretaría de Salud Pública. Lo anterior, toda vez que, de los antecedentes examinados, particularmente, la información disponible en los sitios web que se señalan, el órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud reclamada es la Subsecretaría de Salud Pública, quien dentro de su estructura organizacional cuenta con el Departamento de Estadísticas e información de Salud de la División de Planificación Sanitaria. Se representa al organismo su infracción a la Ley de Transparencia, al haber dado respuesta al requerimiento de información fuera de los plazos establecidos para ello, el no haber derivado inmediatamente la solicitud de acceso al órgano competente para pronunciarse sobre esta y, finalmente, su falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3407-20

Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales

Requirente: Michelle Araya Correa

Ingreso Consejo: 17.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, relativo a la implementación de la ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con el detalle que se indica, solo en cuanto no procedió a derivar el requerimiento al órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolverlo, esto es, la Subsecretaría de Salud Pública.

Lo anterior, toda vez que, de los antecedentes examinados, particularmente, la información disponible en los sitios web que se señalan, el órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud reclamada es la Subsecretaría de Salud Pública, quien dentro de su estructura organizacional cuenta con el Departamento de Estadísticas e información de Salud de la División de Planificación Sanitaria.

Se representa al organismo su infracción a la Ley de Transparencia, al haber dado respuesta al requerimiento de información fuera de los plazos establecidos para ello, el no haber derivado inmediatamente la solicitud de acceso al órgano competente para pronunciarse sobre esta y, finalmente, su falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.

En virtud del principio de facilitación, este Consejo derivará de oficio el requerimiento a la Subsecretaría de Salud Pública.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3407-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2020, doña Michelle Araya Correa solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la siguiente información relativa a la ley N°21.030, sobre interrupción voluntaria del embarazo:

a) Personal matrón/a objetor de conciencia para cada causal por servicio de salud del país hasta la última actualización que dispongan.

b) Número de mujeres que se acogen a las prestaciones de la ley N°21.030 por causal y por servicio de salud del país, por cada año desde la promulgación de la misma hasta la última actualización que dispongan.

c) Número de derivaciones realizadas en cada servicio de salud (cuando éstos por algún motivo se vieron imposibilitados para brindar prestaciones relacionadas a la ley N°21.030), por cada año, desde la promulgación de la misma hasta la última actualización que dispongan, señalando idealmente el motivo de la derivación.

d) Promedio de edad, edad mínima y máxima de las mujeres, que accedieron a las prestaciones dispuestas en la ley N°21.030 hasta la última actualización que dispongan.

e) Estimación del número de mujeres en edad reproductiva asignadas a cada Servicio de Salud. De manera oficial, en el DEIS solo se encuentra clasificado por sexo.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 17 de junio de 2020, doña Michelle Araya Correa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Esta Corporación confirió traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio E12369, de 31 de julio de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Con todo, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano reclamado haya presentado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de esta. No obstante, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el día 01 de junio de 2020. Debido a lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a la precitada disposición.

2) Que, lo solicitado corresponde a diversa información relativa a la implementación de la Ley N°21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con el detalle que se indica. Por su parte, el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta a su solicitud.

3) Que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

4) Que, asimismo, el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que "[e]n caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)". Luego, en la especie, de los antecedentes examinados, particularmente, la información disponible en los sitios web https://www.minsal.cl/ley-n21-030-a-2-anos-de-su-entrada-en-vigencia-ive/, https://www.minsal.cl/reporte-trimestral-ley-ive-actualizado-enero-a-diciembre-de-2019/, https://deis.minsal.cl/, a juicio de este Consejo, el órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud de información reclamada es la Subsecretaría de Salud Pública, quien dentro de su estructura organizacional cuenta con el Departamento de Estadísticas e información de Salud de la División de Planificación Sanitaria. No obstante, atendido que no consta que el organismo reclamado haya procedido a derivar el requerimiento en análisis al órgano competente, se acogerá el amparo solo en cuanto no haber procedido de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, representando, además, dicha circunstancia en lo resolutivo de la presente decisión, a fin de que se adopten las medidas necesarias para que en lo sucesivo esta infracción no se produzca.

5) Que, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, literal f), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a derivar de oficio la solicitud de información a la Subsecretaría de Salud Pública, a fin de que se pronuncie sobre el requerimiento.

6) Que, por último, este Consejo estima necesario hacer presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar descargos constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le recomienda que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias para de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Michelle Araya Correa en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, solo en cuanto no procedió a derivar el requerimiento al órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolver el requerimiento, esto es, la Subsecretaría de Salud Pública; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Subsecretario Redes Asistenciales:

a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad dispuesto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud de información en el plazo legal establecido para ello.

b) La infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado la solicitud de información a la Subsecretaría de Salud Pública, en su calidad de órgano competente para pronunciarse sobre la solicitud de acceso reclamada.

c) Su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, especialmente respecto de la falta de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de facilitación, oportunidad y responsabilidad, previstos en el artículo 11, literales f), h) y j), respectivamente, de la Ley de Transparencia

Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas tendientes a evitar que dichas circunstancias vuelvan a repetirse.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar la solicitud de información reclamada a la Subsecretaría de Salud Pública.

b) Notificar la presente decisión a doña Michelle Araya Correa y al Subsecretario de Redes Asistenciales

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.