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Diego Fuentes González con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C3587-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, ordenando informar al reclamante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso al expediente administrativo solicitado, los que le permitan efectuar una búsqueda directa en el Archivo Nacional. Lo anterior, por cuanto, si bien el órgano cumple con el estándar de búsqueda de la información fijado por este Consejo, habiendo agotado los medios a su disposición para encontrar los antecedentes reclamados, sin resultados positivos, en la especie, no señaló los campos exactos que permitan al reclamante efectuar una búsqueda directa en el Archivo Nacional, conforme a lo previsto en el numeral 3.1, literal a), de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3587-20

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá

Requirente: Diego Fuentes González

Ingreso Consejo: 24.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, ordenando informar al reclamante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso al expediente administrativo solicitado, los que le permitan efectuar una búsqueda directa en el Archivo Nacional.

Lo anterior, por cuanto, si bien el órgano cumple con el estándar de búsqueda de la información fijado por este Consejo, habiendo agotado los medios a su disposición para encontrar los antecedentes reclamados, sin resultados positivos, en la especie, no señaló los campos exactos que permitan al reclamante efectuar una búsqueda directa en el Archivo Nacional, conforme a lo previsto en el numeral 3.1, literal a), de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación.

Aplica criterio contenido en decisiones de amparos Roles C400-09; C317-12; C2622-17; y, C3163-18, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3587-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de mayo de 2020, don Diego Fuentes González solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá la siguiente información: "copia de expediente administrativo N° 011VEAA000117 referido en ordinario N° SEO1-2559-2020".

2) RESPUESTA: El 24 de junio de 2020, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá respondió al requerimiento de información indicando que el expediente administrativo N° 011VEAA000117 de venta directa se encuentra archivado conjuntamente con el Decreto Exento N° 184 del año 1999 que autorizó la misma, no obstante, adjunta los documentos que fundamentan lo señalado en el Oficio Ord. SE01-2559-2020.

3) AMPARO: El 24 de junio de 2020, don Diego Fuentes González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, mediante Oficio E11373, de 17 de julio de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. N° SE01-3733-20, del 30 de julio de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, por medio de oficio Ord. N° E-57911, informó al interesado que el expediente administrativo N° 011VEAA000117 de venta directa se encuentra archivado conjuntamente con el Decreto Exento N° 184 del año 1999 que autorizó la misma, adjuntando igualmente los documentos que fundamentan lo señalado en el Oficio Ord. SE01-2559-2020, esto es: a) Providencia DBSN 640, de fecha 30 de julio de 2014, de la Jefa del Departamento de Enajenación de Bienes del Ministerio de Bienes Nacionales, y; b) oficio Ord. GABM N° 95, de fecha 15 de julio de 2014, de la Jefa de Gabinete del Sr. Ministro de Bienes Nacionales.

Luego, precisa que mediante oficio Ord. GABS N° 388, de fecha 8 de julio de 2020, el Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, dio respuesta a un nuevo requerimiento de información efectuado por el reclamante con fecha 24 de junio de 2020, adjuntando en dicha respuesta copia digitalizada de los siguientes documentos: a) oficio N° 463, de fecha 23 de junio de 2014, del Jefe de División de Bienes Nacionales del Ministerio, y; b) oficio Ord. N° 149, de fecha 8 de julio de 2014, de la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales.

Posteriormente, reitera que el expediente N° 011VEAA000117 de venta directa se encuentra archivado, indicando que el soporte físico solicitado, en que consta el procedimiento administrativo iniciado en la década del 90 y que corresponde a un proceso de "Enajenación de Propiedad Fiscal", concluyó mediante la dictación del Decreto Supremo N° 184, de fecha 26 de abril de 1999, modificado por el D.S. N° 411, de fecha 13 de julio de 1999, ambos del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud del cual se autorizó: a) la venta directa de los terrenos fiscales signados como lotes 1, 2 del plano 1-2-7042-C.R., y; b) la venta contra ejecución de proyecto de los Lotes 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9 del mismo plano, con una superficie total de 45,01198 há. La condición esencial de la venta directa contra ejecución de proyecto, se refiere a que la sociedad compradora lleve a cabo en el inmueble la primera etapa de un proyecto inmobiliario, residencial y turístico, que consiste en la ejecución de las diversas obras civiles detallas en el acto administrativo, en un plazo de 3 años, contados desde la fecha de suscripción de la escritura pública de compraventa.

Explica que el dominio de los terrenos transferidos fue inscrito a nombre de la interesada a fojas 1452 vta. N° 2491 y a fojas 1457 N° 2497, ambas del año 1999, en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique. Todas las actuaciones posteriores corresponden a sucesivas solicitudes de prórroga de plazo -para ejecutar el proyecto- formuladas por la interesada, la última de las cuales data de fines del año 2013, siendo resuelta el año 2014, según consta en Providencia DBSN 640, del 30 de julio de 2014, de la Jefa del Departamento de Enajenación de Bienes del Ministerio de Bienes Nacionales y oficio Ord. GABM N° 95, de fecha 15 de julio de 2014, de la Jefa de Gabinete del Sr. Ministro de Bienes Nacionales, ambos documentos proporcionados al solicitante.

Por ello, concluye que no resulta jurídicamente factible exigir copia del expediente a poco más de 20 años después de la dictación de su acto administrativo de término, por cuanto, conforme al marco normativo vigente, dichos antecedentes se encuentran en poder del Archivo Nacional de Chile, siendo remitidos hasta ahí, en cumplimiento de una obligación legal que pesa sobre el Ministerio, quien envió el acto administrativo decisorio, conjuntamente con el expediente administrativo. El artículo 14, letra a), del DFL N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, establece: "Ingresarán anualmente al Archivo Nacional: a) Los documentos de los Departamentos de Estado que hayan cumplido cinco años de antigüedad". Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1 de la Ley 8.160, del 20 de agosto de 1945, establece: "Los documentos del Ministerio de Tierras y Colonización comprendidos en la disposición del artículo, 14 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio de Educación Pública N° 5200, de 18 de noviembre de 1929, ingresarán al Archivo Nacional cuando tengan diez años de antigüedad".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de la información correspondiente al expediente administrativo N° 011VEAA000117 de venta directa, respecto del cual el órgano señala que no resulta jurídicamente factible exigir copia a poco más de 20 años desde la dictación del acto administrativo que le puso término, ya que, conforme al marco normativo vigente, dichos antecedentes se encuentran en poder del Archivo Nacional de Chile.

2) Que, a modo de contexto se debe hacer presente que, según explica el órgano, el expediente administrativo solicitado corresponde a un proceso de "Enajenación de Propiedad Fiscal", que concluyó mediante la dictación del Decreto Supremo N° 184, del 26 de abril de 1999, modificado por el Decreto Supremo N° 411, del 13 de julio de 1999, ambos del Ministerio de Bienes Nacionales. Luego, el dominio de los terrenos transferidos fue inscrito a nombre de la interesada a fojas 1452 vta. N° 2491 y a fojas 1457 N° 2497, ambas del año 1999, en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique, verificándose posteriormente sucesivas solicitudes de prórroga de plazo para ejecutar el proyecto, la última de las cuales data de fines del año 2013, siendo resuelta el año 2014.

3) Que, de esta manera, el órgano reclamado ha explicado que la razón por la cual la información solicitada no obraría en su poder, se funda en la data del expediente requerido, el que, de conformidad a la normativa vigente, habría ingresado al Archivo Nacional. Al respecto, se debe hacer presente que el artículo 15 de la Ley de Transparencia dispone: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público (...), se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". A su turno, conforme lo prescrito en el numeral 3.1, literal a), de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles por internet o en cualquier otro medio, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando (...) los documentos solicitados hubiesen sido enviados al Archivo Nacional, en cuyo caso se deberán señalar los campos exactos que permitan efectuar una búsqueda directa". Este criterio, ha sido plasmado en las decisiones de amparo Roles C400-09; C317-12; C2622-17; y, C3163-18, entre otras.

4) Que, de los antecedentes expuestos, esta Corporación advierte que, si bien el órgano constató que la información no obraría en su poder, no dio cumplimiento al estándar fijado en la Ley de Transparencia, en concordancia con la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, en lo relativo a la información que ha ingresado a archivos públicos de la Administración, como es la hipótesis del caso analizado. Por lo anterior, se acogerá el amparo sólo en cuanto no se cumplió con dicho estándar, requiriéndose al órgano informar al reclamante con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información reclamada, señalando los campos exactos que permitan efectuar una búsqueda directa de los antecedentes solicitados en el Archivo Nacional.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Diego Fuentes González en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Tarapacá, lo siguiente:

a) Informar al reclamante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso al expediente administrativo solicitado, señalando los campos exactos que permitan efectuar una búsqueda directa de aquel en el Archivo Nacional.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Fuentes González y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Tarapacá.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.