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Roxana Betty Muñoz con GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PETORCA Rol: C3304-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Gobernación Provincial de Petorca, ordenándose la entrega de documentos y antecedentes relativos a licitaciones públicas. Dicha entrega deberá verificarse mediante la remisión de la información en el correo electrónico señalado por la peticionaria en su requerimiento de acceso a la información. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual se verificó que la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos requeridos. Al respecto, el organismo no alegó la inexistencia de lo requerido, o bien la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. Adicionalmente, no justificó suficientemente las razones por las cuales la entrega de parte de la información deba verificarse de una forma distinta a la señalada por la peticionaria.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Descriptores jurídicos:


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3304-20

Entidad pública: Gobernación Provincial de Petorca

Requirente: Roxana Betty Muñoz

Ingreso Consejo: 16.06.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Gobernación Provincial de Petorca, ordenándose la entrega de documentos y antecedentes relativos a licitaciones públicas. Dicha entrega deberá verificarse mediante la remisión de la información en el correo electrónico señalado por la peticionaria en su requerimiento de acceso a la información.

Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual se verificó que la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos requeridos. Al respecto, el organismo no alegó la inexistencia de lo requerido, o bien la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. Adicionalmente, no justificó suficientemente las razones por las cuales la entrega de parte de la información deba verificarse de una forma distinta a la señalada por la peticionaria.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto y sensibles, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3304-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de mayo de 2020, doña Roxana Betty Muñoz solicitó a la Gobernación Provincial de Petorca -en adelante, indistintamente la Gobernación- la siguiente información:

1.1) «Solicitudes de cotización o consultas al Mercado realizadas vía Mercado público, o por otro medio, durante el periodo 2020;

1.2) Nombre de las personas naturales y jurídicas a las cuales la Gobernación de Petorca ha solicitado cotizaciones de Mercado o ha solicitado cotizaciones durante el 2020 indicando en cada caso el criterio de invitación;

1.3) Especificar las razones por las cuales consecutivamente se han dejado desiertas las adjudicaciones de licitaciones durante el año 2020;

1.4) Resolución de comisión con nombre de funcionarios que participaron en las Resoluciones que dejaron sin efecto las licitaciones o consultas de mercados año 2020;

1.5) Explicar por qué no se realizan licitaciones públicas, proceso que es más transparente y permite una mayor oferta y participación de oferentes;

1.6) Si en trato directo y licitación la Gobernación no cuenta con presupuesto, puesto que este llega después de incluso prestado los servicios, por qué realiza trato directo y no licitación pública;

1.7) Resoluciones y contratos de servicios adjudicados durante marzo de 2020 a Mayo 2020».

2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio, de fecha 29 de mayo de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 16 de junio de 2020, doña Roxana Betty Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de acceso a la información.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, el órgano reclamado proporcionó respuesta extemporánea al requerimiento de acceso a la información, mediante presentación, de fecha 10 de agosto de 2020. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1) Con respecto a la petición de información consignada en el numeral 1.1) de lo expositivo de este Acuerdo, esto es, las solicitudes de cotización o consultas al Mercado realizadas vía Mercado público, o por otro medio en el periodo que se indica, remitió planilla, con indicación de la Comuna, Localidades y el Periodo.

3.2) En cuanto al requerimiento de información consignado en el numeral 1.2) de lo expositivo de este Acuerdo, esto es, el nombre de las personas naturales y jurídicas a las cuales la Gobernación de Petorca ha solicitado cotizaciones de Mercado o ha solicitado cotizaciones durante el 2020, indicando en cada caso el criterio de invitación, el órgano reclamado acompañó listado con individualización de personas naturales y jurídicas, respecto de las cuales se ha solicitado cotizaciones para contratación de camiones aljibes.

3.3) Con relación a lo pedido en el numeral 1.3) de lo expositivo de este Acuerdo, esto es, que se informen las razones por las cuales consecutivamente se han dejado desiertas las adjudicaciones de licitaciones en el año 2020, la Gobernación, explicó que «en el presente año, en materias aljibes, sólo se han efectuado 4 licitaciones pública, de las cuales sólo una fue declarada desierta, correspondiente a la licitación relativa a la localidad de Valle Hermoso, periodo Abril a Junio de 2020». Acto seguido, puntualizó que, dicha licitación fue dejada desierta conforme a lo razonado en la Resolución Exenta N°191, de 2020, la cual se acompaña en CD puesto a disposición de la peticionaria en sus dependencias.

3.4) En cuanto a lo requerido en los numerales 1.5) y 1.6) de lo expositivo de este Acuerdo, esto es, que se informe por qué no se realizan licitaciones públicas, proceso que es más transparente y permite una mayor oferta y participación de oferentes, la Gobernación ilustró que: «la entrega de agua potable de camiones aljibes, se enmarca dentro de la crisis hídrica existente en la Provincia de Petorca. En base a lo anterior, todas las contrataciones de camiones aljibes se realizan en virtud de la situación de emergencia. La contratación vía licitación pública o por trato directo se enmarca dentro de las facultades que la Ley de Compras Públicas otorga a la autoridad provincial a objeto de dar respuesta a la situación de emergencia existente, decisión que se toma en consideración a las circunstancias del caso, y las coordinaciones existentes con otros organismos participantes dentro del proceso de contratación de camiones aljibes como son Municipales y APR.

3.5) Con respecto a lo solicitado en el numeral 1.7) de lo expositivo de este Acuerdo, esto es, las resoluciones y contratos de servicios adjudicados durante marzo de 2020 a Mayo 2020, la Gobernación hizo presente que, la documentación señalada se encuentra a disposición de la solicitante para ser entregada en formato CD en sus dependencias, con toda la documentación solicitada en formato digital.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Gobernadora Provincial de Petorca, mediante Oficio N°E10360, de fecha 3 de julio de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) remita copia de la solicitud, pues tal como señala la reclamante, aquella ya no se encuentra disponible en el sistema SIAC; (3°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida;(5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.

5) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: Mediante presentación, de fecha 14 de agosto de 2020, esta Corporación procedió a solicitarte a la peticionaria lo siguiente: (1°) Señale si concurrió a retirar el CD, donde se encontraría contenida parte de la información requerida (2°) señale si la respuesta proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su requerimiento. (3°) en el evento de manifestar su disconformidad con la respuesta, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, señalando qué información de la solicitada no le habría sido proporcionada.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 17 de agosto de 2020, la peticionaria manifestó su inconformidad con la información entregada por el órgano requerido. Primero, señaló que la información proporcionada en el numeral 1.2) de lo expositivo de este Acuerdo se encuentra incompleta, toda vez que no se incorpora el criterio de invitación a cotizar para la elección de dichas personas naturales o empresas.

Acto seguido, expresó su disconformidad con el formato de entrega dispuesto por el órgano reclamado -mediante el retiro de CD en sus dependencias- para parte de la información pedida, con respecto a los numerales 1.3) y 1.7) de lo expositivo de este Acuerdo. Al respecto, indicó que, solicitó su entrega mediante comunicación electrónica, en razón de la situación de emergencia pública que afecta al país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14° dispone que, la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto, consta a este Consejo que la presente solicitud de acceso a la información ingresó al órgano reclamado con fecha 1 de mayo de 2020. Sin embargo, el órgano reclamado proporcionó respuesta extemporánea a la solicitud de acceso a la información con fecha 10 de agosto de 2020. Lo anterior importa una infracción al artículo 14° de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.

2) Que, atendido el pronunciamiento de la peticionaria, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción con la información entregada por el órgano reclamado -con ocasión de su respuesta extemporánea-, toda vez que ésta sería incompleta. Al respecto, la reclamante puntualizó que no se incorporó el criterio de invitación a cotizar para la elección de personas naturales o empresas, referente a los procesos de compra y licitaciones realizados por la Gobernación -numeral 1.2) de lo expositivo de este Acuerdo-. Asimismo, hizo presente el incumplimiento de la forma de entrega requerida -mediante comunicación electrónica- para parte de la información pedida, con respecto a los numerales 1.3) y 1.7) de lo expositivo de este Acuerdo, pues el órgano reclamado puso a disposición dicha información en formato CD, que debe ser retirado en sus dependencias. Por lo anterior, este Consejo se pronunciará única y exclusivamente sobre estos puntos.

3) Que, con respecto a la petición de información consignada en el numeral 1.2) de lo expositivo de este Acuerdo, este Consejo procedió a realizar un análisis de conformidad entre la información pedida por la peticionaria y la respuesta proporcionada por la Gobernación, verificando que esta última no permite satisfacer el requerimiento de acceso a la información en los términos planteados. Al efecto, dicha presentación no contiene los criterios de invitación a cotizar para la elección de personas naturales o empresas, consignando sólo la individualización de personas naturales y jurídicas, respecto de las cuales se ha solicitado cotizaciones para contratación de camiones aljibes. Sobre lo anterior, cabe tener presente que el órgano reclamado no alegó la inexistencia de lo requerido, ni la concurrencia de hipótesis de reserva o secreto en la instancia procesal pertinente -descargos-, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de causales de reserva o secreto, o, en su defecto, la inexistencia de la información.

4) Que, con respecto a la publicidad de la información requerida, cabe señalar que los antecedentes pedidos son de naturaleza pública, por tratarse de información relativa a la Administración del Estado, relacionado con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En línea con lo anterior, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En virtud de lo razonado precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública; verificándose que la respuesta entregada no permite satisfacer el requerimiento de acceso a la información en los términos planteados; y, no habiéndose alegado la inexistencia de la información, o bien la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia, se acogerá el presente amparo en esta parte.

5) Que, acto seguido, con respecto al incumplimiento de la forma de entrega requerida, este Consejo advierte que la Gobernación puso a disposición de la peticionaria parte de la información pedida en formato CD, el cual debe ser retirado en sus dependencias, concretamente la Resolución Exenta N°191, de 2020 -que deja sin efecto licitación pública, referente a la petición de información consignada en el numeral 1.3) de lo expositivo de este Acuerdo- y de las resoluciones y contratos de servicios adjudicados durante marzo de 2020 a Mayo 2020 -referente a la petición de información consignada en el numeral 1.7) de lo expositivo de este Acuerdo-. Sobre lo anterior, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley de Transparencia: «La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles». En la especie, este Consejo estima que, el órgano reclamado no ha aportado razones suficientes que justifiquen la entrega en un formato distinto del requerido, por cuanto no cuantificó el volumen de información que debe ser entregada, ni la presencia de datos personales o sensibles de la reclamante en los antecedentes consultados, que expliquen su entrega presencial, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. (énfasis agregado) y la Instrucción General N°10 de este Consejo.

6) Que, asimismo, es menester tener presente la situación excepcional de emergencia sanitaria pública que afecta al país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. Por lo anterior, los órganos de la administración del Estado deben adoptar las medidas necesarias de gestión interna, que eviten la exposición innecesaria de la ciudadanía en general a un eventual contagio, debiendo consecuencialmente, proteger la vida y salud de las personas, y procurando el bienestar de toda la población . En este contexto, la imposición de una forma de entrega presencial, se constituye como una potencial afectación a la salud de la peticionaria, y conjuntamente, una contravención al principio de servicialidad establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de la República: «El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común (...)».

7) Que, acto seguido, la remisión de la información requerida en la dirección electrónica señalada por la peticionaria se aviene al Principio de Facilitación, consagrado en el artículo 11° letra f) de la Ley de Transparencia, conforme al cual: «los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo». (énfasis agregado). Por lo anterior, en virtud de lo razonado precedentemente, este Consejo acogerá el presente amparo en esta parte, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de la Resolución Exenta N°191, de 2020 -numeral 1.3) de lo expositivo de este Acuerdo- y de las resoluciones y contratos de servicios adjudicados durante marzo de 2020 a Mayo 2020 -numeral 1.7 de lo expositivo de este acuerdo-, de la forma que se expondrá a continuación.

8) Que, con respecto a la información que se ordenó proporcionar, dicha entrega deberá verificarse mediante la remisión de la información al correo electrónico señalado por la peticionaria, con ocasión de su requerimiento de acceso a la información. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Roxana Betty Muñoz, en contra de la Gobernación Provincial de Petorca, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sra. Gobernadora Provincial de Petorca, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante copia de la información referente al criterio de invitación a cotizar para la elección de personas naturales o empresas, respecto a cotizaciones de Mercado; Copia de la Resolución Exenta N°191, de 2020 -referente a la petición de información consignada en el numeral 1.3) de lo expositivo de este Acuerdo-; y, de las resoluciones y contratos de servicios adjudicados durante marzo de 2020 a Mayo 2020. Dicha entrega deberá verificarse mediante la remisión de la información al correo electrónico señalado por la peticionaria, con ocasión de su requerimiento de acceso a la información.

En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Roxana Betty Muñoz; y, a la Sra. Gobernadora Provincial de Petorca.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.