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Mariela Ortega Manosalva con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) Rol: C3807-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriendo la entrega de copia de las consultas y reclamos ingresados en la plataforma virtual de atención de usuarios y beneficiarios, correspondiente al período 16 de marzo a 16 de abril de 2020, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que el órgano reclamado no proporcionó elementos de convicción que tornen plausible la distracción indebida de sus funciones alegada; pues sólo hace alusión al número de consultas y reclamos, sin señalar la complejidad para su revisión y para tarjar los datos personales de contexto contenidos en ellos, atendido que se encuentran en formato digital y que la información personal que se debe incluir se encuentra separada del contenido de cada solicitud. Además, se trata en su mayoría de consultas relacionadas con los beneficios de alimentación, becas y tarjeta nacional estudiantil que administra la reclamada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3807-20

Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Requirente: Mariela Ortega Manosalva

Ingreso Consejo: 02.07.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriendo la entrega de copia de las consultas y reclamos ingresados en la plataforma virtual de atención de usuarios y beneficiarios, correspondiente al período 16 de marzo a 16 de abril de 2020, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener.

Lo anterior, debido a que el órgano reclamado no proporcionó elementos de convicción que tornen plausible la distracción indebida de sus funciones alegada; pues sólo hace alusión al número de consultas y reclamos, sin señalar la complejidad para su revisión y para tarjar los datos personales de contexto contenidos en ellos, atendido que se encuentran en formato digital y que la información personal que se debe incluir se encuentra separada del contenido de cada solicitud. Además, se trata en su mayoría de consultas relacionadas con los beneficios de alimentación, becas y tarjeta nacional estudiantil que administra la reclamada.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3807-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de abril de 2020, doña Mariela Ortega Manosalva solicitó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - en adelante también JUNAEB-, "base de datos de las consultas y reclamos ingresados en la plataforma virtual de atención de usuarios y beneficiarios por región y/o comuna, correspondiente al período 16 de Marzo al 16 de Abril del 2020".

2) RESPUESTA: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante oficio ordinario N° 015/0802, de fecha 8 de mayo de 2020, adjuntó archivo Excel denominado "SAIP 3198", el cual contiene la base de datos del SIAC, en el periodo consultado, indicando que las consultas ascienden a 1702 y los reclamos a 64. Sin perjuicio de lo cual, y en conformidad al principio de divisibilidad dispuesto en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, deniegan el acceso a los datos personales y de contexto contenidos en la planilla como lo son el número de cédula de identidad, edad, correos electrónicos, dirección particular, teléfonos, descripción de las consultas y/o reclamos y las respuestas entregadas. En estos dos últimos casos, debido a que pueden contener datos personales y/o información de carácter sensible y la revisión pormenorizada de las 1704 consultas y 64 reclamos implicaría una distracción indebida de sus funciones, por cuanto, el SIAC Nacional se encuentra compuesto por sólo dos funcionarias, que deben responder diariamente un elevado volumen de solicitudes que tendrían que dejar de realizar para hacer la revisión de cada consulta y reclamo, para identificar los datos de carácter personal y/o sensibles que estos tengan. Todo lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.

De esta forma, deniegan parcialmente la entrega de la información solicitada por configurarse a su respecto las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: Con fecha 2 de julio de 2020, doña Mariela Ortega Manosalva dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular sostuvo que "La negativa del servicio se debe a que: - Contener información personas de terceros. Sin embargo, esta información se puede omitir en la entrega de información, y sólo entregar la información del reclamo. - No contar con personal suficiente para realizar la respuesta. Sin embargo, esto no se condice con la realidad donde el manejo de base de datos es mucho más sencilla producto de la modernización. Tanto es así, que otros servicios, como JUNJI y la Superintendencia de Educación, respondieron a la misma solicitud de información sin problemas".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante Oficio N° E11.377, de fecha 17 de julio de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (7°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (8°) se refiera al volumen de la información solicitada; y (9°) indique, si a su juicio, frente a la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en la el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia.

Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2020, le concede un plazo extraordinario al órgano reclamado, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este Amparo.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 15 de septiembre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que concurrían respecto de lo pedido las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia. Agregando que "para satisfacer el requerimiento de la peticionaria debería realizar un análisis exhaustivo de toda la información contenida en las bases de datos de las consultas y reclamos ingresados en la plataforma virtual de atención de usuarios y beneficiarios por región y/o comuna, correspondiente al período 16 de marzo al 16 de abril del 2020, lo que demandaría la utilización de recursos humanos destinados a la consecución de los objetivos de gestión, para la realización de labores distintas a las usuales, distrayéndolos de sus funciones habituales que ya representan una alta carga de trabajo a la que habría que agregar otra labor adicional, destinando como mínimo a 2 funcionarios con dedicación exclusiva a esta tarea durante 1 mes aproximadamente, debido a su gran volumen, necesidad de revisarlas físicamente, sistematizarlas y tarjar los datos personales y/o sensibles contenidos en dichos instrumentos, a fin de velar por la debida protección de la privacidad de las personas que se individualizan en éstos, a fin de evitar el eventual perjuicio que podría ocasionarles la divulgación de la información solicitada, de conformidad a lo mandatado por la Ley N° 19.628 y especialmente tratándose de menores de edad".

Además, sostiene que "los antecedentes objeto de la petición corresponden a menores de edad solicitados por JUNAEB para entregar beneficios establecidos en sus programas, lo que no le faculta para utilizarlos con fines distintos; de conformidad al artículo 9° de la norma citada. En este orden de ideas, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, ". Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y su reputación. El niño tiene derecho a la protección". Por lo tanto el resguardo del interés superior de los menores supone un especial cuidado en el especial tratamiento y publicidad de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima. No pudiendo ser tratada si no es en conformidad con las reglas y principios del tratamiento de datos, en su aplicación a los datos sensibles regulada en el artículo 10° de la ley N° 19.628, para lo cual se requiere de autorización legal o consentimiento del titular o su representante legal según corresponda". Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, circunscribiéndose esta al contenido de las consultas y reclamos informados. Al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia. En cuanto a esta última causal, se debe considerar que el reclamante, en su amparo, excluyó la información de carácter personal contenida en el texto de las consultas y reclamos requeridos, razón por la cual, se descartará su configuración.

2) Que, respecto de la causal de excepción alegada por el órgano reclamado, contenida en el artículo 21 N° letra c) de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras.

3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

4) Que el órgano reclamado alegó que para proporcionar la información requerida deberían revisar 1704 consultas y 64 reclamos, para tarjar de aquellos los datos personales que pudieran contener, lo que consideran implicaría una distracción indebida de sus funciones, por cuanto, el Sistema Integral de Atención Ciudadana Nacional se encuentra compuesto por sólo dos funcionarias, las que deberían dedicarse de manera exclusiva a dicha labor por a lo menos un mes atendido a que deben revisarlas físicamente, sistematizarlas y tarjar los datos personales y/o sensibles contenidos en dichos instrumentos.

5) Que, se debe hacer presente que los antecedentes requeridos se encuentran en formato digital, en un formulario en los cuales los datos de identificación de los usuarios están separados del contenido del texto de la solicitud que se ingresa. Además, se debe considerar que la mayor parte de la información pedida corresponde a consultas referidas a los beneficios de alimentación, becas y tarjeta nacional estudiantil que administra la JUNAEB. De esta forma, se considera que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, al no señalar la complejidad para su revisión y para tarjar los datos personales de contexto contenidos en ellos. Razón por la cual, se descartará su concurrencia, acogiendo el presente amparo y requiriendo la entrega de la información solicitada, tarjando previamente todo dato personal de contexto que pueda contener.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Mariela Ortega Manosalva en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia de las consultas y reclamos solicitados, tarjando previamente de aquellos todos los datos personales de contexto que puedan contener.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Mariela Ortega Manosalva y al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.