logo
 

Llilian Vilches Rojas con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Rol: C3650-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, relativo a la entrega de un reporte compilado del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, en los ítems y períodos que se señala, respecto de los 12 servicios públicos de la III Región de Atacama que consulta. Lo anterior, atendido que la información no obra en poder de la reclamada, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. En tal sentido el órgano señaló que revisó la base de datos del sistema SISESAT, sin que se dispusiera de la información solicitada; precisa que ello puede obedecer a que muchos de esos servicios no cuentan con más de uno o dos funcionarios en la Región, por lo que no procede la aplicación del cuestionario referido; sin que tenga conocimiento que pueda estar en algún otro organismo público. En efecto, este instrumento es aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), quienes deben remitir esta información a esta Superintendencia, que los fiscaliza en esta materia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3650-20

Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social

Requirente: Llilian Vilches Rojas

Ingreso Consejo: 26.06.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, relativo a la entrega de un reporte compilado del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, en los ítems y períodos que se señala, respecto de los 12 servicios públicos de la III Región de Atacama que consulta.

Lo anterior, atendido que la información no obra en poder de la reclamada, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

En tal sentido el órgano señaló que revisó la base de datos del sistema SISESAT, sin que se dispusiera de la información solicitada; precisa que ello puede obedecer a que muchos de esos servicios no cuentan con más de uno o dos funcionarios en la Región, por lo que no procede la aplicación del cuestionario referido; sin que tenga conocimiento que pueda estar en algún otro organismo público. En efecto, este instrumento es aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), quienes deben remitir esta información a esta Superintendencia, que los fiscaliza en esta materia.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3650-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de junio de 2020, doña Llilian Vilches Rojas solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante también denominada SUSESO, la siguiente información:

Un reporte compilado desde el año 2015 al 2020, del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, indicando la siguiente información

a) Fecha de medición.

b) N° de trabajadores que participó (Aplicó cuestionario).

c) Tipo de versión de cuestionario que se utilizó (Versión breve o completa).

d) Resultados obtenidos de la evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo con la calificación de nivel de riesgo por dimensión (homologados a la actualización 2017).

e) Si prescribió el ingreso al programa vigilancia ambiental de factores de riesgo psicosocial laboral.

f) Los programas o protocolos de trabajo para la gestión de los riesgos identificados por los servicios, posteriormente señalados.

g) Resúmenes ejecutivos anuales (Anexo 7).

De los siguientes 12 servicios públicos de la III Región de Atacama:

- Fondo de Solidaridad e Inversión Social Atacama (FOSIS)

- Dirección Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles Atacama (JUNJI)

- Dirección Regional de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Atacama (JUNAEB)

- Dirección Regional de Servicio Nacional de Menores Atacama (SENAME)

- Dirección Regional de Servicio de Registro Civil e Identificación Atacama (SRCEI)

- Dirección Regional de Instituto de Previsión Social Atacama (IPS)

- Servicio de Salud Atacama

- Fondo Nacional de Salud Atacama (FONASA)

- Dirección Regional de Servicio de Vivienda y Urbanización Atacama (SERVIU)

- Dirección Regional de Servicio Nacional de la mujer y la Equidad de Género Atacama (SERNAMEG)

- Dirección Regional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol Atacama (SENDA)

- Dirección Regional de Servicio Nacional de la Discapacidad Atacama (SENADIS)

2) RESPUESTA: El 25 de junio de 2020, la Superintendencia de Seguridad Social respondió a dicho requerimiento de información mediante Ordinario N° 2084, de misma fecha, indicando que no dispone de la información solicitada, en la forma, con la sistematización, ni por el período requerido. De ese modo, no es exigible para un órgano de la Administración del Estado proporcionar información de la cual no dispone, como ocurre en la especie.

3) AMPARO: El 26 de junio de 2020, doña Llilian Vilches Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, la reclamante hizo presente que. "(...) Adicionalmente y según lo establece el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, la SUSESO cuenta con una plataforma donde se vierte la información del cuestionario SUSESO/ISTAS21 (...) sería importante indicar con qué información cuenta, en qué forma a fin de resolver la solicitud, o en su defecto indicar donde se puede dirigir dicha consulta."

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E11446, de 20 de julio de 2020, confirió traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social solicitante que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante Ordinario N° 2619, de 14 de agosto de 2020, el órgano evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Reitera su respuesta y agrega que conforme al "Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales", la información de los procesos de evaluación registrados en la plataforma SUSESO/ISTAS21, realizados por los organismos administradores o administradores delegados en los centros de trabajo a partir de enero de 2019, deben ser remitidos al módulo EVAST/RPSL, y a contar del 1° de octubre de 2019, al link que indica; y que revisada la base de datos disponible en esta Superintendencia, no fue posible encontrar la información solicitada respecto de los 12 servicios públicos consultados; por lo que no resulta posible acceder a lo pedido, atendido que no dispone de la información solicitada por la reclamante.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 01 de septiembre de 2020, se requirió al órgano informar lo siguiente:

a) Si la información requerida obra o no en su poder, aunque sea en un formato distinto a lo pedido.

b) En caso de obrar en otra forma que la requerida; especificar qué información de la solicitada obra en su poder.

c) Indicar qué organismo(s) reporta(n) esta información a la SUSESO (los organismos públicos consultados u otra entidad, especificar)

d) Si en caso de existir esta información en otro organismo debiera haber sido reportada a la SUSESO.

Mediante correo electrónico de misma fecha la reclamada respondió lo siguiente:

a) La Superintendencia no dispone, en el caso de los servicios públicos de la Región de Atacama señalados por la recurrente, del cuestionario SUSESO/ISTAS21, respecto de ninguna de las formas solicitadas. Al respecto, se revisó la base de datos del Sistema de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra este Servicio, sin que se dispusiera de la información solicitada. Lo anterior se puede deber a que muchos de esos servicios no deben tener más de uno o dos funcionarios en la Región, por lo que no procede la aplicación del cuestionario referido.

b) El cuestionario SUSESO/ISTAS21 no es aplicado por esta Superintendencia, sólo se ha proporcionado el instrumento, el cual se aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), con el objeto de detectar posibles situaciones de riegos psicosociales en las entidades empleadoras (sean público o privadas) para así adoptar las medidas para corregir, eliminar o controlar los mencionados riesgos.

c) La Superintendencia no fiscaliza ni se relaciona directamente con las entidades empleadoras en el ámbito de la ley N° 16.744, esa función la cumplen los Organismos Administradores de la referida Ley (Mutuales e ISL), y los que fiscalizan directamente el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en las entidades empleadoras son la Dirección del Trabajo y las SEREMI de Salud.

d) La Superintendencia no tiene conocimiento que la información solicitada pueda estar en algún otro organismo público, pero en principio ello no debería ser así dado que la fiscalización de los organismos administradores de la ley N° 16.744, que deben remitir la información de los cuestionarios aplicados por las entidades empleadoras, es exclusiva de este Servicio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de un reporte compilado del número total de aplicaciones del cuestionario SUSESO/ISTAS21, en los ítems y períodos que se señalan en el N° 1 de lo expositivo, todo ello respecto de los doce (12) servicios públicos de la III Región de Atacama que allí se especifican. Al efecto el órgano con ocasión de la respuesta señaló que no dispone de la información pedida, no siendo exigible para un órgano de la Administración del Estado proporcionar información de la cual no dispone; y luego en los descargos, evacuados en esta sede, agregó que revisada la base de datos disponible en esta Superintendencia sobre la materia no fue posible encontrar la información pedida respecto de los 12 servicios públicos consultados; por lo que no resulta posible acceder a lo pedido, atendido que no dispone de la información solicitada por la reclamante.

2) Que, a modo de contexto cabe señalar que "el denominado "Cuestionario SUSESO/ISTAS 21", es un instrumento para identificar y medir el riesgo psicosocial presente en el ámbito laboral en Chile, construido sobre la base de la validación y estandarización del método "ISTAS 21", adaptándolo a la población laboral chilena, y que es aplicable a las distintas actividades económicas y productivas del país, tanto de entidades públicas como privadas. (...). La aplicación del referido cuestionario se encuentra regulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social"

3) Que, según consta en la gestión oficiosa decretada en esta causa, la Superintendencia reiteró que no dispone en el caso de los servicios públicos de la Región de Atacama consultados antecedentes del cuestionario SUSESO/ISTAS21, respecto de ninguna de las formas solicitadas. Al respecto revisó la base de datos del Sistema de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra este Servicio, sin que se dispusiera de la información solicitada y que lo anterior se puede deber a que muchos de esos servicios no deben tener más de uno o dos funcionarios en la Región, por lo que no procede la aplicación del Cuestionario referido; cuyo instrumento es aplicado directamente a sus trabajadores por las entidades empleadoras, a instancias de los Organismos Administradores de la ley N° 16.744 (Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral), con el objeto de detectar posibles situaciones de riegos psicosociales en las entidades empleadoras (sean público o privadas) para así adoptar las medidas para corregir, eliminar o controlar los mencionados riesgos; sin que tenga conocimiento que la información solicitada pueda estar en algún otro organismo público, ya que en principio ello no debería ser así, dado que la fiscalización de los organismos administradores de la ley N° 16.744, que deben remitir la información de los cuestionarios aplicados por las entidades empleadoras, es exclusiva de este Servicio.

4) Que, en cuanto a la información que según la reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder la información en la forma pedida y que no le consta que pueda obrar en poder de otro organismo público, como señala la reclamante, se rechazará el presente amparo, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Llilian Vilches Rojas en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, atendida la inexistencia de la misma, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Llilian Vilches Rojas y al Sr. Superintendente de la Superintendencia de Seguridad Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.