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Valentina Andrea Romero Soto con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C3521-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), sobre acceso a todos los antecedentes que comprenden los procesos de fiscalización generados a raíz de las denuncias presentadas por la solicitante en contra de los contribuyentes que se indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes protegidos por la causal de reserva del secreto tributario consagrado en el artículo 35 del Código Tributario, que a partir de la dictación de la ley N°21.210, que moderniza la legislación tributaria, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020, se hizo extensiva a los procesos de fiscalización realizados por el SII destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente. Además, resultan plausibles las alegaciones del órgano reclamado en orden a que la publicidad de los antecedentes pedidos implica develar las fortalezas, características y enfoques de tales procesos, lo cual podría afectar futuras fiscalizaciones tanto respecto al mismo denunciado como respecto a otros. Así, las cosas se configura también la causal de reserva de afectación de las funciones del organismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3521-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Valentina Andrea Romero Soto

Ingreso Consejo: 23.06.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), sobre acceso a todos los antecedentes que comprenden los procesos de fiscalización generados a raíz de las denuncias presentadas por la solicitante en contra de los contribuyentes que se indica.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes protegidos por la causal de reserva del secreto tributario consagrado en el artículo 35 del Código Tributario, que a partir de la dictación de la ley N°21.210, que moderniza la legislación tributaria, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020, se hizo extensiva a los procesos de fiscalización realizados por el SII destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente.

Además, resultan plausibles las alegaciones del órgano reclamado en orden a que la publicidad de los antecedentes pedidos implica develar las fortalezas, características y enfoques de tales procesos, lo cual podría afectar futuras fiscalizaciones tanto respecto al mismo denunciado como respecto a otros. Así, las cosas se configura también la causal de reserva de afectación de las funciones del organismo.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3521-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de junio de 2020, doña Valentina Andrea Romero Soto solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII) la siguiente información:

a) "Que se informe si los apart hotel servicio de alojamiento, aplicaciones airbnb ("bed and breakfast"), booking, home office, trivago y otros análogos y con cualquiera de las denominaciones que se les dé que funcionan en el edificio ubicado en calle san martín n° 140, denominado "futuro green" cuentan con permiso y cumplen con la legislación vigente.

b) Que me envíe copia de todos los requerimientos, solicitudes, denuncias o reclamos interpuestos por la suscrita desde enero del 2019 a la fecha, ya sea vía web o ingresado materialmente por oficina de partes, con especificación de las unidades a las que fue derivado cada uno de ellos, se me envíe copia de todas los oficios, memos, actas de dichas derivaciones, de los informes evacuados, actas de fiscalización y respuesta a los citados requerimientos medidas adoptadas, y en general todos los documentos asociados a las referidas presentaciones".

2) RESPUESTA: El 17 de junio de 2020, mediante Res. Ex. Nro.: LTNot 0018644, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se encuentra impedido de dar respuesta en los términos solicitados, habida consideración que la divulgación de los antecedentes requeridos conlleva la posibilidad cierta de afectación del debido cumplimiento de la función fiscalizara del SII, en atención a que la información, antecedentes y actuaciones realizadas por el organismo en virtud de la denuncia efectuada, harían determinado o al menos claramente determinable no solo los contribuyentes denunciados, sino que a cualquier otro contribuyente que figuren en tales antecedentes y actuaciones propias de la fiscalización derivada de aquella denuncia, sumado a los antecedentes contables y tributarios de los contribuyentes denunciados, todo lo cual afectaría que el SII realice con éxito su labor habitual y natural de fiscalización tributaria en estos casos, privándolo de un insumo relevante que sirve de base en sus fiscalizaciones originadas vía denuncia por evasión tributaria. Esto, de conformidad al artículo 21, N° 1 de la Ley de Transparencia.

Agrega que, respecto de los informes, actas de fiscalización y respuesta a los citados requerimientos medidas adoptadas y en general todos los documentos asociados a las referidas presentaciones, se encuentra imposibilitada de proporcionar los antecedentes ya que la información contempla develar antecedentes sobre las rentas de los contribuyentes fiscalizados y datos relativos a ellas. Así las cosas, la entrega de los antecedentes vulneraría la reserva tributaria, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

Además, se encuentra imposibilitado de dar respuesta en los términos solicitados, habida consideración que la divulgación requerida conlleva la posibilidad cierta de afectación del derecho a la vida privada, a la honra, a los derechos comerciales y económicos de una o más personas. Lo anterior, considerando que los antecedentes sobre las denuncias por evasión tributaria solicitadas contienen información que guarda directa relación con gastos, costos, pérdidas, individualización completa de los contribuyentes, comportamiento tributario de éstos y de terceros contribuyentes fiscalizados, revisión de contabilidad y de irregularidades tributarias, declaraciones de impuestos de los contribuyentes, entre otros datos, documentos y antecedentes propios de un proceso de fiscalización tributaria, con contribuyentes claramente individualizados y conductas contables y tributarias específicas y determinadas, documentos que contienen información de ciertos y determinados contribuyentes, por lo que al entregar dicha información se afectaría, además de la reserva tributaria, la vida privada, la honra, derechos de carácter comercial y económico de estos contribuyentes, considerando que no se trata de información anonimizada, genérica o estadística, sino que personalizada y descriptiva de determinadas conductas económicas, contables y tributarias fiscalizadas por este Servicio, por lo que necesariamente con su divulgación se afecta la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República en relación a la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario y a las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N°2 y N°5 de la Ley N°20.285.

Finalmente, señala que se accede a la entrega de los requerimientos, solicitudes, denuncias o reclamos interpuestos por la solicitante.

3) AMPARO: El 23 de junio de 2020, doña Valentina Andrea Romero Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en recibió respuesta incompleta a su solicitud de información. Alega "solicité información pertinente a reclamos o denuncias por apart hotel que funcionan en el domicilio de la signataria, ingresadas por la suscrita al SII en noviembre de 2019 de las cuales jamás tuve respuesta, y solo se me envió copia de mis propias presentaciones, mas no de los actos administrativos internos del SII relacionadas con mis denuncias (Gestiones, derivaciones, pronunciamientos, orden de fiscalización, respuesta evacuada, etc.). Con eso no se me está informando nada sino que se me envía copia de mi propia presentación".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E11047, de 13 de julio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (2°) aclare si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación escrita ingresada con fecha 29 de julio de 2020 el SII presentó sus descargos en esta sede y, junto con reiterar lo señalado en su respuesta a la solicitud, formuló, en síntesis, las siguientes alegaciones:

En primer lugar, sostiene que conforme con el artículo 164 del Código Tributario no corresponde informar al denunciante sobre el curso de las acciones implementadas por el órgano con ocasión de la denuncia interpuesta y sobre el resultado de las mismas, más aún si dicho resultado contiene información tributaria y económica de la sociedad denunciada, respecto a la cual este Servicio se encuentra obligado a mantener su reserva.

Ahora, en concreto, informa que existió una primera denuncia presentada por la recurrente de amparo contra los contribuyentes que desarrollaran la actividad de apart hotel, servicios de alojamiento, aplicaciones Airbnb ("bed and breakfast"), Booking, Home Office, Trivago y otros análogos, bajo cualquier denominación, que funcionan en el Edificio Futuro Green, ubicado en calle San Martín N°140, de Concepción, denuncia que fue debida y oportunamente fiscalizada por la Dirección Regional Concepción del SII, procediendo a verificar los antecedentes aportados en la denuncia y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del denunciado. Todas las acciones realizadas y del resultado de la denuncia, no fue informada la denunciante, en atención a que ello implicaría la vulneración del artículo 35 del Código Tributario, así como la del artículo 21 N°1 y N°5 de la Ley N°20.285, como también habría significado la actuación contraria al tenor expreso del artículo 164 del Código Tributario, antes citado.

La normativa antes señalada debe ser analizada en relación con el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario, pues, precisamente lo requerido se refiere a información tributaria que figura en declaraciones obligatorias y a documentación que el SII debe revisar en cumplimiento de su función fiscalizadora, en los mismos términos a la información protegida por la norma antes transcrita. Además, con la última reforma tributaria instaurada en Chile en virtud de la Ley N°21.210 se agregó la parte final de la norma antes transcrita, que prohíbe expresamente divulgar cualquier "proceso de fiscalización realizado", que es justamente lo que la solicitante requirió en su petición de acceso de información, ya que informar el resultado de su denuncia es sinónimo de informar el proceso de fiscalización realizado, lo cual se encuentra expresamente prohibido para este Servicio.

Además, el o los contribuyentes denunciados no dejan de tener los derechos reconocidos por el Código Tributario respecto a todo contribuyente, y así, para ellos opera la protección de sus antecedentes e información tributaria conforme al inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario y ello en relación con lo establecido en el artículo 8 bis N°9 del mismo cuerpo legal.

De lo anterior es posible desprender que, quien sea objeto de una denuncia tributaria tiene obligaciones establecidos por la ley, como comparecer, prestar declaración jurada, aportar la documentación requerida ante el SII, entre otras, pero ello en ningún caso implica que deja de tener la calidad de contribuyente y, por tanto, mantiene todos y cada uno de los derechos que como tal ha establecido a su favor el ordenamiento jurídico, en este caso, específicamente conserva los derechos a la reserva de su información tributaria, establecida en el inciso 2° del artículo 35 y al artículo 8 bis N°9, ambos del Código Tributario.

Agrega que, si bien a la fecha no se ha interpuesto querella, los plazos para la aplicación de una eventual sanción pecuniaria (conforme al artículo 161 del Código Tributario) o para el ejercicio de la acción penal, ya sea denuncia o querella, (conforme al artículo 162 del Código Tributario), aún se encuentran vigentes, e informar a un tercero que no es parte de procesos de fiscalización, metodologías de trabajo y los resultados de tales procesos en que pueda derivar el ejercicio de la referida acción del SII, conlleva el riesgo efectivo que, ante la adopción de continuar por la vía civil, ante el Tribunal Tributario y Aduanero o por la vía penal, ante el Juzgado de Garantía competente, dicho ejercicio sea ineficaz al permitir que el eventual denunciado o querellado se pueda sustraer de tales acciones o pueda realizar acciones en concreto que dificulten o impidan el resultado del ejercicio de tales acciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a los dichos de la reclamante, el presente amparo se encuentra circunscrito a la entrega de los antecedentes pedidos en la segunda parte del literal b) del numeral 1° de lo expositivo, esto es, todos los antecedentes que comprenden los procesos de fiscalización generados a raíz de las denuncias presentadas por esta en contra de los contribuyentes que desarrollaran la actividad de apart hotel, servicios de alojamiento, aplicaciones Airbnb ("bed and breakfast"), Booking, Home Office, Trivago y otros análogos, bajo cualquier denominación, en el inmueble que se indica. Por su parte, el SII denegó dichos antecedentes, con excepción de las presentaciones y denuncias presentadas por la propia peticionaria, por tratarse de información reservada conforme al artículo 35 del Código Tributario, en relación con el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia y por configurarse, además, las causales reserva de afectación de las funciones del organismo y de derechos de terceros en los términos de los numerales 1 y 2, del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en cuento a la primera causal de reserva esgrimida por el SII, esto es, la del secreto tributario establecida en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, es menester señalar que aquella contempla un deber de reserva para el Director del SII y para todos sus funcionarios en virtud de la cual se prohíbe la divulgación de la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio. Luego, a partir de la dictación de la ley N°21.210, que moderniza la legislación tributaria, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020, dicho deber de reserva se hizo extensivo a los "procesos de fiscalización realizados". En efecto, actualmente la disposición legal en análisis establece: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente. Esta última modificación fue aprobada en sus respectivos tramites legislativos con quórum calificado.

4) Que, en consecuencia, siendo lo requerido información directamente vinculada a procesos de fiscalización tramitados por el SII conforme a su marco normativo y, teniendo en cuenta que, en virtud del artículo 164 del Código Tributario, la circunstancia de que la requirente haya propiciado las denuncias que dieron origen a dichos procedimientos, no le irroga la calidad de parte en los mismos ni derecho alguno que implique una preferencia o interés prevalente en acceder a esos documentos, en la especie se configura la hipótesis de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con el inciso 2° del artículo 35 del Código tributario.

5) Que, a mayor abundamiento, resultan plausibles las alegaciones del órgano en orden a que la divulgación de información sobre las acciones, procedimientos y decisiones adoptadas por el SII sobre las denuncias tributarias, corresponde a información cuya entrega contempla revelar ámbitos, métodos de trabajo y mecanismos específicos de fiscalización, de prevención de actuaciones irregulares y de pesquisa temprana de situaciones de riesgo de incumplimientos e irregularidades tributarias; de procesos internos de tratamiento de datos de los contribuyentes; de las medidas de control que resultan necesarias para validar eventuales modificaciones y/o actualizaciones de la información, todo lo cual configura un riesgo de daño cierto y específico a la tarea de fiscalización de este Servicio, principal labor que debe efectuar el organismo en cumplimiento de un mandato legal, con la consecuente afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. De esta forma, revelar a un tercero las directrices de un proceso de fiscalización, así como las acciones y actos decisorios respecto a dicho proceso, implicaría develar necesariamente las fortalezas, características y enfoques de tales procesos, lo cual podría afectar futuras fiscalizaciones tanto respecto al mismo denunciado como respecto a otros. Así las cosas, respecto de los antecedentes pedidos se configura también la causal de denegación prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia.

6) Que, en mérito de lo expuesto, se rechazará el presente amparo por concurrir respecto de la solicitud de información impetrada por la reclamante las causales de reserva del artículo 21 N°1 y N°5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

7) Que, atendido lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre las demás alegaciones y causales de reserva invocadas por el SII, por innecesario.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Valentina Andrea Romero Soto en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Valentina Andrea Romero Soto y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.