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Ángelo Pietra Rojas con MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Rol: C3414-20

Consejo para la Transparencia, 17/09/2020

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Miguel, ordenando la entrega de los antecedentes de denuncia y procedimiento efectuado en el domicilio del solicitante por personal de la Oficina de Protección de Derechos OPD de la Municipalidad de San Miguel. Lo anterior, por cuanto, si bien los antecedentes solicitados contendrían datos personales y sensibles de niños, niñas o adolescentes, el consentimiento para revelarlos debe ser prestado por quienes ostenten su representación, lo cual se ha verificado en este caso, desestimando en consecuencia, una afectación a la vida privada de los menores. Se rechaza el amparo respecto de la individualización de personas asociadas al procedimiento, ya que la publicidad de la identidad de quien o quienes efectuaron la denuncia puede afectar sus derechos o el desarrollo de las funciones del órgano, al desincentivar la interposición de denuncias. La información debe ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. A su vez, se ordena al órgano tarjar todos los datos personales de contexto incorporados, de terceros ajenos al grupo familiar del solicitante, y especialmente, los que permitan identificar a quien o quienes formularon la denuncia en cuestión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3414-20

Entidad pública: Municipalidad de San Miguel

Requirente: Ángelo Pietra Rojas

Ingreso Consejo: 19.06.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Miguel, ordenando la entrega de los antecedentes de denuncia y procedimiento efectuado en el domicilio del solicitante por personal de la Oficina de Protección de Derechos OPD de la Municipalidad de San Miguel.

Lo anterior, por cuanto, si bien los antecedentes solicitados contendrían datos personales y sensibles de niños, niñas o adolescentes, el consentimiento para revelarlos debe ser prestado por quienes ostenten su representación, lo cual se ha verificado en este caso, desestimando en consecuencia, una afectación a la vida privada de los menores.

Se rechaza el amparo respecto de la individualización de personas asociadas al procedimiento, ya que la publicidad de la identidad de quien o quienes efectuaron la denuncia puede afectar sus derechos o el desarrollo de las funciones del órgano, al desincentivar la interposición de denuncias.

La información debe ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

A su vez, se ordena al órgano tarjar todos los datos personales de contexto incorporados, de terceros ajenos al grupo familiar del solicitante, y especialmente, los que permitan identificar a quien o quienes formularon la denuncia en cuestión.

En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3414-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de junio de 2020, don Ángelo Pietra Rojas solicitó a la Municipalidad de San Miguel la siguiente información: "Documentos de denuncia, procedimientos, informes e individualización de personas realizadas por motivo de denuncia en OPD en contra de (...) y/o (del solicitante) y/o cualquier denuncia realizada ante OPD en contra del hogar ubicado en (...) comuna de San Miguel. También se solicita información respecto a origen y destino de dicha denuncia". Indica que: "Por lo tanto, se solicita a DIDECO de la Municipalidad de San Miguel toda la información relativa a lo mencionado anteriormente para tener un mayor esclarecimiento de los hechos".

2) RESPUESTA: El 19 de junio de 2020, la Municipalidad de San Miguel respondió al requerimiento de información, refiriéndose al Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, que incluye a las Oficinas de Protección de la Infancia OPD, y al registro de colaboradores acreditados y proyectos, entendiéndose por tal, el sistema de información a través de una base de datos que contendrá, a lo menos, los datos de identificación de cada colaborador acreditado y los proyectos que ejecuta; los datos de los niñas, niñas y adolescentes atendidos con toda la información relevante y relacionada con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución de los convenios, atención otorgada a ellos y toda aquella necesaria para una correcta supervisión técnica y financiera. Adicionalmente, contendrá los resultados obtenidos por cada proyecto en la evaluación de desempeño.

En este contexto, señala que los datos sensibles relativos a los niños, niñas y adolescentes siempre tendrán carácter secreto salvo requerimiento judicial.

Luego se refiere a los usuarios del sistema, manifestando que al sistema de registro pueden acceder las personas autorizadas por los colaboradores acreditados de acuerdo a los protocolos de uso establecidos por el SENAME, siendo la base de datos de propiedad exclusiva del Servicio, por lo que cualquier uso indebido o no autorizado podrá ser perseguido ante la autoridad que corresponda.

Hace referencia a los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la Ley N° 19.628, en relación con el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, así como a lo preceptuado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la que reconoce el derecho del niño o niña a su vida privada, preservar su identidad, nombre y relaciones familiares, debiendo asegurarse que no sean objeto de injerencias arbitrarias o ilegales y en caso de producirse se deberá garantizar la protección de la ley en contra de aquellas. De tal manera, procede su aplicación prevalente, en la medida que asegura a los niños, niñas y adolescentes, derechos fundamentales dignos de protección universal, garantizando con ello el respeto al interés superior de aquéllos.

Así, concluye que los antecedentes solicitados constituyen datos sensibles a la luz de la definición prevista en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, y su tratamiento no está permitido, por lo cual, no es posible dar curso a la información solicitada.

3) AMPARO: El 19 de junio de 2020, don Ángelo Pietra Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que la solicitud corresponde a denuncia realizada en su contra y/o de madre de sus hijos. Relata que un profesional OPD le indicó que existe una denuncia en su contra, por lo que requiere los antecedentes para iniciar procesos judiciales en contra de quienes resulten responsables. Destaca que se indica que la respuesta está orientada a la protección de datos de los niños, en este caso, sus propios hijos, cuando la solicitud hace referencia a los procedimientos realizados por el organismo. Indica que la solicitud se encuentra amparada en la Constitución Política, y específicamente en el Código Civil, que consagra el principio y deber preferente de los padres a educar a sus hijos con su principio de corresponsabilidad en el derecho de padres y madres en la crianza y protección de ellos. Por lo tanto, en toda información creada en contra de sus hijos y el acceso a aquella, las instituciones están obligadas a garantizar y respetar dicho proceso, y no pueden ser restringidos por decisiones administrativas, no estando encaminada la solicitud en buscar información de niños, sino en lo referente a personas adultas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel, mediante Oficio E11011, de 13 de julio de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros.

Mediante Ord. N° 600/2020, de fecha 28 de julio de 2020, el órgano formuló descargos, en los que, en síntesis, solicita tener por reproducida la presentación de respuesta de fecha 19 de junio de 2020, en virtud de la cual se deniega información solicitada.

A su vez, señala que se solicita a la Municipalidad de San Miguel entregar información de la Base de Datos del Registro de Atenciones, la cual es de propiedad exclusiva del SENAME en conformidad al artículo 63 del Reglamento de la Ley 20.032, ergo, el Municipio es incompetente para entregar una información cuya propiedad y uso exclusivo pertenece a SENAME, debiendo solicitarse a quien corresponde.

Reitera que la solicitud refiere a una denuncia y procedimientos elaborados por OPD, organismo perteneciente a la red de colaboradores de SENAME cuyo registro general de solicitudes y atenciones realizadas es de libre acceso sólo para la Dirección Nacional y para supervisor de SENAME respectivo, no para el Municipio, según se expuso en rechazo a la solicitud. De accederse a lo solicitado el Municipio violaría la garantía constitucional del artículo 19, N° 24, de la Constitución sobre derecho de propiedad, al ser por norma expresa la base de datos de propiedad exclusiva del SENAME, arriesgando las sanciones señaladas en artículo 63 del Reglamento de la Ley 20.032 citado.

Informa que no procedió en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, por tratarse de menores de edad los mencionados en el informe y no resultar procedente dicho procedimiento, analizada la especie expuesta.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 4 de agosto de 2020, esta Corporación requirió al órgano remitir copia de la totalidad de la información, en formato documental, que obre en su poder, relativa a las denuncias referidas por el reclamante en su amparo. De manera meramente ejemplar, copia de la denuncia, del procedimiento adoptado al respecto y resoluciones que hayan recaído a su respecto. A través de MEMO N° 405/2020, de fecha 13 de agosto de 2020, el municipio dio cumplimiento a lo solicitado, adjuntando los antecedentes del caso, según le fue informado por la OPD.

6) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: A través de correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2020, el reclamante remitió presentación acompañando los certificados de nacimiento de los menores de edad que integran su grupo familiar, respecto de quienes se realizó el procedimiento del cual solicita la entrega de antecedentes.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, consistente en los antecedentes de denuncia y procedimiento efectuado en el domicilio del solicitante por personal de la Oficina de Protección de Derechos OPD de la Municipalidad de San Miguel. Por su parte, el órgano ha denegado el acceso señalando que los antecedentes solicitados constituyen datos sensibles según el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, no estando permitido su tratamiento, además, argumenta que la información pertenece la Base de Datos del Registro de Atenciones, de propiedad exclusiva del SENAME en conformidad al artículo 63 del Reglamento de la ley 20.032, por lo que el Municipio sería incompetente para entregarla.

2) Que, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, como se explicó, el Municipio deniega la entrega de la información señalando que contendría datos personales y sensibles de niños, estando prohibido para el órgano su tratamiento. Al respecto, se debe hacer presente que en los casos en los que la titularidad de los datos personales solicitados le pertenece a un menor de edad, el consentimiento para revelarlos debe ser prestado por quien(es) ostente(n) su representación legal. Al respecto, del análisis de los antecedentes, particularmente de los certificados de nacimiento acompañados por el reclamante, se desprende que aquel es el padre de dos de los menores que se encontraban en el domicilio en el que se realizó el procedimiento, mientras que el tercero es hijo de su pareja, madre de los tres niños, integrando todos el mismo conjunto familiar que habita la vivienda visitada. Luego, y a la luz de lo anterior, se determina que el solicitante tendría el derecho a acceder a la información requerida, previa acreditación ante el órgano de su identidad y de la calidad de padre o apoderado de los menores titulares de los datos que se contendrían en los antecedentes solicitados.

4) Que, respecto de la invocación del artículo 63 del Reglamento de la Ley 20.032, el cual impediría al municipio proporcionar la información solicitada, se debe hacer presente que la norma en cuestión sanciona cualquier uso indebido o no autorizado por el SENAME, hipótesis que se no se verificaría en este caso, pues el órgano estaría proporcionando la información en cumplimiento del mandato que le impone la Ley de Transparencia. En este sentido, se debe hacer presente además que el inciso segundo del artículo 59 del reglamento en comento, señala que: "El tratamiento de los datos sensibles relativos a los niños, niñas y adolescentes deberá efectuarse adoptando las medidas de seguridad que correspondan", lo que se contrapone a la afirmación del órgano, en el sentido de que el tratamiento de dichos datos se encuentra prohibido. Finalmente, el órgano ha señalado que sería incompetente para conocer de la solicitud, sin embargo, no consta antecedente alguno que dé cuenta de haber derivado el requerimiento al SENAME, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

5) Que, por su parte, se debe hacer presente que en relación con la solicitud de la individualización de personas asociadas al procedimiento, a juicio de este Consejo, la publicidad de la identidad de quien o quienes efectuaron la denuncia que motivó la visita al domicilio del solicitante, puede afectar los derechos de dichas personas o el desarrollo de las funciones del órgano, por cuanto, podría desincentivar la interposición de denuncias, con la finalidad de no ser posteriormente identificados, razón por la que no es posible acoger el amparo en dicho aspecto, debiendo ordenarse al órgano, tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los documentos, de terceros ajenos al grupo familiar del solicitante, y especialmente, los que permitan identificar a quien o quienes formularon la denuncia en cuestión.

6) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información anotada en el numeral 1 de lo expositivo, con excepción de la individualización de las personas asociadas al procedimiento; debiendo ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. A su vez, se ordena al órgano reclamado tarjar todos los datos personales de contexto incorporados, como domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros, de terceros ajenos al grupo familiar del solicitante, y especialmente, los que permitan identificar a quien o quienes formularon la denuncia en cuestión, todo lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la Ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Ángelo Pietra Rojas en contra de la Municipalidad de San Miguel, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de documentos de denuncia, procedimientos e informes, realizadas por motivo de denuncia en OPD en contra del solicitante y/o de la persona que indica y/o cualquier denuncia realizada ante OPD en contra del hogar del solicitante ubicado en la comuna de San Miguel, así como también, información respecto al origen y destino de dicha denuncia.

La información debe ser entregada de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.

Previa entrega, se deben tarjar todos los datos personales de contexto incorporados, de terceros ajenos al grupo familiar del solicitante, y especialmente, los que permitan identificar a quien o quienes formularon la denuncia en cuestión.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la individualización de personas asociadas al procedimiento, ya que la publicidad de la identidad de quien o quienes efectuaron la denuncia puede afectar sus derechos o el desarrollo de las funciones del órgano, al desincentivar la interposición de denuncias.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ángelo Pietra Rojas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.